En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.
La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.
En el medio de la feroz refriega de la Corte Suprema por el caso del lobbysta judicial Santiago Busaniche, el ministro Ricardo Lorenzetti abrió un conflicto nuevo. Esta vez con el gobierno de Santa Fe, al que cuestionó por haber designado seis ministros de su máximo tribunal sobre siete durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura. «Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal», declaró.
En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron. «Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia», dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal.
En el gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti. «Que diga lo que quiera», señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos. «La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió». Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.
Es curioso como se dan las cosas, Lorenzetti impulsó junto a Rosenkrantz un proyecto para modificar la selección de jueces como una iniciativa que se interpretó en tribunales, en parte, como una jugada para dejar en una situación incómoda al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por el envío del pliego de su hijo Emilio para que sea juez en Santa Fe. Ahora es su hijo el que aparece en discusión. No es una novedad la perpetuidad de dinastías familiares en cargos claves de la justicia, como sucede con el clan Mahiques.
La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió.
Como sea, los que más revisan lo influyente que es Lorenzetti en Rafaela son funcionarios de la Justicia Federal que están en circunscripciones santafesinas. Hace un mes se difundió el proyecto de reglamento para concurso de jueces elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti, con el propósito declarado de que evite que se digiten nombramientos. Pero en Rafaela indican que en la prosecretaria administrativa del juzgado federal de esa ciudad es Mara Perrén, la esposa del ministro desde 2016. Perrén, según refieren allí a LPO, ingresó en marzo de 2014 y fue efectivizada en 2018.
También aseguran que Tomás Vietto que ingresó en marzo de 2014 es amigo de Pablo Lorenzetti, el hijo mencionado del cortesano. El juzgado federal de Rafaela fue habilitado en febrero de 2014 mientras Lorenzetti era presidente de la Corte.
El gobernador Maxi Pullaro en una visita a los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.
En la coalición oficialista santafesina piensan que si Lorenzetti se molesta porque Pullaro remitió seis candidatos a la Corte provincial él mismo debería haber dicho no a su postulación en su momento. Refrescando la memoria indican que Lorenzetti fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en el año 2004. De los siete integrantes del máximo tribunal argentino, afirman, Kirchner había nombrado cinco.
Un ministro de Pullaro que prefiere el off dice que le parece llamativo que Lorenzetti haya salido a cuestionar al procedimiento de renovación de la Corte de Santa Fe en dos medios el fin de semana. «En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición». Dicen también que sin los escándalos de designaciones recientes en la Justicia Federal que tuvo a dos jueces de Rosario al borde del jury en los últimos 16 meses.
En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición.
También recuerdan que el muy cuestionado juez federal Gastón Salmain fue designado sin haber tenido más antecedentes en el campo judicial que haber sido echado por unanimidad por la Corte Suprema de la Nación en 2002 por haber ofrecido un soborno a una secretaria para direccionar un expediente al tribunal laboral donde él trabajaba. Y que tras ser designado Lorenzetti se hizo presente en Rosario en su ceremonia de jura.
La semana pasada la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido del lobista judicial Santiago Busaniche, implicado en causas de corrupción junto a los jueces federales Bailaque y Salmain, para anular las causas en su contra. Este medio reveló el fin de semana que Carlos Mahiques recibió fuertes presiones para votar en favor del planteo de Busaniche de parte del entorno de Lorenzetti. La votación fue por mayoría, por dos votos a uno, y desniveló Mahiques.
El domingo Lorenzetti declaró que conceder la prórroga que Mahiques pide para permanecer otros cinco años más en su cargo en Casación, ya que superó los 75 años, es ilegítimo e ilegal.
La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
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