Allanaron Comarsa: tomaron muestras de los residuos que se trasladarán a Añelo

 

Fotos: Emiliano Ortiz.

La fiscalía de Delitos Ambientales realizó un allanamiento en el predio del basurero petrolero Comarsa del Parque Industrial de Neuquén. El traslado de los residuos tóxicos desde allí hacia Añelo, acordado en 2024 entre la empresa y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, permite ahora acceder a otras superficies en las que tomar las nuevas muestras. El procedimiento se concretó en el contexto de la causa contra el dueño y dos ejecutivos de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta y tuvo como objetivo tomar esas muestras y secuestrar documentación sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos. La gran cantidad de residuos de la explotación de Vaca Muerta sigue siendo un problema irresuelto para la provincia. Por OPSur.


“Ya en 2023 y 2024 se había allanado a Comarsa con el fin de tomar muestras de suelo en el predio. Pero el alcance fue acotado por la enorme cantidad de residuos en el lugar, lo que imposibilitó el acceso a determinados sectores”, dijo el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid en relación al motivo de este nuevo ingreso.

Según el querellante Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “lejos de ser un asunto resuelto como pretenden las autoridades políticas de Neuquén, este allanamiento refuerza las medidas de investigación”. Colombo explicó que es el quinto allanamiento a la empresa, y que se concreta “junto a muchas otras medidas que ratifican que Comarsa cometió delitos de contaminación, usurpación de tierras públicas y un fraude millonario escandaloso a lo largo de más de 10 años. Todo en el contexto de la gestión de la basura petrolera del fracking de Vaca Muerta”.

Fotos: Emiliano Ortiz.

Por fuera de la causa judicial, en octubre de 2024 Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente trasladar los residuos ubicados en Neuquén a la planta de disposición final de Indarsa en Añelo en un plazo de 24 meses. Según el convenio, la empresa no trasladaría los 31.000 m³ de residuos en biopilas pero retiraría los 210.000 m³ acopiados. Con ese objetivo, se pautó la obligación de retirar 17.500 m³ por bimestre. Entre enero y febrero de este año, cuando comenzó a concretarse el convenio, la compañía movió 11.500 m3. Es decir, solo el 65% de lo acordado.

Al día de hoy, no hay información pública que permita saber si Comarsa cumplió con los volúmenes establecidos para el segundo bimestre. La Secretaría de Ambiente no publicó informes actualizados ni respondió los pedidos de información realizados por la Fiscalía y las querellas sobre las cantidades transportadas y qué tipo de análisis se les realizó. Tampoco se conoce si se iniciaron sanciones por el incumplimiento anterior de la empresa.

Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa.

Fuente: https://opsur.org.ar/2025/06/11/allanaron-comarsa-tomaron-muestras-del-suelo-que-esta-siendo-trasladado-a-anelo/

 

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    Según Bullrich, con estas reformas el Gobierno consolida su principio de “orden y justicia”, reflejado en su lema: “El que las hace, las paga”.

    Bullrich explicó que la actualización del Código Penal pretende modernizar las leyes y enfrentar de manera más efectiva los delitos violentos, los robos y las situaciones de impunidad. En comparación con la normativa actual, aseguró que el nuevo texto es un «código fuerte», ya que actualmente «el 87% de los delitos son excarcelables”. La senadora subrayó que el objetivo central es poner fin a la sensación de que el crimen no tiene consecuencias reales.

    Reforma con ley antimafia y castigos perpetuos

    Durante una entrevista con La Nación, Bullrich detalló que la reforma unifica distintas leyes y parches previos, incorporando además instrumentos como la ley antimafia. Indicó que se busca “terminar con la impunidad de quienes cometen delitos y no pagan por ellos”. Entre los cambios más relevantes, mencionó la inclusión de la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, lo que permitirá juzgarlos sin importar el tiempo transcurrido.

    Finalmente, Bullrich resaltó que el nuevo Código Penal elevará significativamente las penas para los crímenes contra la vida. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un mínimo de treinta años de prisión, con castigos aún más severos para los agravados. Con esta reforma, afirmó, el Gobierno pretende poner fin a la idea de que “robar o delinquir no tiene consecuencias”, reafirmando el compromiso con un sistema judicial más estricto y efectivo.

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  • Lanzan campaña para impulsar Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria

     

    El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes lanzaron una campaña para juntar un millón de firmas para que el Congreso Nacional trate el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Cualquier persona lo puede firmar. El proyecto apunta a recomposición salarial; convocatoria a paritarias; garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal; crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país; ampliar las becas; y que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). Por ANRed.


    La idea es llegar al millón de firmas. Para leer el proyecto y adherir a la presentación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios docentes y no docentes, y así apoyar la defensa de la universidad pública, se puede acceder aquí: https://acortar.link/fXtP5d.

    También impulsan la iniciativa Universidad Pública Argentina, Conadu y Conadu Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), CTERA, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

    Con el fin de «garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina», centralmente, el proyecto apunta a:

    ▶ Recomposición salarial: «convocar a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente ley», señala. «Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente», agrega.

    ▶ Convocatoria a paritarias: «convocar a paritarias a las representaciones sindicales docente y no docente del sector universitario con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadoras y trabajadores».

    ▶ Garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas: en este punto, el proyecto centraliza en garantizar la asistencia financiera para «el funcionamiento universitario», «hospitales universitarios”, el «fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades» y de la «actividad de extensión universitaria».

    Foto: La Capital.

    ▶ Financiamiento mensual para el desarrollo de la educación superior con fondos provenientes de la Coparticipación Federal: «el Poder Ejecutivo Nacional transferirá mensualmente lo ingresado según el inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 “Coparticipación federal de recursos federales” al programa 26 de “Desarrollo de la Educación Superior”, del servicio 330 “Secretaría de Educación” de la subjurisdicción 4 “Secretaría de Educación” de la jurisdicción 88 Ministerio de Capital Humano, la “Proporción Universitaria”. Esta “Proporción Universitaria” se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación teniendo como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales y, como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia al artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23.548/88 de coparticipación federal, fondos nacionales provenientes de la coparticipación, sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la misma ley establece», detalla el artículo 6° de la iniciativa.

    ▶ Crear un fondo anual para carreras estratégicas para el desarrollo del país: «créase un fondo anual de$ 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos) actualizable anualmente por la variación del IPC informado por el INDEC, con el fin de generar y/o incrementar carreras con vacancia que se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para la aplicación y gestión de la inteligencia artificial», propone el proyecto. Y especifica: «el fondo será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias o el organismo que la reemplace en el futuro, con acuerdo expreso del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se destinará a nuevas carreras, al desarrollo de investigaciones, a convenios con universidades de otros países y a becas para estudiantes de esas áreas».

    Imagen: archivo Protesta contra el ajuste presupuestario en las universidades públicas de Argentina, convocada en Buenos Aires el 2 de octubre de 2024.

    ▶ Ampliar las becas: «encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional la ampliación anual y progresiva del monto y el número de personas beneficiarias de las becas estudiantiles para las instituciones universitarias públicas».

    ▶ Que el presupuesto destinado a la educación universitaria se incremente progresivamente hasta alcanzar, en 2031, una participación mínima del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

    Leer el proyecto completo

     

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  • Esquel: condenan a un padre por pegarle con un cinturón a su hijo

     

    En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.

    Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

    La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.

    Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

    La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.

    El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.

    La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.

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