A través del Decreto 365/20, la Gobernadora Arabela Carreras habilitó en el ámbito de las Comisiones de Fomento de la provincia, la realización de breves salidas de esparcimiento a la población, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 20 hs.
Para las salidas no se podrá usar transporte público o vehicular y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal.
Además, se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares, conforme lo establece el Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó establecido que el Poder Ejecutivo Provincial podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.
Mediante este Decreto se invita a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia citados anteriormente a adherir en forma total o parcial. Se encomienda además a los y las intendentes municipales y comisionados y comisionadas de fomento a fiscalizar y supervisar el debido cumplimiento de las modalidades de trabajo, y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la provincia.
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Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.
La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan
Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.
En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.
El reparto de poder entre Aduana y Economía
El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.
Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.
Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado
Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.
El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.
Un DNU con destinatarios claros
El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.
Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.
En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.
El Tesoro de Estados Unidos le mandó US$ 808 millones al gobierno para que puede enfrentar los próximos vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de una venta de Derechos especiales de giro (DEGs) que le permitirán a la Argentina pagar US$ 833 millones de intereses que estaban previstos para el 1 de febrero.
Lo llamativo es que esto contradice la narrativa del gobierno y el supuesto récord de reservas que presumen en el equipo de Caputo.
De esta manera, fuentes al tanto de la situación explicaron a LPO que «este movimiento lo hacen para no perder reservas. Tiene que acumular. Si vos con pesos del tesoro compras dolares para girar al FMI, perdes reservas. De esta manera no».
Según datos del Tesoro norteamericano publicados por Clarín, el organismo realizó el 29 de enero una operación de venta por US$ 808 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund).
Clarín destaca que el Gobierno habría pagado con pesos los derechos especiales de giro, aprovechando la vigencia del swap de monedas por US$ 20.000 millones con Estados Unidos y la escasez de DEGs propios. De confirmarse esa versión, el Tesoro argentino habría utilizado parte de los $ 2,3 billones de su cuenta en el Banco Central, equivalente a US$ 1.580 millones.
Este movimiento lo hacen para no perder reservas. Tiene que acumular. Si vos con pesos del tesoro compras dolares para girar al FMI, perdes reservas. De esta manera no
El objetivo sería cuidar las reservas y volver a reponer los DEGs a Estados Unidos con el desembolso pendiente del Fondo por US$ 1.000 millones, cuya llegada dependerá de la aprobación de la segunda revisión del programa. A fines de febrero, hay que pagar US$ 990 millones de los bonos colocados a las empresas (Bopreal).
Scott Bessent.
Febrero es una mes importante porque el FMI hará una nueva misión técnica del FMI para evaluar el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas y por eso son tan necesarios los dólares.
Otra información importante que publica Clarín es que Argentina viene de comprar US$ 1.100 millones de reservas en enero después de hacer un giro en su política cambiaria con el ajuste de las bandas al ritmo de la inflación de los dos meses previos y lanzar un plan de compras.
En este contexto y para no desviarse de la meta es que es el Gobierno pide un waiver, recibe un préstamo del Tesoro para pagarle al Fondo y cuando pase la revisión le de devuelve los dólares.
Clarín sostiene que hay expectativas de un retorno a los mercados para refinanciar los pagos de la deuda, con un riesgo país debajo de los 500 puntos.
Ser exitosa o exitoso es una premisa que caracteriza a las sociedades meritocráticas. Ahora, ¿qué es un sociedad meritocrática? Se podría decir que es toda aquella sociedad que premia democráticamente el mérito, y por ende al éxito de cada persona o sociedad. Esto no es tan sencillo como parece, ya que bajo la aparente libertad,…
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