En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
El Intendente Marcelo Orazi y la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor recorrieron el inmueble donde próximamente funcionará la Comisaría de la Familia, donde se llevan adelante trabajos de pintura para su puesta en marcha. Recordemos que en los próximos días la Comisaría de la Familia atenderá en Ingeniero…
El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo.
Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Javier Milei. Fuentes libertarias creen que la presentación es parte de una escalada de la interna entre Caputo y Karina Milei.
En el documento, Vilches denuncia que «se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma». «Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78», dice y agrega que «del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado «Pendiente» de liquidación».
Según el autor del informe, al menos esa cuota «otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
La trama descubierta por Vilches se produce justo en el momento de mayor tensión entre la Casa Rosada con el sector del Poder Judicial que se expresa en la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y con Lijo en los tribunales de Retiro. «Hay pólvora en todos lados», resumió una fuente del gobierno a LPO.
En efecto, la pelea en curso deriva de la decisión de Karina de barrer a Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia cuando designó a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Como reveló LPO en exclusiva, Milei habría llegado a cursarle un mensaje de WhatsApp a Lorenzetti en el que decía que el Ministerio de Justicia sería para el intendente Guillermo Montenegro pero su hermana terminó optando por Mahiques, en un acuerdo con Daniel «Tano» Angelici.
Por aquellos días, el joven Caputo llegó a advertirle al Presidente que «Mahiques es su propio jefe», dolido por el desplazamiento de su segundo, Amerio. El ex procurador porteño, hijo del camarista de la Casación Carlos «Coco» Mahiques, llegaba a la cartera de Justicia con el mandato de aplacar las causas judiciales que preocupaban a Karina y la AFA al mismo tiempo.
Sin embargo, su efectividad habría sido puesta en duda desde Balcarce 50 para desactivar las causas que afectan a Karina y Manuel Adorni, tal como informó LPO. La presentación del informe de Vilches se inscribe en esa saga.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios de Spagnuolo
Entre los casos de mayor gravedad, el interventor de la Andis menciona el «Caso Reinoso, Alexis Lautaro (Factura 38425)». «Se facturó un importe de $12.150.000,00, lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas».
También detectó legajos con desvíos superiores al 800% en los casos de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (853% y 801%).
Además, encontró que «existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social». Uno de los casos más resonantes es el de Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA: «Vínculo Familiar y Societario: Martin Gonzalo Armella es el Presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova SA y, a su vez, es Director Suplente (y Socio/Representante Legal) de Artrobone Ortopedia SA. Evangelina Ileana Garcia es la Presidenta de Artrobone Ortopedia SA y, según el acta de constitución de Imnova SA, es la madre de Martín Gonzalo Armella, estableciendo un claro vínculo familiar directo entre los principales directivos de ambas empresas», precisó.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería, donde tiene ascendencia Patricia Bullrich, para peritar los audios de Spagnuolo. «Es una vergüenza», había dicho una fuente al tanto de los movimientos del expediente la noche en que el juez libró el oficio.
Incluso, circularon versiones sobre un encuentro secreto entre el magistrado y Karina en la previa de aquella jugada. Ahora, el fiscal Picardi y el juez Lijo contarían con elementos probatorios que ratificarían el último dictamen elevado para las indagatorias del mes pasado, que llegaron hasta la citación del propio Spagnuolo.
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
En las familias numerosas es común que los hermanos más pequeños heredemos ropa de los mayores o de nuestros primos y primas, al menos así sucedía en mi casa. En principio, por una razón económica: éramos muchos y no era posible comprarle ropa nueva a cada uno. Entonces la ropa circulaba. También se conseguía en…
Las restauraciones conservadoras en Argentina históricamente requirieron gobiernos de derecha o golpes militares para imponer un modelo agroexportador y financiero, a costa del salario popular y la industria nacional. Sin embargo, el ciclo actual prescinde de políticos de carrera, buena retórica y programas republicanos. Basta con una gigantesca inversión en propaganda y campañas en redes…
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