Se viene una semana de movilizaciones globales y locales por Palestina

 

El viernes 6 de junio dirigentes de Suteba Tigre fueron notificados de su judicialización por el juez Alfredo Wagner a raíz de una “denuncia maliciosa” de funcionarios de la Dirección General De Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires. En charla con Alfredo Cáceres, referente del sindicato, nos comentó sobre las falsas denuncias que recibieron y las acciones a llevar a cabo por la seccional “para responder a esta ofensiva judicial de la patronal”. Por Ernestina Arias. 

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“En la escalada represiva y autoritaria que estamos viviendo en el país, replicada por la DGCyE, que no cesa de desconocer el libre ejercicio de la actividad sindical, los cuadros intermedios de DGCyE optan por judicializar al SUTEBA TIGRE y en particular a María Elisa Salgado, secretaria general, Marina Lascano Warnes, Secretaria de Formación Político Sindical, y Alfredo Cáceres Vocal Titular, de este sindicato. Sin más, esto implica que nuestres compañeres puedan ser detenides ejerciendo su representación sindical o la defensa de docentes del distrito o en sus tareas laborales cotidianas, es decir, obstaculizan el ejercicio de la representación sindical”. De esta forma comienza a denunciar el sindicato de trabajadores de la educación Suteba Tigre en un comunicado emitido el mismo día que recibieron las notificaciones.

En conversación con Alfredo Cáceres, nos explica de qué se trata esa acusación. “Una inspectora del distrito de Tigre nos denuncia, argumentando hechos que tienen que ver con nuestra intervención sindical, como nombrarla, denunciar sus intervenciones, atropellos y demás. Fue alguien que llegó con el macrismo, de una manera como mínimo bastante dudosa, pero más allá de eso su irrupción como inspectora fue ser parte de la persecución desatada contra unos 500 inspectores en aquella época que hizo el macrismo para callar a las escuelas después del estallido de la escuela 49 de Moreno. Y bueno, entonces desde ese lugar arremete con una denuncia penal que el juez Wagner lo que hace es transformarla en una perimetral aunque no se declara competente sino que lo remite al fuero contencioso administrativo o sea que se lava las manos pero deja la medida cautelar de la perimetral. Con lo cual, técnicamente, si nos cruzáramos en una escuela o en la vía pública o en nuestro lugar de trabajo, o ejerciendo el rol de dirigentes, acompañando una intervención en la jefatura o en cualquier otro ámbito, podríamos ser detenidos, porque estaríamos violando la perimetral. Así que concretamente se transforma en un ataque de esta naturaleza”.

Desde el sindicato afirman que “esta ofensiva judicial contra representantes de trabajadores de la educación no es la primera vez que ocurre y pareciera estar completamente avalada por la DGCyE que no ha dado respuesta a ninguna de las presentaciones formales que se han realizado por el sindicato.”

A partir del momento que difundieron la situación empezaron a recibir la solidaridad de la docencia y organizaciones de zona  norte, las cuales siguen recibiendo en sus redes sociales.

“Las campañas reaccionarias que buscan demonizar a les trabajadores acusando de violentes a quienes defiende los derechos de la clase trabajadora abonan la judicialización de nuestras organizaciones”, enuncian en el comunicado y prosiguen “hacemos responsables de la integridad de nuestres compañeres a las autoridades regionales y distritales, Amelia Bressan y Gloria Zingoni, y al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni”.

Finalizan el texto con la convocatoria a asambleas para resolver acciones directas para responder a esta “ofensiva judicial de la patronal”.

Redes sociales

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Un joven de 19 años fue imputado de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil, y detenido preventivamente por haber creado un falso organismo y un programa de becas con Inteligencia Artificial para hacer viajar a sus víctimas desde Santa Fe hasta Jujuy y así grabarlos en situaciones privadas.

El detenido, especialista en redes sociales, fue capturado en la capital jujeña el 23 de septiembre pasado, acusado de haber filmado en un baño y con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad-, a las que llevó engañadas desde la provincia de Santa Fe y alojó en un departamento para que participen en un evento estudiantil.

El imputado, que tenía 15 videos y 68 fotos de las damnificadas en sus dispositivos, hizo viajar a las víctimas hasta San Salvador, luego las trasladó y alojó en un departamento que alquiló en la capital, donde una de las estudiantes descubrió la cámara oculta en un reloj.

La adolescente notó que el artefacto no funcionaba, se trataba de un cronómetro colocado en un esquinero, en el sector de la ducha y, al manipularlo para ponerlo en hora, se percató que, en realidad, ocultaba una filmadora espía. Dado que el dispositivo también tenía registro de audio, las jóvenes alarmadas lo dejaron en el balcón y alertaron al imputado.

Según informó el sitio Fiscales.gob, el juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Eduardo Hansen, hizo lugar a la imputación contra G.F.F. (19) y, a pedido de la fiscalía, también dictó su prisión preventiva, en el marco de la audiencia de formalización realizada el pasado 28 de octubre.

La investigación está a cargo del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Federico Zurueta, y la auxiliar fiscal Romina Verdur.

La denuncia que dio lugar a la investigación fue formulada por tres jóvenes que habían llegado desde la provincia de Santa Fe, con el fin de participar de la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebró en la “Ciudad Cultural”, en San Salvador de Jujuy.

Explicaron que, tanto el acusado como las víctimas -de entre 17 y 21 años-, arribaron en un micro de larga distancia de una localidad del interior de esa provincia y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

Según lo expuesto en la audiencia por la fiscalía, todo era una pantalla creada por el propio imputado, quien tiene un amplio conocimiento informático como “community manager” ya que trabaja como encargado de las redes sociales del centro de estudiantes de un colegio secundario y, además, es empleado municipal, en una localidad santafesina.

Con sus conocimientos y el uso de la aplicación de Inteligencia Artificial Chat GPT, el imputado creó en la web toda la estructura necesaria para darle credibilidad al organismo mencionado, como así también al programa de becas educativas que, en realidad, era el anzuelo para captar a sus víctimas.

Para darle credibilidad a su ardid, colocó como domicilio la dirección de la Casa de Gobierno de Jujuy, creó un flyer, otros links de respaldo y los documentos del supuesto programa de becas, el que ofreció a una compañera de trabajo -la víctima de 21 años-, y a adolescentes del centro estudiantil, dos de las cuales -de 17 años– aceptaron.

La simulación fue tan creíble que ni las víctimas, ni sus padres advirtieron algún elemento que los hiciera sospechar, por lo que llenaron los papeles y firmaron luego los permisos de viajes y estadía necesarios para un evento en Jujuy, el que supuestamente era parte del programa de becas.

Tras haber encontrado el reloj y comunicarse con el imputado, él mismo les informó que supuestamente se había comunicado con los responsables del organismo, los que habían instruido que debía salir del departamento y dirigirse a la “Ciudad Cultural”.

Al llegar, las jóvenes le contaron lo sucedido a policías que poseen un puesto en ese lugar. Cuando los efectivos comenzaron a intervenir, el imputado se mostró nervioso y sostuvo que la cámara había quedado en el departamento, por lo que la mayor de las mujeres se dirigió a buscarla junto a un grupo de policías.

Como no la hallaron, las dos víctimas adolescentes y el imputado abordaron otro móvil para dirigirse al departamento, momento en el que una de las jóvenes vio cuando G.F.F. sacó la cámara de su mochila y la arrojó por la ventanilla del patrullero.

Los efectivos recuperaron el artefacto tecnológico, el acusado quedó detenido y las tres mujeres fueron puestas a resguardo, mientras se secuestraron los correspondientes elementos electrónicos, como celulares, pendrives, discos externos de memoria, una computadora y una tablet.

Los elementos contaban con un total de 15 videos y 68 fotos de la filmación de las tres víctimas, según revelaron los representantes de la fiscalía sobre un peritaje preliminar, así como apuntaron sobre el material fílmico de otras víctimas y material de abuso sexual infantil.

Este hallazgo agravó la imputación y llevó a la solicitud de peritajes complementarios, a fin de establecer si se trata de la tenencia de ese tipo de contenidos, o bien, es material pornográfico infantil producido por el propio imputado.

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Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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La senadora electa y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó su apoyo al Código Penal presentado por el presidente Javier Milei, que será impulsado durante la segunda etapa de su gestión. La funcionaria destacó que la iniciativa busca endurecer las penas y garantizar que “los delincuentes paguen las consecuencias de sus actos”.

Según Bullrich, con estas reformas el Gobierno consolida su principio de “orden y justicia”, reflejado en su lema: “El que las hace, las paga”.

Bullrich explicó que la actualización del Código Penal pretende modernizar las leyes y enfrentar de manera más efectiva los delitos violentos, los robos y las situaciones de impunidad. En comparación con la normativa actual, aseguró que el nuevo texto es un «código fuerte», ya que actualmente «el 87% de los delitos son excarcelables”. La senadora subrayó que el objetivo central es poner fin a la sensación de que el crimen no tiene consecuencias reales.

Reforma con ley antimafia y castigos perpetuos

Durante una entrevista con La Nación, Bullrich detalló que la reforma unifica distintas leyes y parches previos, incorporando además instrumentos como la ley antimafia. Indicó que se busca “terminar con la impunidad de quienes cometen delitos y no pagan por ellos”. Entre los cambios más relevantes, mencionó la inclusión de la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, lo que permitirá juzgarlos sin importar el tiempo transcurrido.

Finalmente, Bullrich resaltó que el nuevo Código Penal elevará significativamente las penas para los crímenes contra la vida. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un mínimo de treinta años de prisión, con castigos aún más severos para los agravados. Con esta reforma, afirmó, el Gobierno pretende poner fin a la idea de que “robar o delinquir no tiene consecuencias”, reafirmando el compromiso con un sistema judicial más estricto y efectivo.

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El exdocente José Gregorio Ruffa Saraspe, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de menores en una escuela de Balsa Las Perlas.

El docente de Cipolletti fue detenido anoche en la provincia de Catamarca. Ruffa se encontraba prófugo desde el 23 de octubre, luego de que la Corte Suprema desestimara la última apelación presentada por su defensa. Tras un operativo conjunto entre la policía catamarqueña y el Ministerio Público de Río Negro, se logró su captura y será trasladado en los próximos días a Cipolletti para comenzar a cumplir su condena.

Ruffa fue hallado en la localidad de Alberdi, Tucumán, donde residía tras haber recibido autorización judicial durante el proceso de apelaciones. Sin embargo, al quedar firme la sentencia, el exdocente debía presentarse ante la Justicia, lo cual no ocurrió, iniciándose su búsqueda a nivel nacional. Las investigaciones determinaron que no había salido del país, y que podría estar recibiendo ayuda para mantenerse oculto en la región.

El caso de abuso que protagonizó generó una profunda conmoción en Balsa Las Perlas, donde se desempeñaba como maestro entre 2017 y 2019. Durante el juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual simple cometidos contra siete alumnas menores de 13 años, a partir de testimonios tomados por cámara Gesell. El tribunal integrado por los jueces Baquero Lazcano, Gómez y González Vitale lo declaró culpable por delitos agravados por su rol como educador, cerrando así un proceso judicial que movilizó a toda la comunidad educativa.

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Como en la última reunión, no hubo propuesta de recomposición salarial para los trabajadores y profesionales del centro pediátrico nacional. ATE y APyT anunciaron movilizaciones para esta tarde y la continuidad del plan de lucha. Por Canal Abierto.

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El Gobierno nacional y el Consejo de Administración del Hospital Garrahan se ausentaron de la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo para discutir aumentos salariales con los trabajadores. Así, el conflicto en el centro de salud especializado en enfermedades oncológicas en niños, sube de nivel.

Durante la última audiencia realizada el miércoles 4 de junio, ningún funcionario del Poder Ejecutivo concurrió al encuentro con los delegados gremiales, incumpliendo con la Conciliación Obligatoria vigente.

Alejandro Lipcovich, delegado General de la Junta Interna de ATE, informé: “Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración (Soraya El Kik). El Gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital. Deberían irse también Menehem, Dalmazzo y Pérez que están llevando al Garrahan al abismo de la mano de Milei y Lugones. ¿Cómo podría sostenerse el principal hospital pediátrico del país con enfermeras ganando salarios inferiores a la línea de pobreza?”.

Gerardo Oroz, Adjunto, comentó: “Están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Por eso, iremos a la Plaza de Mayo a las 16 horas, a defender el salario y la salud pública. Mañana a las 13 realizaremos asamblea para definir continuidad de nuestro plan de lucha”.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, denunció: “Nadie cree el verso de que no hay plata. Plata hay. Con todo lo que le aumentaron a la SIDE en el último año y medio se podría costear fácilmente el incremento en el Garrahan. Queremos un Gobierno que priorice curar y no espiar”.

El sindicato exige elevar el piso salarial de los trabajadores del hospital infantil a $1.819.121, que es el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) para cubrir los costos de una Canasta Alimentaria Mínima y acceder a otros bienes y servicios básicos. Esta cifra surge del relevamiento hecho por el sindicato utilizando como base los datos oficiales del INDEC.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan también realizará hoy una nueva movilización a Plaza de Mayo en el marco de la denuncia de ajuste y falta de presupuesto por parte del Gobierno.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2025/06/11/garrahan-el-gobierno-y-la-direccion-del-hospital-no-se-presentaron-a-la-paritaria/