En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
A las puertas de una temporada estival marcada por la salida masiva de argentinos al exterior y en pleno debate por el atraso cambiario, el Gobierno decidió apagar una de las pocas linternas estadísticas que permitían medir con precisión el drenaje de dólares por turismo.
Por Roque Pérez para NLI
La decisión no es técnica ni neutra: la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió dejar de financiar desde el 1° de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a medir la actividad turística. En concreto, se corta un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector.
El resultado inmediato es claro: menos información, menos precisión y más margen para el relato oficial en un contexto donde los números del turismo venían mostrando una fuerte salida neta de dólares, dato incómodo para un Gobierno que insiste en negar el atraso del tipo de cambio.
Menos encuestas, menos datos incómodos
En su último informe sectorial —correspondiente a octubre de 2025— el INDEC confirmó el impacto de la decisión. Tras más de dos décadas de trabajo conjunto con el entonces Ministerio de Turismo, el organismo informó que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, lo que obligará a modificar la forma y la periodicidad de difusión de los datos.
El instituto aclaró que hará “todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles”, respetando las definiciones internacionales y la metodología vigente. Sin embargo, el propio comunicado admite que habrá cambios estructurales en dos herramientas clave: la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
En los hechos, el plan de “contingencia” incluye reducción de la muestra, menos casos relevados, modalidad remota en lugar de operativos presenciales y acuerdos con provincias para intentar sostener parte del relevamiento. Traducido: datos más débiles, menos representativos y más fáciles de relativizar.
Migraciones sí, balanza turística no
El INDEC aclaró que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no sufrirán modificaciones. Pero ese dato, por sí solo, no permite reconstruir la balanza de dólares que entran y salen por turismo, ni el impacto real sobre las reservas.
Justamente allí estaba el problema para el Gobierno. Las últimas publicaciones del área de Turismo mostraban con claridad una salida de divisas muy superior al ingreso, fenómeno que se aceleró con el dólar barato para viajar y que se convirtió en uno de los argumentos más sólidos para hablar de atraso cambiario.
Scioli contra las estadísticas
No es la primera vez que Scioli choca con el INDEC. Desde hace meses venía cuestionando la forma en que el organismo mide el sector, argumentando que “no refleja la realidad”. En lugar de discutir metodología con evidencia técnica, la respuesta fue más simple: quitar el financiamiento y achicar la medición.
El movimiento no puede leerse por fuera del contexto macroeconómico. Con reservas bajo presión, dólar planchado y un verano que promete récord de viajes al exterior, mostrar menos datos es una forma de esconder el problema, no de resolverlo.
Ajuste selectivo y opacidad estadística
Mientras se habla de transparencia, equilibrio fiscal y estadísticas “confiables”, el Gobierno recorta justamente donde los números desnudan las inconsistencias del modelo. El ajuste no es general: es quirúrgico y apunta a silenciar un indicador clave del frente externo.
La paradoja es evidente. En nombre del orden fiscal se recortan $570 millones en estadísticas públicas, pero se pierde a cambio una herramienta central para entender por dónde se van los dólares. Una decisión pequeña en términos presupuestarios, pero enorme en términos políticos.
Porque cuando el termómetro marca fiebre, romper el termómetro no cura la enfermedad.
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El Senado de Brasil aprobó este miércoles por 48 votos a favor y 25 en contra, el Proyecto de Ley de Sentencias que reduce las penas de los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023 y el intento de golpe de Estado juzgados por el Supremo Tribunal Federal, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro.
Ahora, el proyecto pasa ahora al presidente para su sanción pero hay grandes chances que la vete porque considera que Bolsonaro tiene que pagar por su condena.
LPO publicó la semana pasada que el líder brasileño dijo en na entrevista que «cuando llegue a mi despacho, tomaré la decisión. Así que, ahora, que se exprese el Legislativo. Cuando llegue al despacho del Ejecutivo, tomaré mi decisión».
Lula dejó en claro que Bolsonaro «tiene que pagar» por haber atentado contra la democracia y afirmó que si Bolsonaro hubiera tenido la misma actitud que cuando perdió las elecciones, hoy no estaría en prisión y «podría estar presentándose a las elecciones».
«Tiene que pagar por el intento de golpe de Estado, por el intento de destruir la democracia que llevó a cabo en este país. Él lo sabe. No tiene sentido quejarse ahora. Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión porque intentó hacer algo muy serio», remarcó.
El impulsor de la iniciativa es el senador de derecha Esperidião Amin que en la Comisión de Constitución y Justicia, aceptó una enmienda del senador y ex juez Sergio Moro para restringir la reducción de penas en regímenes cerrados en relación con delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
En la práctica, la propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
La propuesta puede beneficiar a personas más allá de quienes participaron en los sucesos del 8 de enero, incluyendo a los condenados por actos contra la democracia, como es el caso de los acusados investigados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022
A pesar de modificar el proyecto de ley, la enmienda fue clasificada como editorial, no sustancial, por el relator. Esto permite que el texto evite su retorno a la Cámara de Diputados para su análisis, con aprobación en el pleno. Sin embargo, los senadores de la comisión y del pleno discreparon sobre la clasificación de la enmienda.
En efecto, la propuesta aborda la reducción del cálculo de las penas y, para ello, el texto enumera condiciones y establece porcentajes mínimos para el cumplimiento de la pena y la progresión de régimen. También determina que la remisión de la pena puede ser compatible con el arresto domiciliario.
El proyecto de ley modifica la Ley de Ejecución Penal, estableciendo nuevas condiciones y porcentajes mínimos para la progresión de régimen. Según la norma actual, la transferencia a un régimen menos restrictivo se produce tras cumplir el 16% de la condena, siempre que el delito no se haya cometido con violencia ni amenaza grave.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena
De esta forma, la iniciativa prevé la posibilidad de progresión tras cumplir una sexta parte de la condena, con porcentajes más altos para delitos atroces, feminicidios, formación de milicias y reincidencia.
En cuanto a Jair Bolsonaro, si una persona es condenada por «ejercer el mando, individual o colectivamente, de una organización criminal estructurada para la práctica de delitos atroces o equivalentes, debe cumplirse al menos el 50% de la condena». Este sería el caso de Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión y con la ley permanecería en prisión preventiva otros 2 años y 4 meses.
La base del gobierno rechazó el proyecto pero en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner, declaró que buscaba un acuerdo de procedimiento, no de fondo, con la oposición para que el texto se sometiera a votación este miércoles y no se pospusiera hasta el próximo año. Afirmó que la iniciativa era suya y no contaba con la aprobación del Palacio Presidencial.
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