En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
Un caso testigo de la era libertaria terminó convirtiéndose en un dolor de cabezas para Néstor Rozín, un importante empresario, dueño del Hotel Sol de Funes, entre otros negocios.
El año pasado, Rozín no tuvo mejor idea que poner plata de su bolsillo para reparar un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba porque su deterioro incomodaba el ingreso vehicular de los clientes. Sin embargo, Vialidad Nacional lo intimó a deshacer el arreglo en los próximos diez días.
Lo que debía ser un caso ejemplar de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario.
Lo que debía ser un caso testigo de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario
Sin embargo, en Funes deslizan sospechas sobre un posible vuelto político porque la obra sobre la colectora se realizó durante la campaña electoral del año pasado cuando el hotel alojó una actividad encabezada por la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, entonces candidata de Unidos.
Según el portal InfoFunes, la mejora se hizo para ordenar el movimiento vehicular de aquel acto político y terminó beneficiando también a clientes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos de la zona que utilizan diariamente ese acceso deteriorado sobre la Ruta 9.
Es que la delegación santafesina de Vialidad Nacional está conducida por Gastón Bruno que fue secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto pero tuvo que renunciar al cargo en medio de una polémica licitación que fue adjudicada a una empresa de la que formaba parte.
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Manuel Adorni apostó a formalismos, generalidades y a la supuesta «confidencialidad» para no dar explicaciones sobre el escándalo de los viajes y las propiedades en el informe escrito que envió a la Cámara de Diputados antes de su presencia en el recinto.
Después de las quejas de los diputados opositores por la demora en enviar las respuestas escritas, el jefe de Gabinete lo mandó este miércoles a las 8 de la mañana. Fue una forma de complicarle el trabajo a los opositores, que apenas tuvieron dos horas para leer las 1936 páginas del informe.
En las 2151 preguntas que enviaron los diputados, hubo una enorme cantidad vinculada a los escándalos vinculados con el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni que investiga la justicia federal. El jefe de Gabinete contestó muy pocas y, en un anticipo de lo que podría pasar en el recinto, y reiteró el recurso de mandar a los opositores a buscar la información en determinada respuestas. El problema es que esas respuestas son vagas y sin explicaciones concretas.
Las preguntas sobre las omisiones en sus declaraciones juradas Adorni las respondió escudándose en la confidencialidad que beneficia a su esposa Bettina Angeletti. «El Jefe de Gabinete presentó la Declaración Jurada Patrimonial Integral (Cap. III de la Ley 25.188) en la que surge el detalle de evolución patrimonial y es información disponible para consulta pública. Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 (conf. art. 6, inc. e, in fine, de la Ley 25.188 y art. 19 del Decreto 164/99) que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente», dice la respuesta 1780.
Adorni tampoco quiso responder si su amigo y socio Marcelo Grandío le pagó el viaje en avión privado a Punta del Este, si lo declaró como tal y si le pidió a la Oficina Anticorrupción que evalúe el posible conflicto de intereses. «No existen registros de Viajes Financiados por Terceros ante la Oficina Anticorrupción», dice la respuesta 559.
Respecto a las contrataciones de la TV Pública y Radio Nacional -que dependían de Adorni- a Grandío, el jefe de Gabinete respondió con un formalismo casi una chicana. «El señor Marcelo Grandío no fue contratado por RTA», dice la respuesta 1655. Se sabe que los contratos no fueron a nivel personal sino con su productora Imhouse, que se sospecha también sería del funcionario. Adorni admitió la existencia de seis contratos con Imhouse, pero dice que RTA no le pagó nada.
Por otro lado, Adorni también apostó al formalismo de responder que «no se registran contrataciones» de la firma de su esposa, +BE, con el Estado nacional. Pero la sospecha es que esos contratos se triangularon con empresas y organismos estatales y también con proveedoras que súbitamente requirieron de los servicios de coaching de Angeletti.
Las vaguedades que respondió Adorni requerirán mayor seriedad para responder ante la Justicia que, según reveló Clarín, tiene documentado que el jefe de Gabinete movió en efectivo 104.640 dólares en menos de un año. Además, tiene deudas por 335.000 dólares que debe cancelar en seis meses. Unos números imposibles de justificar con un sueldo que hasta hace tres meses era de 3,5 millones de pesos.
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