En la tarde del domingo, 20 personas se sumaron a la propuesta de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina para disfrutar de la luna en su posición más cercana a la Tierra.
Aficionados e interesados en la astronomía tuvieron la posibilidad de participar de esta actividad que incluyó una observación con telescopio y la charla de una profesional sobre el cielo astral y las constelaciones, entre otros temas.
Maravillados por el color del cielo y con la luna de fondo, los asistentes tomaron fotografías en un paisaje único como lo es la zona de bardas.
Luego retomaron el camino hacia el sector del Indio Comahue, donde, bajo la modalidad burbuja, uno a uno pudieron observar la luna en detalle con telescopio. Al finalizar se comenzó el descenso y al pie del Sendero degustaron productos regionales, marcando el fin de la actividad.
El medioambiente es uno de los ejes editoriales de nuestro medio. En Villa Regina contamos con un basural a cielo abierto y en altura (con lo que esto implica), que de manera formal o informal suele estar incendiado, si a esto le sumamos que vivimos en un valle la problemática es cada vez más compleja….
Con los Werthein fuera de carrera, el gobierno se enfrenta con un dilema por la concesión de Tecnópolis: entregarle el predio a dos grupos con los que está enfrentado o seguir pagando el mantenimiento que cuesta mil millones de pesos por mes.
Todo indicaba que la productora Foggia, vinculada a Mara Gornin, la mano derecha de Karina Milei iba a quedarse con la licitación en sociedad con los Werthein, pero la familia dueña de DirecTV decidió bajarse de la compulsa, como reveló en exclusiva LPO.
En pie quedaron las ofertas de La Nación y de el empresario Marcelo Fígoli. Ambos tienen una pésima relación con el gobierno libertario.
Diego Santilli buscó acercar posiciones con La Nación y apuntala la oferta del grupo. Quiere mejorar la relación con sus dueños, rota desde que Milei echó a Fernán Saguier de la residencia presidencial luego de que el dueño de La Nación se negara a echar periodistas como le reclamó el presidente. «Me tiene que pedir disculpas públicamente», suele comentar Saguier, todavía molesto por el destrato presidencial.
La licitación se volvió una pesadilla para el gobierno, que desembolsa mil millones de pesos mensuales para mantener cerrado el predio de 55 hectáreas. Hace algunos meses lo alquilaba a empresarios amigos, pero nunca llegó a cubrir el costo operativo.
Diego Santilli buscó acercar posiciones con La Nación y apuntala la oferta del grupo. Quiere mejorar la relación con sus dueños, rota desde que Milei echó a Fernán Saguier de la residencia presidencial.
Las dos ofertas que están sobre la mesa tampoco serían muy tentadoras. Al pliego de Fígoli le encontraron incumplimientos en diez de los ítems. El empresario dueño de Fénix había sido descalificado de la licitación, pero logró torcer la decisión en la Justicia.
La oferta de La Nación fue presentada de apuro después de que Clarín desistiera de participar como una unión transitoria de empresas.
La Nación tiene un especial incentivo para ganar: Live Nation, que compró la mitad del Movistar Arena semanas atrás, les habría prometido a los dueños 20 millones de dólares extra si lograban imponerse en la licitación del codiciado predio de Vicente López, ubicado junto a la General Paz.
Quienes analizaron el pliego de Tecnópolis en detalle aseguran que como a los mil millones de pesos para mantenimiento hay que sumarle al menos 650 millones mensuales de canon, no resulta tan seductor ganar la licitación, salvo que se construya un arena realmente importante.
Teconópolis cuenta en la actualidad con una suerte de recinto cerrado, pero está lejos de ser un arena de clase mundial como el que podría construirse en el predio, ubicado en el límite de la Capital y sobre la autopista con mayor conectividad del área metropolitana.
Pero esto debe pasar un filtro que hasta ahora permanece bajo el radar: cualquier reforma del predio o la organización de cualquier actividad como un recital o una feria debe contar con la autorización de Vicente López.
Desde el municipio que gobierna Soledad Martínez por ahora no quieren ni oir hablar del tena y argumentan que no tienen nada que opinar sobre una cuestión que no depende de ellos. Los intereses en juego y el rol de la hermana del Presdiente acaso explican la prudencia extrema del municipio.
En el último año se triplicó la cantidad de hogares argentinos que no llegan a pagar sus créditos. La morosidad bate récords. El dato importa y genera una preocupación obvia y compartida. Pero mirar solo las deudas impagas es confundir el síntoma con el problema.
Esta es la segunda nota publicada en Anfibia que retoma y profundiza la investigación del libro Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) para analizar lo que sucede un poco más allá del ruido de la coyuntura.
El primer texto explicaba por qué no todas las deudas son iguales y por qué es fundamental prestarle atención a cómo se experimentan, toman sentido y son vividas. Para una parte importante de la sociedad, las deudas que cargan no son el precio de algo —no son el escalón hacia ningún lugar. Son simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer. Eso es la deuda de sacrificio: una deuda sin aspiración. Una deuda que es el precio de sobrevivir.
Ahora vamos a dar un paso más allá, y cambiar el foco: abandonamos las experiencias y analizamos las estructuras.
Las deudas de sacrificio pasaron de ser amortiguadores transitorios de las crisis a un rasgo estructural de la desigualdad de la sociedad argentina.
La mora es el árbol. Esa transformación social es el bosque.
En nuestro país no hay una serie de largo plazo sobre prácticas financieras de los hogares. Y las encuestas que preguntan si alguien está «endeudado» no alcanzan: para medir la desocupación no se consulta «¿usted está desocupado?». El problema es el mismo: no sabemos qué entiende cada quien por esa palabra y cuántas realidades se ocultan o distorsionan en las respuestas.
La pregunta que importa no es si hay deuda. Es para qué fue tomada: ¿para crecer o para no caer? Le sigue otra pregunta, derivada de la anterior: ¿qué nos dice el cambio de las dinámicas de endeudamiento de las familias sobre la desigualdad social de un país?
La Encuesta Permanente de Hogares brinda información que ayuda a resolver, aunque no del todo, estas preguntas. En Una historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI editores) nos apoyamos en algunos indicadores de la encuesta periódica del INDEC para trazar los rasgos de una transformación social que tiene a las deudas de los hogares como driver principal. Podemos ver la evolución de los que tomaron crédito y, al mismo tiempo, «sacrificaron» ahorros y/o bienes, entre 2003 y 2025. Un proxy de acceso al crédito bajo estrés financiero, no de deuda en general.
La serie completa muestra dos Argentinas, y no se diferencian por el volumen de la deuda sino por la función que cumple y para quién.
Primera etapa (2003-2014). Con la crisis de 2007-2009, estos hogares subieron de 12,9% a 17,2% y, cuando la crisis pasó, casi volvieron a su nivel previo. La deuda amortiguó. Y en esta etapa no hubo un patrón de clase estable: el 20% más rico estuvo tan expuesto como el 20% más pobre.
Segunda crisis (2016-2019). El indicador volvió a subir. Pero esta vez no volvió a bajar. El piso posterior quedó casi 70% por encima del período previo. Ahí arrancó el segundo tiempo de la historia, y es donde la función empezó a cambiar de manos.
Al analizar el indicador en sus dos partes -gastar ahorros y vender pertenencias- aparece el mecanismo exacto de esa transformación.
Vender pertenencias nunca fue parejo. El 20% más pobre se deshizo de sus cosas siempre más que el 20% más rico, desde 2003. Esto no se volvió desigual: siempre lo fue. Lo que cambió después de 2016 fue la magnitud de esa desigualdad, que se agrandó con fuerza. Gastar ahorros sí era parejo, y con signo opuesto: hasta 2016, quien más los gastaba era el rico, no el pobre —los doce años de esa etapa, sin excepción. Después de 2016, se invirtió: pasó a ser predominantemente el pobre.
Dos historias distintas que terminan en el mismo lugar: una que siempre fue desigual y se agrava; otra que cambia de manos por completo.
Al sumar las dos series se ve que hasta 2016, ricos y pobres corrieron parecido en la deuda de sacrificio agregada. Desde entonces, el 20% más pobre se despegó y quedó sistemáticamente arriba del 20% más rico.
La desigualdad no nació en 2016. Ya estaba ahí, escondida en el componente de venta de bienes —que siempre fue más común entre los sectores de menos ingresos. Lo que cambió en 2016 fue que se recurrió a esa forma de capitalizarse más que a gastar ahorros, y pasó a pesar más en el promedio. Por eso el indicador agregado, que antes no distinguía por clase, terminó arrastrado hacia el grupo más expuesto a tomar créditos y vender sus bienes: los sectores de menos ingresos.
En 2024 las deudas de sacrificio tocaron su máximo histórico: más del doble que al comienzo de la serie. Lo excepcional se volvió estructural, y siguió impactando sobre todo en los que menos tienen.
Al mismo tiempo cambió la composición del endeudamiento. El crédito bancario formal fue la fuente que más creció en 22 años en general, y en los sectores de menos ingresos en particular. Y desde la salida de la pandemia, no paró de aumentar. Los préstamos entre familiares cayeron hasta 2023, pero repuntaron en los últimos dos años. Las dos fuentes aún conviven no se reemplazaron.
Lo que sí revela un desfasaje de clase es el ritmo de bancarización. A nivel país, el peso del préstamo bancario alcanzó y superó al préstamo familiar alrededor de 2011: ambas fuentes se cruzaron en torno al 15,6% cada una. En el 20% más pobre eso nunca llega a pasar: el préstamo familiar siguió siendo, en 2025, la fuente más importante de las dos (32,9% contra 20,9% del crédito bancario). Lo que sí ocurrió es una convergencia: la brecha entre ambas fuentes, que era de 43 puntos en 2003, se achicó a 12 puntos en 2025 —y esa convergencia se aceleró justo en la ventana en que la deuda de sacrificiose volvía estructural y desigual. Los hogares de menores ingresos se acercaron al patrón de bancarización que el resto de la sociedad ya tenía hace más de una década, sin terminar de alcanzarlo.
La mora aparece justo ahí. No es coincidencia, aunque tampoco alcanza con mirar cuánto creció el crédito: hay que preguntar a quién llegó, y cuándo.
Dos desigualdades viejas se confirman: inquilinos y hogares con menores de edad ya estaban más expuestos antes de 2016, y ahora lo están más. Pero aparece un tercer y nuevo factor de desigualdad: la precariedad labora. La inestabilidad del trabajo se suma a la lista de lo que empuja a los hogares hacia ladeuda de sacrificio.
Por eso la morosidad récord de 2025-2026 no aparece sobre una sociedad que se quebró de repente. Aparece sobre una sociedad donde la deuda venía cambiando de función, y de manos, desde hacía casi una década.
Si el problema es la mora, discutimos tasas y refinanciaciones. Si el problema es que las deudas de sacrificiodejaron de amortiguar las crisis para organizar la desigualdad, la pregunta es otra: por qué una parte creciente de los hogares solo logra reproducir su vida cotidiana endeudándose y sacrificando ahorros y bienes.
Donde falla un derecho —laboral, social— no nace una necesidad. Nace una deuda de sacrificio.
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Frente a la desesperación de los municipios para enfrentar los gastos diarios por la caída de la recaudación, el peronismo empuja en la Legislatura bonaerense proyectos para auxiliar las exigidas arcas municipales mediante el alquiler de banquinas para siembra.
Hoy, la ley 10.342 de 1985 le da a los municipios la potestad de arrendar las franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero excluye a las banquinas. Además, lo recaudado no es de libre disponibilidad, sino que debe ser afectado al Consejo Escolar (60%), Bomberos (20%) y caminos rurales (20%).
La iniciativa más reciente, presentada por la diputada massista Ayelén Rasquetti busca incluir a las banquinas, al advertir que su actual exclusión genera «el desperdicio de recursos productivos» y «priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación».
Para la diputada del Frente Renovador, la puesta en valor de esa tierra «no solo dinamizará el empleo local en los sectores rurales y semiurbanos, sino que fortalecerá las finanzas municipales en un contexto donde se requiere optimizar la recaudación fiscal autónoma».
Como contó LPO, es crítica la situación que atraviesan numerosos municipios a raíz del derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas locales. Eso, incluso, llevó a que algunos intendentes le pidan a la Provincia adelantos de coparticipación para cumplir con los aguinaldos.
El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.
En la actualidad, varios municipios aplican el sistema de arrendamientos de franjas adyacentes a las rutas provinciales, pero intendentes consultados por LPO dieron cuenta de las limitaciones que tienen a la hora de hacer uso de los recursos.
«Son momentos donde necesitamos que los fondos que llegan sean de libre disponibilidad», sintetizó un jefe comunal consultado que recordó también la discusión en torno al Fondo de Fortalecimiento que llega de la provincia y que los intendentes piden que estén encorsetados a destinos afectados.
El proyecto de Rasquetti estipula un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales con eje en la seguridad vial, ya que plantea que Vialidad bonaerense junto con los organismos competentes en la materia, deberán determinar qué sectores son aptos para sembrar.
Por su parte, también dentro del bloque de Fuerza Patria, el diputado y ex intendente de Daireaux Alejandro Acerbo presentó un proyecto para modificar las condiciones de arrendamiento de las tierras adyacentes a las rutas provinciales.
En este caso, Acerbo elimina las pautas de distribución de los recursos que contempla la ley vigente y estipula que las sumas percibidas por este concepto deberán «destinarse a gastos o inversiones determinados por ordenanza» y que, «al menos un tercio del total de esos recursos deberá ser asignado al mantenimiento de caminos y/o banquinas de las rutas».
También, ese proyecto amplía los plazos de explotación, que pasaría de un año a tres y con posibilidad de renovación.
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