A través del Decreto 365/20, la Gobernadora Arabela Carreras habilitó en el ámbito de las Comisiones de Fomento de la provincia, la realización de breves salidas de esparcimiento a la población, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 20 hs.
Para las salidas no se podrá usar transporte público o vehicular y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal.
Además, se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares, conforme lo establece el Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó establecido que el Poder Ejecutivo Provincial podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.
Mediante este Decreto se invita a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia citados anteriormente a adherir en forma total o parcial. Se encomienda además a los y las intendentes municipales y comisionados y comisionadas de fomento a fiscalizar y supervisar el debido cumplimiento de las modalidades de trabajo, y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la provincia.
La causa que investiga el desvío de más de 60 millones de dólares de ahorristas estafados por el financista Luis Herrera y dos de sus hijos entró en zona de turbulencia desde que la fiscalía trata de cerrar el caso con un juicio abreviado que deja a las puertas de la libertad a los implicados, como adelantó LPO.
El acuerdo que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja deja en libertad condicional a los dos hijos de Herrera con una condena de tres años y cinco años de prisión efectiva para el padre que está pronto a cumplir 70 y obtendría la domiciliaria. La situación generó tal alboroto que este lunes el Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, convocó a los querellantes a una reunión para ponerse al tanto del tema.
Sucede que los querellantes detectaron que el financista resarcirá la estafa millonaria a más de 400 ahorristas con patrimonio ínfimo disponible que se reduce a dos departamentos de menor valor, un Volkswagen Golf modelo 2016 y un Honda TN Acty de 1980. Una de las querellantes calculó el patrimonio que podría quedar afectado a la distribución y no supera los 700 mil dólares, «no llega al 2 por ciento del monto de la estafa», dijo.
Todo surge del borrador del juicio abreviado al cual accedió en exclusiva LPO donde se enumeran todos los bienes y vehículos de los Herreras «cuyo decomiso se requerirá», dice el fiscal Narvaja. Sin embargo, los bienes más valiosos pertenecen a Luis Herrera que se declaró en quiebra «lo que torna dichos bienes jurídicamente indisponibles y priva a la reparación de idoneidad jurídica real», explicó a LPO una de las querellantes.
Luis Herrera
Esto significa que los bienes afectados a la quiebra «no son de Herrera, son de la quiebra», agregó uno de los letrados que representa a uno de los damnificados. Según el abogado, hay jurisprudencia de sobra donde la quiebra tiene preponderancia sobre los bienes por encima de cualquier otro requerimiento judicial.
Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados
«Del listado de bienes surge que más del 95% del universo patrimonial ofrecido corresponde a Luis Alberto Herrera, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcación, acciones societarias, dividendos, fondos bancarios y armamento. Dichos bienes constituyen el núcleo sustancial de la supuesta capacidad reparadora», señaló una abogada al tanto del expediente que habló con este medio y subrayó que «los bienes pertenecientes a Ignacio Luis Herrera y Diego Francisco Herrera se reducen a un número muy acotado de inmuebles, un 50% indiviso en uno de ellos y dos vehículos, configurando un universo patrimonial marginal dentro del esquema propuesto».
Algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
En definitiva, «son dos mangos», ilustró un abogado querellante sobre el patrimonio que deberá repartirse entre los damnificados. Además, algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.
Lo cierto es que el tema amenaza con disparar un conflicto judicial de dimensiones: «hacer un abreviado con el caso Herrera es como haber hecho un abreviado con Alvarado (narco) o con la muerte de Kennedy», consideró un funcionario judicial de la provincia en diálogo con LPO.
Es que el caso es asimilable al de Vicentín por la cantidad de estafados y por los montos sospechados de haber sido desviados a cuentas off shore que siguen controlando los Herreras, dicen los ahorristas. De hecho, el abreviado significa que se declaran culpable de los delitos que se los acusa.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.
«Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados», dijo uno de los afectados que pidió preservar su nombre.
A su turno, el abogado Mariano Ramos, que representa a algunos ahorristas insistió en diálogo con LPO que «Herrera y sus hijos siguen mintiendo porque hasta hace pocas semanas repetían a sus clientes que la plata estaba y que no la podían traer al país por culpa de la persecución de los fiscales y ahora resulta que se esfumó», dijo.
Lo cierto es que los damnificados dijeron a LPO que «la familia Herrera sigue viviendo a lo grande. Nadie sabe de qué trabajan los otros hijos pero tienen gastos millonarios en tarjetas de crédito. Aca en Rosario podés estafar a medio mundo y después andar como si nada por Alberdi», dijo a LPO un ahorrista indignado.
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