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Astroturismo: los participantes disfrutaron de la súper luna

En la tarde del domingo, 20 personas se sumaron a la propuesta de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina para disfrutar de la luna en su posición más cercana a la Tierra.

Aficionados e interesados en la astronomía tuvieron la posibilidad de participar de esta actividad que incluyó una observación con telescopio y la charla de una profesional sobre el cielo astral y las constelaciones, entre otros temas.

Maravillados por el color del cielo y con la luna de fondo, los asistentes tomaron fotografías en un paisaje único como lo es la zona de bardas.  

Luego retomaron el camino hacia el sector del Indio Comahue, donde, bajo la modalidad burbuja, uno a uno pudieron observar la luna en detalle con telescopio. Al finalizar se comenzó el descenso y al pie del Sendero degustaron productos regionales, marcando el fin de la actividad.

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     El Gobierno volvió a mostrar superávit en mayo y Javier Milei salió a celebrarlo: «el granítico ancla fiscal». Pero debajo de ese número prolijo apareció un dato incómodo para el relato oficial. El gasto en universidades fue una de las partidas que más creció en términos reales, una tendencia que se acentuará en los próximos meses cuando comience a ejecutarse el acuerdo que firmó el Gobierno para tratar de evitar un fallo en contra de la Corte.

    El otro gasto que subió fue el destinado a subsidios de servicios públicos que aumentaron nominalmente $784.178 millones. Energía explicó $523.417 millones y transporte $258.687 millones, a pesar de los aumentos tarifarios, o mejor dicho para contenerlos por su presión inflacionaria.

    El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, después de pagar intereses de deuda por $1.445.754 millones. Con ese resultado, el acumulado de los primeros cinco meses llegó a 0,7% del PBI en el resultado primario y a 0,2% del PBI en el financiero.

    Ese 0,7% tiene valor político. Es la mitad de la meta de superávit primario de 1,4% del PBI que el Gobierno renegoció con el FMI para 2026. La meta original era más exigente: 2,2% del PBI. El Fondo la bajó luego de la revisión del programa y el acuerdo técnico que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares.

    El número también tiene una lectura menos épica. La meta anual quedó en torno de $16,4 billones. A mayo, el Gobierno acumuló cerca de $6,98 billones de superávit primario. Es decir, llegó con aire a junio, aunque todavía tiene por delante el pago de aguinaldos y una segunda mitad del año donde la recaudación no muestra una recuperación sólida.

    Las universidades acordaron un aumento del 24% con el gobierno pero no retiran el reclamo en la Corte

    De hecho, la consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. En los primeros 5 meses del año, el deterioro acumulado es de 12% para el primario y 25,2% para el financiero, en la comparación interanual.

    La consultora Equilibra reveló que el superávit fiscal se achicó en mayo porque los ingresos cayeron más que los gastos. El superávit primario tuvo una caída real del 14,9% y el financiero del 45,7% interanual. 

    Los ingresos totales de mayo fueron $14.531.657 millones, con una suba nominal de 27,8% interanual. Los recursos tributarios crecieron 30%. El impulso central vino de Ganancias, que saltó 72,5% por el vencimiento de sociedades. En cambio, los derechos de exportación siguieron en baja y cayeron 17,4% interanual.

    La caída de los recursos obedeció fundamentalmente a los impuestos ligados a la actividad interna, como el IVA neto de reintegros con una baja del 11%, los aportes y contribuciones a la seguridad social que cayeron 4,4%, los débitos y créditos y los impuestos internos un 16,7%. Los tributos ligados al exterior también continuaron cayendo, tanto los derechos de exportación como los de importación. 

    Cuando se descuenta la inflación, se ve el deterioro del superávit. Según IARAF, los ingresos totales cayeron 4,1% real interanual. Los tributarios bajaron 2,4% y los no tributarios retrocedieron 22,5%. El gasto primario también cayó, aunque menos: 2,2% real. Por eso, el superávit primario de mayo fue 14,9% menor al de un año atrás.

    Ahí aparece una tensión clave. En abril, el Gobierno había encendido luces amarillas porque el gasto subió en términos reales mientras los ingresos caían. En mayo corrigió esa foto, pero no del todo: los ingresos bajaron más que el gasto. 

    La Justicia le ordenó a Milei que aplique de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

    El dato más político está en las universidades. IARAF registró que las transferencias a universidades crecieron 78,5% real interanual en mayo. Fue el mayor aumento entre los componentes del gasto. En la ejecución oficial, las transferencias corrientes al sector público subieron 47,4% nominal, explicadas por un salto de 89,1% en las transferencias universitarias.

    Ese movimiento revela que pese a su discurso blindado, el gobierno tocó un límite en el ajuste universitario y es evidente que las masivas protestas terminaron mellándolo. El aumento responde a recomposiciones parciales en medio de la pelea, pero todavía no refleja el reciente acuerdo que incluye una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, una suba de 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un aumento de 50% para las becas Manuel Belgrano.

    Un acuerdo transitorio mientras se espera el fallo de la Corte Suprema sobre el  incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

    Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables.

    La otra cara del superávit está en las partidas que siguen ajustadas. El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al mes anterior. IARAF marcó caídas reales fuertes en gasto de capital a provincias, otros gastos corrientes y otras funciones (gastos operativos del sector público)

     Los principales recortes se dieron en el gasto de capital (obra pública), que tuvo una caída del 3,8% interanual nominal, siendo los rubros más afectados agua potable y alcantarillado, una hipoteca al futuro sanitario del país.

    El punto más delicado no está en el comunicado de Economía sino en lo que queda debajo de la línea. El FMI ya había advertido que, si se computa el componente real de los intereses capitalizados, el resultado financiero deja de verse tan prolijo. En su staff report, el organismo señaló que el superávit de caja global de 0,2% del PBI de 2025 pasaría a un déficit de 0,8% del PBI si se incorporaran esos intereses.

    La discusión volvió a circular con fuerza en redes. Según el cálculo del economista Ricardo Rotsztein en los primeros cinco meses de 2026, el resultado financiero oficial cercano a 0,3% del PBI se transforma en un déficit de 2,2% si se suman intereses capitalizables por 2,5% del PBI. 

     

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  • Inédita rebelión de jueces en Córdoba contra un recorte salarial

     

    La tensión entre el gobierno provincial y los tribunales cordobeses alcanzó su punto de máxima ebullición. En una movida inédita, que quiebra la histórica diplomacia subterránea entre el poder político y el judicial, cerca de un millar de jueces, camaristas y fiscales presentaron formalmente una batería de recursos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

    La jugada es el paso previo y obligatorio para activar una ola de amparos constitucionales que amenaza con dinamitar el esquema de ajuste fiscal que diseñó Martín Llaryora. El malestar en los pasillos de Tribunales I debe leerse en clave de resistencia ante la avanzada de Llaryora sobre el Poder Judicial. 

    La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal.

    De acuerdo con el cálculo de los camaristas, jueces y altos funcionarios judiciales, el salario real de los magistrados cordobeses es equivalente al 50% de los que paga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

    Protestas en Córdoba después que el fiscal pidiera una medalla para el perro que encontró el cuerpo de Agostina

    El incremento de los aportes puso la equivalencia en el 77% respecto de los federales. Pero como la carga horaria es mayor en la Justicia provincial, el cálculo es que el salario provincial está en un 50% en relación al federal. 

    La ofensiva de los magistrados apunta al corazón de la motosierra provincial: el incremento de los aportes personales destinados a sostener la deficitaria Caja de Jubilaciones y el salto en las alícuotas de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross), la obra social estatal

    Para El Panal asoma un problema fiscal: que la Justicia tumbe la emergencia previsional que Llaryora hizo sancionar en diciembre del año pasado: el TSJ ya obligó al Ejecutivo provincial a morigerar del 8% al 6% la alícuota extra que fijó la ley previsional para los aportes personales. Aunque es un planteo individual, el fallo marca el GPS judicial. 

    La presentación masiva de estos recursos administrativos colocó al TSJ en una posición de máxima presión política. El alto cuerpo, habituado a surfear las crisis con el peronismo cordobés sin romper platos, se encuentra ahora desbordado por sus propias bases. Si la cúpula judicial rechaza los recursos, habilitará de inmediato la vía judicial.

    La guerra está declarada. Aunque la presentación de este millar de recursos administrativos no quemó las naves, sí debilitó los puentes y dejó expuesta la factura entre el poder político y los magistrados provinciales. 

    Para dialogar, camaristas y jueces reclaman un cronograma por escrito de devoluciones para recuperar en un plazo razonable el 90% de equiparación con los salarios que fija la Corte Suprema. Envalentonados, quieren, además, que se caiga el límite de 30 años de antigüedad para la liquidación de haberes

     

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