Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad.
En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias.
El intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros y la Directora de Turismo, María Luján Musso, aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y hacerle entrega de un presente.
Su meta diaria consiste en recorrer 100 km, pasando por distintas localidades, dejando un testimonio que interpela a las autoridades para que realicen políticas de accesibilidad. «Si yo puedo hacer 3500 kilómetros en silla de ruedas, vos podés hacer una ciudad inclusiva y accesible”.
Alberto Weretilneck perdió dos legisladores y podría ser el inicio de una sangría en el oficialismo que incluya a otros legisladores, a concejales e intendentes en todo Río Negro.
La partida de Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti es algo inédito en los 15 años de gobierno de Juntos Somos Río Negro. Ambos abandonaron el bloque oficialista en la legislatura provincial el mismo día que Weretilneck lanzaba la renovación del partido.
El elegido para liderar Juntos Somos Río Negro fue Rodrigo Buteler, el intendente de Cipolletti que Weretilneck ve como su sucesor en 2027 si las encuestas no lo favorecen. En caso de pasar el filtro, el gobernador tiene decidido «abrir la fórmula» al PRO, como le confesó hace poco a Horacio Massaccesi.
El problema de Weretilneck es que son pocos los que imaginan al oficialismo gobernando la provincia otros cuatro años. «Después de 15 años, hay un desgaste muy grande y una crisis de representación», explicó un funcionario que abandonó el espacio.
El gobernador delega las cuestiones energéticas en su esposa, Andrea Confini y no abre el juego a otros actores. Ese manejo hizo que Weretilneck se ganara varios enemigos, como su vice gobernador Pedro Pesatti, que terminó rompiendo como antes lo había hecho Arabela Carreras, ex gobernadora.
Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027.
El ex intendente de Bariloche Gustavo Genusso también se distanció de Weretilneck y logró que el gobierno nacional lo designara al frente de la prestigiosa Fundación Intecnus. A los pocos días la Justicia reactivó una causa contra él que estaba dormida.
El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso.
«Gennuso tiene muy mala relación con Weretilneck. Los libertarios lo saben y por eso lo nombraron. Van a venir por la provincia en 2027», dijo a LPO un legislador provincial.
María Emilia Soria, del peronismo, y Aníbal Tortoriello, ahora cercano a LLA, aparecen como los principales contendientes.
Sin pertenencia partidaria marcada y con orientación socialcristiana, Tortoriello perteneció al PRO y luego desembarcó en LLA. Años antes había estado en conversaciones para ser candidato a intendente de Cipolleti por el peronismo, pero terminó ganado con la lista del PRO.
Soria, intendenta de General Roca, también será candidata el año próximo. El apellido tiene peso en la provincia: su hermano Martín se impuso en 2025 en la boleta de senadores, mientras que Tortoriello ganó en diputados.
«Hay otros intendentes, legisladores y concejales de Juntos Somos Río Negro que están esperando una señal de Tortoriello para irse. Hay clima de fin de ciclo», le dijo a LPO un ex funcionario que se alejó del oficialismo.
La economía argentina encontró un nuevo pozo de dólares. No sale de Vaca Muerta ni del campo. Sale de oficinas, computadoras y universidades. Mientras la industria tradicional sigue golpeada por la apertura y el mercado interno flaco, la economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.
Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento crecieron 8,1% interanual durante 2025 y ya representan el 53% de todos los servicios que Argentina vende al mundo. El dato surge del INDEC y fue celebrado tanto por el Gobierno como por las cámaras empresarias. El sector quedó detrás del complejo oleaginoso cerealero y del petroquímico.
La cifra tiene además una carga simbólica. Durante años, Argentina discutió cómo generar dólares sin depender exclusivamente del agro o de los ciclos de precios internacionales de las commodities. La economía del conocimiento apareció como una especie de fábrica invisible: exporta software, servicios profesionales, biotecnología, inteligencia artificial, videojuegos, ingeniería y consultoría sin necesidad de barcos ni rutas colapsadas. El talento humano reemplaza al container.
Según datos oficiales, el sector ya supera los 285 mil empleos formales y sumó 17 mil puestos respecto de 2023. También paga salarios por encima del promedio de la economía. Cerca del 80% de los trabajadores tiene estudios universitarios o formación técnica especializada.
En Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas del sector, aseguran que el objetivo de mediano plazo es mucho más ambicioso: llevar las exportaciones hasta USD 30.000 millones anuales. En otras palabras, triplicar el volumen actual y convertir a la economía del conocimiento en uno de los grandes motores estructurales de ingreso de divisas.
La economía del conocimiento cerró 2025 con exportaciones récord por USD 9.600 millones y ya se consolidó como el tercer complejo exportador del país. Un sector que hace veinte años era marginal hoy genera más divisas que varias cadenas fabriles históricas juntas.
El fenómeno ya impacta en las proyecciones macroeconómicas. La consultora ABECEB que dirige Dante Sica estimó que Argentina podría alcanzar exportaciones totales por USD 94.400 millones en 2026, con un crecimiento de 8,4% interanual y un superávit comercial cercano a USD 16.000 millones. En ese nuevo mapa exportador, los servicios basados en el conocimiento aparecen como uno de los sectores que más ganan peso relativo junto a energía y minería.
«La economía del conocimiento se ubica entre los cinco principales complejos exportadores, con ventas externas que superan los US$ 10.000 millones anuales», destacó ABECEB en su último informe. Y agregó otro dato relevante: la actividad tiene «baja dependencia logística, alta intensidad de talento y encadenamientos transversales con el resto de la economía».
En privado, algunos empresarios del sector reconocen que el actual esquema económico tiene una contradicción difícil de resolver. Por un lado, celebran la estabilidad macro y la desaceleración inflacionaria. Por el otro, advierten que un dólar barato erosiona márgenes en una actividad donde gran parte de los costos está nominada en pesos pero la competencia es global. «Hoy exportar talento argentino es más caro que hace dos años», resumió un ejecutivo tecnológico que participa de la mesa de Argencon.
El Gobierno apuesta a que la economía del conocimiento funcione como una usina permanente de dólares genuinos. El problema es que ese modelo también necesita universidades fuertes, formación técnica, infraestructura científica y salarios competitivos para retener talento. Ahí aparece la tensión de fondo. La Argentina quiere vender cerebros al mundo mientras discute recortes en ciencia, investigación y educación pública.
Lo concreto es que los dólares no bajan solamente por la Hidrovía o por los caños de Vaca Muerta. También viajan por fibra óptica. Y detrás de cada exportación hay programadores, diseñadores, ingenieros o especialistas trabajando desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Rosario para empresas del exterior. Una economía menos visible que el campo o el petróleo, pero que ya se convirtió en una de las principales columnas que sostienen el ingreso de divisas de la Argentina.
El Municipio de Villa Regina, organiza una fiesta por el inicio de la Primavera en el barrio 25 de Mayo para el viernes 20 de septiembre a partir de las 10 horas. En la plaza de su barrio, la Junta Vecinal y el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) de 25 de Mayo, acompañados por la…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero recorrió los barrios Melipal y Nuevo junto a los presidentes de las juntas vecinales, oportunidad en la que escuchó las demandas de estos sectores a los que brindó respuestas desde el área que conduce. Durante la recorrida, Lucero estuvo acompañado por…
Los Caminos del Vino fue la propuesta innovadora del programa de esta edición vendimial, organizada por la Municipalidad de Villa Regina, con una globa que exhibió la producción de más de una docena de bodegas de toda la provincia y ofreció, además, la posibilidad de degustación, compra de vinos y hasta de una delicada copa…
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Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad
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En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias.
Su meta diaria consiste en recorrer 100 km, pasando por distintas localidades, dejando un testimonio que interpela a las autoridades para que realicen políticas de accesibilidad. «Si yo puedo hacer 3500 kilómetros en silla de ruedas, vos podés hacer una ciudad inclusiva y accesible”.
Gracias #AnibalCocoUrbano
