Sociedad

 

Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.

Por Ramiro C. Ferrante para NLI

La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.

La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.

La mira puesta sobre los sindicatos

Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.

La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.

Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.

La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.

Convenios colectivos bajo presión

Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.

El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.

Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.

La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.

Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores

La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.

La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.

Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.

La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.

Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.

 

 

El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.

Un beneficio sin límites patrimoniales

La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.

En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.

Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.

La promesa oficial y las dudas del mercado

La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.

El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.

La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.

Ajuste para unos, alivio para otros

La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.

Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.

La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.

El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.

 

 

La Revolución de Mayo suele narrarse a través de una galería de próceres cuyos rostros, biografías y trayectorias fueron moldeados por la historiografía clásica argentina durante más de un siglo. Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra o Juan José Paso forman parte de un panteón cívico construido desde el siglo XIX que privilegió determinadas figuras y determinados relatos. Sin embargo, detrás de aquellos nombres célebres existieron hombres cuya influencia resultó decisiva para el triunfo de la revolución y cuya memoria quedó parcialmente relegada. Uno de ellos fue Agustín Ramón José Donado Bohórquez.

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para NLI

La historia recuerda a Donado como miembro de la Asamblea del Año XIII, colaborador de los revolucionarios de Mayo y administrador de la imprenta que difundió las ideas del nuevo gobierno. Sin embargo, una revisión cuidadosa de la documentación familiar y de los registros sacramentales permite advertir un aspecto prácticamente ausente de la historiografía tradicional: la existencia de una ascendencia materna afrodescendiente que rara vez fue incorporada a los relatos sobre su vida.

La figura de Donado resulta particularmente valiosa porque permite observar dos fenómenos simultáneos. Por un lado, el papel fundamental que desempeñó en la organización material de la Revolución de Mayo. Por otro, los mecanismos mediante los cuales la historiografía argentina tendió a invisibilizar la presencia afrodescendiente en la formación de las élites políticas rioplatenses.

Agustín Donado nació en Buenos Aires en 1768, hijo de Miguel Donado y Olivera, identificado en los registros como español, y de Petrona Bohórquez. Diversas partidas bautismales de los hijos del matrimonio conservadas en los registros parroquiales porteños califican a Petrona como «parda libre». La expresión poseía un significado preciso en el lenguaje jurídico y social del siglo XVIII. El término «parda» era utilizado para designar a personas de ascendencia africana mezclada con otros grupos poblacionales, mientras que la condición de «libre» indicaba que no se encontraba sometida a esclavitud.

La constatación documental de este dato resulta particularmente significativa porque las principales biografías de Donado producidas durante los siglos XIX y XX omitieron sistemáticamente cualquier referencia al origen de su madre. La ausencia no parece casual. Como han señalado numerosos estudios sobre la construcción de la memoria nacional argentina, la historiografía liberal tendió a presentar la Revolución de Mayo como una empresa protagonizada casi exclusivamente por hombres blancos de origen europeo, minimizando la participación de indígenas, afrodescendientes y sectores populares.

Buenos Aires clandestina

La Buenos Aires en la que nació Donado distaba mucho de la imagen posterior de una ciudad homogéneamente europea. Durante el siglo XVIII era un puerto periférico del Imperio español cuya economía dependía en gran medida del comercio atlántico y de un intenso tráfico clandestino que burlaba las restricciones impuestas por la Corona. La ciudad constituía además uno de los principales puntos de ingreso de población africana esclavizada hacia el interior sudamericano.

Numerosos trabajos han demostrado que la presencia africana y afrodescendiente en el Río de la Plata colonial fue mucho más importante de lo que suele reconocerse. A fines del período virreinal, los afroporteños constituían una proporción considerable de la población urbana. Eran artesanos, cargadores, lavanderas, músicos, soldados, pequeños comerciantes y trabajadores especializados. También existían numerosos negros y pardos libres integrados a la vida económica y social de la ciudad.

Fue en ese contexto donde se desarrolló la familia Donado Bohórquez.

La imprenta

La importancia histórica de Agustín Donado no provino inicialmente de la política sino de la imprenta. Para comprender su relevancia es necesario recordar que una imprenta en el Río de la Plata de comienzos del siglo XIX equivalía a un recurso estratégico de enorme valor. Buenos Aires carecía de universidades importantes, poseía escasas instituciones culturales y contaba con una circulación limitada de libros y periódicos. La capacidad de imprimir documentos, proclamas, reglamentos y periódicos constituía una herramienta de poder comparable a la posesión de una infraestructura crítica de comunicación en el mundo contemporáneo.

La principal instalación tipográfica de la ciudad era la Imprenta de los Niños Expósitos. Creada a partir de materiales procedentes de antiguas imprentas jesuíticas, fue durante décadas la herramienta fundamental para la difusión de impresos en el Virreinato del Río de la Plata. Por sus prensas circularon periódicos, documentos administrativos, publicaciones religiosas y disposiciones gubernamentales.

Donado ocupó una posición central dentro de esa estructura. Su cercanía con los sectores revolucionarios le permitió convertirse en uno de los hombres de confianza encargados de garantizar el funcionamiento de la imprenta en los años decisivos de la revolución.

La importancia de esta tarea suele ser subestimada. En una época en la que la comunicación dependía de documentos impresos distribuidos a caballo o por correo, controlar la imprenta equivalía a controlar la difusión de las decisiones políticas. Sin imprenta no había proclamas. Sin imprenta no había decretos. Sin imprenta no existía la posibilidad de construir legitimidad para un gobierno revolucionario que buscaba reemplazar a las autoridades virreinales.

Cabildo abierto

El episodio más conocido de la actuación de Donado ocurrió durante los días previos al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810.

Las invitaciones para participar de aquella reunión debían ser impresas y distribuidas entre los vecinos considerados con derecho a intervenir en el debate sobre el futuro político del virreinato. La tradición historiográfica sostiene que Donado tuvo un papel destacado en la impresión de esas esquelas. Diversos autores han señalado además las sospechas surgidas inmediatamente después de los acontecimientos respecto de la impresión de invitaciones adicionales que habrían favorecido la concurrencia de partidarios de la revolución.

Aunque los detalles continúan siendo objeto de debate entre los historiadores, existe consenso en que Donado se encontraba en una posición estratégica. Su acceso a la imprenta y a la producción material de las invitaciones lo ubicaba en uno de los puntos neurálgicos de la organización revolucionaria.

La cuestión no era menor. La Revolución de Mayo no se decidió únicamente mediante grandes discursos. También dependió de quiénes pudieron ingresar al Cabildo y participar de la votación que terminó cuestionando la continuidad del poder virreinal. En ese aspecto, la labor de Donado fue tan silenciosa como decisiva.

Después de la Revolución

Tras el triunfo de la revolución, la importancia de la imprenta aumentó todavía más. Las nuevas autoridades comprendieron rápidamente que debían explicar sus decisiones a la población y consolidar su legitimidad política. Desde las prensas vinculadas a la administración revolucionaria comenzaron a circular proclamas, reglamentos y periódicos fundamentales para la construcción del nuevo orden político.

La Gazeta de Buenos Ayres, impulsada por Mariano Moreno, se convirtió en la principal voz pública de la revolución. Detrás de los textos y las ideas se encontraba el trabajo cotidiano de quienes garantizaban la existencia material de la imprenta. Entre ellos sobresalía Agustín Donado.

Su trayectoria política continuó durante los años siguientes. Participó de la Asamblea del Año XIII, uno de los cuerpos deliberativos más importantes del período revolucionario, y mantuvo una activa presencia en la vida pública rioplatense. Sin embargo, la memoria histórica terminó privilegiando a figuras más visibles mientras relegaba a quienes habían desempeñado tareas organizativas esenciales.

Sociedad mestiza y diversa

La historia de Donado adquiere una dimensión adicional cuando se la observa desde la perspectiva de sus orígenes familiares y una madre identificada como «parda libre», condición omitida en todas sus biografías. El dato obliga a revisar ciertas interpretaciones tradicionales sobre los protagonistas de la Revolución de Mayo. No porque modifique el papel político de Donado, sino porque demuestra hasta qué punto la sociedad rioplatense era más diversa de lo que durante mucho tiempo se enseñó.

La presencia afrodescendiente no se limitó a los batallones de pardos y morenos ni a los sectores populares. También estuvo presente en familias que alcanzaron posiciones destacadas dentro de la vida económica, cultural y política de Buenos Aires. El caso de Donado constituye un ejemplo particularmente revelador de esa realidad.

Tal vez por eso resulte significativo que la condición de Petrona Bohórquez haya desaparecido casi por completo de las biografías posteriores de su hijo. Como ocurrió con muchos otros protagonistas de la historia argentina, la construcción del relato nacional tendió a simplificar orígenes, borrar complejidades y adaptar las trayectorias personales a una imagen idealizada de los próceres.

Más de dos siglos después, la recuperación de esas huellas documentales permite reconstruir una historia más rica y más cercana a la realidad. Agustín Donado no fue solamente un diputado revolucionario ni únicamente el administrador de una imprenta estratégica. Fue también el descendiente de una sociedad mestiza y diversa que contribuyó decisivamente a la construcción del Río de la Plata revolucionario.

Reconocer esa complejidad no disminuye su figura. Por el contrario, la vuelve más humana, más interesante y más representativa de la verdadera historia de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.