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Capacitación sobre la Ley Micaela para personal municipal.

En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.

La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.

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    Eso, tras una fiscalización del gobierno porteño a partir de la cual se denunció más de 5.000 raciones irregulares en 40 comedores cerrados recientemente, entre los que figuran personas fallecidas, dueños de inmuebles y jubilados millonarios.

    Entre las investigadas, la Ciudad detalló que se encuentra una organización vinculada al diputado nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

    En la fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano, se expuso que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles.

    Dentro de los beneficiarios se encontró que figuraban como receptores de comida 454 personas fallecidas, 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre y 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales.

     Ya se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores «fantasma» que no entregaban comida a los beneficiarios declarados. 

    También, 18 personas con ingresos registrados superiores a $5 millones mensuales, 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones y cinco jubilados con haberes superiores a $5 millones.

    El cruce de datos -señalaron- permitió detectar situaciones particulares, por ejemplo un hombre registrado como beneficiario de comedores que tiene 13 inmuebles y dos autos.

    Otra persona que contaba con una embarcación y dos automóviles; un beneficiario con 11 autos registrados; y 18 personas con ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Estas inconsistencias fueron detectadas gracias a una fiscalización integral que la Ciudad viene llevando adelante en los más de 500 comedores que forman parte de su red de cobertura alimentaria.

    Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso.

    — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

    En la Ciudad señalaron que algunos de los espacios fiscalizados del Movimiento Popular La Dignidad que nunca funcionaron como comedores fueron los registrados como: «Los Amigos», en White 21 (Mataderos); «Caritas Felices», en Scappino 6846 (Mataderos); o «Pekes», en Bonorino 1851 (Flores).

    «Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso», dijo en X Jorge Macri en alusión al Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones investigadas y que vinculan a Grabois.

    En la Ciudad informaron que, actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria todos los días en la Ciudad, ya sea a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.

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    La implementación de tecnología, como la nueva App de registro de beneficiarios, permitió por primera vez identificar a cada persona asistida, seguir el recorrido de cada ración para que le llegue a quien lo necesita y detectar irregularidades en tiempo real.

    «Fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor», dijo Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad.

    Y agregó: «Así, además de cerrar comedores fantasma y terminar con las irregularidades, logramos que 35 chicos retomen la escuela y ya estén inscriptos en el ciclo lectivo 2026 y conectamos a 200 chicos con distintas colonias de verano de la Ciudad. Por otro lado, dos comedores que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba fueron reabiertos de forma directa, sin intermediarios, y 50 familias volvieron a recibir su cobertura alimentaria». 

     

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    Desde el gobierno advirtieron a los gremios que la provincia no cuenta con un margen mayor para mejorar la oferta debido al «complejo contexto fiscal» que atraviesa. Por lo pronto, los sindicatos estatales UPCN, ATE y Fegeppba ya la rechazaron y argumentan que está por debajo de la inflación.

    La negociación se da en un contexto complejo para los líderes gremiales. Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Arévalo (ATE) fueron los primeros aliados de Kicillof en el arco gremial. El gobernador y los gremios mantuvieron una fuerte alianza en los últimos años sin ningún paro cuestiones salariales.

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    Sin embargo, desde el año pasado las bases sindicales comenzaron a exigir mejores aumentos y reniegan de ver a Baradel, Arévalo y Oscar de Isasi en la primera fila de todos los actos del gobernador.

    El malestar de las bases con los dirigentes llegó a un punto que este año la negociación paritaria se realiza por conferencia virtual porque los gremialistas temen escraches en las oficinas del ministerio de Trabajo.

    Roberto Baradel.

    La oferta del gobierno está muy lejos de lo que las bases reclaman. Por caso, UPCN, ATE y Fegeppba la rechazaron de plano. Sin embargo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que comandan el Suteba de Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se llevaron la oferta para analizarla.

    El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.

    Si la negociación se dilata, el gobierno de Kicillof podría aplicar el aumento ofrecido este miércoles sin el asentimiento de los gremios, para luego seguir negociando. En enero, la poderosa FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría de los gremios del Frente de Unidad Docente). En tanto, los judiciales firmado la oferta en disconformidad.

    Kicillof necesita asegurar el inicio de clases en tiempo y forma para poder lanzarse a recorrer las provincias en clave electoral. Hasta ahora, el gobierno viene evitando que los gremios retrasen el inicio de clases, un conflicto recurrente durante las gestiones anteriores durante cada mes de marzo.

     

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