El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.
«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.
El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.
No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.
El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.
Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.
Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.
Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.
Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.
Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.
En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.
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En la primera jornada en la que se revisa la sentencia a nueve años de prisión a Patricio Serjal, el jefe de todos los fiscales de Rosario hasta 2020 que fue hallado culpable de proteger a un empresario de juego clandestino a cambio de sobornos, apareció como uno de los más fuertes ejes de la defensa el nombre de Armando Traferri, uno de las figuras más fuertes del peronismo santafesino, que está imputado en la misma causa.
«A Traferri lo condenaron en un juicio en el que estuvo ausente. No tuvo derecho a defensa. Esta es una de las principales razones por la que el juicio en el que condenaron a Serjal es inconstitucional y es inválido», dijo este lunes el defensor del ex fiscal regional de Rosario ante el tribunal de tres jueces que revisa la condena.
Lo repitió a lo largo de dos horas de exposición. «Se condenó a personas que no sometieron a juicio. Una de ellas es Traferri», subrayó.
Como pasó en septiembre pasado, cuando arrancó el largo juicio que terminó con la condena de Serjal, en el trámite se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, que duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
El acto judicial de este lunes en la Cámara Penal de Rosario, donde esa sentencia empezó a revisarse, es el anticipo de lo que la defensa que Traferri ensayará cuando le toque a él mismo presentarse, en el primero resistido y ahora demorado juicio en su contra. La condena a Serjal dictada hace seis meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna.
Traferri es un actor fundamental de la gobernabilidad de Santa Fe en los últimos veinte años. A partir de su histórica capacidad de controlar el Senado de la provincia ganó peso específico sobre las gestiones socialistas y sobre la experiencia de Omar Perotti que intentó sin mayor éxito darle pelea interna. Aunque ahora la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro controla el Senado, Traferri fue indispensable para garantizarle al mandatario radical la cláusula de la reelección en la reforma constitucional provincial sancionada el año pasado.
Pullaro suele reivindicarlo, como lo hizo en la pasada Convención Constituyente, pero para el influyente senador se viene el juicio, que resistió durante cuatro años desde la Cámara Alta provincial. Este cuerpo se negó a darle el desafuero, hasta que de manera voluntaria renunció cuando, como pretendía, el Ministerio Público de la Acusación cambió los fiscales que habían llevado inicialmente el caso. No le sirvió de mucho. Los reemplazantes endurecieron la acusación al agregar asociación ilícita.
Los jueces Carolina Hernández, Javier Beltramone e Ismael Manfrin. De espaldas, (de azul) el defensor de Serjal.
En la larga audiencia de este lunes, Ignacio Carbone, que es abogado de Serjal, dijo que durante el juicio a su cliente estaban desde la fiscalía mostrando evidencia que implicaba a otras personas que no estaban allí para controlar esa prueba y para defenderse en consecuencia. «Estuvo como testigo en ese juicio Oscar Romera, que es el abogado de Traferri, y lo dijo. Y también dijo que había cosas que no se habían probado y que no eran correctas».
«Hubo personas ausentes y se las juzgó igual», dijo Carbone aludiendo explícitamente a Traferri. Sostuvo que los jueces intervinientes -Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Becerra- dijeron entonces que no iban a juzgar conductas de terceros que no estaban presentes en el juicio. «Pero lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo», afirmó. «Porque sí juzgaron a esas personas».
Para explicar que Traferri ya está condenado aunque aún espere juicio repasó párrafos textuales de la sentencia a Serjal. Donde los jueces, leyó Carbone, dicen: «No resulta ilógico pensar que Peiti no pretendiera otra cosa que no sea el contacto directo del fiscal regional, aprovechando los ‘buenos oficios’ de Traferri», leyó Carbone.
Remarcó también como otro ejemplo de que ya hay condena para Traferri otro párafo en que se lo considera al senador jefe de la «pata política» de la asociación ilícita.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
«Para comprender cabalmente el alcance de la red en la que se enmarca la acción de los aquí acusados, resulta trascendental tener presente que el área de alcance de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad y Nelson paraguas de estamentos integrados por aunque no se encuentra bajo juzgamiento Ugolini actuaba bajo el personas cuya actividad, aquí, fue permanentemente aludida a lo largo del debate, en lo que ha dado en llamarse la «pata política», comprensiva de la participación de funcionarios legislativos y políticos, siendo el eje central el senador Armando Traferri y personas de su entorno, quien supuestamente dirigía la faceta superior de la asociación ilícita», dicen los jueces en su sentencia de noviembre pasado, leída por el defensor de Serjal.
Ponce Asahad es el fiscal adjunto que trabajaba con Serjal, que actuó como arrepentido y recibió condena en juicio abreviado que ya está cumplida. Ugolini era empleado asignado a Ponce Asahad y lo acusaron de pasar información reserva de la fiscalía al entorno de Peiti. Recibió cinco años de condena.
La atmósfera de esta etapa del caso que implica a Traferri viene tan enrarecida como lo estuvo el juicio donde al senador se lo consideró asociado al condenado Serjal. Entonces la estrategia fue acusar a la fiscalía de cometer delitos para montar la imputación que incluso fueron planteados por fiscales. El tribunal rechazó eso en términos descalificadores y explícitos.
El ex fiscal Serjal.
Ahora que se revisa esa condena los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, que son quienes también deberán acusar a Traferri, recusaron a uno de los miembros del tribunal de Cámara, el juez Javier Beltramone, por su amistad con Fernando Moschini, que es un abogado que será imputado como parte de la asociación ilícita. Beltramone lo rechazó y esta mañana presidió el tribunal junto a sus colegas Carolina Hernández e Ismael Manfrin.
Entre los que serán imputados como parte de la asociación delitiva en este tramo también estarán el ex piloto de fórmula 1 y ex concejal rosarino Oscar «Poppy» Larrauri, el ex diputado provincial Darío Scattaglini, el abogado José Fernández Chemes y Aníbal Porri entre otros.
Esta audiencia de imputación se suspendió porque dos abogados acusaron al fiscal actuante José Luis Caterina de haber ocultado la desaparición de un teléfono celular que contenía evidencia utilizada en este trámite para imputar. El defensor de Central repitió esta mañana que son dos celulares los que se perdieron y lo consignó como grave. En la fiscalía responden que el contenido de esos celulares estaba extraído en una pericia firmada por profesionales habilitados que las realizaron con lo que la evidencia está respaldada.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego.
El abogado Carbone dijo que él mencionaba a Traferri porque la estructuración de la condena a su cliente Serjal se asienta en considerar a senador pieza central en el delito de protección al capitalista del juego. «Traferri no estuvo en el juicio y se lo juzgó igual», repitió. Sostuvo que los jueces por entonces hablaron de que le darían a todos los implicados que aún no habían sido llevados a juicio la misma calidad que se daba a los que están en rebeldía o prófugos. «Pero resulta que a los que implicaron y no pudieron controlar la prueba no son rebeldes ni prófugos», dijo el defensor. «Tenemos un proceso en base a atajos, con ilegalidades, con violación de garantías», sostuvo.
Por último dijo que su asistido, el ex jefe de un equipo de más de 80 fiscales en Rosario, había perdido 18 kilos de peso desde que está detenido en prisión efectiva al recibir condena en noviembre. «Está en estas condiciones tras ser condenado sin ningún tipo de legalidad».
El derrotero de este caso pega de lleno en la política santafesina. Traferri fue defendido por un esquema transversal en el Senado cuando pedía que le levanten la inmunidad para ser llevado a proceso. El pleito sobre la protección de los fueros en Santa Fe, que protegía a legisladores no solo de arresto sino de comparecer para ser investigado, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. La Corte de Santa Fe, ahora bajo proceso de renovación, le había dado la razón a Traferri en decisión dividida.
