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Capacitación sobre la Ley Micaela para personal municipal.

En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.

La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.

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    Cancillería adjudicó un contrato millonario a la esposa de Sturzenegger: la motosierra pasa, la familia queda

     

    Por enésima vez, los que odian el Estado te demuestran que sólo saben vivir a sus expensas.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El escándalo volvió a impactar en el corazón del Gobierno libertario: **el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 —casi USD 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en inglés de su propio personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

    El expediente —formalizado mediante adjudicación simple por especialidad y publicado en el sistema COMPR.AR— activó los mecanismos de control previstos en el Decreto 202/2017 por el vínculo familiar entre la directora ejecutiva de la AACI y el funcionario responsable de parte del ajuste estatal, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

    Contra viento y ajuste
    Resulta inevitable el contraste: mientras Sturzenegger se presenta como el ejecutor de una política de recortes masivos, ventas de activos y “motosierra” a programas estatales, el Estado decidió asignar más de 114 millones de pesos a la asociación de su propia pareja en un contrato directo y sin licitación competitiva.

    Las críticas políticas no tardaron: la senadora del bloque Justicialista Juliana di Tullio anunció que denunciará formalmente ante la Justicia a Sturzenegger y a Rouillet por considerar “irregular” el contrato, pese a que el propio canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó en redes que la contratación “cumplió con todos los mecanismos de control y transparencia”.

    Viejas prácticas, nuevo escándalo

    Este episodio no surge de la nada. Desde hace años Noticias La Insuperable ya había documentado la trayectoria de Rouillet en espacios públicos vinculados a la “casta” política:

    • En abril de 2017, el portal reveló que su nombramiento en un cargo oficial se oficializó con un año de demora, en medio de cuestionamientos por nepotismo y falta de transparencia.
    • Más recientemente, en diciembre de 2023, también en NLI y en exclusiva pusimos en evidencia el “increíble kiosquito” que armó Rouillet en el Programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó millones de pesos del presupuesto cultural porteño y desde donde incluso promovió proyectos vinculados a su rol posterior en la AACI.

    Aquellas investigaciones muestran un patrón persistente: constante tránsito entre cargos públicos, interferencias privadas y negocios con recursos del Estado, con un denominador común que hoy se repite bajo el gobierno de Milei.

    El doble estándar

    Mientras en el discurso oficial se habla de “quitar privilegios”, “ajustar el Estado” y recortar gastos, este contrato deja al descubierto que el ajuste no siempre aplica a círculos cercanos al poder. En plena ola de privatizaciones de servicios estatales y cierre de organismos, la decisión de destinar fondos públicos a la asociación que dirige la esposa del ministro que implementa esos recortes expone un flagrante doble estándar que alimenta la crítica política y judicial.

    ¿Una moda de campaña o una regla de gobierno?

    Con denuncias judiciales en puerta, defensas públicas desde el Gobierno y una oposición que promete ir hasta las últimas consecuencias, este caso podría convertirse en un emblema de lo que NLI desde hace años señalamos: la persistencia del amiguismo y la falta de transparencia dentro de las estructuras del poder, sin importar quién gobierne.

    La controversia está abierta. Y mientras los mecanismos de control se activan, lo que queda claro es que la motosierra sí corta para los trabajadores y programas sociales, pero parece no llegar al círculo íntimo del propio ministro encargado de llevarla adelante.

     

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    La mayoría de las consultoras estiman que la inflación de febrero bajará unas décimas del 2,9% que marcó en enero, pero se ubicaría cómoda por arriba del 3% si el gobierno no hubiera decidido abortar la implementación del nuevo IPC, que ponderaba de una manera más cercana a la realidad el peso de los servicios públicos en el costo de vida. 

    Pero aún con el índice viejo, las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de febrero se ubicó más cerca del 3% que del 2%. Eco Go la estimó cerca del 2,7%, Analytica la ubicó en torno al 2,8% y Equilibra proyectó un número similar. C&T Asesores Económicos habló de 2,6%. LCG también registró un registro más elevado que enero. El consenso es claro: la inflación se acerca nuevamente al 3%.

    Se trata de un número malísimo para Milei que proyectó en el Presupuesto aprobado por el Congreso una inflación para todo el 2026 del 10,1%. Si la suba de precios mantiene el rango actual, aún con el índice desactualizado, la meta anual se consumiría en el primer trimestre.

    Un senador de Milei dijo que comer carne «es un lujo, como manejar una Ferrari» Pero el número real sería aún más alto si de ponderaran de manera adecuada los servicios que proyectan una serie de subas muy fuertes. La electricidad tendrá un aumento que, en un cálculo optimista, rondara el 5% para usuarios subsidiados. El agua aumentará 4%, los colectivos del AMBA subirán 7,7% y el subte aumentará 3,25%, con un boleto de $1.363. 

    Los peajes de rutas nacionales subirán hasta un 19%. La nafta también aumentará, afectada además por la suba del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Cada movimiento en surtidor tiene efecto en cadena sobre costos logísticos y precios finales. 

    El patrón es claro.Y los servicios pesan cada vez más en el presupuesto de los hogares. No es un detalle técnico. Es la parte fija del gasto familiar. Luz, gas, agua, transporte. Lo que no se puede postergar. 

    Esto explica porque el gobierno pagó el costo político de suspender el nuevo índice y empujar la renuncia de Marco Lavagna. El nuevo IPC le daba mayor participación a servicios, que hoy representan la mayor porción del ingreso destinado al consumo. Con esa actualización, el índice hubiera mostrado con más nitidez el impacto tarifario en una inflación que según las consultoras se habreia ubicado pro encima del 3%. 

     

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