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Capacitación sobre la Ley Micaela para personal municipal.

En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función en los tres poderes del Estado Municipal.

La instrucción contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, la Directora de Recursos Humanos, Celia Riffo, como así también, con delegados de gremios.

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    Ellos sí pueden manifestarse

     

    Mientras en Santa Fe el reclamo policial fue considerado “justo y genuino” y terminó con una mejora salarial acordada con el gobernador Maximiliano Pullaro, en la Ciudad de Buenos Aires el pueblo fue reprimido con hidrantes, balas de goma y gases por manifestarse en la Plaza de los Dos Congresos. La escena expone una doble vara que resulta imposible de ignorar.

    Por Roque Pérez para NLI

    La comparación es inevitable: cuando protesta la fuerza, hay negociación; cuando protesta el pueblo, hay represión.

    En Santa Fe, diálogo y aumento salarial

    El conflicto policial en Santa Fe se desactivó luego de que el gobierno provincial ofreciera una mejora que lleva el salario inicial de los efectivos a alrededor de 1.350.000 pesos, según trascendió en medios nacionales. Tras varios días de tensión y movilización de agentes, la propuesta fue aceptada y la medida levantada.

    Maximiliano Pullaro calificó el planteo como un reclamo “justo y genuino”, y defendió la decisión de otorgar una recomposición que, según la administración provincial, busca acompañar el impacto de la inflación. La protesta policial no fue reprimida ni criminalizada: fue reconocida y atendida.

    El mensaje fue claro: el reclamo salarial de quienes integran la estructura de seguridad del Estado merecía escucha y resolución.

    En el Congreso, hidrantes y balas de goma

    Muy distinto fue el escenario en la Plaza de los Dos Congresos. Allí, manifestantes —entre ellos trabajadores, jubilados y organizaciones sociales— se concentraron para exigir respuestas frente al deterioro del poder adquisitivo y las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

    La respuesta fue un fuerte operativo de seguridad con carros hidrantes, disparos de balas de goma y lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar la protesta. Las imágenes mostraron corridas, heridos y periodistas alcanzados por la represión.

    Dentro del Congreso hubo legisladores que denunciaron el accionar policial y señalaron que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la protesta. Afuera, el mensaje fue inequívoco: el espacio público no estaba disponible para el reclamo popular.

    La doble vara

    El contraste es evidente. Cuando quienes reclaman son policías armados, el Estado dialoga y concede. Cuando quienes reclaman son ciudadanos de a pie, el Estado avanza y reprime.

    No se trata de negar la legitimidad del reclamo salarial en Santa Fe. Se trata de preguntarse por qué el mismo criterio no se aplica al resto de la sociedad. ¿Por qué unos pueden manifestarse sin consecuencias y otros son desalojados por la fuerza?

    La democracia no admite categorías de ciudadanos con más derechos que otros. Sin embargo, los hechos recientes dejan una sensación incómoda: ellos sí pueden manifestarse. El pueblo, parece, no.

     

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