En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
Durante sábado y domingo la Feria ReEmprender acompañará la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’. Artesanos y emprendedores se harán presentes durante ambas jornadas a partir de las 16 horas en la plaza Primeros Pobladores. Difunde esta nota
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
El caso argentino: justicia social como pacto democrático
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
Una consigna más ideológica que aplicable
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Regina Guillermo Carricavur participó el miércoles del acto de asunción del arquitecto Pedro Molina como Director del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPLADE). En la oportunidad estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, los concejales integrantes de la Comisión de Planificación…
Ratificando su voluntad de diálogo con todos los sectores, el Intendente Marcelo Orazi recibió a dos referentes de los gastronómicos locales, Juan Suizan y Marcelo Fernández, para abordar los puntos presentados en el marco del reclamo que llevaron adelante en el transcurso de la mañana. En la oportunidad el Intendente les comunicó que desde hoy…
Mientras el gobierno se concentra en quebrar la resistencia de opositores y aliados contra el artículo de las licencias en la reforma laboral, crece en la Cámara de Diputados el rechazo contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el régimen de indemnizaciones que le recorta U$s 3000 millones a la Anses.
En efecto, un legislador del interbloque Unidos, que reúne a los de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, los radicales de Martín Lousteau y Facundo Manes, más Miguel Pichetto y Nicolás Massot, confesó que «los votos están finitos para la votación en particular».
La fragilidad de ese fondo, que es un pergeño de Luis «Toto» Caputo para fondear entidades financieras registradas en la CNV, radica en la oposición de los gobernadores con cajas previsionales no transferidas. Por caso, la cordobesa Alejandra Vigo, pareja del diputado Juan Schiaretti, votó contra ese artículo la semana pasada en el Senado y se especula que el exgobernador y el resto de los legisladores cordobeses se plantarán de la misma forma este jueves.
En los hechos, esas financieras funcionarían como minis AFJP controladas por el Estado, lo que reduciría en un 3 por ciento la contribución de las empresas al SIPA, el sistema de jubilaciones. Esos recursos pasarían del pago de pensiones al financiamiento de los despidos.
Por eso, la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, trabaja en un proyecto alternativo con el rionegrino Sergio Capozzi, lo que indica que no acompañarán al oficialismo en la votación en particular.
Esa bancada reúne 18 legisladores y sumaría en la misma dirección los votos de los lilitos Ferraro y Frade y los de Pichetto y Massot.
El FAL está en discusión, porque es el régimen que está en la actividad de la construcción pero es difícil de aplicar a otras actividades.
Los misioneros y los salteños de Innovación Federal tampoco estaban convencidos de apoyar el FAL hasta este martes. «Está en discusión, porque es el régimen que está en la actividad de la construcción pero es difícil de aplicar a otras actividades», comentó un miembro de esa bancada a LPO.
Con el rechazo irreductible del peronismo y la izquierda, que juntan 98 votos, más la veintena del interbloque Unidos y los legisladores que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira, la oposición se acerca peligrosamente a las 129 manos necesarias para voltear el FAL.
¿Cómo se organiza la lista de vacunación en Villa Regina? El vacunatorio de Villa Regina se organiza por edad (más allá de las listas que puedan llegar de los organismos provinciales como el Ministerio de Educación, etc.)Primero se vacunaría a mayores de 80, luego de 70 y decreciendo. ¿Quiénes son consideradas personas con factores de…
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