La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a presenciar el concierto de la Orquesta Filarmónica de Río Negro este viernes 10 a partir de las 21 horas en el cine teatro Círculo Italiano.
Bajo la batuta de su director artístico y musical Martín Fraile, la Orquesta abordará un repertorio que incluye obras de Aleksandr Glazunov, Bela Bartok, Manolo Juarez y 3 obras de Guillo Espel: Nieva en Cuyo, Ritual y su metáfora y el estreno mundial del Concierto para trompeta y orquesta. Este concierto tendrá como solista al reconocido músico Fernando Ciancio, trompetista solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y ganador del premio Konex en 2009.
Las entradas gratuitas se retiran en la Escuela Municipal de Arte, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
Esta presentación es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro y la Municipalidad de Villa Regina a través de acuerdos de mutua colaboración firmados este año.
Ya se encuentra en Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá componentes 1 y 2 de Sputnik V y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción de esa vacuna en el país. Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en búsqueda de inmunizaciones contra el coronavirus, y el primero que…
Como correlato del encuentro de este jueves en Casa Rosada, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) preparan una mesa política provincial para comenzar a discutir la estrategia electoral a 2027 en la que también aparece la UCR en los planes.
Fuentes al tanto de la negociación señalaron a LPO que Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
Dentro del gobierno libertario calculan que un acuerdo amplio implicaría que LLA llegue a las elecciones con cerca de 50 municipios aliados, número ambicioso para el que no solo suman a intendentes PRO y UCR, también a vecinalismos dentro de los que incluyen a San Miguel y , también, a Tigre.
Karina Milei se muestra permeable a un acuerdo con los radicales, a los fines de no repetir el escenario de 2025, donde el juego de la UCR bajo el sello de Somos dividió el voto antiperonista y habilitó el triunfo de Fuerza Patria en secciones clave del interior bonaerense.
En 2025, con un comité de contingencia que no apaciguó las diferencias en términos de esquemas de alianzas, la estructura radical conformó Somos con lilitos e, incluso, con dirigentes PRO que no cerraron bajo las condiciones de Karina.
Ahora, la UCR bonaerense tiene una nueva conducción ungida en unidad pero que ya expuso grietas en la convención provincial del último sábado, cuando el sector referenciado con el ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, pegó el portazo en medio de la disputa por el control de la Junta Electoral partidaria y armó el espacio «Construir».
«Usaron la convención para hacer un posicionamiento, todo muy premeditado», señalaron fuentes cercanas a la conducción partidaria a cargo de Emiliano Balbín, alineado al senador Maximiliano Abad.
Desde ese sector, salieron al cruce de Fernández posteando fotos del ex candidato a vice de Grindetti junto a Gabriel Katopodis. «En el sector de Miguel siempre hay señales de entendimiento con Axel», dijo un encumbrado dirigente radical a LPO.
En esa línea, fuentes del Comité Provincia de la UCR aseguran: «No nos vemos en una alianza con el peronismo, nos vemos en un frente de cambio con todo lo que no sea peronismo». Es ahí donde se muestra receptivos a mantener conversaciones con los libertarios para explorar un acuerdo electoral a 2027.
Por lo pronto, no dudan en definir como «un error» el frente Somos en 2025. «Era mejor ir solos. Hay radicales que no nos votaron porque no sabían que estábamos ahí», agregan a la vez que sostienen que el objetivo a corto plazo es «tener un candidato radical en cada municipio» para, desde esa base, negociar arriba.
Como sea, lo concreto es que el sector de Fernández, que ya evidenció su rechazo a acordar con los libertarios en 2025, es integrado por alrededor de una docena de intendentes.
En medio de eso, en el PRO, el jorgemacrismo impulsa la incorporación de los radicales a un frente opositor amplio que compita contra el peronismo en la provincia pero que también le dé músculo a los intendentes amarillos para plantarse en la negociación frente a Karina.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO
Es que, por lo pronto, el diálogo no arrancó y hasta los propios intendentes del PRO ven las negociaciones en estado embrionario y, antes de sentarse a discutir, lo primero que exigen es que los libertarios no desafíen sus liderazgos territoriales.
«Hay que trabajar en el acuerdo para que en los municipios donde gobierna el PRO sean respetados y acompañados. Si no hay una instrucción ordenadora de arriba se complica, eso es un tema de negociación», dijo a LPO un intendente PRO que detalló que, desde la semana próxima, comienzan las reuniones seccionales del partido para trabajar en el armado.
«Mínimamente, van a tener que respetar los distritos gobernados por el PRO», dijo otro jefe comunal consultado, que reclama a los libertarios «un compromiso que se cumpla». La referencia no es sólo en términos electorales, también en lo relativo al acompañamiento de la gestión, donde varios intendentes amarillos acusan a los libertarios de pararse como opositores en el Concejo.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.
Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI
El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros
Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.
El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.
Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación
Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.
El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.
Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.
La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.
Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado
El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.
La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.
Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei
La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.
Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó al gobierno de Javier Milei a adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la ruta nacional 3 que presenta un estado crítico tras la parálisis de la obra pública.
Los jueces hicieron lugar a una medida cautelar impulsada por el municipio de Azul ante el grave estado de la calzada donde se vienen registrando varios accidentes.
La resolución alcanza al tramo de la ruta que une la ciudad de Azul con la localidad de Cacharí y obliga tanto a Vialidad como a la empresa Corredores Viales S.A. a implementar acciones inmediatas para reducir los riesgos que enfrentan los automovilistas en esa ruta.
El fallo revocó una decisión previa del Juzgado Federal 2 de Azul, que había rechazado la cautelar. Al analizar el caso, los camaristas concluyeron que existe un riesgo actual y concreto para los usuarios de la ruta, respaldado por distintos elementos incorporados al expediente.
Entre ellos, destacaron que durante los últimos seis meses se registraron 11 siniestros viales en ese tramo y que informes elaborados por la Policía Federal Argentina constataron la presencia de baches, hundimientos, huellas producidas por el tránsito pesado y deficiencias en la señalización.
La Cámara intimó al gobierno libertario a presentar, en un plazo de 10 días hábiles, un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul. El documento deberá especificar las obras previstas, el orden de prioridades, los responsables de su ejecución, el cronograma de tareas y las medidas de contingencia que se aplicarán durante el proceso.
Además, los jueces establecieron que los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 120 días corridos y quedar sujetos al control judicial, con la obligación de presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.
Mientras se ejecutan las reparaciones definitivas, el fallo también ordena la adopción de medidas preventivas para disminuir el peligro en la circulación. Entre ellas, la colocación de carteles de advertencia y señalización preventiva, la implementación de reducciones de velocidad, balizamiento, dispositivos para mejorar la visibilidad nocturna y reparaciones provisorias en los sectores considerados más críticos.
Al fundamentar la decisión, los magistrados señalaron que la medida cautelar tiene como objetivo evitar que se produzcan nuevos daños frente a un riesgo comprobado, sin que resulte necesario esperar una definición sobre las responsabilidades de fondo.
Asimismo, recordaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los organismos encargados de servicios vinculados con la seguridad de las personas tienen el deber de adoptar todas las medidas razonables para prevenir riesgos previsibles, y remarcaron que la resolución busca resguardar el derecho a la vida y la integridad de quienes circulan por la ruta 3.
El Rio Negro, está conformado por las cuencas del Rio Limay y el Rio Neuquén. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking. La contaminación del Rio Negro es muy fuerte hoy, en él se vierten: desechos industriales, desechos de la agricultura como pesticidas, las cloacas sin tratamiento y por último el fracking, que con sus residuos a gran escala contamina las aguas. La contaminación que se produce en Vaca Muerta y Allen llega, río abajo, hasta Viedma donde desemboca en el mar.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio), la Municipalidad de Villa Regina recuerda que la ciudad cuenta con ‘Puerta a la Vida’, un espacio de abordaje integral de las adicciones. Se trata de un lugar donde toma contacto la familia…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
