La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
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Un descubrimiento arqueológico en el extremo sur de América permitió confirmar con precisión la ubicación de una de las experiencias más trágicas de la colonización española: la ciudad Rey Don Felipe, conocida como “Puerto del Hambre”, donde más de 300 personas murieron abandonadas en el siglo XVI.
Por Alcides Blanco para NLI
El hallazgo que cerró una discusión histórica
Durante décadas, historiadores y arqueólogos debatieron la ubicación exacta de la efímera colonia española fundada en 1584 en el estrecho de Magallanes. Esa incertidumbre comenzó a resolverse con un hallazgo tan pequeño como contundente: una moneda de plata enterrada hace más de cuatro siglos en los cimientos de una iglesia.
El objeto, un “real de a ocho” acuñado en tiempos de Felipe II, fue encontrado exactamente en el lugar que había descrito el navegante Pedro Sarmiento de Gamboa en sus crónicas. La coincidencia entre documento histórico y evidencia material no solo valida las fuentes de la época, sino que permite reconstruir con precisión el asentamiento.
Lejos de ser un detalle menor, este tipo de hallazgos “in situ” constituye una de las pruebas más sólidas en arqueología histórica: la confirmación directa entre relato escrito y registro material.
Una colonia estratégica condenada al fracaso
La ciudad Rey Don Felipe fue parte de un ambicioso proyecto del Imperio español para controlar el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, en un contexto de disputa global por las rutas marítimas.
Ubicada en la costa norte del estrecho de Magallanes —una región inhóspita, aislada y de clima extremo—, la colonia nunca logró consolidarse. La combinación de factores fue letal: dificultades para el abastecimiento, condiciones climáticas severas y una planificación que subestimó el entorno.
De los aproximadamente 350 colonos que llegaron, la mayoría murió por hambre, enfermedades y abandono en pocos años. El episodio quedó grabado en la historia como una de las mayores tragedias coloniales en América.
“Puerto del Hambre”: el nombre que selló la tragedia
Tres años después de la fundación, en 1587, el corsario inglés Thomas Cavendish llegó al lugar y encontró una escena devastadora: un asentamiento organizado, pero repleto de cadáveres. Fue él quien lo rebautizó como “Port Famine” —Puerto del Hambre—, nombre que sintetiza el destino de la colonia.
La denominación no fue exagerada. Investigaciones actuales estiman que al menos 337 personas murieron por inanición, incluyendo soldados, colonos y religiosos.
Ese fracaso no solo marcó un límite para la expansión española en la región, sino que evidenció las dificultades reales de imponer enclaves coloniales en territorios extremos sin conocimiento del ambiente ni vínculos sólidos con las poblaciones originarias.
La arqueología como puente entre pasado y presente
El hallazgo de la moneda no es un hecho aislado, sino parte de un proyecto interdisciplinario que combina documentos históricos, tecnología de geolocalización y excavaciones de precisión milimétrica.
Gracias a este avance, hoy es posible proyectar la distribución del asentamiento: iglesia, viviendas, bodegas y estructuras defensivas mencionadas en mapas del siglo XVI.
Más aún, el descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre los colonizadores y los pueblos originarios de la región, como los aonikenk y kawésqar, claves para comprender el contexto humano de la experiencia colonial.
Una moneda, una historia, una advertencia
El “real de a ocho” enterrado en 1584 no fue solo un gesto simbólico de fundación. Cuatro siglos después, se convirtió en una pieza clave para reconstruir una historia de ambición imperial, error estratégico y tragedia humana.
La colonia Rey Don Felipe —ese proyecto que pretendía dominar el extremo sur del mundo— terminó convertida en un recordatorio brutal de los límites del poder colonial.
Porque en el fin del continente, donde el clima, el aislamiento y la geografía imponen sus reglas, la historia no se escribe solo con decisiones políticas o militares, sino también con la capacidad —o incapacidad— de sobrevivir. Y esa lección, enterrada bajo una piedra durante siglos, recién ahora volvió a salir a la luz.
El diputado Manuel Passaglia le mete presión al PRO y La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense con un proyecto que supone compactar las motos con caño de escape adulterado.
La oposición -donde libertarios y amarillos son mayoría- tiene la llave para llevar el proyecto al recinto y aprobarlo, aún con la negativa de todos los sectores del peronismo y las dos bancas de la Izquierda.
«Así como se unieron para repartirse los cargos de directores millonarios en el BAPRO esperamos que ahora sigan trabajando juntos, pero en esta oportunidad para beneficio de los bonaerenses», escribió el diputado en las redes.
El proyecto nació primero como una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de San Nicolás y autorizaba al intendente Santiago Passaglia a compactar las motos con escape libre, una práctica ilegal -sobre todo en adolescentes- que supone un fuerte malestar en los vecinos.
El tema genera controversia en particular en las ciudades del interior. El problema era que la normativa vigente no alcanzaba. El municipio le secuestraba la moto, pero los dueños pagaban una multa y a los pocos días volvían con los ruidos.
No espero que el peronismo nos acompañe porque ellos viven en Puerto Madero y ahí no hay ruidos molestos. Pero sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o que presenten una solución superadora.
Secuestrar las motos tampoco era sencillo. A través de grupos de WhatsApp, los adolescentes avisaban donde estaban los controles y los evitaban.
Por eso, los Passaglia pensaron en una encerrona. En los días previos a la aprobación de la ordenanza el gobierno municipal retiró todos los controles y dejó a los pibes la ciudad liberada. Luego -ya con la ordenanza aprobada- dispusieron un vallado sorpresa en la plaza principal y quedaron atrapados 130 adolescentes con motos con escape libre.
Muchos intendentes pidieron copia de la ordenanza para bajarla a sus municipios. En el interior varios jefes municipales ven con buenos ojos un proyecto de mano dura contra los ruidos molestos.
«Acá no es un problema de ideologías. Es una solución de convivencia a un problema real que existe en el interior», dijo el diputado Manuel Passaglia y agregó que no espera nada del peronismo porque los legisladores «viven en Puerto Madero». «Sí espero, tanto del PRO como de los libertarios, que acompañen este proyecto o una solución superadora».
Los Passaglia vienen dejando el PRO y a los Libertarios en una posición incómoda. El intendente y el diputado de San Nicolás fueron los primeros en bajarse del acuerdo electoral que los amarillos cerraron con los libertarios. Y lanzaron un armado provincial que hizo una buena elección en el norte de la provincia. Esos votos fueron clave en la derrota de la alianza entre el PRO y los libertarios durante la elección de septiembre pasado.
Estoy cargando. Sigo. Cargo hasta las 20.45. Después de esa hora también pero capaz no respondo muy rápido. Miren estos premios.
Captura de un comprobante de Mercado pago por $460.000.
Otra captura del Banco Galicia:transferencia enviada $121.000. Transferencia enviada por Carla.
Bono de bienvenida. Solo por hoy. , , , y . Joker´s, Jewels, hot.
Los mensajes, con colores estridentes de fondo, ilustraciones de duendes de la fortuna y gemas, pomposos faraones egipcios o diamantes fulgurantes, se intercalan entre la fugacidad de los estados de Whatsapp y el ritmo galopante del contenido epocal que promete, anclado en el presente, recompensa inmediata. Las cajeras de los casinos online no oficiales despliegan desde sus teléfonos y para sus contactos una estrategia de marketing artesanal en la que se mezclan emojis, eufemismos y comprobantes que intentan mostrar efectividad. Cargar es apostar y jugar, pero las palabras apuestas y juego nunca aparecen en sus publicaciones porque saben que se trata de una actividad ilegal que, en algunos casos, hasta los algoritmos de las redes sociales de mensajería instantánea penalizan. Ellas son el reverso del boom por las apuestas y el juego virtual: en su mayoría, mujeres, madres que crían y cuidan, algunas tienen trabajos con distintos grados de formalidad. Todas encontraron una forma de hacerle frente a la crisis económica y juntar un mango más para subsistir. Muchas de ellas son tías, mamás y hasta hermanas de los pibes que engrosan las estadísticas de adicción a las pantallas y al juego.
“Cuando empecé compré la cama para mis nenas, hice refacciones en la casa, cerré un techo del baño que no teníamos y pude hacer las cloacas —dice Carla por videollamada desde algún lugar del partido de La Matanza, al oeste del conurbano—. De las fichas vendidas, ganaba el 25 por ciento. En un día día cargaba 100.000 fichas. En ese entonces la carga mínima era de 100 pesos. Sacá las cuentas. Ahora bajó mucho la cantidad de fichas que vendo, apenas pichuleo para pañales y algo de comida pero me sigue ayudando bastante”. Carla no tiene problema en contar sobre su trabajo, “porque no tengo idea de quién está más arriba”. Sólo reporta a su “administradora”, Vanesa. De todos modos, pide que no salga su nombre verdadero y que se resguarden algunos datos de su identidad.
Hace tres años que Carla es cajera de casinos online. Tiene 40 años y dos hijas de dos y nueve años. Desde hace quince años, los fines de semana y feriados trabaja en un empleo formal con jornadas de doce horas en una clínica de salud en el oeste del conurbano. Su marido también trabaja allí como maestranza, pero los días de semana. Con los sueldos de ambos, la familia llega a fin de mes con lo justo. “En una semana de carga muy buena quizás llego a sacar $160.000. Eso sí: estás todo el día con el teléfono, eh. Ahora cobro el 35 por ciento, que es un poco más de cuando empecé, pero hay semanas que no comisiono nada”, advierte.
A Carla “cargar fichas” le permite seguir cuidando a sus hijas todos los días. Lo califica como «emprendimiento» y ve su tarea parecida a la de una revendedora, como las clásicas vecinas barriales que antes tocaban el timbre de otra vecina con el “librito” de Avon o los productos de Tupperware. Risueña, enumera los beneficios de ser cajera: “No se invierte nada de plata. Siempre dependes de cuánto juegan los usuarios. Antes tenía uno con el que zafaba siempre. También hay algunos que si ganan, te dejan propina”. Y agrega: “Cobro por semana todos los viernes. Le decimos comisionar. Una vez por semana, por chat, con mi administradora hacemos un reporte de lo que vendí. El premio más grande que pagué fue de 400 mil pesos”, cuenta orgullosa.
“Para mí es atención al cliente pero al estilo bot porque mandás mensajes automáticos, no tenés que interactuar demasiado, a menos que el cliente tenga un problema específico”, dice Romina, otra cajera de 36 años que es mamá y trabajadora de la salud. A pesar de que operan desde sus casas no lo llaman homeoffice. La cajera es una especie de involución precaria del teletrabajo y, a la vez, una forma de monetización del tiempo destinado a los cuidados.
“Es que mi mamá está todo el día con el casino”. Mauricio tiene 9 años y vive en Villa Luján, una barriada popular de Quilmes, al sur del conurbano. El año pasado empezó a faltar mucho a la escuela y cuando iba, llegaba tarde. El equipo de orientación junto con las profesionales del programa Envión activaron una intervención para saber qué pasaba y cómo podían acompañarlo. Se encontraron con que su mamá se quedaba dormida porque estaba “toda la noche cargando fichas”.
“Están dele que te dele cargar. No hay horarios, no se corta nunca ese trabajo entonces lo hacen todo el día o toda la noche. En Monte, en Villa Luján, casi todos los adultos son cajeros de casino. Están en la casa, pero como están con ese tema , no están al cuidado de los pibes o acompañando algunas cuestiones de cuidado. Están desconectadas”, dice Gisella Viñales, trabajadora social del Equipo Técnico en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio de Quilmes. “Los chicos te cuentan que su mamá está cargando o algunos te dicen que apuestan y que es la tía la que le carga las fichas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos sobre este tema porque es un adulto de su familia el que les habilita esto”, detalla. En el último tiempo pusieron el foco en el cruce de la salud mental y las pantallas.
“Muchos de los chicos que cobran la beca del Envión apuestan la beca entera, que es de $35.000, o una parte. Dicen ‘si mi mamá es la cajera, yo apuesto’. Si ganan, vienen y te lo cuentan. Pero si pierden no te enterás”, agrega. “Para las mujeres el tema de los casinos es un ingreso extra quedándose en la casa. Y te dicen: ´porque con eso yo puedo comprarme tal cosa, pude comprar la comida´. Son estrategias de supervivencia”.
Ana Córdoba también es trabajadora social de ese Equipo Técnico. Cuenta esta anécdota: “La otra vez me encontré con una mamá que hacía tiempo no la cruzaba en el barrio y me dijo que ella solía salir con su pareja y con el carro a cartonear o a vender cobre. Me decía: ´ahora no estoy saliendo tanto con el carro, ¿vos viste? Estoy con lo del casino y puedo estar en la casa con los pibes ́. Me lo contaba como algo bueno y yo no sé qué es mejor… es poner el cuerpo de otra manera, claro. La calle es compleja, hay un montón de gente que también está haciendo la misma”.
Ganamos.net, Mistral, Solo apuestas, Bet 30, Jugabit, Magi, Zeus son algunos de los nombres de las webs para jugar en línea. Son tantas las que se crean todo el tiempo que es difícil mapearlas. Ahí se alojan distintos tipos de juegos: desde slots, del estilo máquinas tragamonedas, ruletas en vivo, pasando por blackjack, baccarat y póker. En 2025, según el informe Global Online Gambling Market, el tamaño de este mercado alcanzó los 130.200 millones de dólares, y aumentará hasta los 143.170 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 por ciento.
“El juego del payasito es el más conocido”, dice Carla y asegura nunca haber jugado. Cajera y juego: asunto separado. En general, las páginas para las que operan son softwares que se compran enlatados. Los agentes y administradores son quienes alquilan ese software, crean los paneles y reclutan a las cajeras en grupos de Facebook y Telegram. La mayoría no están registradas en ningún lado, son franquicias de la ilegalidad.
—Y no tenés miedo de perder plata, ¿que la página te estafe y no te pague los premios?
—Una vez perdí 20 mil pesos porque me equivoqué de CBU y le transferí a otra persona, pero por suerte siempre tuve para pagar. Nunca me pasó de no tener para pagar un premio.
—Pero, ¿vos sabés que esta actividad es ilegal?
—No me meto con eso. Yo soy una intermediaria. Apenas tengo mi panel.
El mosaico del juego online es complejo porque no hay un único marco legal. Para que un casino sea reconocido en Argentina tiene que tener una licencia otorgada por la Lotería de su provincia. Es decir que el sistema está provincializado. De las 24 jurisdicciones que hay en el país, 17 reconocen el juego virtual y cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. En líneas generales, para quienes son usuarios: el sello distintivo de la legalidad es el dominio .bet.ar. Si termina en .com o .net, es probable que sea ilegal.
El engranaje operativo de los casinos no oficiales tiene a las cajeras como el nexo humano entre el software de apuestas y el apostador. Ellas no son empleadas directas de una gran corporación, sino que trabajan para un «agente» o «distribuidor». “Mi administradora es Vanesa. Ella me armó un panel. Tenía que promocionar Zeus. Yo nunca la vi, no la conozco”, cuenta Carla. Los casinos ilegales operan con sistemas de “paneles de agentes”, que es otro concepto clave en la jerga. Los paneles son una parte interna de la web, de administración simple, donde sólo la cajera puede crear nombres de usuario y contraseñas para los jugadores, cargar créditos (fichas) a esos usuarios, ver cuánto dinero jugaron y cuánto ganaron y «retirar» los créditos del usuario cuando éste quiere cobrar. Es lo que permite llevar un registro de contabilidad pero el dinero real nunca entra al casino. Solo se mueve a través de las billeteras virtuales.
Las cajeras se ocupan del primer paso en la cadena: la captación. Quienes regentean estas páginas webs y plataformas necesitan un ejército de cajeras para difundir y captar potenciales clientes sin exponerse a ser perseguidos por los reguladores de esas plataformas o el sistema de administración de justicia. Estas cajeras promocionan en sus propias redes sociales: Instagram, WhatsApp y Facebook. A modo de anzuelo publican promos, bonos de bienvenida o capturas de pantalla de gente ganando.
El cliente/apostador les envía dinero por transferencia, usualmente a través de la billetera de Mercado Pago, y la cajera, que tiene un panel de administración del casino, le crea un usuario y contraseña para jugar, al que le asigna «fichas» o créditos equivalentes al pago. Una vez hecho este movimiento, el apostador puede acceder a los juegos. El usuario juega en una web o app que la cajera le proporcionó sin dejar huellas ni mostrar su identidad ni cuenta bancaria. Si el usuario gana y quiere retirar el dinero, le pide a la cajera que le canjee los puntos. Ella los descuenta del sistema y le transfiere el dinero real de su propia cuenta (o la del agente administrador).
¿Por qué alguien recurriría a una intermediaria para jugar? El anonimato es el incentivo. Muchos apostadores prefieren evitar dejar rastros por diferentes motivos: tienen deudas, aparecen en el Veraz, son menores de edad o simplemente no quieren arriesgarse. Las páginas oficiales cuentan con ciertos niveles de comprobación de identidad: piden foto del DNI, una selfie para validación biométrica y cruce de datos con RENAPER. La cajera no pide nada más que un nombre de fantasía para crear el usuario. La relación de cercanía con ellas se basa en el te conozco del barrio o en la red de contactos en común de Whatsapp que los une.
Por las regulaciones bancarias, el retiro de ganancias en las páginas oficiales puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles. En el caso de las cajeras, el pago es instantáneo y su atención es casi 24×7. Si ganaste a las 2 de la mañana, le escribís, ella te debita los puntos y te transfiere por Mercado Pago en el acto. Esa gratificación inmediata es altamente adictiva y competitiva frente al sistema legal.
Además de la cooptación, las cajeras hacen un aporte fundamental para que los flujos de transferencia de dinero se dispersen: sus CBUS o CVUS. Basta con bucear apenas en la superficie de Internet por los grupos de Facebook o Telegram donde se reclutan cajeras. Ahí aparecen publicaciones en las que se usan eufemismos como Busco personas con cuenta activa o Alquilo CVU. Así como las aplicaciones de autos como Uber trasladan al chofer el riesgo del capital, el auto, el seguro, el choque, los casinos ilegales trasladan a la cajera el riesgo legal y financiero (la cuenta bloqueada, la denuncia penal, el reclamo del apostador).
El riesgo que enfrentan las cajeras es latente y tácito: si el agente desaparece o la plataforma cae, la cara visible frente al apostador son ellas. Ponen su CBU o CVU y su nombre en cada transacción. En Argentina, desde 2016 la facilitación de juego de azar ilegal está tipificada en el artículo 301 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar por medios digitales, sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
Al igual que las mulas en el ámbito del narcotráfico, las mujeres que transportan sustancias ilegales entre sus ropas o en sus cuerpos, las mulas de los casinos online truchos ponen el cuerpo, sólo que, en los territorios digitales, ese poner el cuerpo es el CBU o CVU. Las cajeras arriesgan su identidad financiera al poner su cuenta personal (Mercado Pago, bancos digitales) para que circule dinero, en algunos casos de origen no declarado.
Si quedan pegadas en una investigación más grande que va detrás de los casinos ilegales, quedan marcadas en el sistema financiero y pierden su única herramienta de bancarización para su vida cotidiana.
Son el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de rastrear para los investigadores judiciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: en las denuncias el primer nombre que aparece es el de la dueña de la cuenta donde el apostador transfirió. Los dueños del software y los grandes distribuidores están ocultos tras servidores en el exterior. Al igual que en el mercado de venta de drogas, la mula es la que cae primero.
Desde la perspectiva de la investigación judicial y el ámbito de ciberseguridad, el rol de las cajeras se emparenta al término mulas bancarias o money mules y es el que aparece para describir su rol en el esquema financiero.
En la jerga de la industria bancaria y las investigaciones de lavado de activos, el movimiento de dinero que permiten las cajeras se conoce como pitufeo. O en inglés: smurfing. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los entes de regulación o la justicia. Muchas de estas mujeres que operan como cajeras para sobrevivir no saben que las billeteras virtuales tienen algoritmos que detectan cuando una cuenta de un particular empieza a recibir muchas transferencias diarias de montos chicos.
En los últimos dos años hubo algunos megaoperativos contra plataformas como «Celuapuestas» o «Ganamos.net» que tuvieron cobertura mediática. Estas investigaciones revelaron que detrás de la interfaz de colores estridentes, diamantes, duendes y brillos hay una arquitectura diseñada para el lavado de activos. En una causa reciente en la provincia de Buenos Aires, la Justicia detectó que una red de cajeras no sólo operaba el juego, sino que funcionaba como una gigantesca lavandería capilar: miles de transferencias diarias de montos bajos que, sumadas, permitían a los dueños del software blanquear millones de pesos a través de cuentas de mujeres de barrios populares que, a cambio de una comisión, entregaban su identidad financiera.
En operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba en 2025, la justicia ordenó el bloqueo de más de 250 cuentas bancarias y billeteras virtuales. Muchas de las imputadas declararon bajo la misma lógica que Carla: «Es un emprendimiento». Sin embargo, para el Código Penal, el flujo de dinero no declarado que pasa por sus cuentas las convierte en coautoras de una asociación ilícita, dejándolas inhabilitadas para tener una cuenta sueldo o acceder a un crédito formal.
El caso de la red «Las Únicas» en Salta, a mediados del 2025, es quizás el más didáctico para entender la jerarquía del delito. En esa causa judicial, la fiscalía describió una pirámide donde las cajeras eran reclutadas en grupos de Facebook bajo la promesa de «manejar tus propios horarios». Pero, eran el escudo humano de una organización que utilizaba sus nombres para diversificar los ingresos y evitar las alertas de la AFIP.
Cada crisis tiene su rebusque, sea una remisería, una cancha de paddle o un parripollo. Los escombros de esos negocios configuran los paisajes del conurbano. Si logran evadir las causas judiciales, estas formas de supervivencia tienen un tiempo perecedero, el de los estados de Whatsapp: Estoy cargando. Sigo.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días 27 de noviembre y 11 y 18 de diciembre se realizará la reválida de guardavidas para la temporada 2021/2022. Las inscripciones se encuentran abiertas en la Oficina de Deportes ubicada en Colón 107 o a través del teléfono 2984-651398 de lunes…
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