Sociedad

 

El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.

Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.

Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.

En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.

Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».

La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas

Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.

Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.

En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.

«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.

«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.

Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.

 Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia». 

En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».

Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.

En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.

En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.

Milei acelera el vaciamiento de los trenes de pasajeros para privatizar el servicio de carga

Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».

«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.

 En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe». 

En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».

En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato». 

 

 

El gobierno de Milei enfrenta una crisis política que puede terminar siendo más dañina que la causada por el escándalo de Manuel Adorni. La jafa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, reveló públicamente que decidió desobedecer una orden directa del presidente Milei.

Dijo que apelará a su «derecho a la objeción de conciencia» para no acompañar la decisión de la Casa Rosada de retirar el Senado el pliego de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que suele investigar distintos hechos de corrupción del gobierno libertario.

«Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal», posteó Bullrich en X, en un movimiento que la pone al borde de la ruptura.

Se trata de un problema político muy serio para el Gobierno porque Bullrich es la dirigente del oficialismo con mayor volumen y experiencia política y la que más mide en las encuestas, varias posiciones por encima del propio Milei. Si esta crisis termina desencadenando una ruptura, la salida de Bullrich podría ocasionarle a Milei un daño electoral importante, justo cuando no le sobra nada para conseguir su reelección.

Bullrich contrató al asesor de Papi a la Orden para su campaña presidencial

El movimiento de Bullrich coincide con la decisión de la ex ministra de Seguridad de activar su propio proyecto presidencial para el 2027, que alientan entre otros el dueño de Techint, Paolo Rocca, como reveló LPO. «Patricia está lanzada», resumió a LPO un diputado macrista que la conoce bien.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal.

Pero la decisión de Bullrich también expone la mala praxis de Karina Milei, los Menem y el ministro Juan Bautista Mahiques, con los pliegos de los jueces que enviaron al Senado. El papelón de retirar un pliego ya votado en comisión es la expresión mas burda de un proceso que estuvo signado por el apuro y la falta de chequeos internos y que hasta ahora presenta como único ganador al ministro de Justicia que logró sacar antes que nada, la extensión de mandato como camarista de su papá.

«Mahiques y los Menem le escondieron los pliegos a Milei y Karina no lee nada», explicó a LPO un funcionario libertario al tanto de la situación.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

LPO reveló que nueve legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de Michelli, que aspira a integrar el juzgado federal N°3 de La Plata. Pero cuando Karina se enteró que era la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investiga el rol del presidente en la criptoestafa Libra, decidió vetar a la candidata.

El problema, como anticipó este medio, es que ese retroceso desató una pelea feroz entre Bullrich que puso la cara en el Senado para conseguir los votos y el ministro Mahiques. Desde la Casa Rosada buscaron trasladarle el costo del papelón y acusaron a la ex ministra de haber apurado la convocatoria a audiencia pública para la exposición de la magistrada, cuando el gobierno todavía deliberaba si convenía o no avanzar con su pliego. 

El pliego de la cuñada de Alconada Mon desató una feroz interna entre Bullrich y Mahiques

Una explicación muy endeble o que revela la mala praxis o displicencia con la que se manejan temas importantes, ya que no se entiende la lógica de enviar un pliego al Senado y analizar después si es conveniente aprobarlo.

Karina no conoce a los candidatos a jueces y se dejó llevar por los Mahiques y los Menem, que mandaron candidatos a gusto.

«Karina no conoce a los candidatos a jueces y se dejó llevar por los Mahiques y los Menem, que mandaron candidatos a gusto», explicó a LPO un funcionario que recordó que el ministro de Justicia «ya tuvo un conflicto con Bullrich cuando empujó a Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico». 

La importancia estratégica de esos nombramiento radica en que en esa Cámara tramita la causa contra el titular de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino, por evasión y ambos magistrados son percibidos como cercanos a la actual conducción de la AFA con la que Bullrich tienen un conflicto total, en línea con el enfrentamiento del Grupo Clarín con la entidad.

«La mala praxis de Karina le generó a Milei un conflicto político serio con su principal socia política», concluyó el funcionario consultado.

 

 

La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.

La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.

La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.

El secretario legal de Caputo renunció por diferencias con el Súper RIGI

El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.

Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.

Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.

El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.

Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.

La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.

Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.

En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.

La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica. 

La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.

Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores. 

«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector. 

 

 

Hace 11 años —cuando X era Twitter y no una red social tan hostil, expulsiva y aleccionadora como ahora— escribí desde las tripas: «No vamos a levantar la voz?. NOS ESTÁN MATANDO». Estaba envuelta en enojo, pena y furia. La violencia extrema hacia las mujeres, y en ese momento puntual contra las adolescentes, tuvo uno de sus picos máximos cuando Chiara Páez fue asesinada por su novio, Manuel Mansilla, en Rufino, Santa Fe. Chiara tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses. Mansilla la mató a golpes y la enterró en la casa de sus abuelos. 

Este tuit está escrito. Sucedió. Pero fue azaroso que me haya interpelado a mi de esa forma. Cualquiera podría haber sido la autora de ese posteo: vos, aquella, la otra, la de más allá, la del otro lado. Fue una circunstancia. En menos de un mes, entre ese tuit del 11 de mayo y el miércoles 3 de junio de 2015, organizamos la primera marcha de Ni Una Menos. Ahora, once años después, nos enteramos del femicidio de otra adolescente de 14 años. Entre aquel Ni Una Menos inaugural y hoy contamos 3424 mujeres asesinadas, según La Casa del Encuentro. De esos asesinatos, 3073 fueron femicidios y femicidios vinculados (cuando un hombre mata a una o varias personas con el propósito de causarle sufrimiento, castigar o destruir psíquicamente a una mujer). En estos once años, una mujer fue asesinada cada 30 horas. 

Agostina Vega, cordobesa, estuvo desaparecida una semana. Su mamá hizo la denuncia policial horas después de la desaparición. Como suele suceder en estos casos, la fiscalía primero se centró en el círculo más cercano y en la hipótesis de que Agostina podría estar con un noviecito. Recién tres días después se activó la Alerta Sofía.  Al cuerpo de Agostina lo encontró la Policía este domingo en un descampado cerca del barrio Ampliación Ferreyra. 

Claudio Barrelier, el hasta ahora único acusado por el femicidio, está detenido. El hombre de 33 años había sido denunciado el año pasado por privación ilegítima de la libertad por una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda. En mayo de 2025 estuvo detenido solamente 20 días. El fiscal Iván Rodriguez lo dejó libre, fianza de por medio. 

Cuando el impacto mediático trasciende los límites de la provincia, la voracidad por el “vivo y directo”, el vértigo, le gana a la información veraz. La audiencia muestra interés por el “caso”, se abren puñados de teorías, análisis, especialistas y opinólogos que desfilan sin parar.

Lo sabemos: casi todas esas teorías se centran en la víctima. Que para su corta edad esto o  aquello, que sí hacía videos para TikTok, que las fotos que se tomaba. Hasta se escuchó con tono fuerte y certero a un cronista mencionar detalles de la intimidad de Agostina. 

También vale mencionar aquí a esos cronistas de exteriores que, valiéndose de lo que ven, escuchan, preguntan e investigan, valoran la información en off de record y comprenden, como pocos, la prudencia de lo que se informa y cómo. 

Pero la carroña mediática está a tiro cuando se trata de una mujer, adolescente, de apenas 14 años como Agostina. Lo mismo sucedió en 2017, por poner sólo un ejemplo,  con la joven bonaerense Melina Romero. Melina, la “ fanática de los boliches que abandonó la secundaria”, titulaba el diario de mayor alcance del país, y ampliaba: “Hija de padres separados, dejó de estudiar hace dos años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle con chicas de su edad o yendo a bailar, tanto al turno matiné como a la noche, con amigos más grandes. En su casa nadie controló jamás sus horarios y más de una vez se peleó con su mamá y desapareció unos días”.

Dos años antes del femicidio de Melina, cuando escribí aquel tuit, las réplicas e intercambios fueron inmediatos. Colegas, compañeras, amigas y desconocidas sugerían ideas, adónde ir, qué hacer, a quiénes y cómo convocar para lograr, primero, el impacto mediático. Allí también se nos abrieron espacios amigables de colegas periodistas, compañeros de profesión y amigos del oficio. Después, hubo que profundizar en los contenidos, reclamos, exigencias, deudas y pendientes. Todo lo organizamos en menos de un mes.

Que vayamos al Puente de la Mujer en Puerto Madero, que estemos vestidas de violeta o de negro, que el horario tenía que ser después de las 17, pero no tan tarde por el frio de junio. Finalmente, lo decidimos: iba a ser en el kilómetro cero del país, frente al Congreso de la Nación. 

Desde el 11 de mayo a ese 3 de junio vivimos días frenéticos, intensos. Comenzó a tejerse una red potente, primero de periodistas y comunicadoras, que ya habían participado en un encuentro literario en el Museo de la Lengua, también bajo el lema “Ni Una Menos”, parte de un poema de Susana Chávez, activista mexicana asesinada en Ciudad Juárez. 

Todas, una veintena, de diferentes medios, de diversas militancias, formaciones académicas, algunas presentadoras de noticias, escritoras, ensayistas, licenciadas en letras, abogadas, cronistas de exteriores, comenzamos a intercambiar ideas para bajarlas, literalmente, a la calle. 

¿Qué íbamos hacer? ¿Qué teníamos para decir? ¿Cuáles eran nuestros reclamos? ¿Qué respuestas tenía el poder político de turno? ¿Qué era aquello que comenzaba a replicarse como #NiunaMenos, basta de femicidios? La respuesta se manifestó la tarde del 3 de junio de 2015 en cada rincón del país.

En todas las provincias, en cada ciudad, en pueblos que jamás habían salido a las calles, como Corral de Bustos, recuerdo; la implosión fue desde el Congreso hasta cada punto del país. O al revés. Lo siento por los porteños. 

No pretendo traer una foto sepia de aquella fecha, pero sí recordar que fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres aquí, en la región y en el planeta. Se miraba a la Argentina, este país del fin del mundo. “Vengo del país del #NiUnaMenos” dije una vez ante colegas de otros países de la región. La Argentina era validada, también, por esta nueva ola feminista. Las Tesis llevaron su performance. “Un violador en tu camino”, desde Chile a cada rincón donde los ataques sexuales fueron tema de discusión. El #MeToo, que en 2017 sacudió al mundo cuando dos periodistas revelaron que Harvey Weinstein era, aparte de un exitoso productor de Hollywood, un depredador sexual. 

Tuvimos en Argentina aquel Paro Internacional de Mujeres, y después arrasó el #MiraCómoNosPonemos” cuando supimos que Thelma Fardìn, en su adolescencia, había sido abusada sexualmente por el popular actor Juan Darthes.

Y vinieron más marchas, otros paros, imposible recorrerlos todos en un sólo texto. 

Pero en los últimos años, la búsqueda de la equidad quiere instalarse como el principal enemigo a vencer. Resulta que para propios y ajenos ese enemigo somos las feministas. Que dónde estamos, por qué reaccionamos, por qué los silencios. 

Aquello de «no me siento representada por el feminismo del país» se cuela por la ventana, sin siquiera poder debatir cómo son los feminismos, cuál es el camino de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Desde qué lugares se lanzan estas pretenciosas afirmaciones casi idénticas y de tan poca profundidad? Desde el poder político, claro. El mismo poder que hoy niega los femicidios y la violencia machista. Que se preocupa por las supuestas falsas denuncias y no dice nada cuando una piba como Agostina, como Chiara, como Melina, aparece asesinada. No hablo sólo del Gobierno. Hablo también de la Justicia. Para muestra, basta la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal Raúl Garzón. ¿Nos piden explicaciones a las únicas que nos movilizamos y accionamos contra los femicidios, las violaciones y los abusos? ¿Nos tildan de exageradas? ¿Nos piden que nos calmemos? 

Voy a defender mi derecho a estar viva, pero también a enojarme. Y, para eso, tampoco pido permiso ni perdón. El enojo también es una lucha política. Nos vemos, otra vez, el 3 de junio en las calles.

La entrada Nos siguen matando se publicó primero en Revista Anfibia.

 

 

La renuncia del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, anunciada el domingo por la noche por Luis «Toto» Caputo, está vinculada a desacuerdos por el proyecto de Súper RIGI que el gobierno envió la semana pasada al Congreso.

Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida. 

El propio Caputo apeló a ese eufemismo (también con una foto sonriente) en febrero pasado ante la renuncia del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aunque luego LPO reveló que se debió a diferencias con la estrategia para enfrentar los pagos de la deuda en dólares, algo que más tarde fue confirmado por diversas fuentes. En enero también renunció por «motivos personales» el secretario de Transporte, Luis Pierrini, aunque la razón fue una denuncia por corrupción con los subsidios a los colectivos.

El Súper RIGI abre un conflicto con los gobernadores por la quita de recaudación a provincias

Ahora, fuentes ligadas al Palacio de Hacienda dijeron a LPO que el verdadero motivo de la salida de García Hamilton es que tuvo diferencias con el proyecto de Súper RIGI e incluso no habría aceptado firmar un dictamen a su cargo para darle la validación jurídica.

Según las fuentes, García Hamilton estaba en desacuerdo con el arbitraje internacional obligatorio que establece el texto. El Súper RIGI indica que

ningún árbitro podrá ser argentino ni del país del accionista mayoritario del proyecto y las disputas pueden dirimirse ante la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI.

Esto ya había generado quejas de las oposición porque el texto establece la nulidad absoluta de cualquier norma local, provincial o municipal que colisione o limite los beneficios del régimen durante los 30 años de estabilidad prometidos. Para los opositores se trata de una «cesión inconstitucional de soberanía».

Caputo informó que la renuncia de García Hamilton se debe a «razones personales», un eufemismo clásico de la política para ocultar los verdaderos motivos de una salida

Caputo anunció que el reemplazante de García Hamilton será Juan Ignacio Stampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación y fue parte del equipo jurídico que trabajó en el juicio por la expropiación de YPF. Stampalija es parte del sector que lidera Santiago Caputo.