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Capacitación sobre la Ley Micaela para personal municipal.

En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.

La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.

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    La represa Futaleufú, otra licitación bajo sospecha: el Gobierno prepara un proceso para favorecer a grupos cercanos al poder

     

    La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La renovación de una concesión estratégica vuelve a poner en discusión el modelo energético de Milei

    Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.

    La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.

    Un nuevo aplazamiento mientras se prepara la licitación

    La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.

    No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.

    Chubut reclama un lugar en una decisión que considera propia

    Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.

    La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.

    El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.

    El antecedente de las privatizaciones y el peso de Aluar

    La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.

    Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.

    Una política energética cada vez más concentrada

    La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.

    En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.

    Un recurso estratégico cuyo destino vuelve a debatirse

    La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.

    Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.

     

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  • Kicillof auxiliará a un intendente de La Cámpora a completar el pago del aguinaldo

     

    El gobierno de Axel Kicillof le dará una asistencia financiera al municipio de Azul para que pueda completar el pago del medio aguinaldo. La administración del camporista Nelson Sombra depende de ese auxilio para cancelar el 50% que aún le adeuda a los municipales y que provocó un paro con movilización al cierre de esta semana.

    Como adelantó LPO, varios municipios gestionaron ante la Provincia adelantos de coparticipación para poder cumplir con sus obligaciones salariales de mitad de año, en medio de un contexto generalizado de caída de la recaudación y de los recursos provenientes de la coparticipación.

    En el caso de Azul, durante los primeros días de julio el intendente les informó a los municipales que la comuna no contaba con los fondos suficientes para afrontar el pago total del aguinaldo y que dependía de la habilitación de recursos provinciales.

    Municipios en rojo le piden a Kicillof adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos

    Según el gremio, hace dos semanas Sombra les había comentado que, a diferencia de años anteriores, la Provincia no había girado esa asistencia. Pero, mientras se desarrollaba aquella reunión, el Intendente recibió un llamado de Axel Kicillof para avanzar en una solución.

    En principio, se pautó una reunión en Economía que luego se canceló. La incertidumbre sobre el desembolso provincial empezó a disparar en Azul a ligarse con las tensiones internas entre el axelismo y La Cámpora.

     Con el conflicto estallado, finalmente el municipio confirmó que «el lunes o el martes de la semana próxima» se estará depositando el 50% restante del aguinaldo «a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires» que sería por vía de adelanto de coparticipación. 

    En ese sentido, fuentes del ámbito político azuleño hablaron de rispideces desatadas por el regreso a la Legislatura de la diputada bonaerense Mercedes Landivar, dirigente de La Cámpora que había pedido licencia de su banca para ir como jefa de Gabinete de Maximiliano Wesner en Olavarría.

    Para hacer posesión de su escaño, Landivar no renunció a su cargo en Olavarría, sino que seguirá ejerciendo ad honorem. En la región hay quienes explican este movimiento por quien estaba ocupando al momento esa banca como suplente: Laura Aloisi, del axelismo de Azul.

    En paralelo a esos cambios, la asistencia financiera de la provincia se demoró al punto de que los municipales decidieron anunciar un paro de 72 horas con movilización, la cual se desarrolló este viernes y contó con la presencia de las autoridades nacionales y provinciales del gremio de municipales.

    Protesta de municipales de Azul este viernes frente al municipio.

    Con el conflicto estallado, finalmente el municipio confirmó que «el lunes o el martes de la semana próxima» se estará depositando el 50% restante del aguinaldo «a partir del apoyo de la provincia de Buenos Aires» que sería por vía de adelanto de coparticipación.

    La nutrida movilización de los municipales llegó a las puertas del municipio y una delegación fue recibida por Sombra. «Las autoridades municipales informaron que, tras las medidas de fuerza llevadas adelante por este sindicato, la Provincia de Buenos Aires confirmó el envío de los fondos necesarios para completar el pago del medio aguinaldo adeudado», señalaron en el sindicato.

    Más allá de celebrar la llegada de recursos, en el gremio manifestaron su «profunda preocupación por la delicada situación financiera que atraviesa el Municipio y por las dificultades que podrían presentarse para afrontar los próximos compromisos salariales ya acordados, en un contexto en el que la asistencia provincial continúa llegando con demoras».

    Por eso, resolvieron mantener las medidas de fuerza hasta tanto se concrete el pago del medio aguinaldo adeudado.

     

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