A través del Decreto 365/20, la Gobernadora Arabela Carreras habilitó en el ámbito de las Comisiones de Fomento de la provincia, la realización de breves salidas de esparcimiento a la población, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 20 hs.
Para las salidas no se podrá usar transporte público o vehicular y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal.
Además, se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares, conforme lo establece el Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó establecido que el Poder Ejecutivo Provincial podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.
Mediante este Decreto se invita a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia citados anteriormente a adherir en forma total o parcial. Se encomienda además a los y las intendentes municipales y comisionados y comisionadas de fomento a fiscalizar y supervisar el debido cumplimiento de las modalidades de trabajo, y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la provincia.
Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto. De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante…
El Intendente Marcelo Orazi encabezó esta mañana la presentación de las actividades deportivas, culturales y turísticas que se realizarán en el marco de ‘Vendimia Celebra 2021’. Estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, la Directora de Turismo Katerina Iogna, la Directora de Cultura Silvia Alvarado y el Director de Deportes Damián Álvarez. “Es…
José Antonio Kast presentó a los 25 ministros que lo acompañarán a partir del próximo 11 de marzo, entre los que se destacan dos exabogados del dictador Augusto Pinochet.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Kast conformó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su mayoría sin militancia partidaria y provenientes del sector académico o empresarial.
«Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile», aseguró Kast en la presentación.
La elección de los ministros generó ruido interno porque no hay muchos representantes del Partido Republicano ni de partidos como UDI, Renovación Nacional o Evópoli que lo apoyaron de cara a la segunda vuelta.
Uno de ellos es Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es académico de la Universidad del Desarrollo, quien integró el equipo que defendió a Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado «Caso Riggs», vinculado a sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos
Entre los cargos partidarios figura el Ministerio del Interior y la jefatura de gabinete, que estará a cargo del exdiputado de la UDI Claudio Alvarado. Además, había gran expectativa por las definiciones en Seguridad y Hacienda, áreas clave tras las promesas de campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, y un fuerte ajuste fiscal.
Fernando Rabat.
En Seguridad fue designada Trinidad Steinert, hasta ahora fiscal de la región fronteriza de Tarapacá, mientras que en Hacienda asumirá Jorge Quiroz, economista ultraliberal que coordinó las propuestas económicas de Kast y que fue mencionado años atrás en una causa por colusión de precios en el sector avícola.
El otro funcionario pinochetista es Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes de Chile, que también colaboró en la defensa de Pinochet cuando fue detenido en Londres, en 1998 y será ministro de Defensa.
Para Relaciones Exteriores, el mandatario electo eligió a Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, una de las empresas del grupo Andrónico Luksic, marcando un perfil empresarial también en Economía y Minería, carteras que estarán bajo la conducción de Daniel Mas.
La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargada del vínculo con el Parlamento, quedará en manos del exsenador de Renovación Nacional José García.
El resto del gabinete lo completan la presentadora Mara Sedini (Vocería), la socióloga María Jesús Wulf (Desarrollo Social), el arquitecto Iván Poduje (Vivienda), el economista Tomás Rau (Trabajo y Previsión Social), la economista María Paz Arzola (Educación), la médica May Chomalí (Salud), el exintendente Martín Arrau (Obras Públicas) y la exministra Catalina Parot (Bienes Nacionales).
También integran la nómina la profesora evangélica Judith Marín (Mujer y Equidad de Género), el exministro y exdiputado Jaime Campos (Agricultura), la exministra y exdiputada Ximena Rincón (Energía), el exdirector del Metro Luis de Grange (Transporte y Telecomunicaciones), la exasesora presidencial Francisca Toledo (Medioambiente), la exatleta Natalia Duco (Deporte), el exdiputado Francisco Undurraga (Cultura) y la emprendedora tecnológica Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).
Se llevó adelante una nueva propuesta de la dirección de Turismo de Villa Regina. Con una convocante participación, el AstroTURISMO conquistó lo más alto de nuestra perla del valle. Luego de hacer el recorrido por el sendero a la capilla, el grupo participó de una charla sobre astros. En una noche de luna llena, después…
El Gobierno anunció la venta de Transener y el mercado reaccionó mal. La acción cayó fuerte el mismo día del anuncio. Un dato que llamó la atención. En general, las privatizaciones empujan los precios hacia arriba. Esta vez pasó lo contrario. Las acciones de Transener cayeron más de 20% desde que se anunció el proceso de venta.
El primer problema es el precio. El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La diferencia es grande. Demasiado grande. Un 60% superior.
Transener no es una empresa más. Opera más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Transporta cerca del 85% de la electricidad del país. Es el sistema nervioso del sector energético. Quien la controla, ordena el flujo eléctrico nacional.
El mercado leyó «remate» de un activo estratégico, con ingresos regulados y posición dominante.
La estructura accionaria explica el ruido. El 52,65% de Transener pertenece a Citelec. Citelec está dividida en partes iguales entre Pampa Energía y el Estado, a través de Enarsa. El 47,35% restante cotiza en Bolsa y está en manos de inversores privados. La privatización implica que el Estado venda su 50% en Citelec y se retire del control compartido. Del otro lado queda Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin. Ahí aparece el punto más sensible de toda la operación.
El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La movida del gobierno afecto el valor del paquete que queda en manos de Mindlin.
Antes del anuncio, el Gobierno cerró un acuerdo con Mindlin. No es un contrato de compra. Es un acuerdo de conducta. Pampa se comprometió voluntariamente a no bloquear la privatización. Renunció a usar su poder societario para frenar, judicializar o demorar la venta. Ese aval era clave. Sin él, la operación podía trabarse en conflictos societarios interminables. Con el acuerdo, el Gobierno despejó el camino.
Pero el contenido del pacto dejó preguntas abiertas. Pampa acepta que el Estado venda primero y ordene el proceso. A cambio, no exige un precio mínimo ni impone condiciones económicas. En los hechos, el socio privado acompaña una venta a un precio inferior al valor patrimonial. Ningún accionista sofisticado avala una subvaluación sin esperar algo a cambio.
Aun así, Mindlin no puede quedarse con Transener sin más.
No es automático ni sencillo .La regulación eléctrica impide la integración vertical. Pampa ya es fuerte en generación. Controlar también el transporte choca con los límites legales y con el regulador.
“La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Sí, así parece, así se expresa en nuestra carta magna, pero… Como ciudadanos tenemos el DERECHO a acceder a la información pública, tenemos la facultad de “poder hacer un seguimiento” de todos los…
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