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DE LA BICICLETA FINANCIERA A LA DE TRANSPORTE

En tiempos de crisis económica el argentino sabe buscar opciones que colaboren con el cuidado de la economía intrafamiliar. Los vaivenes económicos a lo largo de la historia del país conformaron al sujeto argentino como un eximio buscador de variables que colaboren con el ineludible ajuste doméstico que lo lleve a llegar a fin de mes.

Un agente economizador y beneficiario del ciudadano común es el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, pero aún no se tiene en cuenta.

Si bien existe una ausencia de infraestructura idónea, fallas en la planificación urbana, servicios públicos deficientes y un bajo desarrollo de las redes de transporte a nivel nacional y provincial, también es cierto que el ciudadano argentino está arraigado al uso del automóvil. Tal es así, que la bicicleta es casi exclusiva de uso deportivo o recreativo. Ni aún con los combustibles arriba de $ 40 el litro (y subiendo), optamos por la bicicleta como medio de transporte.

Cuando el concepto de uso está culturalmente mal estructurado, se necesita de programas políticos de concientización, y estímulos prácticos y tangibles. Ojo, no se trata de crear un ciclovía reservada para que la gente se pasee los domingos, hay que crear una red de vías alternativas y seguras que permitan al ciclista trasladarse de un lado al otro de la cuidad, y que sirvan también como herramientas de pacificación vial.

Si pensamos en el ejido urbano de Villa Regina, ¿cuánto podemos demorar en recorrerlo de un extremo a otro en bicicleta?

Un programa que proponga el uso de la bicicleta como medio de transporte tendría una triple finalidad: favorecer el medioambiente por el descenso del uso del automóvil, promover la salud pública entre la ciudadanía por la práctica deportiva, y en paralelo cuidar el bolsillo del ciudadano

Es evidente que la bicicleta irrumpió con fuerza en la vida cotidiana principalmente en países europeos y asiáticos como: Holanda, Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, Japón y China; (son los países con más bicicletas per cápita). En algunas capitales de nuestro país se intentó seguir el ejemplo, y en ciudades pequeñas como la nuestra la propuesta es nula, o con suerte: recreativa.

¿Podría Regina innovar, y convertirse en la primera ciudad de la provincia en estimular y planificar oficialmente el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano?

Public transit VS gridlock

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    Concordia privatiza la política social: Azcué entrega funciones del municipio a una fundación ligada al Opus Dei

     

    Con el argumento de la “eficiencia” y la “falta de recursos”, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un convenio de más de 54 millones de pesos con la Fundación Maximiliano Kolbë —parte de la red CONIN— para que una ONG privada asuma tareas esenciales del área social. El acuerdo replica el modelo impulsado por Abel Albino y profundiza el vaciamiento del Estado local.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    Francisco Azcué firmó la entrega

    En una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, el intendente Francisco Azcué (Juntos por el Cambio y aliado de La Libertad Avanza) decidió delegar la política social municipal en una organización privada. A través del Decreto N° 994/2025, Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, autorizaron un convenio con la Fundación Maximiliano Kolbë por más de 54 millones de pesos, para realizar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” dirigido a niños y embarazadas.

    Del Estado al “franquiciado solidario”

    El acuerdo, que tendrá vigencia hasta junio de 2026 señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, prevé un pago mensual de $4.520.000 a la fundación presidida por Stella Maris Micucci, una entidad que integra la red de CONIN, la organización del pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza.

    El modelo que ahora adopta Concordia reproduce la llamada “franquicia solidaria” de Albino: una trama de fundaciones y ONGs que, bajo un discurso asistencialista, reemplazan funciones del Estado y canalizan fondos públicos hacia estructuras privadas con fuerte impronta religiosa.

    Mientras el municipio reduce personal, cierra comedores y suspende programas sociales por “falta de recursos”, el mismo presupuesto se destina a financiar una organización privada que asume las tareas abandonadas por el Estado.

    Los comedores cerrados y el discurso del “ahorro”

    En los barrios de Concordia, los comedores vacíos y los Centros de Desarrollo Infantil cerrados se transforman en el símbolo más visible del ajuste. Lo que antes hacían nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y equipos municipales, ahora queda en manos de una ONG sin control institucional ni auditorías externas claras.

    La letra chica del decreto deja al descubierto el vacío de control: el artículo 2° se limita a ordenar el pago mensual “a condición de que la institución dé cumplimiento al convenio”, sin establecer mecanismos de evaluación o seguimiento.

    En la práctica, el municipio se desentiende de su rol de garante de derechos y se transforma en una caja de transferencia de fondos públicos a manos privadas.

    La lógica Milei aplicada en Concordia

    Lejos de ser un hecho aislado, el caso se inscribe en una tendencia nacional que se profundizó con el gobierno de Milei: el reemplazo del Estado por ONGs, fundaciones o iglesias que operan como prestadoras de servicios públicos. Bajo el eufemismo de la “cooperación público-privada”, se consolida un modelo de retiro planificado del Estado y transferencia de recursos a entidades con intereses propios y orientación ideológica definida.

    El argumento del ahorro resulta cada vez más insostenible: lo que se recorta en salarios públicos se gasta —y con creces— en convenios sin control ni transparencia. Se achican las instituciones locales, se debilitan los equipos técnicos y se abren las puertas a contratos opacos.

    ¿Quién gana y quién pierde?

    La pregunta que resuena en Concordia es simple: ¿a quién beneficia esta política?
    Las organizaciones “solidarias” acumulan poder, fondos y legitimidad, mientras los vecinos pierden la presencia del Estado en su barrio. En el corto plazo, el impacto se mide en menos raciones de comida y familias sin atención. En el largo plazo, en la erosión del tejido institucional que sostiene la democracia local.

    Privatización encubierta

    El convenio con la Fundación Kolbë no es un error administrativo, sino una decisión política coherente con la ideología de desmantelamiento estatal que Milei impulsa desde la Casa Rosada. En Concordia, se traduce en despidos, cierres y contratos a medida, con los niños y embarazadas como víctimas silenciosas del ajuste.

    Mientras tanto, la retórica de la “eficiencia” sigue sirviendo de excusa para justificar lo injustificable: un municipio que dice no tener recursos para sostener comedores, pero sí los tiene para financiar a una ONG ligada al Opus Dei.

     

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