A través del Decreto 365/20, la Gobernadora Arabela Carreras habilitó en el ámbito de las Comisiones de Fomento de la provincia, la realización de breves salidas de esparcimiento a la población, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 20 hs.
Para las salidas no se podrá usar transporte público o vehicular y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal.
Además, se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares, conforme lo establece el Decreto N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó establecido que el Poder Ejecutivo Provincial podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.
Mediante este Decreto se invita a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia citados anteriormente a adherir en forma total o parcial. Se encomienda además a los y las intendentes municipales y comisionados y comisionadas de fomento a fiscalizar y supervisar el debido cumplimiento de las modalidades de trabajo, y a establecer los protocolos sanitarios específicos, dentro de sus ámbitos territoriales, previa autorización del Ministerio de Salud de la provincia.
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El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.
El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.
La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.
Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.
Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.
Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.
De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.
Lorena Pokoik, en Diputados.
En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».
Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».
El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.
Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.
Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.
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El Intendente Marcelo Orazi hizo referencia a las medidas y restricciones contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente de la Nación que, indicó, “nos deja sin la posibilidad tanto a la Gobernadora como a los intendentes de flexibilizar algunas medidas”. En este sentido, Orazi señaló que durante la semana…
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