Banfield: escrache al genocida Julio Yessi de la Triple A

Banfield: escrache al genocida Julio Yessi de la Triple A

 

Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del fusilamiento de su tío Oscar Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST), no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. El genocida Julio Yessi había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté. Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ. Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista. ¿Somos capaces de mirar para un costado? Por Gabriela Domínguez.


Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del asesinato de su tío Oscar Meza no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. La búsqueda en redes no dejaba duda, el genocida había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté.  La compañera fue tratada por la justicia patriarcal como una piba confundida por ser altas horas de madrugada, cuando fue ella una de las tres militantes del PST secuestradas por la banda fascista y llevadas a un baldío tras secuestrar  a Oscar “Hijitus” Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario “Tano” Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio “Tony” Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST) para posteriormente fusilarlos. A la media hora de soltarlas, el destacamento de la triple A se dio cuenta de su error machista de subestimarlas y volvió al lugar para rematarlas, pero no las encontró porque se habían escondido (1). En esa banda Silvia reconoció a Julio Yessi, no sólo por su rostro, inconfundible, sino por su estatura y cuerpo ampuloso. Además, en los subsiguientes días continuaron las amenazas a militantes del PST: Por ejemplo, secuestrando a tres militantes que se movían en auto por Lanús y diciéndoles los matones de la triple A  “les matamos a 3 y ahora van a ser 6”, torturándolos por unas horas y jactándose de estar “con la gobernación” y “con la policía de Lanús” (2).

Para esa época, Julio Yessi, militante fascista de Lanús (o de la ultraderecha como se dice para esconder en los medios), había sido ungido dentro de la triple A como líder de la JPRA (Juventud Peronista República Argentina, conocida entre la militancia como Jota Perra). Esta fachada política fue creada por “El Brujo” López Rega como extensión de la política comenzada en la Masacre de Ezeiza que habían preparado estos sectores apuntando a las masas que, acompañadas de las organizaciones armadas, festejaban como propia la vuelta de Perón. Esta política sería además ratificada con la expulsión de la plaza el 1ro de mayo de 1974 de Montoneros y que daría ya rienda suelta al accionar de la triple A (La Masacre de Pacheco ocurre el 29 de mayo de 1974).

Julio Yessi y José López Rega, “El Brujo”. La ultraderecha o fascismo gusta aun de los apodos, como cuando Milei llama “el mago del Kremlin” a Caputo.

Julio Yessi, por si caben dudas sobre su responsabilidad política, tiene comprobada la compra de diez ametralladoras bajo su firma en nombre del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, lo que llevó a la jueza María Servini de Cubría a condenarlo no sólo por la Masacre de Pacheco, sino por asociación ilícita en la triple A a condena perpetua (3). Condena en primera instancia que los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi levantaron livianamente en 2020.

Cabe destacar que los tres jueces son relacionados ampliamente con el macrismo: Mariano Llorens denunciado penalmente por visitar frecuentemente a Macri como presidente al mismo tiempo que no se apartaba de la causa a éste por espionaje ilegal; Bruglia y Bertuzzi declarados inconstitucionales sus nombramientos realizados durante el macrismo, ese mismo año, por la mismísima Corte Suprema (5).

Así que los jueces son macristas… ¿y por qué ayudarían a un dinosaurio peronista de derecha? Pues resulta que Julio Yessi es tío de Juliana Awada (6). A veces nos olvidamos que los ricachones son todos de una misma clase social más allá que ensayen diferentes identidades políticas para intervenir en el Estado.

Captura de la causa de asociación ilícita contra Julio Yessi.

Decía al principio que la cercanía de Julio Yessi a nuestra militancia cotidiana fue un cimbronazo. Sobre todo viendo en su Facebook (ahora cerrado) que la mismísima hija de López Rega lo felicitaba por la excarcelación comentando sardónicamente que si lo hubiera hecho “bien hecho estaría” (el asesinato de nuestros compañeros). Y también viendo que este matón, es ampliamente conocido por decenas de militantes de más de 40 años de la zona sur: los menos, militantes del PJ de mayor edad, custodiando con vergüenza o impotencia el secreto oscuro de su origen o resignados por no haberlo podido echar de tal o cual acto cuando reapareció en la escena pública de la mano del menemismo (6). Se sabe que en su trayectoria de matón se hizo con campos, panaderías, bazares, joyerías, hasta una casa de apuestas, y que es hincha del club Lanús. Sus 5 hijos viven en la zona, algunos desarrollando vida política. ¿Cuáles son los vínculos actuales de este oscuro personaje? ¿Existen impedimentos institucionales por parte de funcionarios públicos para posicionarse en su repudio?

La noticia de que Julio Yessi circulaba por nuestros barrios nos hizo resonar aquella vieja consigna coreada en los ´90 por los HIJOS, familiares y sobrevivientes de la dictadura: “Si no hay justicia, hay escrache”. Y comenzamos las reuniones para organizarlo, primero sotto voce pero invitando a todo el mundo.

No vino todo el mundo.

En Lomas de Zamora se pudo ver la buena predisposición y solidaridad de un verdadero movimiento de Derechos Humanos diverso y plural, curtido en las luchas por recuperar el Pozo de Banfield, y sobre todo, político. Capaz de debatir política. Un movimiento que entiende que el hecho que el propio Duhalde haya asumido la intendencia en el ´74 tras ser destituido Pedro Turner por meterse con el negocio de la basura, siendo al año siguiente secuestrados, fusilados y dinamitados los cuerpos de sus seguidores y desaparecido el propio Turner más tarde, no es algo para ocultar, sino para repudiar. Se repudia la Masacre de Pasco, por qué no, atribuible también a Julio Yessi, ya que fueron 40 los matones de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) esa noche del 21 de marzo de 1975 operando en zona liberada por la policía. Por ende, hablamos en Lomas de un movimiento que se puede hermanar en esta propuesta con los familiares y amigues de Darío y Maxi, nuestras víctimas mucho más recientes de la represión, también bajo responsabilidad política de la derecha del PJ, del propio Duhalde.

La solidaridad fluyó así fácilmente a través de los gremios de zona sur:   Sur nos abrió cálidamente las puertas de su local de Lomas de Zamora, y se sumó ATE Brown, Suteba Lomas, SITRAIC y eventualmente adhirió también Suteba Lanús y por supuesto las seccionales multicolor del Suteba. También la Mesa por los DDHH de Lanús adhirió, aunque sin especificar la amplia y diversa cantidad de organizaciones en general peronistas que la conforman. Es un trago amargo, aún no superado quizás por los dirigentes del distrito, el que los proyectos de obras del ex intendente Darío Díaz Perez sobre el predio del ex-CCD Campomar (aun no investigado exhaustivamente por la justicia) los haya encontrado acusándonos de “gorilas” por tener que recurrir a todos los medios, incluso a Lanata, y a expensas que queden expuestos los intereses políticos en juego, para lograr frenar la demolición de ese Centro Clandestino en el que se pretendía hacer torres de lujo con la constructora estrella de la década ganada: Electroingeniería. “No hablen de Campomar” nos han dicho altos dirigentes de DDHH provinciales, y van a poder avanzar sobre el Espacio de Memoria en la Comisaría 3ra. Llamativo ejercicio de memoria selectiva.

Pero nuestra historia duele desde la conquista para acá. Genocidio originario, exterminio de agitadores anarquistas, comunistas y peronistas, genocidio de los setenta, terrorismo de Estado. No nos podemos callar, sólo la claridad política nos puede defender de las tentativas de avance fascista de este gobierno.

Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ (7). Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. De hecho, esto debería suscitar el repudio unánime de toda aquella militancia que reivindica a les compañerxs detenidxs desaparecidxs, especialmente a las incontables familias peronistas rotas por el terrorismo de Estado, del que la Triple A fue precursora.

Quizás la militancia más joven o más de base no conozca la historia de Yessi, pero así como nuestros compañeros jubilades recuerdan la casa de este siniestro personaje en cuyo estacionamiento provocativamente se dejaba ver una ametralladora de pie instalada lista para disparar, no se puede seguir fingiendo demencia sobre aquello que nuestrxs compañerxs en los setenta hasta en el humor trataban (ver recuadro).

Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista: dictaminan detenciones por fuera de la ley cada miércoles a quienes acompañan a les jubilades, señalan dirigentes como Grabois para encarcelarlos, operan entre circo mediático y Justicia vendida para proscribir a Cristina y sobre todo se humilla al pueblo entero. Día tras día. Desarmando las patas no represivas del Estado, la salud, la educación, la asistencia social, mientras se reendeuda al país y se rifan los bienes comunes para EEUU. El programa de la dictadura, y el del menemismo, reactualizado. Y los dinosaurios trasladados al pabellón de lujo en Campo de Mayo o en sus casas, viviendo la vejez tranquila de la que no disfrutan o no disfrutaron nuestros compañerxs setentistas, ni nuestrxs abuelxs.

¿Qué duda puede haber de que Julio Yessi debería estar encarcelado y que la justicia le ha garantizado la impunidad? ¿Importa su pertenencia política al PJ? Porque todos estos años este mafioso tuvo en su página de Wikipedia la referencia a ser ex-PJ, sin embargo al ser apurado por lo pronto de este escrache decidió posicionarse públicamente como PJ. ¿Será que supo que sus lazos con la derecha peronista y las lealtades impuestas entre una generación de dirigentes que hace décadas peinan canas y que vieron pasar la dictadura le iban a garantizar cierto margen de impunidad? ¿Fantasea Quizás Yessi no sólo con que falten oportunamente las firmas de muchísimos espacios de DDHH vinculados al PJ, sino incluso con contar con la protección policial del Municipio de Lomas de Zamora o mejor aún, de la provincia de Buenos Aires que tiene jurisdicción sobre la avenida Pavón? ¿Qué es central en este momento,  el ataque personal a Cristina por el fascismo o derrotar en todos y cada uno de sus reductos a los fascistas que perfeccionaron el programa económico de la dictadura a Menem, de Menem a Macri y de Macri a Milei?

En el curso de los próximos días sabremos qué son chochadas de un viejo fascista y qué son tentáculos que nos falta cortar del terrorismo de Estado que se extienden hasta la actualidad. Lo sabremos a medida que aquellos militantes orgullosamente antifascistas den los debates pertinentes con sus direcciones políticas y empujen el repudio a este genocida, responsable probado de la Masacre de Pacheco y responsable político de la Masacre de Pasco, de la desaparición del intendente Turner, del asesinato del estudiante de la JUP Pedro Hansen y decenas de otros asesinatos de la triple A en la zona.

Al fascismo no se le discute, se lo combate, en la más amplia unidad de clase.

El peronismo ya había señalado a Julio Yessi

Una viñeta popular en “Militancia Peronista para la Liberación”, revista dirigida en los setenta por Eduardo Luis Duhalde (quien más tarde acuñaría el concepto de “Estado terrorista” para referirse a la última dictadura) y Rodolfo Ortega Peña (asesinado en la vía pública por la triple A) era la de “Tendencio”.

En uno de los capítulos, Tendencio refiere a Julio Yessi,

“La referencia a Julio Yessi se replicaba en la sección Cárcel del Pueblo, dónde la revista encarcelaba editorialmente a personajes, medios o conceptos considerados contrarios a la voluntad revolucionaria del pueblo y de la clase obrera. En la cárcel de este número el prisionero era Yessi quien, como integrante del Consejo Superior de la rama Juvenil del Movimiento, era acusado de “asesor del brujo José López Rega, convirtiéndose en la plomada de la “F.J.P” (Falsa Juventud Peronista), instrumentada desde Bienestar Social para destruir a la auténtica juventud” (8)

La revista “El caudillo de la tercera posición”, que entrevistó pormenorizadamente a Duhalde al asumir acompañado por la destitución y posterior desaparición de su predecesor y por la  Masacre de Pasco, tuvo su propia viñeta en la que polarizaba a Ortodoxio con Tendencio, a veces disuasoriamente, la más de las veces amenazadoramente:


Bibliografía

(1)    PdI (29/5/21)  A 47 años de la Masacre de Pacheco. Testimonios. Disponible en: https://periodismodeizquierda.com/a-47-anos-de-la-masacre-de-pacheco-testimonios/

(2) PST (junio, 1974) Avanzada Socialista N 104, p.4. Disponible en: https://mega.nz/folder/1U0DHTYA#oGyqCg0Xy-g3k3sNaXIwPg/folder/1ddVFZ4b

(3) Gonzalez, J. L. (31/3/2018) Julio Yessi, uno de los líderes de la Triple A, rompe el silencio. Noticias. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-31-julio-yessi-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a-rompe-el-silencio.phtml 

(4) Mizrahi, F.; Lijalad, A. (24/9/2021) Operación Olivos: denuncian penalmente al camarista Mariano Llorens por sus visitas a Macri. El Destape Web Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/politica/justicia/operacion-olivos-denuncian-penalmente-al-juez-llorens-por-visitas-a-macri-20219245056

(5) Hauser, I. (10/11/2020) La estrategia de los jueces designados a dedo por el macrismo. Bruglia y Bertuzzi no renuncian y hasta quieren concursar sus cargos. Página 12 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/304841-bruglia-y-bertuzzi-no-renuncian-y-hasta-quieren-concursar-su 

(6) Noticias (29/3/2018) El insólito parentesco entre Juliana Awada y uno de los líderes de la Triple A: Julio Yessi, acusado de asesinar a tres jóvenes militantes durante los turbulentos setenta, es de familia siriolibanesa y familiar directo de la Primera Dama. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-29-el-insolito-parentesco-entre-juliana-awada-y-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a.phtml 

(7) NOVA Bonaerense (18/5/2025) Cumbre peronista en Avellaneda: ¿nueva esperanza o más de lo mismo? Disponible en: https://www.novabonaerense.com/nota.asp?n=2025_5_19&id=55617&id_tiponota=51

(8) Stavale, M. (2017). “Las aventuras de Tendencio” en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70. Izquierdas, (35), 1-30.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/11/escrache-al-genocida-julio-yessi-de-la-triple-a/

 

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  • Discas en Lucha: «lo que exigimos es vidas dignas»

     

    Integrantes de la Asamblea Discas en Lucha levantan el puño y muestran su bandera en la puerta de la Universidad de las Madres

    Foto: Nico Ramos

    En el marco de la masiva movilización que concentró a numerosos sectores frente al Congreso para sumarse al reclamo de Jubiladas y jubilados, junto a Agrupaciones feministas, antipatriarcales y antirracistas, trabajadores de la salud pública y de otros gremios, desde la Asamblea Discas en Lucha se sumaron a la marcha el pasado miércoles. «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto» dijo Laura Alcaide en respuesta a los reiterados agravios que vienen de parte del gobierno además de las medidas de ajuste y vaciamiento de instituciones. Por ANRed. 


    El pasado miércoles durante la cobertura nos acercamos a la Universidad de las Madres. Allí estaba la Asamblea discas en lucha llevando su «ranchada» que le permita tener protección en caso de represión o situaciones complejas. Al rato salieron y pudimos conversar un rato con Laura Alcaide, una de las referentes de la asamblea antes de que se sumen a la columna de Jubilados para acompañarles en una ronda.

    «Lo interesante de hoy es que estamos muchos sectores en lucha porque los sectores solos no podemos hacer nada, y uniéndonos logramos visibilidad y fuerza en lo que estamos pidiendo. En Discapacidad lo que estamos exigiendo es que se trate el proyecto de Emergencia en Discapacidad, pero con un proyecto de ley no hacemos nada. Lo que exigimos es una vida digna y salir de la crisis en la que estamos», comenta Laura.

     

    Una persona en silla de ruedas sopla la "bubusela". Lleva un cartón con la consigna "Emergencia en discapacidad" y "Mejores sueldos para los abuelos".

    Foto: Nico Ramos

    Algunas de las denuncias que ya expresaron la semana pasada son la desjerarquización de la Agencia Nacional de Discapacidad y su confinamiento a la órbita del Ministerio de Salud, su vaciamiento, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan Derechos por asistencialismo; la quita de Pensiones No Contributivas, los obstáculos burocráticos para tramitarla y la trampa de “auditorías”: en la que les citan con muy poco margen de anticipación impidiendo que realicen las gestiones necesarias en el arrasado sistema público de salud, las direcciones falsas e inexactas a las que les dirigen y las eternas filas inhumanas a la intemperie; el deterioro planificado de Incluir Salud que se expresa en la falta de cobertura prestacional y de medicamentos; el incumplimiento del cupo laboral del 4%; la precarización laboral de les trabajadores de “talleres protegidos” que llevan varios meses sin cobrar y por el que perciben un salario de apenas 28.000 pesos al mes; la falta de adaptaciones en los puestos laborales públicos y privados de les trabajadores con discapacidad, entre otras demandas.

    «Este gobierno logró juntarnos a todos los sectores: prestadores, instituciones, familias… pero sobre todo personas con discapacidad», agrega.

    «Nos plantamos fuerte en que discapacidad no es un insulto. Nos vienen pisoteando y nos vienen insultando desde todos los ángulos. Ya habían usado la imagen de una persona con síndrome de Down para insultar a un gobernador y todo el tiempo están usando nuestra imagen como un insulto. Nuestras identidades no son un insulto y exigimos participación política de personas con discapacidad para tener garantías en nuestro sector», concluyó.

     

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  • El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos moviliza este miércoles contra las políticas de Milei

     

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM) fueron algunos de los/as dirigentes que participaron de la conferencia de prensa que lanzó la primera acción de lucha del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. Foto: combinado en base a imágenes de prensa CTA-A e Indymedia Argentina.

    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por 71 federaciones y sindicatos de la CGT y las CTA, organizaciones sociales, movimientos populares, trabajadores/as de la economía popular y gremios del ámbito estatal, del transporte, industrial y de servicios, anunció una masiva movilización para este miércoles 25 de junio contra las políticas de ajuste, hambre, saqueo y pobreza del gobierno de Javier Milei. La concentración será desde las 12 en Carlos Pellegrini y Sarmiento, para movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado (ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788), conducido por Federico Sturzenegger. De la conferencia participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, FeMPINnRA y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte); entre otros. Por ANRed


    El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado, hasta hoy, por al menos 71 federaciones y sindicatos (algunas de la CGT) del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, anunciaron hoy en una conferencia de prensa que llevaron adelante al mediodía en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que este miércoles 25 de junio marcharán contra las políticas de ajuste, hambre y pobreza del gobierno de Javier Milei.

    La concentración será desde las 12 en el cruce de Carlos Pellegrini y Sarmiento, en el centro porteño, para luego movilizar al Ministerio de Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger y ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. La jornada de lucha, además, contará con el apoyo de federaciones y organizaciones sociales y gremiales.

    La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación del Estado liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

    «La paz social solo le sirve al Gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno»

    Durante la conferencia de prensa, diversos dirigentes y referentes sindicales hicieron intervenciones. Entre otros, estuvieron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT); Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma); Abel Furlán (UOM); Rodolfo Aguiar (ATE Nacional); Omar Pérez (Camioneros); Pablo Biró (Pilotos); Carla Gaudensi (Prensa); Graciela Aleña (Vialidad); Alejandro Gramajo (UTEP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Daniel Yofra (Aceiteros) y Roberto Pianelli (Subte).

    Juan Carlos Schmidt (Dragado y Balizamiento y CATT) al micrófono, secundado por Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma) y Abel Furlán (UOM). Imagen: Indymedia Argentina.

    Juan Carlos Schmid, Secretario General de la CGT, declaró: «es la primera acción que vamos a llevar adelante. Confluimos sindicatos estatales, del sector privado, del sector de servicios, de la industria, de la economía popular y también universitarios», enumeró. Y agregó: «la lucha por la soberanía implica la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de nuestras infraestructuras, de lo que queda de las empresas públicas, que sobrevivieron al experimento neoliberal de los 90′, significa soberanía alimentaria, del conocimiento y, también, trabajo argentino, porque la persona se construye y se desarrolla alrededor del trabajo, y la responsabilidad de los gobiernos es crear trabajo y dignidad del hombre y de la mujer que realiza su trabajo».

    «Y por último, los salarios, efectivamente, porque si hay un lugar donde no existe libertad, es en la negociación colectiva, donde hay imposiciones, hay pautas, hay restricciones, y eso se da de patadas con lo que pregona como un credo el gobierno de Javier Milei. Dice que él cree en la libertad absoluta, pero en la mesa de negociación colectiva no hay libertad», remarcó.

    Imagen: Prensa CTA Autónoma.

    Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, aseguró que desde las dos CTA se acompañará esta iniciativa y añadió: «es imprescindible la resistencia y la unidad para vencer esta política de hambre y saqueo. Este es un gobierno que está habilitado por el decreto 70/23, que la Corte aún no ha rechazado, que está regido por Ley Bases, y respaldado por una Corte Suprema de la injusticia que persigue y proscribe, pero no trata la inconstitucionalidad de estas leyes, con los que incluso ha plantado una nueva estafa del FMI, que afecta a los argentinos más allá de este gobierno. Por eso, esta convocatoria a construir unidad, demuestra que nuestro pueblo no se resigna y que sus organizaciones de trabajadores formales e informales estamos en la primera línea para enfrentarlo. Este llamado a la lucha no empieza ahora y no termina con esta convocatoria», remarcó.

    En línea con lo que se fue expresando en la conferencia de prensa, Abel Furlán, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la República Argentina, aseguró: «hoy gobiernan las corporaciones y son quienes, de alguna manera, han determinado quiénes van a ser los ideólogos de llevar adelante sus políticas que tienen que ver con el saqueo que ya mencionaron anteriormente. Identificar al enemigo es, de alguna manera, tomar precauciones en anteriores momentos de nuestro país en que no la hemos podido visibilizar, y es momento de estar identificando con nombre y apellido a quienes están detrás del gobierno de Milei impulsando políticas para que los trabajadores naturalicemos, en primer lugar, salarios de hambre y, en segundo lugar, no tengamos la posibilidad de tener nuestras vidas dignas».

    Imagen: Prensa CTA Autónoma.

    En tanto, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, agregó: «este frente nos va a permitir comenzar a unir las luchas que se están llevando adelante en todo el país y por eso esta primera decisión de movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta ahora las únicas respuestas que hemos tenido de parte del gobierno no han sido otras que mentiras organizadas, descalificaciones, amenazas, represión e espionaje ilegal a todos los las representaciones sindicales», denunció.

    «La paz social solo le sirve al gobierno y a los grupos empresarios que se han apoderado del gobierno y que nos están saqueando. No solo cierran organismos y privatizan empresas estatales, sino ahora dice que van a vender hasta los edificios, los inmuebles y las tierras del estado. Si no les ponemos un freno, nos van a dejar sin país«, advirtió.

    Daniel Yofra, Secretario General de la Federación Aceitera. Foto: Indymedia Argentina.

    Por su parte, Daniel Yofra, Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) remarcó: «acá estamos enfrentando no solamente a Sturzenegger, sino a un gobierno que está minado de empresarios, que piensa como empresarios, y que representa a las necesidades que tienen los empresarios en nuestro país. Así que me parece que lo del miércoles va a ser un punto de partida. Hay muchas organizaciones y, seguramente, hay mucho lugar para otras organizaciones que quieran venir a defender a la clase trabajadora. Ojalá que esto ocurra. Ojalá que no hayan sido en vano las desapariciones de compañeros y compañeras, las muertes, las persecuciones, los encarcelamientos, y que siguen habiendo, en la actualidad, y que enfrentemos a este gobierno como corresponde, que somos representantes de la clase trabajadora».

    Mientras, Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes, señaló el impacto de las políticas de Milei en el sector que representa: «lo hace a través decretos, a los que nos venimos oponiendo, como el desvío de vialidad, la desregulación del sector aeronáutico, de la marina mercante, entre otras cosas, como a querer limitar el derecho huelga». Y agregó: «esta mesa es la consecuencia de un montón de de actores que se ven afectados, y por eso se ha ido ampliando, y creo que va a seguir ampliándose. Esta es la primera medida en el marco de un espacio que se está consolidando, y vamos a movilizar al Ministerio de Destrucción, porque es el que está llevando adelante estas políticas y es el ideólogo de destruir todo lo que conocemos y entregar nuestra soberanía».

    Ver conferencia de prensa completa

    

    Más de 71 federaciones, sindicatos, organizaciones sociales y gremios movilizados contra las políticas de Milei

    Hasta el momento, integran el frente, y serán parte de la movilización, la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).

    También se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

     

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  • Cortes de luz programados en Neuquén por obras de mantenimiento

     

    La cooperativa CALF anunció que este domingo 31 de agosto habrá interrupciones en el servicio eléctrico en distintos puntos de la ciudad de Neuquén, debido a trabajos de remodelación y mejoras en la red de media tensión.

    Según se informó, el primer corte se llevará a cabo entre las 6 y las 11 de la mañana y afectará la zona comprendida entre Catriel y Las Heras, desde Roca hasta Juan B. Justo. En ese horario se realizarán tareas de adecuación de instalaciones, en un operativo autorizado por el órgano de control municipal.

    Foto: CALF

    Además, se dispuso otro corte que se extenderá desde las 6 hasta las 13:30, alcanzando el área delimitada por Catriel/Anaya y Las Heras/Soldado Desconocido, entre Carlos H. Rodríguez y Planas. En ese sector se ejecutarán obras para modernizar la red y soterrar el suministro de varias subestaciones.

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  • “Homo Argentum” rompe récords en taquilla y desata una polémica política

     

    La película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la historia del cine argentino. En apenas cuatro días de proyección, más de 330.000 personas asistieron a las salas para ver el film, que ya se perfila como el título nacional más taquillero del año, con posibilidades de superar a Mazel Tov, de Adrián Suar.

    El estreno se produjo el pasado jueves 15 de agosto, en 405 pantallas distribuidas en todo el país, donde en su primera jornada convocó a 73.886 espectadores, un número equivalente a llenar casi por completo el estadio Monumental.

    El ritmo de concurrencia se sostuvo durante el fin de semana, logrando que la película lidere ampliamente la taquilla frente a las otras 56 producciones en cartelera. Los datos de Ultracine, sitio que releva semana a semana la venta de entradas, confirmaron que hasta el sábado 17 ya se habían vendido 320.011 tickets, lo que equivale a que una de cada dos personas que fue al cine en esos días eligió ver Homo Argentum.

    “Homo Argentum” rompe récord en la historia del cine argentino

    HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella.

    De hecho, Homo Argentum se posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino. Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.

    El fenómeno comenzó el jueves 15 de agosto, día del estreno, cuando la película convocó a 73.886 espectadores, cifra que volvió a repetirse el viernes y consolidó a Homo Argentum como la película más vista frente a las 56 producciones que competían en cartelera. Según datos de Ultracine, hasta el sábado 17 el film había sido visto por 320.011 personas, lo que equivale a que una de cada dos personas que fueron al cine eligió esta película.

    En los primeros dos días, la película cortó 185.055 tickets (73.886 el jueves y 111.169 el viernes), es decir, casi el 56% del total de espectadores que asistieron al cine en ese período. Si se mantienen las proyecciones de taquilla, Homo Argentum podría superar a Mazel Tov, la película de Adrián Suar, y convertirse en la producción argentina estrenada en cines más vista del año.

    Para ponerlo en perspectiva, Mazel Tov sumó 356.897 espectadores en 17 semanas. Con el ritmo actual de Homo Argentum, la película de Francella podría superar esa marca en apenas una semana de proyección.

    Elogios del presidente Milei

    Después de conocerse que el presidente de la Nación, Javier Milei, había proyectado para diputados e integrantes de su Gabinete la película, ayer el mandatario se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, donde resaltó que el film dejó en evidencia el “espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas”.

    Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como “argentinidad” que hace la obra de la duplaCohn-Duprat.

    “Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”, explicó el presidente.

    “Cuando uno ha tenido la suerte de haber leído el principio de revelación y entenderlo, debería agradecer por el espectáculo bizarro que hoy nos ofrecen los kukas y la progresía woke ante la película Homo Argentum. ¡Los muestra tal cual son!”, agregó Milei.

    El film de Cohn-Duprat-Francella generó críticas especialmente en redes sociales, donde usuarios -en algunos casos críticos de cine- remarcaron que los personajes centrales sintetizan en un argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”.

    En ese sentido, Milei aseguró que “les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son… casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

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  • Tras las falsedades de Milei, habrá paro de 24 horas en el Garrahan, festival en apoyo al hospital y «ñoqueada a lo Adorni»

     

    Este miércoles 25 las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas en reclamo de salario igual a la canasta familiar. También realizarán un festival solidario desde las 9.30 en la sede del principal hospital pediátrico del país (Combate de los Pozos 1881, CABA), del que participarán Peteco Carabajal, Baila La Chola, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap, entre otros artistas. Al mediodía habrá una «ñoqueada a lo Adorni», en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 realizarán un paro parcial de 7 a 14 y habrá una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan desmintió y repudió las falsedades dichas por Javier Milei al operador oficialista Esteban Trebucq, que ya habían sido difundidas por Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones, y su viceministra, Cecilia Loccisano. «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional», remarcan. Por ANRed.


    Continúa con fuerza el conflicto que mantienen las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país, que luchan por condiciones dignas de trabajo, salario igual a la canasta familiar, contra el desfinanciamiento de la salud pública y el intento de cierre de la institución.

    En ese marco, realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas y un festival solidario desde las 9.30 en la sede del hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA), para buscar visibilizar el apoyo social al Garrahan y denunciar los recortes presupuestarios y el plan de ajuste del gobierno.

    «El Hospital Garrahan se defiende con el corazón del pueblo y el arte en cada rincón. El Garrahan es más que un hospital: es símbolo de cuidado, de comunidad y de esperanza. Y vamos a dejar la piel por él», remarca la convocatoria, que también anuncia la participación en el festival de Peteco Carabajal, Baila La Chola, Rayo aka Big Buda + DJ Pato Smith + Villa Diamante, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap entre otros artistas.

     

     

    En ese marco, al mediodía realizarán una «ñoqueada a lo Adorni«, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14 y una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes.

     

     

    La medida de fuerza fue votada en asamblea por las y los trabajadores luego de que el presidente Javier Milei difundiera falsedades sobre el presupuesto del hospital pediátrico el pasado jueves 19 de junio de 2025 en el canal LN+, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq. «En sus declaraciones, el presidente repitió falsedades que ya habían sido difundidas por su vocero presidencial, Manuel Adorni, por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por su viceministra Cecilia Loccisano, y en comunicados de la red social X (ex Twitter) del Ministerio de Salud nacional y del Hospital Garrahan, que son mentira y que pueden verificarse con los mismos datos oficiales del propio Hospital Garrahan en https://www.garrahan.gov.ar/PDFS/Estadistica/Anuario_2024.pdf«, denunció en un comunicado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

    Milei había sostenido que su gobierno «aumentó 240% el presupuesto del Garrahan», que «el 70% del personal es administrativo» y que el hospital «fue usado para esconder militantes políticos». Además, negó la crisis salarial de la institución, cuestionó el régimen de residencias médicas y calificó de «basuras» a periodistas por cubrir el conflicto del hospital.

    Foto: Nicolas Solo ((i))

    «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional – expresaron desde la APyT – Por lo que exigimos una retractación inmediata del presidente de la Nación; que se transparente el presupuesto del hospital y se abran canales de diálogo reales; que se detengan las campañas de difamación contra el personal del Garrahan y los medios que informan con datos; y que se restituya el respeto por el trabajo de quienes día a día cuidan la salud de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. El Hospital Garrahan no se vacía en silencio. Se defiende con datos, con trabajo, con verdad y con la comunidad. El Garrahan ya es una causa nacional», sentencia la asociación.

    En la misma línea que la APyT, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, expresó: «el propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud», declaró.

    Foto: Nicolas Solo ((i))

    Lipcovich también denunció: «mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública», sentenció.

    En tanto, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, relató: «seguimos peleando por un urgente aumento de salarios para todas y todos y para frenar el vaciamiento que el gobierno está llevando adelante. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde ni las autoridades del hospital ni del ministerio se presentaron. No hubo ninguna propuesta. Una verdadera burla. Justo cuando se acaba de dar otro hito en el hospital, donde nuestros profesionales acaban de hacer una cirugía inédita a pesar de los salarios de pobreza de Milei».

    «También, creamos un fondo de lucha para poder amortiguar los descuentos que nos hace el gobierno y poder seguir la pelea«, agregó, en referencia al alias: garrahanenlucha.25

    Las mentiras de Milei, desmentidas punto por punto

    Compartimos la respuesta, punto por punto, de la APyT a cada una de las afirmaciones de Milei:

    ▶ 1. Sobre la composición del personal:

    Las cifras que utiliza el presidente son falsas, contradicen el anuario estadístico oficial del Hospital Garrahan de 2024, elaborado bajo la gestión del propio gobierno nacional. Según ese informe, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190 de 4.728) se desempeñan en funciones asistenciales, es decir, en contacto directo con los pacientes. El personal administrativo es de 473 personas, no 953 como afirmó anteriormente el vocero Adorni. De los datos oficiales también vemos que el personal asistencial incluye médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, trabajadores de salud mental, entre muchos otros.

    ▶ 2. Sobre el presupuesto:

    El gobierno nacional asegura que hubo un aumento presupuestario del 240%, sin transparentar los datos reales ni considerar que ese número no se tradujo en una mejora salarial ni en un aumento equitativo a la inflación para el funcionamiento del hospital. Por el contrario, desde diciembre de 2023 se registra una caída real del presupuesto del Garrahan, en un contexto de inflación acumulada en pesos del 310% (datos INDEC) de diciembre de 2023 a hoy, acompañado de una inédita inflación en dólares que golpea a todo insumo o maquinaria importada, que es muy significativo en el sector salud y sin actualización acorde al costo de funcionamiento de una institución de alta complejidad pediátrica nacional como es el Garrahan.

    ▶ 3. Sobre los salarios:

    El presidente cuestionó las comparaciones salariales realizadas por trabajadores del Garrahan, diciendo que “mintieron”. La realidad es que un profesional del hospital cobra en promedio por debajo de la canasta familiar actual de 1.800.000 pesos, muy por debajo de lo que se paga por hora en el sector privado (entre 11.000 y 27.000 pesos en el sector privado frente a los 6.000 del Garrahan). Este deterioro ha provocado más de 200 renuncias de profesionales en lo que va del año.

    ▶ 4. Sobre las residencias:

    Las declaraciones del presidente sobre el régimen de residencias médicas en Argentina y su comparación con otros países son, como mínimo, inexactas y estigmatizantes. Las residencias en el Garrahan son parte central del funcionamiento cotidiano del hospital. Las y los residentes no son empleados del hospital, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajan a jornada completa con ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida. Cuando comenzó el conflicto salarial de las y los residentes hace unas semanas, cobraban casi 800 mil pesos. Vale recordar que son médicos y médicas de los mejores promedios, y que no pueden vivir con eso. Luego, gracias a la gran repercusión nacional, recibieron una recomposición mínima e insuficiente, pero abandonaron las medidas de fuerza debido a amenazas del Gobierno, que hemos ya denunciado públicamente. Pero en la planta del Garrahan las medidas de fuerza siguen, nosotros no dependemos del Ministerio de Salud sino que somos empleados del hospital. Sí nos alcanzan los dictados de conciliación obligatoria, y la última fue declarada nula por los canales formales correspondientes, al llevarla adelante de manera totalmente irregular el gobierno nacional.

    ▶ 5. Sobre los ataques a la prensa:

    El periodismo en un 95% o más defendió y defiende la lucha por la subsistencia del Garrahan, tanto en medios chicos, medianos y grandes, los llamados “medios hegemónicos”.

    En LN+ este 19/6/2025 el presidente insultó a periodistas que informaron sobre este conflicto, llamándolos “basuras”, “delincuentes” e “impresentables”. Esta violencia verbal institucional es inadmisible y atenta contra la libertad de prensa. Rechazamos de forma categórica esta actitud, que intenta criminalizar la cobertura de una protesta legítima y basada en datos verificables.

     

    ▶ 6. Sobre la conducción del Hospital Garrahan:

    Desde el 10 de diciembre de 2023, el Hospital Garrahan es administrado por un Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, así como lo hace cada gobierno “de turno”. Al día de hoy, la gestión Milei ya designó dos ministros de Salud de la Nación, dos Consejos de Administración del Garrahan diferentes, y tres presidentes/as distintos, la última hace unos días. Y los datos oficiales que contradicen las declaraciones hace horas del presidente y antes de sus funcionarios, provienen de este mismo hospital, bajo la administración del propio gobierno nacional. Insólito, indignante, repudiable, denunciable.

    ▶ 7. 600 mil consultas por año.

    Nuestro hospital atiende 600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad. El 40% de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan. Es un centro de referencia también en trasplantes de órganos.

    ▶ 8. Autofinanciación (ley SAMIC)

    El Hospital Garrahan, además de su financiamiento estatal —80 % nacional y 20 % porteño—, cuenta con un importante componente de autofinanciamiento amparado por su régimen jurídico como hospital descentralizado bajo la Ley SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). A través de este mecanismo, el Garrahan cobra prestaciones a obras sociales, prepagas y mutuales por los servicios que presta a pacientes con cobertura privada. Este ingreso no es menor: refleja el reconocimiento que tiene la institución en todo el sistema de salud argentino, incluso entre prestadores privados. Gracias a la excelencia profesional y científica de su equipo de salud, integrado por médicos y médicas que han recibido premios nacionales e internacionales, el Garrahan se ha transformado en un centro de derivación incluso para clínicas privadas. Muchos casos complejos que no encuentran respuesta en los principales sanatorios del país terminan siendo atendidos en el Garrahan, lo que habla de su prestigio como institución de referencia en pediatría de alta complejidad. Este rol estratégico, sostenido por el compromiso del personal y la inversión en formación e infraestructura, es también una fuente genuina de ingresos que se reinvierte en el funcionamiento del hospital.

     

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  • Controlar al pueblo para entregar la patria: ¿qué dice el plan de inteligencia nacional libertario?

     

    El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática. La revista Crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia. Por Colectivo Editorial Crisis / Ilustraciones: Azul Blaseotto, Julieta Farfala y Nicolás Daniluk.


    Luego de la publicación de los fragmentos más significativos del Plan de Inteligencia Nacional 2025, cinco destacados especialistas en materia de seguimiento y control del espionaje estatal aportaron sus miradas críticas. El jurista Alberto Binder, presidente del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), centró su lectura en la reaparición del “infraestado mafioso”. El analista Juan Gabriel Tokatlian junto al ex canciller Rafael Bielsa examinaron con lupa “la dimensión internacional del PIN”. Mientras les integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky y Manuel Tufró, pusieron la lupa en las violaciones de derechos que nos ubican en un estado de “libertad vigilada”. El resultado es un dossier imperdible, que cuestiona los postulados del espionaje libertario y constituye un insumo de primer orden para que actúen aquellos contrapoderes que deberían ponerle límite a la prepotencia del gobierno de ultraderecha.

    El pasado 25 de mayo el periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. Fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene varios artículos de carácter inconstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática.

    En notas posteriores, el cronista del diario La Nación agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025 el Director General de Operaciones de la casa de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva, también secreta, en la que ordenó “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Por otra parte, a finales de octubre de 2024 varios legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron convocados a las oficinas de la SIDE para discutir el PIN y esa reunión “terminó mal”.

    La periodista Irina Hauser, del diario Página 12, informó sobre la existencia de un documento elaborado por la Comisión Bicameral donde se explicitan “las inconsistencias y peligros” del PIN y extiende una citación al actual titular del organismo de inteligencia estatal, Sergio Neiffert, para ofrecer las explicaciones del caso. El informe de la Bicameral también permanece oculto.

    La revista crisis accedió a una copia del Plan de Inteligencia Nacional 2025 y constató la gravedad que reviste, por lo que consideramos imprescindible dar a conocer los artículos que resultan contrarios a los intereses nacionales y la vigencia de la democracia.

    Arrodillamiento estratégico

    El PIN 2025 presenta las amenazas y oportunidades del denominado “Actor Nacional”, en una estructura compuesta por 10 Lineamientos Estratégicos (LE), que coinciden con otros tantos Objetivos Generales de Inteligencia (OGI), para cada uno de los cuales se despliegan diferentes Objetivos Particulares de Inteligencia (OPI). Por su parte, cada OPI se desagrega en varias Necesidades de Inteligencia (NI).

    El LE #1 se titula “Disputa de poder en el escenario de Política Exterior” y sus tres primeras NI son, desde nuestro punto de vista, las más intolerables pues conllevan la subordinación de la soberanía a manos de dos potencias genocidas.

     

     

    A partir de esta definición, el resto de las naciones y en particular las que forman parte de nuestra región pasan a ser consideradas amenazas, contradiciendo el más básico sentido común geopolítico.

    Vigilar al soberano

    El tercer Lineamiento Estratégico lleva por nombre “Poder integral de la Nación” y se refiere a las “amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicana, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes”. La primera observación tiene que ver con el término “factores de poder” de la Nación, que se repite varias veces sin que haya especificación alguna sobre a qué actores apunta.

    Nos detendremos en el primer Objetivo Particular de Inteligencia (OPI), que alude al “Orden Económico y Financiero” y se propone producir conocimiento sobre “la evolución de actores, hechos, factores y procesos con potencial impacto en la situación económica y financiera argentina”. Veamos las NI 03 y 11.

    No es muy difícil entrever que cualquier sujeto social que luche por sus derechos dentro de los marcos habituales de la conflictividad sindical o ciudadana, podrá ser considerado una amenaza y ser objeto de espionaje.

    Idéntico riesgo se observa en el OPI 3 del mismo LE, dedicado a vigilar “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios que pudieran afectar el desarrollo de la infraestructura estratégica nacional”.

    Si avanzamos hacia el OPI 5 de dicho Lineamiento Estratégico, que ordena seguir de cerca “la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática y la plena vigencia de los derechos constitucionales”, la inteligencia estatal se vuelca decididamente al accionar político, como leemos en las NI 02, 03 y 04.

    Dentro del mismo LE, la OPI 6 apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podrían ser organismos de derechos humanos e incluso las instancias jurídicas internacionales.

    En la misma línea, la NI 04.01.08.11 pone en el blanco a los promotores científicos que abogan por la conservación de la biodiversidad.

    El Lineamiento Estratégico 5 se ocupa de los “Recursos naturales estratégicos e incidencias en la Biósfera con efectos de interés nacional” y, con esa facilidad que tiene la ultraderecha para dar vuelta cualquier lógica, incluye entre las amenazas a las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios.

    Anarco autoritarismo

    El Lineamiento Estratégico #8 está dedicado al ítem “Terrorismo” y en su Objetivo Particular de Inteligencia 2 ingresa, si se tiene en cuenta el lugar de enunciación, a una zona delirante. Se trata de un gobierno autodenominado anarco-capitalista cuyo propósito explícito consiste en destruir al estado, pero cataloga como terrorista a los “actores cuyo propósito manifiesto sea promover la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada”. El peligro de criminalizar a una ideología de larga tradición resulta inadmisible.

    Hay otros pasajes de discutible legalidad, pero los hasta aquí expuestos son suficientes para evidenciar que estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional que abre las puertas al atropello, en consonancia con la vocación represiva de la administración Milei. Cuando el estado se escuda en el secreto para cometer actos inconstitucionales, el periodismo debe cumplir su función primera, que consiste en informar al soberano. El pueblo tiene que saber.

    El infraestado mafioso vuelve a la carga

    por Alberto M. Binder

    Hace varios años que sabemos que nuestro país debe reorganizar con audacia y profundidad el servicio de inteligencia, cuya construcción en el contexto de la guerra fría no pudo ser revertida durante los primeros años de la democracia. La Ley 25.520 no logró modificar sus bases culturales, y a partir del gobierno del presidente Menem comenzó a jugar el juego de otras agencias de inteligencia, provocando guetos, grupos descontrolados, operaciones judiciales y una serie de prácticas totalmente alejadas de la producción de la inteligencia estratégica propia de un país democrático, inserto en un mundo complejo, lleno de desafíos, riesgos y oportunidades. Esta situación fue aceptada por todos los gobiernos posteriores y no fueron problemas específicos de inteligencia, sino crisis internas o, más bien, la autonomía creciente de ciertos sectores del aparato respecto de la utilización política, las que provocaron en 2015 unas primeras reformas y un agravamiento, en tanto se aumentó el sesgo de la preocupación hacia fenómenos criminales propios también de los nuevos esquemas de seguridad internacional (como el narcoterrorismo).

    El gobierno de Alberto Fernández proclamó la necesidad de un cambio profundo y estructural, que llevó a la intervención del organismo y a la promesa del dictado de una nueva ley de inteligencia nacional, que nunca se presentó, y finalmente todo se fue diluyendo en temas menores y en la prórroga de las intervenciones. Quedó eso sí la prohibición absoluta de la intervención de los agentes de inteligencia como auxiliares de las investigaciones judiciales, práctica que había corrompido a la justicia federal y provocado graves distorsiones en muchos casos penales.

    La falta de fuerza, de claridad y la manipulación o el oportunismo de los últimos gobiernos impidió la reconstrucción del sistema de inteligencia y así llegamos a la situación actual en la que el gobierno, de un modo ilegal (por DNU) vuelve al modelo repudiado por casi la totalidad de la dirigencia política y los organismos dedicados al seguimiento y control de la inteligencia nacional, volviendo a sembrar de zonas grises y ambigüedades las actividades de inteligencia, investigación de delitos y prevención de actos graves.

    En este marco se conoce el plan Lineamientos Estratégicos del Esfuerzo de Inteligencia Nacional, realizado con una vaguedad y tosquedad que no deja de llamar la atención. Perfectamente se podría haber reducido toda la jerga “inteligentiosa” con una sola frase: “Anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar riesgos, amenazas y oportunidades materializados por actores y/o escenarios relevantes que afecten los intereses nacionales” y “producir conocimiento anticipatorio que favorezca esos intereses”. No constituye un plan estratégico realizar un listado de todo lo que debe hacer el sistema. Los efectos prácticos de los Lineamientos hubieran sido los mismos: ninguno para orientar el accionar de la Dirección y ninguno para facilitar el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Estamos ante un documento burocrático, falsamente profesional, lleno de terminología aparentemente importante, y que, además, produce un permanente solapamiento de los temas de la Inteligencia Militar con la Inteligencia Estratégica Nacional.

    Contrainteligencia extendida

    Frente a esto uno podría decir que no vale la pena prestarle demasiada atención porque, de hecho, estos Lineamientos o planes nunca han servido para nada y menos aun para que la sociedad puede ejercer un control. Pero contiene algunos signos que sí son preocupantes. Uno de ellos es la aparición del verbo “neutralizar” que no se corresponde con las actividades de inteligencia, que siempre implican la construcción de un sistema de alertas de distinto tipo pero nunca, acciones policiales de prevención o de represión, para las cuales tenemos divisiones especiales dentro de las fuerzas de seguridad federales, con sus propios sistemas de control, entre ellos el judicial.

    En segundo lugar, abre el peligrosísimo campo de la acción de sabotaje informativo, realizada por redes, medios masivos de comunicación, etc., copiando realidades que existen en otros países (normalmente en guerra o con conflictos análogos), pero que trasladado a nuestro país evoca una tradición de manipulación y persecución que nos debe poner en alerta. Este es el país del Proyecto X de Gendarmería, de la manipulación judicial por parte de los servicios de inteligencia, de la infiltración en movimientos sociales, de la fabricación de “terroristas indígenas” para ser presentados en los medios de comunicación, y tantos otros peligros extremos.

    Los lineamientos, que parecen típicos de una serie de espías, nos deben poner en alerta, para saber qué directivas de operaciones concretas se fundan en ellos y qué tipos de control interno y externo se irán desarrollando. Nada mejor para ocultar la discrecionalidad que realizar un plan que dice que se va a ocupar de todo, de un modo repetitivo, de tal manera que parece que hubiera un pensamiento complejo detrás del listado de obviedades. Una vez más, Contrainteligencia aparecerá como el lugar más apetecido porque es el que permite el trabajo permanente dentro del territorio nacional, no para desactivar el accionar de otros servicios de inteligencia, sino para proteger las instituciones y a los gobernantes, tareas que no son específicamente de contrainteligencia. Se trata del viejo departamento de acción política de las fuerzas federales, sólo que más subterráneo y provisto de recursos.

    En fin, no vale la pena detenerse más en el análisis del plan. El objeto central del cuestionamiento debe ser el decreto del Gobierno que ha restructurado ilegalmente al servicio de Inteligencia. Hacia allí deben orientarse las acciones institucionales de control y la Comisión Bicameral, que a lo largo de los años no sirvió de mucho, debe ser hoy interpelada permanentemente para tratar de mitigar los efectos de esta nueva central de comando del infraestado mafioso, que con astucia el gobierno reviste de un lenguaje banal y burocrático para esconder las verdaderas intenciones. Fortalecer las acciones de control de la sociedad, a través de las organizaciones específicas (por ejemplo, las que se nuclean en la Iniciativa Ciudadana para el control de los Servicios de Inteligencia), y una acción decidida de presión sobre la Bicameral de control del Parlamento son las acciones que debemos desarrollar con tenacidad y compromiso.

    Relaciones peligrosas: la dimensión internacional del PIN 2025

    por Rafael Bielsa y Juan Gabriel Tokatlian

    Desde la restauración de la democracia hasta hoy, ninguna autoridad civil argentina recibió información de inteligencia internacional que le haya resultado dirimente. Cuando fue solicitada, ha sido excepcional que la contestación excediera lo ya publicado en medios públicos. Cuando el pedido se realiza en el exterior lo más frecuente es que la réplica ni siquiera contenga información de personas de la nacionalidad del país en donde se la requirió (o que habiten en él). Esta comprobación hace que las autoridades civiles piensen que se trata de una colaboración improductiva o que los agentes de inteligencia obtienen información, analizan los datos y elaboran informes referidos a quienes hicieron el pedido y no sobre quienes era útil tener asesoramiento estratégico. Por ello, los subsidios por discapacidad o las mejoras para los jubilados que se discuten en el Congreso nacional perfectamente podrían ser financiados con una reducción en los fondos para la SIDE, si es verdad que lo que se busca es solvencia fiscal y eficiencia.

    El nuestro es un país con peculiaridades marcadas. Una economía fuertemente endeudada en moneda extranjera, prácticamente sin crédito externo, y con los bancos locales sin ofrecer préstamos en dólares porque las reservas propias están recortadas. Así, carecemos de un sistema de monedas capaz de eclipsar el riesgo de corridas y crisis de deudas.

    La comunidad asiste al aumento de las desigualdades vinculado con la precarización del trabajo (en el centro de la crisis de endeudamiento que se produjo en 2018 estuvo el cúmulo de los asalariados); con la atrofia del Estado de bienestar (la mejora del nivel de vida empieza por un cambio de los ingresos frente a los precios); y con la imposibilidad de ascenso social (insuficiencia de ingresos frente a las aspiraciones que, según lo muestran algunas encuestas, están presentes en la conciencia de los argentinos).

    Las debilidades en el funcionamiento de la democracia conviven con la incertidumbre sobre qué pasará con el trabajo a partir de la inteligencia artificial, o cómo cuajará el escenario de tensiones geopolíticas pronunciadas en el contexto internacional.

    En ese sentido, la Argentina necesita una política exterior que sea armónica con sus posibilidades y expectativas, y una inteligencia nacional coherente con ellas. Vive controversias que no puede evitar, sino que debe resolver: una de ellas son las Islas Malvinas y el Reino Unido. Otra, las tensiones diplomáticas con Irán relacionadas con el atentado a la AMIA. La generación de retos y bretes adicionales sería difícil de explicar.

    El Shin Bet, la agencia de espionaje interno de Israel, y la Lahav 433, una unidad de élite dentro de la Policía que se encarga de investigar delitos graves a nivel nacional, relataron que habían detenido a dos personas jóvenes. Reclutados como informantes de Irán en plataformas digitales dedicadas al swinging, los apresados habían adquirido cámaras de circuito cerrado de televisión y trataron de instalarlas frente a la entrada de la casa del ministro de Defensa. Pareciera haber una tendencia creciente de espionaje iraní en Israel, donde los servicios de inteligencia persas han identificado a ciertos grupos como objetivos potenciales. Los reclutados comparten características: dificultades financieras, falta de solidaridad, falta de cohesión y una menor identificación nacional.

    El contexto es el aumento de las tensiones en torno al programa nuclear iraní, que los líderes israelíes consideran una amenaza existencial, el aparente freno que Estados Unidos aplicó a un ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes, y la ejecución de Pedram Mdani, la segunda en 2025, acusado de “declarar la guerra a Dios” y de “corrupción en la tierra” por trabajar con el Mossad. Antes del arresto de los dos jóvenes, Israel aprisionó a dos reservistas de las Fuerzas de Defensa (IDF), acusados de enviar a Irán información sobre el sistema misilístico de defensa Iron Dome a cambio de un poco de dinero.

    Lo dicho es lo que pareciera haber. Lo que pareciera no haber, para los intereses fundamentales de nuestro país, son informes que establezcan qué es importante conocer de este entramado de episodios. Lo que obliga a analizar cuáles son los planes al respecto.

    Inteligencia unipolar

    El borrador del documento que contiene el Plan de Inteligencia Nacional (PIN 2025) del gobierno del presidente Javier Milei, divulgado en medios públicos, es una pieza relevante que merece un análisis profundo debido a su contenido y a las potenciales consecuencias internas y externas. Si se asume que el propósito doméstico del mandatario es reordenar por completo la política, la economía y la sociedad y, asimismo, replantear plenamente la política exterior y de defensa de la Argentina, entonces resulta consecuente que procure el rediseño sustancial de la inteligencia del país.

    En lo que hace específicamente al plano internacional el PIN 2025 no modifica sustantivamente el conjunto de asuntos y problemáticas que demandan atención, anticipación, seguimiento, monitoreo, ponderación, disuasión y neutralización. Por ejemplo, una sencilla comparación con el Plan de Inteligencia Nacional de 2015-2016 contribuye a identificar cierta continuidad: presencia militar extra-regional, recursos estratégicos naturales, ciberdefensa, terrorismo, criminalidad organizada, negocios ilícitos de diverso tipo, ciberseguridad, contrainteligencia, entre otros. A ello hay que sumar temas vitales en momentos en que se revalorizan los estrechos, archipiélagos, océanos y polos tales como, en el caso argentino, Magallanes, Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Con un lenguaje algo distinto a planes previos, sin embargo, se preserva la relevancia y gravitación de cuestiones esenciales para la seguridad y la defensa del país.

    No obstante, hay una materia donde se manifiesta un cambio primordial e inédito. El documento afirma en su Lineamiento Estratégico N° 1, en el marco geopolítico vigente, la centralidad de lo que sigue: a) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el relacionamiento estratégico con Estados Unidos de América”; b) “Situaciones, actores, hechos o circunstancias que impidan, limiten o condicionen el normal relacionamiento estratégico con Israel”; y c) “Posibles escenarios de conflicto para el Actor Nacional, derivados del afianzamiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos de América e Israel”. Subsiguientemente, se señala lo que debiera ser el análisis de “posicionamientos” y “conductas” de los entornos europeo, asiático y latinoamericano “respecto del alineamiento estratégico del Gobierno Nacional”. Todo es meridiano; no hay lugar para la confusión.

    Es inusitado que en un plan de inteligencia se explicite categóricamente el tipo y alcance de vínculo internacional que tendrá el país. Es un anuncio hacia la burocracia interna en el campo de la diplomacia, la defensa y la seguridad, así como hacia las contrapartes mundiales de diverso orden que, básicamente, la Argentina tiene un “relacionamiento estratégico” solo con dos países. Las otras 191 naciones de Naciones Unidas parecen intrascendentes, insignificantes o incómodas. Argentina padece un largo proceso de declive, es muy vulnerable, está políticamente fragmentada, ha perdido cohesión social y carece de capacidades materiales y militares potentes y autosuficientes como para optar por alinearse solamente con Washington y Tel Aviv en un mundo que ha dejado de ser incierto para tornarse peligroso.

    Desinteligencia estratégica

    A su turno, ese principio de abrazarse a dos países en materia de inteligencia es confuso. ¿Significa que solo se vinculará el sistema de inteligencia nacional a esas dos naciones? ¿El resto del universo será objeto de evaluación por sus “posicionamientos” y “conductas” con relación al “alineamiento estratégico” que optó la administración de La Libertad Avanza (LLA)? El artículo 13, inciso 4 de la Ley de Inteligencia Nacional dice que la agencia encargada de las labores de inteligencia tiene como misión “dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados”. Esto implica que es prioritario tener vínculos con el mayor número posible de contra-partes de acuerdo con los objetivos y necesidades del país. ¿Resulta productivo o improductivo para la Argentina desplegar más nexos y mejores contactos en el área de inteligencia con las naciones vecinas y de América Latina en la medida que se comparten retos y dificultades bastante semejantes? En el PIN 2025 no se mencionan las palabras cooperación y colaboración: únicamente pareciera ser útil y primordial el lazo con dos países y el reforzamiento de un plegamiento in toto a ambos que de ninguna manera se justifica o explica en el documento. Es llamativo que a la persistente y pertinente invocación de la defensa del interés nacional jamás se la fundamenta: ¿la opción elegida refuerza o debilita tal interés? Además, ¿qué significa, en el fondo, el “relacionamiento estratégico” con solo dos países en las actuales circunstancias políticas de cada uno de ellos? ¿La Argentina emprenderá tareas o asumirá compromisos para respaldar enteramente a los gobiernos de turno en ambos casos, así debiliten los pilares del derecho internacional y de las instituciones correspondientes?Junto a este notorio viraje en el ámbito de la inteligencia, el documento tiene problemas serios que se derivan, en buena medida, de su sesgo dogmático. Por ejemplo, con justificada razón se manifiesta una inquietud respecto a las acciones, alianzas, despliegues y avances del Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Ahora bien, el debilitamiento de la posición de la Argentina obedece cada día más a lo que dice y hace Buenos Aires. El gobierno de Milei rechazó la invitación a ser parte de BRICS, no tiene interés alguno en las resoluciones y las citas de CELAC y vota consistentemente contra asuntos sobre Palestina granjeándose el malestar de naciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). En su conjunto, BRICS original, CELAC y OCI suman 93 países de los 193 de la ONU. En general, las posiciones bilaterales y multilaterales de LLA alienan a gobiernos que no alcanzan a entender si son considerados oponentes, antipáticos o insufribles para la Casa Rosada. Y todo ello le viene de perillas al Reino Unido.Más todavía, la adhesión sin límites a los hábitos de estadounidenses e israelíes en materia de inteligencia podría conspirar contra la reivindicación de la política exterior argentina consistente en la recuperación pacífica del territorio insular ocupado por el Reino Unido. El reclamo por las Islas Malvinas, Sándwich y Georgias del Sur podría, eventualmente, no ser ratificado por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ni por la Asamblea General de la OEA, como ya ocurrió en la cumbre de MERCOSUR de julio de 2024 y la cumbre de la CELAC de 2025.

    El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24), está compuesto por 29 países miembros, entre otros Bolivia, Chile, China, Cuba, Irán, Rusia, Siria y Venezuela; Uruguay participa como observador, al igual que España. ¿Qué opina nuestra inteligencia de las relaciones con esos países a los fines del tema Malvinas?También por motivos justificados el PIN 2025 se propone “producir conocimiento anticipatorio y desarrollar el seguimiento sobre la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios con potencial impacto negativo” sobre la democracia en el país. Uno de los fenómenos más preocupantes en ese frente lo constituye los dichos y las acciones del gobierno del presidente Donald Trump y el auge de una extrema derecha antisistema democrático en Estados Unidos, país identificado como el más importante para el “relacionamiento estratégico” de la Argentina. El país se está alineando activa y visiblemente con una de las principales fuentes del deterioro de la democracia en Occidente.

    Adicionalmente, el documento destaca la preocupación por los “actores, hechos o circunstancias que influyen en el debilitamiento de la confianza en las autoridades sanitarias, el conocimiento científico del área y/o eficacia de ciencia aplicada en la jurisdicción nacional”, así como por todo aquello que genere “angustia en la población” respecto a la “propagación de enfermedades, considerando el espectro desde la vacunación hasta el tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas”. En realidad, el “debilitamiento” social proviene de las políticas internas de salud de la administración, así como de la no suscripción del llamado tratado internacional contra la pandemia de mayo de este año y el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

    Cortarse solos

    En breve, estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional extravagante. Se le anuncia a la comunidad internacional y se ordena a los funcionarios locales que la Argentina se alineará abiertamente con dos naciones, y que ese es su propósito vital en tanto se entiende que así se defiende, a plenitud, el interés nacional del país. Nada indica la existencia de un diagnóstico sesudo y equilibrado sobre el estado real del mundo en medio de una turbulencia global que ya no es fuente de incertidumbre sino motivo de peligrosidad. No pareciera existir motivación política alguna para estimular una mayor cooperación regional en el frente de la inteligencia, ni un reconocimiento del valor de América Latina en tantos y distintos vínculos que históricamente ha tenido el país. Pareciera que la Argentina fuese hoy una nación en auge y con capacidades formidables que se puede “cortar sola” en política exterior, en defensa y en inteligencia; una presunción que puede resultar muy costosa para el país en un futuro no muy distante.

    La libertad vigilada

    por Paula Litvachky y Manuel Tufró – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

    El Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN) se conoció de manera fragmentaria a partir de publicaciones periodísticas. La lectura de esos fragmentos alcanza para entender que el nivel de secreto que lo rodeó (y que solo se quebró por la lógica de la filtración a la prensa) tiene que ver con su carácter inconfesable. En pocas ocasiones los planes de inteligencia se hicieron públicos, y por lo tanto se pudo discutir su doctrina, prioridades y contenidos. Hoy tampoco conocemos la política nacional de inteligencia que define el presidente. La decisión de no hacerla pública responde a diversos objetivos: no discutirla, no rendir cuentas, ocultar su orientación. Y que para hacerlo se tensionan o directamente se transgreden la Ley de Inteligencia y la Constitución. Usar al sistema de inteligencia para hacer política es incompatible con la vida democrática.

    La inclusión de determinados fenómenos o asuntos en la lista de temas de interés implica que se los considera un riesgo o una amenaza para la defensa nacional, la seguridad interior o, desde la última reforma por decreto de necesidad y urgencia de Milei, para los intereses estratégicos de la nación. Este PIN maximiza la intervención de la SIDE para la defensa del interés nacional, definido de una manera tan vaga que permite incluir cuestiones defensivo militares o criminales, pero también ordenar tareas de recolección de información en casi cualquier área de gobierno. Además, cuando entre esos asuntos se incluyen las manifestaciones públicas, la conflictividad social, el ambientalismo, o la imagen pública de los funcionarios y de las políticas de gobierno, queda claro que esos “riesgos” no se están evaluando desde el punto de vista de la protección de la sociedad y del orden constitucional, sino más bien en función de la reinstauración explícita de la lógica de la seguridad del Estado y del uso del aparato de inteligencia para la defensa de un programa político específico: el libertario, que venía a destruir el Estado pero que usa sus herramientas más duras para blindarse de críticas, a través de la vigilancia e intimidación de quienes piensan diferente.

    Espionaje y propaganda

    Una parte sustancial de los objetivos y necesidades de inteligencia incluidos en lo que se conoce del PIN ponen a la estructura de inteligencia a vigilar, analizar y caracterizar distintos aspectos de la conversación pública, es decir, medios de comunicación, plataformas, redes sociales. Espacios en los que se ejerce una libertad de expresión que, para la SIDE, empieza a tener contornos de amenaza cuando haya mensajes que “promuevan la conflictividad” (01.01.08.06), la táctica más utilizada por todos los sectores políticos (incluidos los libertarios) en los últimos años; o cuando las críticas apunten contra el sistema financiero (a “erosionar la confianza” en las instituciones económicas, 02.01.03.01), e incluso cuando se denuncien situaciones ligadas a grandes empresas (mensajes que “erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en territorio nacional”, 02.01.03.05).

    ¿Quiénes son los actores alcanzados por esta vigilancia de la opinión? Se utilizan diferentes fórmulas. Por ejemplo, “actores de interés” o “actores estratégicos”, tan amplia que habilita operaciones de todo tipo, en tanto no se establecen criterios para delimitar qué es lo que hace que un actor sea “de interés” o “estratégico”. Esta fórmula es especialmente grave en tanto incluye también a “actores no estatales” (01.01.08.01). Se habla también de actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas (02.01.01.02) o de actores que promocionen la fragmentación social o el uso de la violencia para la resolución de conflictos (02.01.02.02) o la desestabilización institucional (02.01.01.03).

    La presencia de todas estas formas ambiguas (¿qué es manipulación, qué es violencia, desestabilización, qué es erosión de imagen?) deja en manos de los propios funcionarios de la SIDE la definición concreta y operativa de quiénes encarnan estas amenazas que se expresan en la comunicación pública, es decir, en narrativas. Se habilita así la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, periodistas, artistas y cualquier voz crítica.

    En el aspecto comunicacional la SIDE se arroga funciones que deberían tener otras áreas del Estado, incluidos los medios públicos que fueron desmantelados, y que están expresamente prohibidas por la ley de inteligencia. El “Objetivo Particular de Inteligencia N.9” ordena producir conocimiento para apoyar la formulación de mensajes y evaluar la efectividad de la comunicación estratégica oficial. Esto implica armar un aparato secreto de propaganda para, entre otras cosas, identificar y segmentar audiencias (01.01.09.01), identificar aliados o adversarios de la propia narrativa (01.01.09.03) y analizar el impacto de la comunicación oficial (01.01.09.05 y 01.01.09.07). Este tipo de acciones está prohibido por la ley de inteligencia, en su art. 4 inciso 3, que señala que ningún organismo de inteligencia podrá influir en cualquier modo en la situación del país, ni en la opinión pública, personas o medios de difusión.

    Cuando el año pasado la revista crisis publicó la investigación del Equipo de Investigación Política (EDIPO) sobre las milicias digitales de la ultraderecha y su funcionamiento convergente con las estrategias comunicacionales del gobierno en el doxeo y hostigamiento a periodistas y activistas, sobrevolaron las sospechas sobre un financiamiento estatal y encubierto de esos trollcenters. El aumento desmedido de fondos reservados para la SIDE apuntaló estas sospechas. Hoy hay un PIN cuyas órdenes parecen reflejar la incorporación de estas prácticas a la estrategia general de la inteligencia nacional.

    El extractivismo en el centro

    A esta altura no es novedad que para este gobierno las expresiones de la conflictividad social como manifestaciones o huelgas, lejos de ser aspectos básicos de la democracia, son situaciones cuasidelictivas que hay que impedir, desalentar, perseguir y/o castigar. Para ello establecieron una normativa de bajo rango que habilita a las fuerzas de seguridad a atacar a manifestantes cuando el gobierno lo considere conveniente. Y aprietan al poder judicial para alinearlo con esa perspectiva. El PIN coloca una pieza más en esa maquinaria, pero especialmente preocupante porque implica habilitar prácticas de espionaje sobre organizaciones sociales y políticas, movilizaciones y otras formas de protesta. Hace años que se busca desactivar la organización y el dispositivo de movilizaciones con prácticas de inteligencia política ilegal. Ahora hay un plan estratégico que las promueve en violación directa de la ley de inteligencia nacional que en el artículo 4.2 prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de sus opiniones políticas, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales, o por sus actividades lícitas en esos espacios. O de su artículo 4.3 que prohíbe que el sistema de inteligencia influya de cualquier modo en la situación política y económica del país.

    Una parte de la vigilancia sobre la conflictividad responde al ya mencionado objetivo de poner al aparato de inteligencia a intervenir sobre los obstáculos que pudieran presentarse al plan de reprimarización de la economía. La “matriz productiva” y la “infraestructura” ya habían sido identificadas como bienes a proteger por el Ministerio de Seguridad en diversas resoluciones del año pasado. El PIN ordena al sistema de inteligencia vigilar a los actores y comportamientos con “potencial impacto en la matriz-económico-productiva de la Nación” (03.01.01.03) y que supongan riesgos para el “normal funcionamiento y desarrollo integral de la Nación” (03.01.03.01). También se pone como prioridad monitorear las posibles consecuencias del plan económico, como los riesgos derivados de la apertura económica, que serían oportunidad para que intervengan “actores disfuncionales al interés nacional” (03.01.01.11), y las dinámicas de pobreza, desigualdad y desocupación, caracterizadas como “riesgos para el desarrollo integral de la Nación” (03.01.02.02).

    La centralidad del extractivismo en este proyecto político pone a la SIDE y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad (DNIC) a enfocarse especialmente en hacer seguimiento de la conflictividad socioambiental y vigilar al activismo ambientalista y los pueblos indígenas que motorizan la resistencia a estos intereses económicos. La mirada está puesta en situaciones y actores que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos (05.01.01.02), que “deriven en situaciones de conflictividad social” e incidan en la disponibilidad de recursos naturales (05.01.04.02) y más específicamente en los “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas”, con capacidad de incidencia política y/o de obstruir proyectos extractivos (05.01.03.03). Se ordena a la inteligencia criminal trabajar también sobre la posible “obstrucción” de proyectos extractivos por parte de grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados, es decir, comunidades indígenas (05.01.04.04), habilitando el tipo de inteligencia ilegal que ya se registró en episodios anteriores contra el pueblo mapuche, por ejemplo. También incorpora como objetivo el seguimiento de las instancias internacionales (sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada) que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad” (05.01.03.01). Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional” (05.01.03.01).

    Una tercera línea que habilita la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales se enmarca en la hipótesis de que existen “amenazas para la gobernabilidad democrática y el orden constitucional” (03.01.05.02) y “tendencias de radicalización política” (03.01.05.04) a las que hay que monitorear. La vaguedad de estas fórmulas implica que hay que buscar en otras medidas o declaraciones de funcionarios las claves para entender cuáles podrían ser, para el gobierno, esas amenazas y procesos de radicalización. Durante el año pasado ese tipo de calificativos se utilizó para hablar de manifestantes, de grupos “anarquistas” o “antifascistas”, y de cualquiera que esbozara una resistencia a la violencia policial desplegada de manera sostenida en el espacio público. Sabemos que estos dos objetivos ya están siendo cumplidos, a partir de otra “filtración”, en este caso de una directiva firmada por Diego Kravetz, en la que ordena a la SIDE y al Ministerio de Seguridad (DNIC) vigilar y producir informes sobre “actores locales” que impliquen riesgos para el orden constitucional y la gobernabilidad democrática y sobre la “radicalización política y violencia extrema”.

    Otras “necesidades de inteligencia” incluidas en el PIN implican directamente la vigilancia de las protestas sociales. Encuadradas en la línea estratégica de “terrorismo” aparecen órdenes de realizar inteligencia en “actividades y/o manifestaciones en vía pública y/u otros ámbitos de asistencia masiva, que pudieran ser blancos de oportunidad” de la acción de grupos catalogados por el gobierno como terroristas (08.01.02.03). Por supuesto que la clave aquí está en los criterios que se utilizan para hacer esa evaluación. En un gobierno que catalogó como “terroristas” a personas que manifestaban frente al Congreso o a comunidades indígenas que reclaman sus tierras, esta orden es una carta blanca para espiar cualquier protesta social.

    Terrorismo sin bordes

    Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se fue consolidando una arquitectura global para la lucha contra el terrorismo que naturalizó altos niveles de secreto y la posibilidad de violar derechos y garantías de las personas sospechadas. Por estas y otras razones, el uso de las categorías “terrorismo” y “terrorista” se fue ampliando, en la medida en que resulta útil para aquellos regímenes que quieren estigmatizar, criminalizar y desarticular a la disidencia política sin tener que rendir cuentas. Desde diciembre de 2023 Argentina se inscribe en este grupo de países, usando la categoría “terrorista” para designar a una amplia variedad de fenómenos y organizaciones, desde el narcomenudeo hasta pueblos indígenas, pasando, como ya se mencionó, por las personas que participan de manifestaciones, huelgas y otras formas de protesta social.

    El PIN se inscribe en esta misma lógica. El objetivo de producir información sobre presuntas actividades terroristas (probablemente una de las misiones centrales de una agencia nacional de inteligencia) se derrama sobre actividades y sujetos que quedan bajo vigilancia por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos, incurriendo en las prohibiciones que establece la ley de inteligencia (art. 4 inc. 2).

    Las hipótesis de terrorismo que plantea el PIN son cuatro, y el problema es que en todos los casos se establece una especie de continuidad entre protesta, acción directa, violencia y terrorismo. En todos los supuestos se habilita, como ya se mencionó, la vigilancia de manifestaciones públicas u otras formas de protesta que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. También se ordena monitorear (o infiltrarse) en conflictos sociales, en aquellas “demandas legítimas” dirigidas al Estado que pudieran ser afectadas por la “injerencia” de terroristas. (08.01.02.09). En todas las hipótesis se avanza además en la confusión entre terrorismo y crimen organizado, siguiendo la matriz ya planteada en varias intervenciones del gobierno en 2024 y también por el gobierno de EEUU.

    En la primera hipótesis, vinculada a las “actividades de extremismo religioso” (eufemismo por terrorismo islámico), se ordena vigilar posibles conexiones locales de organizaciones terroristas, y se considera el “posible impacto en diásporas como entornos de blancos terrorista” (08.01.01.02), es decir, las comunidades musulmanas puede ser objeto de vigilancia. Esto ya generó problemas por el seguimiento inútil para la prevención de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994 que hizo la SIDE de la comunidad islámica en argentina y con los “falsos positivos” de los operativos promovidos por Patricia Bullrich en estos últimos años. Hay otro problema con esta primera hipótesis: la SIDE involucra aquí a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), con lo cual los militares comienzan a participar en actividades de inteligencia externa e interna. El fundamento de esto es la intencional y persistente confusión que el gobierno promueve entre temas “internacionales” y cuestiones de “defensa nacional”, sin importar si se trata de una amenaza de tipo militar o no.

    La segunda hipótesis son las actividades terroristas “de raigambre anarquista”, instancia en la que involucra a la inteligencia criminal. Como esto no tiene ningún referente empírico, hay que tratar de adivinar a qué se refiere la SIDE cuando habla de vigilar a “los principales grupos anarquistas a nivel global” (08.01.02.01) o los espacios geográficos “pasibles de ser utilizados para (…) actividades de formación y capacitación en técnicas anarquistas” (08.01.02.02). Por supuesto que todo depende aquí de cómo va a utilizar la SIDE la categoría “anarquista”, pero en cualquier caso se trata de una clara persecución ideológica, ya que el mero hecho de expresar ideas anarquistas o integrar grupos autodenominados o catalogados de esa manera implica ser sospechado de terrorismo y entrar en la lista de vigilancia.

    Algo similar ocurre con la tercera hipótesis, la que ordena monitorear las actividades que respondan a “ideología exacerbada”, lo que incluye la “intimidación pública” (viejo delito que en los últimos años fue arrastrado al campo semántico del terrorismo) para impulsar “propósitos ideológicos extremistas”. Se incluyen aquí cuestiones como el “nacionalismo excluyente”, el racismo, o cualquier forma de intolerancia (08.01.03.01). Salta a la vista que, si se cumplieran a la letra estas órdenes, las milicias del propio gobierno deberían estar entre los primeros vigilados. Pero más allá de ello, otra vez aparecen unos términos de enorme amplitud, sin definiciones sobre lo que se entiende por “exacerbado” o ”extremo”.

    El último supuesto tampoco tiene un correlato en la realidad, pero resulta mucho más fácil interpretar a dónde apunta la SIDE ya que se trata de una caracterización que viene siendo instalada por distintos actores políticos y mediáticos en los últimos años. La hipótesis es la de actividades terroristas ligadas a “expresiones organizadas tendientes a incentivar acciones separatistas, contra el Estado Nacional, afectando su cohesión territorial” (08.01.04.01). Si bien no existe en la Argentina ningún movimiento separatista, la acusación de “atentar contra la unidad y soberanía del Estado” fue una y otra vez endilgada a comunidades indígenas, en especial mapuche, que reclaman que se cumpla la Constitución Nacional y se les reconozcan sus tierras ancestrales. Encuadrar estas reivindicaciones como terrorismo separatista habilita que el Estado haga inteligencia ilegal contra estas comunidades, como ya se registró en varias oportunidades, en especial entre 2016 y 2018.

    En todos estos puntos las partes del PIN que pudimos conocer son manifiestamente ilegales y lo dejan atado a la defensa del Estado y del proyecto político libertario. La reforma de todo el sistema de inteligencia por decreto sin debate político, sin que pase por el Congreso Nacional, se llena de contenido con estas definiciones político estratégicas del gobierno nacional.

    Fuente: https://informes.revistacrisis.com.ar/controlar-al-pueblo-para-entregar-la-patria/

     

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