La industria pesquera denuncia una crisis «insostenible» y le exige medidas «urgentes» al Gobierno

La industria pesquera denuncia una crisis «insostenible» y le exige medidas «urgentes» al Gobierno

 

La crisis de largo aliento que azota a la industria pesquera llegó a su pico máximo con la suba de los combustibles desatada con la guerra en medio oriente.

Por eso, en Mar del Plata el sector salió a denunciar un escenario «terminal» y reclamaron ser recibidos por Javier Milei y Toto Caputo. «La crisis actual es insostenible y requiere medidas inmediatas», alertaron.

Tras una reunión entre miembros de la flota fresquera y plantas de procesamiento, las cámaras y armadores independientes salieron con un mensaje conjunto en el que plantearon una «situación dramática» que exige medidas «urgentes».

«Sin respuestas el escenario es terminal», advirtieron en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata.

Los pedidos de audiencia al presidente, el ministro de Economía y al Consejo Federal Pesquero (CFP) buscan llevar el reclamo de eliminación del IVA en la primera venta de pescado fresco destinado a procesamiento y exportación.

A la crisis preexistente del sector,  se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

También, la devolución inmediata del IVA retenido a quienes exportan materia prima, punto central en una actividad netamente exportadora. Esos retrasos golpean de lleno a aquellas empresas sin la espalda suficiente para sostener la actividad.

Como contó LPO, la crisis del sector es producto de una combinación de factores que van desde el costo de los insumos y el fuerte incremento en materia de Derechos Únicos de Extracción (DUE) hasta la decisión del gobierno de Milei de no incluir al sector en la reducción temporal de retenciones que sí abarcó al agro.

Ahora, se suma el costo del gasoil y la falta de financiamiento (con exigencias de pago a 15 días e interés del 10%), algo que paraliza la flota y compromete la continuidad operativa.

En ese contexto, las cámaras también reclaman la derogación urgente de una disposición que definieron «ridícula» y que obliga a llevar dos patrones en embarcaciones costeras, algo que -acusan- «mantiene a gran parte de la flota detenida en el muelle».

También, reclamaron la «revisión de sanciones irrisorias derivadas de una norma que impone límites antinaturales a la actividad».

«No toleraremos que se nos intente disciplinar con multas extemporáneas y absurdas, basadas en una normativa ilógica y que ya deberían estar condonadas», avisaron.

En lo que representa un frente de conflicto abierto por salarios, las cámaras señalaron a los gremios que «no existe margen para nuevos aumentos salariales». En tanto, a los proveedores de insumos y servicios les pidieron «evitar incrementos que agraven el quebranto».

La producción pesquera se derrumbó un 83% y el sector se hunde en una crisis sin precedentes 

«La pesca no pide subsidios, pide reglas claras, alivio impositivo y condiciones para trabajar», señalaron.

En este contexto crítico, este miércoles en el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) celebraron el fallo de la justicia laboral que hizo lugar a la cautelar pedida por el gremio que conduce Pablo Trueba contra artículos neurálgicos de la reforma laboral.

Así, hasta que no se resuelva de fondo, que será en la Corte, al Simape y sus afiliados no se le podrá aplicar la reforma laboral, por lo que no están limitados al derecho de huelga, quedan cubiertos por la vieja ley de contrato de trabajo y los convenios del sector no pierden retroactividad cuando se vencen. 

 

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    Tarjetas corporativas, lujo y opacidad: el “lado B” del informe de Manuel Adorni que expone gastos insólitos en una empresa estatal

     

    Continúa el escándalo en torno al Jefe de Gabinete.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El informe que presentó Manuel Adorni terminó revelando mucho más que datos administrativos: dejó al descubierto un circuito de gastos llamativos con tarjetas corporativas dentro de Nucleoeléctrica Argentina, con consumos en el exterior, servicios de lujo y movimientos que vuelven a poner en discusión el uso de los recursos públicos bajo el gobierno de Milei.

    El documento, incorporado como anexo en una presentación oficial, detalla operaciones realizadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Allí aparecen gastos por cientos de millones de pesos —equivalentes a más de 300 mil dólares— en un período relativamente corto, en una empresa que debería estar abocada a funciones estratégicas del sistema energético nacional.

    Consumos de lujo con fondos públicos

    Los registros muestran pagos en free shops internacionales, hoteles de alta gama, restaurantes, discotecas y tiendas de indumentaria, todos abonados con tarjetas corporativas. Pero lo que genera mayor controversia es el tipo de consumos: aparecen gastos en peluquerías, servicios de playa en España y salidas nocturnas en Europa.

    A eso se suman más de 400 extracciones de efectivo, muchas de ellas realizadas en el exterior y en lapsos de tiempo muy cortos, lo que refuerza las dudas sobre el destino real de esos fondos. La falta de justificación detallada convierte esos movimientos en uno de los puntos más sensibles del informe.

    Sin nombres propios, pero con responsabilidades políticas

    Uno de los aspectos más cuestionados es que el documento no identifica quién realizó cada gasto. Aunque se menciona la existencia de más de un centenar de tarjetas corporativas asignadas a funcionarios y técnicos, no hay un detalle que permita individualizar responsabilidades.

    El período analizado coincide con la gestión de Demian Reidel, cercano a Milei y quien estuvo al frente de la empresa durante parte del lapso observado. Reidel buscó despegarse del escándalo y sostuvo públicamente que no realizó gastos personales, aunque el informe no permite verificar ni desmentir esa afirmación con precisión.

    Ajuste hacia afuera, descontrol hacia adentro

    La reacción oficial llegó después de que los datos se hicieran públicos: el Gobierno dispuso la suspensión de las tarjetas corporativas y prometió reforzar los mecanismos de control. Sin embargo, la medida aparece más como respuesta tardía que como política preventiva.

    La contradicción se vuelve difícil de ocultar. Mientras Milei impulsa un ajuste que recae sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el propio Estado reconoce gastos que remiten a consumos de lujo en el exterior financiados con recursos públicos.

    El episodio no sólo expone posibles irregularidades administrativas: también deja al descubierto una lógica más profunda. Un Estado que se achica para la sociedad, pero que sigue siendo permeable a prácticas discrecionales en sus niveles de gestión.

     

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