Bomberos: Intervenciones Octubre 2019
Compartimos con la comunidad reginense la estadística mensual de intervenciones correspondientes al mes de Octubre de 2019.-
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La economía digital ya es el tercer complejo exportador y apunta a generar USD 30.000 millones
La economía argentina encontró un nuevo pozo de dólares. No sale de Vaca Muerta ni del campo. Sale de oficinas, computadoras y universidades. Mientras la industria tradicional sigue golpeada por la apertura y el mercado interno flaco, la economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.
Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 8,1% interanual durante 2025 y ya representan el 53% de todos los servicios que Argentina vende al mundo. El dato surge del INDEC y fue celebrado tanto por el Gobierno como por las cámaras empresarias. El sector quedó detrás del complejo oleaginoso cerealero y del petroquímico.
La cifra tiene además una carga simbólica. Durante años, Argentina discutió cómo generar dólares sin depender exclusivamente del agro o de los ciclos de precios internacionales de las commodities. La economía del conocimiento apareció como una especie de fábrica invisible: exporta software, servicios profesionales, biotecnología, inteligencia artificial, videojuegos, ingeniería y consultoría sin necesidad de barcos ni rutas colapsadas. El talento humano reemplaza al container.
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Según datos oficiales, el sector ya supera los 285 mil empleos formales y sumó 17 mil puestos respecto de 2023. También paga salarios por encima del promedio de la economía. Cerca del 80% de los trabajadores tiene estudios universitarios o formación técnica especializada.
En Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, aseguran que el objetivo de mediano plazo es mucho más ambicioso: llevar las exportaciones hasta USD 30.000 millones anuales. En otras palabras, triplicar el volumen actual y convertir a la economía del conocimiento en uno de los grandes motores estructurales de ingreso de divisas.
El fenómeno ya impacta en las proyecciones macroeconómicas. La consultora ABECEB que dirige Dante Sica estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones totales por USD 94.400 millones en 2026, con un crecimiento de 8,4% interanual y un superávit comercial cercano a USD 16.000 millones. En ese nuevo mapa exportador, los servicios basados en el conocimiento aparecen como uno de los sectores que más ganan peso relativo junto a energía y minería.
«La economía del conocimiento se ubica entre los cinco principales complejos exportadores, con ventas externas que superan los US$ 10.000 millones anuales», destacó ABECEB en su último informe. Y agregó otro dato relevante: la actividad tiene «baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía».
En privado, algunos empresarios del sector reconocen que el actual esquema económico tiene una contradicción difícil de resolver. Por un lado, celebran la estabilidad macro y la desaceleración inflacionaria. Por el otro, advierten que un dólar barato erosiona márgenes en una actividad donde gran parte de los costos está nominada en pesos pero la competencia es global. «Hoy exportar talento argentino es más caro que hace dos años», resumió un ejecutivo tecnológico que participa de la mesa de Argencon.
El Gobierno apuesta a que la economía del conocimiento funcione como una usina permanente de dólares genuinos. El problema es que ese modelo también necesita universidades fuertes, formación técnica, infraestructura científica y salarios competitivos para retener talento. Ahí aparece la tensión de fondo. La Argentina quiere vender cerebros al mundo mientras discute recortes en ciencia, investigación y educación pública.
Lo concreto es que los dólares no bajan solamente por la Hidrovía o por los caños de Vaca Muerta. También viajan por fibra óptica. Y detrás de cada exportación hay programadores, diseñadores, ingenieros o especialistas trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario para empresas del exterior. Una economía menos visible que el campo o el petróleo, pero que ya se convirtió en una de las principales columnas que sostienen el ingreso de divisas de la Argentina.
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Kicillof va a la Corte contra un fallo que ordena a la Provincia a pagar 5.500 millones a Nación por dos locomotoras
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
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Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
