En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
Tras semanas de tensiones, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques decidió liberar el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora.
El tema se volvió un factor de negociación entre Mahiques y el juez federal Ariel Lijo, que aceleró de manera coincidente la investigación contra Manuel Adorni como represalia a la decisión de no incluir este pliego en el lote de los 77 enviados al Senado para su análisis y eventual aprobación.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.
El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.
Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi.
LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas
Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno.
El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.
Sin embargo, a partir de un encuentro secreto de Lijo con Karina, se habría resuelto el envío de entre 30 y 40 pliegos (llegando a un total de 150) para esta semana que incluiría a Ponte y también estarán los que reclaman los gobernadores.
LPO adelantó la rebelión encabezada por el correntino Carlos «Camau» Espínola, el misionero Martín Goerling Lara, el bonaerense Maximiliano Abad, la salteña Flavia Royón y la santafesina Carolina Losada por la demora que terminó con Patricia Bullrich apurando al ministro de Justicia.
Ahora eso se acelerará y el gobierno mandará dos pliegos de Tucumán, uno de Catamarca, uno de Salta y el que reclamó el marplatense Maximiliano Abad.
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El diputado libertario Santiago Santurio manejaba un Uber hasta que asumió Javier Milei y, pese a que no tenía los fondos para pagar el anticipo de un crédito hipotecario, el Banco Nación le prestó 239 mil dólares.
Perteneciente a Las Fuerzas del Cielo, Santurio fue otro de los beneficiados con los créditos multimillonarios que el Nación, que depende de Luis «Toto» Caputo, les otorgó de manera privilegiada a los dirigentes leales a Milei.
El diputado oriundo de San Miguel se suma a la lista encabezada por los funcionarios de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase, que obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. La lista la integran otros personajes como el tuitero y funcionario de Presidencia, Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.
La diputada Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra Santurio en el que sostiene que el préstamo disparó su deuda bancaria de unos $6,7 millones a más de $303 millones en apenas un mes, en julio de 2025.
De acuerdo a la denuncia, Santurio manejaba un Uber para complementar sus ingresos como docente hasta diciembre de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada.
«Su perfil económico era el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar», dice la denuncia a la que accedió LPO.
Pagano denunció que en menos de dos años desde el inicio del mandato legislativo Santuroi pasó de ser undocente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente «para albergar quincho y eventos sociales de envergadura».
La denuncia agrega que la cuota que debe pagar mensualmente Santurio por el crédito del Nación representaría cerca del 48% de sus ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco. De acuerdo a la denuncia, María Celina Aguilar Bugeau, la cónyuge de Santurio, con quien acaba de tener su quinto hijo, «no posee inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ante la administración tributaria ingreso formal alguno».
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