Amalia Granata bajó el perfil de confrontación permanente contra Pullaro en la Legislatura de Santa Fe pero igual se la rebusca para no quedar afuera de la conversación pública. Esta vez, por un video realizado con inteligencia artificial para promocionar Atenxia, una aplicación móvil orientada al tratamiento y reeducación de niños con dislexia y TDAH.
La legisladora difundió la firma de un proyecto con la plataforma a través de un avatar creado con IA que la muestra hablando frente a una especie de rooftop parisino. La voz artificial, en delay y los movimientos del personaje llamaron rápidamente la atención de los usuarios que señalaban la mala calidad de la confección del avatar.
Uno de los que reaccionó fue Jorge Haddad, el comediante cordobés conocido por su personaje Hermana Beba, que suele ironizar sobre influencers, celebridades y referentes políticos desde una mirada ácida y provocadora.
«¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo», comenta mientras observa el video de Granata.
¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?», comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. «Le veo un pelo que se mueve solo
El comediante fue todavía más lejos al sugerir que la diputada estaba «curseada», una expresión tomada del inglés cursed que suele utilizarse en internet para describir situaciones o imágenes extrañas, inquietantes o directamente bizarras.
«Ama, te han hecho un trabajo. Esta chica está curseada», bromeó antes de recomendar, entre risas, que la llevaran a ver a un cura.
Lejos de molestarse, Granata recogió el guante y respondió con humor. De hecho, fue una de las primeras en comentar la publicación de Hermana Beba. «TE AMO», escribió la diputada junto a un emoji de corazón.
Por fuera de los movimientos que hace el cordobesismo con los intendentes para despegarlos del Gobierno de Milei con argumentos como la crisis de Pami o la salida de Córdoba del mapa de zonas frías, el último hit del PJ mediterráneo para confrontar con Casa Rosada, la oposición local tiene su propia disputa.
Porque hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027.
Hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027
Cierto es que con más promesas que certezas, y subidos a la ola violeta que en Córdoba sostiene su tendencia de moda, algunos hablan directo con el karinista Gabriel Bornoroni y están los que llegan a través de la exdiputada de la UCR, Soledad Carrizo. Hoy, los dos rivales directos que tiene De Loredo en su operativo contención de alcaldes que son opositores al PJ.
Pero, a esta se suma la presión que hace el llaryorismo con fondos y fotos. Mucho más sobre los intendentes del radicalismo y el PRO que se sumaron el año pasado al esquema de Provincias Unidas y luego terminaron marginados por la peronización que Llaryora decidió imprimirle a la gestión en la primera parte de este 2026.
Peronización que se plasma en el reseteo del gabinete y en lo marginado que se sienten los alcaldes que acompañaron el año pasado y hoy hacen la fila detrás de los del PJ para llegar a la Casa de Gobierno.
Al tanto de esto, De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
Varios intendentes salieron de la comida sin verse seducidos por la opción del esquema de alianza con los amarillos para reconstruir Juntos por el Cambio y les preocupa quedar encorsetados entre el peronismo de Llaryora y la pata libertaria que conduce Bornoroni. Mucho más porque un distanciamiento con el primero condiciona la llegada de fondos para la última parte de la gestión en cada pueblo; y porque, un enfriamiento en el vínculo con los libertarios tiene como consecuencia la amenaza de Bornoroni y Juez de salir a plantar un candidato en cada localidad gobernada por un radical que ose ignorar una alianza violeta.
Toda esta incertidumbre del radicalismo cordobés tiene un ingrediente más que, probablemente, sea la que menos preocupa a los intendentes en sus localidades: la interna partidaria. El mandato de Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y aliado de De Loredo en la conducción de la UCR cordobesa, vence en septiembre.
Y el plazo para convocar a elecciones vence ahora en junio. Por lo que ya se habla de una prórroga que tendrá, casi con seguridad, la furia de los sectores opositores a De Loredo porque admiten que la extensión del mandato sería por un año. De manera tal que esa extensión hasta septiembre del 2027 tendrá el año electoral con un radicalismo conducido por los mismos jugadores que no presentaron listas en las Legislativas del 2025. Principal motivo de rechazo entre los detractores de De Loredo y Ferrer.
La recuperación del consumo que el Gobierno de Javier Milei esperaba exhibir durante el primer semestre sigue sin aparecer en Córdoba. Por el contrario, los números del comercio muestran que la retracción de las compras continúa profundizándose incluso después de la fuerte desaceleración de la inflación.
Según el último informe del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), las ventas minoristas registraron en mayo una caída del 21% en unidades respecto del mismo mes de 2025. La rentabilidad de los comercios, en tanto, cayó un 22% en la misma comparación.
Se trata de una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno para recuperarse, aun cuando algunos indicadores macroeconómicos muestran signos de estabilización.
El relevamiento, realizado en corredores comerciales y centros comerciales de la capital cordobesa, también detectó un deterioro en la comparación mensual. Respecto a abril, las ventas retrocedieron 5% y la rentabilidad cayó 10%. Esto se da en medio de un fuerte aumento del endeudamiento familiar y la suba de los servicios, una doble pinza sobre las cajas de los comercios.
El dato que más preocupa a los comerciantes es que la contracción se produce contra mayo de 2025, un período que tampoco se caracterizaba por un consumo robusto. Es decir, la actividad comercial no sólo no logró recuperarse sino que profundizó su deterioro en términos interanuales.
Ticket promedio: Durante mayo se ubicó en 124.000 pesos, bastante por debajo de los 148.700 pesos registrados en abril. La diferencia supera los 24.000 pesos en apenas un mes y revela una reducción significativa en el monto destinado a compras.
La caída del poder de compra aparece como una de las principales explicaciones del fenómeno. Aunque la inflación desaceleró significativamente respecto de los picos registrados durante 2024, la recuperación de los ingresos viene siendo desigual. Jubilados, trabajadores informales y buena parte de los sectores medios todavía no lograron recomponer plenamente su capacidad de consumo, mientras que el encarecimiento de servicios públicos, transporte y otros gastos fijos absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos familiares.
La señal más clara de esa conducta aparece en el ticket promedio. Durante mayo se ubicó en 124.000 pesos, bastante por debajo de los 148.700 pesos registrados en abril. La diferencia supera los 24.000 pesos en apenas un mes y revela una reducción significativa en el monto destinado a compras.
El mal momento también se refleja en el humor de los comerciantes. Apenas el 9% de los consultados aseguró haber cumplido las expectativas que tenía para mayo, una cifra que expone el nivel de frustración que atraviesa el sector.
Los números representan una señal de alerta para el comercio cordobés y también para el Gobierno nacional. Porque muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logra traducirse en una recuperación del consumo, una variable clave para sostener la actividad económica en los grandes centros urbanos del país.
Las chances del juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser de ascender a camarista quedaron reducidas por un motivo inesperado. Ocurre que hace diez días otro juez, que se defiende con uñas y dientes de que lo manden a juicio político, lo mandó al frente. Sostuvo que en su momento Strasser, en el concurso con el que buscaba ser magistrado, ocultó que había tenido una sanción como funcionario judicial. Y eso ahora tiene consecuencias que pueden sacarlo de carrera.
En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.
¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.
La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.
Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar «el Bonadío de la seguridad social».
Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social
Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.
Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.
El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad «absoluta e insanable» del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.
En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.
Difícilmente este manotazo de Salmain –defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra– vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado
Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.
Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.
Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. «¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?», fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.
Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.
En el marco del cierre del programa para gremiales y organizaciones empresarias, referentes de la UIA, SRA, CAME y ADIMRA compartieron una jornada de trabajo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, enfocada en la competitividad, la integración global y el recambio generacional.
Con el objetivo de profundizar el diálogo en torno a las políticas productivas y los desafíos estructurales de la Argentina, representantes de las principales entidades empresarias del país se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El encuentro se desarrolló en el marco del cierre del Programa para Gremiales y Organizaciones Empresarias de la Escuela Federal de Desarrollo, una iniciativa que busca consolidar puentes de diálogo y planificación estratégica entre los sectores que componen el entramado productivo nacional y los decisores de políticas públicas provinciales.
Durante la jornada, que contó con la participación de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), se debatieron los principales ejes de la agenda de desarrollo federal.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, encabezó el espacio de diálogo que estuvo signado por la necesidad de sofisticar las herramientas del Estado y consolidar consensos para potenciar la productividad y la competitividad exportadora del país de cara a las transformaciones globales del siglo XXI.
En ese sentido, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: «El marco de la Escuela Federal de Desarrollo busca involucrar a las gremiales empresariales, y sobre todo a sus jóvenes, en los grandes temas que estructuran el desarrollo de la Argentina».
Y agregó: «Nos parecía muy importante generar una instancia de interconexión entre los funcionarios públicos provinciales y quienes tienen que representar los intereses de los sectores que producen en el país. Son dos ámbitos que, por lo general, no están lo suficientemente vinculados y necesitamos construir esa sinergia. Nosotros como organismo entendemos que sobre los grandes temas nacionales no hay divergencias ideológicas, sino que son cuestiones pre-ideológicas. Lo que nos falta es sofisticar la conversación y los instrumentos para diseñar la actividad pública».
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó: «Estamos viviendo un cambio global impresionante a nivel geopolítico, tecnológico, climático y comercial. El gran desafío que tenemos como dirigentes es entender que la única manera de que la Argentina crezca es integrándonos al mundo; no hay bienestar posible sin exportación, y para exportar tenemos que ser competitivos».
El marco de la Escuela Federal de Desarrollo busca involucrar a las gremiales empresariales, y sobre todo a sus jóvenes, en los grandes temas que estructuran el desarrollo de la Argentina
Y añadió: «Toda la Argentina debe estar atravesada por la eficiencia, la transparencia y la productividad en todos sus niveles, tanto el Estado como el sector privado. Nuestro desafío como industriales es comprender que los ciudadanos quieren comprar bienes argentinos, pero a precios y con calidad internacional, y para eso necesitamos trabajar en conjunto con el Estado para lograr las reformas fiscales y estructurales que nos permitan alcanzar esos objetivos».
A su turno, el secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Odriozola, remarcó: «Para enfrentar las dificultades del país y salir adelante, lo primero que se necesita es pasión por lo que uno hace. En la Argentina sobra alimento, sobra industria, sobra todo; nuestro camino indispensable es salir a vender al mundo. Por eso, convocamos a los más jóvenes a meterle pasión y empuje a lo que hacen, porque el futuro depende de que ellos continúen con esta tarea y aprovechen las miles de oportunidades de desarrollo que tiene este país si logramos remover las trabas que complican la producción».
Finalmente, el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Castillo, expresó: «Esta vinculación con las diferentes entidades del país nos hace muy bien para demostrar que en la Argentina hay presente y hay futuro. Nos toca afrontar los desafíos que tenemos como dirigentes y de cara a las nuevas generaciones, dejando de lado las divisiones para ser verdaderamente proactivos. Debemos transitar este cambio de era de la mejor manera posible, trabajando todos juntos en la misma dirección para generar más empleo formal, inclusión, competitividad y representatividad federal».
Con esta jornada, el CFI reafirma su compromiso de continuar propiciando espacios de concertación federal y capacitación estratégica que articulen las visiones del sector público y el sector privado, consolidando una hoja de ruta común hacia el crecimiento equitativo y sustentable de todas las provincias argentinas.
Durante su visita a Mar del Plata este viernes, Axel Kicillof denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei entraña posibles negocios inmobiliarios.
«Me parece que, como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario», dijo el gobernador tras cerrar el Congreso del Trabajo en la ciudad balnearia, donde también se refirió al conflicto abierto que mantiene con el municipio local por el control del balneario de Punta Mogotes.
Sobre la decisión de la administración libertaria de ir por una concesión a 30 años de los hoteles construídos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón para destinados al turismo social, Kicillof dijo: «La onda viene de demolición y destrucción».
«Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, hacer un negocio privado», agregó. En ese sentido, el gobernador planteó el traspaso del predio a la Provincia, ratificando lo dicho esta semana por su ministro de Producción Augusto Costa.
Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren
«No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios», había señalado Costa.
En esa línea, Kicillof dijo: «Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar».
Esta semana, el gobierno de Milei oficializó el pase a disponibilidad de los 76 trabajadores de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse (Córdoba).
En ATE Mar del Plata advirtieron que esta determinación va más allá de la fuente laboral y también atenta habitacionalmente a decenas de familias de empleados que desde hace más de 20 años viven en pabellones del predio.
Como contó LPO, desde febrero de 2025 el gobierno de Milei aceleró el proceso para desprenderse de estas unidades turísticas. Primero, los complejos salieron de la órbita de la Secretaría de Turismo a cargo de Daniel Scioli. Este año, Manuel Adorni anunció que la intención es concesionarlos.
Frente a eso, proliferaron proyectos para evitar que el predio sea entregado a privados. Una de las iniciativas vino del propio radicalismo que, en Mar del Plata, articula con los libertarios dentro del esquema del oficialismo municipal.
Maximiliano Abad impulsa que el complejo pase a la órbita de la Universidad Nacional de Mar del Plata para hacer allí un campus universitario. La iniciativa desató cortocircuitos en el Concejo entre libertarios y radicales.
Desde el kirchnerismo, Fernando Raverta presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley para que la Provincia recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal para sostener el turismo social.
El año pasado, el axelista Gustavo Pulti había presentado un proyecto en la Cámara baja provincial para preservar el patrimonio público del complejo y el turismo social.
Ahora, directamente Kicillof salió a pedir por el control de los hoteles.
