Argentina y Uruguay avanzan en las negociaciones para evitar un nuevo Botnia en Payasandú

Argentina y Uruguay avanzan en las negociaciones para evitar un nuevo Botnia en Payasandú

 

Pablo Quirno se reunió en Montevideo con su par uruguayo, Mario Lubetkin, para dar en el marco del diálogo bilateral que se viene desarrollando sobre el proyecto de instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y e-combustibles en la ciudad de Paysandú y generó tensión por su posible impacto ambiental y económico. 

El encuentro se desarrolló en la sede de la Cancillería uruguaya y dio seguimiento a la reunión celebrada el pasado 26 de noviembre, en el marco de las conversaciones entre ambos países sobre el emprendimiento impulsado por la empresa HIF Uruguay S.A. 

La delegación argentina estuvo encabezada por Quirno e integrada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud. 

Por parte de Uruguay participaron, además del canciller Lubetkin, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la jefa de Gabinete, Imelda Smolcic; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa; y la directora general de Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos, Cecilia Otegui. 

Quirno viajó de urgencia a Uruguay para evitar un nuevo caso Botnia

Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo. 

Durante el encuentro, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del proyecto e informaron sobre la firma del Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A., así como sobre la elaboración de los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, que posteriormente deberá ser presentado por la empresa y evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.

Asimismo, Uruguay comunicó que se encuentran en análisis otras posibles localizaciones alternativas para el proyecto, con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento de las ventajas logísticas y técnicas disponibles. 

En ese contexto, Quirno valoró especialmente la incorporación de la ciudad entrerriana de Colón como parte del «área de influencia» del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y expresó su satisfacción por la evaluación de nuevas ubicaciones.

Según destacó la Cancillería argentina, esta revisión responde al interés de evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas, especialmente aquellas vinculadas al uso racional y productivo del río Uruguay. 

Esa postura fue acompañada por  Frigerio y Walser, quienes vienen siguiendo de cerca la evolución del proyecto por su potencial impacto en la región. Por su parte, el canciller uruguayo Mario Lubetkin señaló que, una vez que se defina la localización definitiva de la planta y se complete la evaluación del estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), activando así el mecanismo de información y consulta previa previsto en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

Finalmente, ambas partes destacaron la importancia de sostener un canal de diálogo fluido y transparente sobre esta cuestión, en el marco de la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, y remarcaron la voluntad de preservar tanto el desarrollo productivo como la protección ambiental en una zona de alta sensibilidad compartida.

Frigerio publicó en sus redes sociales que «el Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú». 

COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. pic.twitter.com/vNt5CdioSp

— Cancillería Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Cancilleria_Ar) May 12, 2026

«Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados», culminó.

Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados

En noviembre del año pasado,  Quirno viajó de urgencia a Montevideo en medio de un escándalo internacional que lo apunta por no haber tomado medidas ante supuestas violaciones del gobierno de Uruguay en la próxima instalación de la planta de combustibles no fósiles de HIF Global en Paysandú.

Frigerio viene reclamando a Uruguay que cambie la zona prevista para la planta para no afectar el turismo y el desarrollo sostenible de toda la costa del Río Uruguay. Al gobernador  preocupa en espacial el impacto del proyecto en el desarrollo turístico y productivo de Colón. Por eso viajó dos veces a Montevideo en lo que va del año, para exigir la relocalización del proyecto y evalúa acudir a La Haya de ser necesario.

Frigerio advirtió que podría ir a La Haya para frenar la refinería en Paysandú: «No podemos permitir otra Botnia»

El punto es que Uruguay habría violado tres veces los tratados vigentes y el gobierno de Milei no hizo nada para controlar su cumplimiento y dejó vencer los plazos en favor de HIF Global, denuncian en Entre Rios. Por eso, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, exigió explicaciones a Quirno y al secretario de Ambiente Daniel Scioli.

Este cuadro obligó a realizar varias reuniones que ahora parecen encaminadas para evitar un conflicto bilateral de alto nivel similar al de Botnia de principios de los años 2000. 

 

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     La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.

    El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.

    En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.

    Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.

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    El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.

    En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.

     Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares 

    En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.

    Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.

    Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.

    En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.

    Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.

    En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.

     

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