A través del Decreto 172/21, la Municipalidad de Villa Regina otorga plazo hasta el 29 de diciembre de este año a los familiares de los fallecidos que figuran en el listado que se adjunta en la publicación a fin de que den a los restos un destino diferente en los términos del artículo 211 de la ordenanza 071/2000 y artículo 45 de la ordenanza 067/2014.
Vencido el plazo establecido, si los familiares no decidieran otra cosa, se procederá al traslado al osario común.
El arancel cero que impuso Javier Milei para la importación de celulares amenaza con dejar en la calle a 2500 trabajadores de la industria de Tierra del Fuego.
En la provincia austral aseguran que el decreto 333 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial tiene un impacto directo y concreto sobre el empleo y la estructura productiva de Tierra del Fuego.
Según datos de noviembre pasado, la industria fueguina emplea 7.569 trabajadores directos. De ese total, el 83% corresponde a la industria electrónica, el sector más afectado por la apertura de importaciones.
En Tierra del Fuego estiman que entre 2.000 y 2.500 trabajadores vinculados específicamente a las líneas de producción de celulares podrían verse afectados de manera directa por esta medida.
El impacto será aún mayor ya que golpea sobre el empleo indirecto en la provincia. Por cada puesto industrial que se pone en riesgo, también se ve afectado el empleo indirecto en toda la provincia, tanto en los comercio minoristas y mayoristas, como en el transporte privado, los servicios logísticos y de mantenimiento y la gastronomía.
En Tierra del Fuego aseguraron a LPO que la industria electrónica sostiene en buena parte el consumo y la actividad económica de las ciudades fueguinas. Cuando cae la producción, cae el poder adquisitivo y se resiente toda la economía local.
Martín Pérez, intendente de Río Grande.
«Nos dicen desde Buenos Aires que esto es para bajar precios. Ese argumento ya lo escuchamos y ya fracasó. Cuando se abrieron las importaciones de notebooks durante el gobierno de Macri, los trabajadores perdieron su empleo y los precios no bajaron. Se destruyó producción local y el beneficio nunca llegó a la gente», dijo a LPO Martín Pérez, el intendente de Río Grande, la ciudad más poblada de la provincia.
«No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas», dijo Pérez.
El impacto en la industria electrónica ya fue acusado por el gobernador Gustavo Melella, que semanas atrás cambió a todo su equipo económico. Alejandro Barrozo asumió como nuevo Ministro de Economía en reemplazo de Francisco Devita, que dejó el gabinete fueguino luego de seis años.
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La diputada Kelly Olmos elaboró un proyecto de reforma laboral alternativo al que dictaminó el oficialismo en el Senado a fines de diciembre, con el propósito de salvar los derechos de los trabajadores que la iniciativa amaga con barrer y bloquear el agujero fiscal sobre la coparticipación y las arcas de ANSES con el fondo de indemnizaciones.
La exministra de Trabajo reunió las firmas de sus pares Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero pero, al cierre de esta nota, no había logrado eco en La Cámpora. Aunque la exfuncionaria les mandó una copia de su proyecto tanto al senador José Mayans como al jefe de la bancada peronista en Diputados, Germán Martínez, legisladores de Fuerza Patria en ambas cámaras comentaron a LPO que todavía no había «una línea clara» sobre la estrategia opositora en este tema.
Olmos cree que «hay que generar un fuerte debate» sobre la reforma y se mostró optimista ante la consulta de LPO: «El mejor elemento es que ellos (por los legisladores libertarios) han intentado impulsarlo diciendo que ya lo aprobaban todo en diciembre pero lo tienen que seguir postergando porque, más allá de sobreactuar el resultado electoral, evidentemente no tienen los votos para garantizar el conjunto del proyecto», explicó.
La legisladora remarcó que el proyecto de Javier Milei «es regresivo desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista fiscal, con un costo enorme para la coparticipación federal».
El proyecto de Olmos y sus colegas peronistas propone «el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo», «la modificación del régimen de corresponsabilidad parental», «el financiamiento bancario de indemnizaciones», «la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales», «la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo», «la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo», «la regulación del trabajo en plataformas digitales» y «la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas».
Sin embargo, el trámite parlamentario de la ex ministra habría causado malestar en el bloque liderado por Martínez, después de una jugada similar que ensayaran Michel y Tolosa Paz tendiendo puentes con Miguel Pichetto. «Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes», apuntó un diputado en referencia a un mecanismo decisorio supervisado por Cristina Kirchner.
Paula Penacca y Germán Martínez.
El planteo reproduce las tensiones previas al recambio parlamentario, cuando los diputados ingresantes en representación de las provincias pretendieron disputarle la conducción del bloque a Martínez y La Cámpora, al tiempo que el peronismo se partió en tres bloques dentro del Senado. Acaso la falta de síntesis frente al modo de oponerse a la reforma laboral no haga más que agudizar ese agrietamiento.
Ya en diciembre, la comisión de Trabajo del PJ le había llevado a la expresidenta una serie de iniciativas que componían una suerte de compendio de ideas de modernización laboral, tal como informó LPO, hasta San José 1111, el edificio donde cumple arresto domiciliario. Una de las impulsoras de esa postura partidaria había sido la diputada Vanesa Siley y algunos de esos puntos guardaban lógica coincidencia con propuestas similares de otros legisladores de extracción sindical, como Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Ahora hay algunos enojados con el proyecto de Kelly pero esto pasa porque en el bloque no se discute nada que no esté autorizado previamente, solo siguen órdenes.
Por eso, desde el cristinismo aseguran sin mayores precisiones que Fuerza Patria irá con dictamen propio al recinto, pese a que Mayans ordenó a su tropa no integrar la comisión donde se dictaminó la reforma laboral en la Cámara Alta. La jugada del formoseño parecía una maniobra para habilitar el camino de una eventual impugnación judicial porque Patricia Bullrich y sus aliados no habían respetado la «proporcionalidad» de las bancas para la integración de las comisiones.
Como sea, el gobierno trazó un itinerario para el tratamiento del proyecto que incluye una posible sesión para el 11 de febrero próximo en el Senado y otra en Diputados, prevista para dos semanas después, si consiguiera la media sanción. Mientras tanto, los legisladores que responden a los gobernadores peronistas se quejan que «no hay línea». «En el bloque nadie discute nada, parece que lo único que importa es la interna del PJ bonaerense», reprochó un diputado kirchnerista.
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