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SOCORRISTAS EN RED: EL DERECHO A ABORTAR ES LEY EN ARGENTINA

En el marco del PARO Y MOVILIZACIÓN por el #8M en Villa Regina, Socorro Rosa brindó un taller destinado a conocer en detalle los avances y problemáticas actuales sobre la aplicación de la IVE/ILE en nuestro país y en la región. A continuación, compartimos los datos obtenidos por Socorristas en Red a un año de la ley de aborto.

En el año 2021 Socorristas en Red (feministas y transfeministas que abortamos)  entrevistó un total de 13.502 personas, de ese total, 2.049 abortaron en el sistema de salud accediendo a IVE/ILE y 9.172 abortaron de manera autogestionada. Todos esos abortos fueron acompañados por la red.

De ese total de personas acompañadas, 12.142 sabían que se podía hacer un aborto con pastillas al momento de ser entrevistadas y 1.360 desconocía esa información. Por otro lado, 8.000 estaban al tanto de que podían solicitar un aborto voluntario y legal en el hospital, mientras que  4.992 lo desconocía. Esto nos alerta en cuanto al acceso a la información acerca de la ley. En 2021, acompañamos un total de 441 niñes y adolescentes menores de 18 años.

En el año 2021, Socorro Rosa Villa Regina entrevistó un total de 84 personas. De ese total, 21 abortaron por el sistema de salud, 4 decidieron continuar con su embarazo y 57 abortaron de manera autogestionada. Siempre acompañadas por la red.

www.socorristasenred.org
A UN AÑO DE DE LA LEY DE ABORTO EN ARGENTINA

En enero de 2021, lanzamos como red nacional, una campaña que tuvo la siguiente consigna: a un año de la ley de aborto tenemos motivos para seguir luchando por abortos cuidados.

Información general IVE/ILE
  • Desigual acceso al aborto en los territorios:

De los 5.500 centros de salud que reciben y distribuyen el botiquín vinculado a salud sexual y métodos anticonceptivos, sólo 1.247 garantizan el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

  • Falta de información sobre el acceso al aborto:

No hay campañas masivas de difusión del derecho a abortar. Tampoco los espacios de salud cuentan con información accesible, sencilla y comprensible, en distintas lenguas y soportes para facilitar la solicitud y concreción del aborto.

  • Laberintos para el acceso al aborto de personas privadas de su libertad.

  • Información falsa por parte de profesionales de la salud para desalentar la decisión de abortar.

  • Traslados a otras localidades para acceder a un aborto.

Ante la falta de espacios de salud que garanticen Interrupciones Voluntarias y Legales de Embarazos se opta por traslados de personas que necesitan abortar. Esto genera más angustias, requiere de otra disposición (como licencias laborales y organización familiar) y contribuye -en cierta medida- a estigmatizar la decisión.

  • Falta de confidencialidad especialmente en localidades pequeñas.

  • Persistencia de legrados para garantizar abortos.

  • Indicaciones sobre el uso del misoprostol fuera de los protocolos vigentes.

El aborto con misoprostol como única opción posible. Son contadísimos y excepcionales los espacios que ante la solicitud de un aborto ofrecen la posibilidad de abortar con medicamentos o mediante una aspiración manual endouterina (AMEU). Los centros de atención primaria de la salud no pueden ofrecer las prácticas de AMEU porque (aunque médiques generalistas se hayan formado en la práctica) no cuentan con la autorización y espacios habilitados. Sin embargo, todo indica que podrían realizarse en un CAPS hasta las 12 semanas de gestación, con los recursos adecuados como sucede en centros integrales cooperativos.  En Argentina, 58 profesionales de la salud se capacitaron en AMEU durante 2021 (fuente: Proyecto MIRAR – CEDES. Centro de Estudios de Estado y Sociedad).

  • Falta de registro y acceso a la mifepristona.

  • Prácticas crueles especialmente en abortos en segundo trimestre de gestación.
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    La motosierra no se detiene: el Gobierno prepara una nueva ola de despidos en todo el Estado

     

    El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de ajuste sobre la administración pública y ya trabaja en un plan de recortes que alcanzaría a todos los ministerios y organismos descentralizados. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca profundizar la reducción del empleo estatal y podría traducirse en miles de nuevas desvinculaciones durante los próximos meses.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la denominada «motosierra» se convirtió en el principal emblema de su gestión. Lo que comenzó con la no renovación de contratos temporarios y el cierre de distintas áreas estatales se transformó en una política permanente de reducción del sector público. Ahora, el Gobierno pretende avanzar sobre una nueva etapa que incluiría ministerios, organismos técnicos y empresas estatales.

    Según la información difundida este martes, Sturzenegger mantiene activa la planificación de nuevos recortes y busca acelerar la disminución de personal en distintas dependencias nacionales. La intención oficial es continuar reduciendo estructuras administrativas bajo el argumento de mejorar la eficiencia y disminuir el gasto público.

    Un objetivo ambicioso: miles de puestos menos

    La ofensiva no surge de la nada. Durante los últimos meses, distintos medios especializados revelaron que el Gobierno se fijó como meta reducir alrededor de un 10% adicional el empleo público nacional durante 2026. Algunas estimaciones hablan de entre 5.000 y 6.000 despidos en una primera etapa, mientras que otras proyectan un recorte mucho más amplio que podría superar los 27.000 puestos entre organismos, empresas estatales y administración central.

    Los antecedentes muestran que la política de ajuste ya tuvo un impacto considerable. Diversos relevamientos indican que desde diciembre de 2023 más de 66.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en el Estado nacional, ya sea por despidos, retiros voluntarios o no renovación de contratos.

    Detrás de esos números existen miles de familias afectadas por una política que el oficialismo presenta como una reorganización administrativa, pero que para los sindicatos constituye un proceso de desmantelamiento de capacidades estatales construidas durante décadas.

    Organismos estratégicos bajo la mira

    Los organismos técnicos aparecen entre los principales objetivos de la nueva avanzada. Durante los últimos meses se conocieron planes de reducción en áreas como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT, la Aduana y distintos entes vinculados a la producción, la ciencia y el control estatal.

    También hubo conflictos recientes en organismos sensibles como el Servicio Meteorológico Nacional, donde se denunciaron despidos y recortes presupuestarios que, según trabajadores y especialistas, podrían afectar servicios estratégicos para la aeronavegación, la producción agropecuaria y la prevención de emergencias climáticas.

    El ajuste no se limita únicamente al personal. En paralelo, el Gobierno viene ejecutando reducciones presupuestarias en distintas áreas, incluyendo Salud, organismos científicos y programas sociales, con el objetivo declarado de sostener el superávit fiscal y cumplir las metas económicas acordadas con los organismos internacionales de crédito.

    La lógica de Milei: menos Estado, más mercado

    La nueva tanda de despidos confirma que el proyecto político de Milei no atraviesa una etapa transitoria sino estructural. La reducción del aparato estatal sigue siendo uno de los pilares centrales de su programa económico y político.

    Mientras el oficialismo celebra cada baja como una muestra de eficiencia fiscal, los gremios estatales advierten que detrás de cada puesto eliminado desaparecen funciones públicas vinculadas a controles sanitarios, investigación científica, infraestructura, producción agropecuaria, salud, educación y derechos ciudadanos. El debate ya no gira únicamente alrededor del gasto público: la discusión de fondo es qué Estado quedará en pie cuando la motosierra termine de pasar por todas las áreas que hoy siguen en la mira del Gobierno.

     

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