Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad.
En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias.
El intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros y la Directora de Turismo, María Luján Musso, aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y hacerle entrega de un presente.
Su meta diaria consiste en recorrer 100 km, pasando por distintas localidades, dejando un testimonio que interpela a las autoridades para que realicen políticas de accesibilidad. «Si yo puedo hacer 3500 kilómetros en silla de ruedas, vos podés hacer una ciudad inclusiva y accesible”.
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir del lunes 29 de noviembre el horario de funcionamiento de la balsa de la Isla 58 será de 7 a 14 y de 17 a 20. El servicio se prestará de lunes a viernes. Difunde esta nota
Mario Ishii volvió a agitar la interna del peronismo con un proyecto de ley en el que declara la emergencia sanitaria en la provincia y carga por igual contra el gobierno de Javier Milei y de Axel Kicillof por la situación en los municipios.
El proyecto generó fuerte malestar en el Ejecutivo y esta mañana salieron a cruzar al líder de José C. Paz. Según fuentes del gobierno que cita La Tecla, en el gabinete de Kicillof calificaron el proyecto como «fuera de lugar» y agregaron que la actitud de Ishii «no correspondía».
En los argumentos, el senador provincial habla de un «colapso progresivo del sistema sanitario público. Plantea que miles de familias bonaerenses debieron abandonar los sistemas privados de atención médica para recurrir masivamente al sistema público, incrementando la presión sobre hospitales provinciales y municipales.
Ishii dice que hay «hospitales saturados, guardias colápsalas, incremento de consultas y una demanda sanitaria extraordinaria que supera las capacidades operativas de los intendentes».
Además, señala la falta de profesionales en hospitales públicos y centros de atención primaria y agrega que «los hospitales municipales se convirtieron en el último sostén sanitario de millones de personas que ya no encuentran respuestas en sistemas privados y obras sociales».
El proyecto generó ruido en La Plata por el tono de las críticas y porque distribuye responsabilidades entre Milei y Kicillof en partes iguales. El texto -al que LPO pudo tener acceso- destaca además en un apartado las responsabilidades específicas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires.
Desde el ministerio de Salud sostienen que el proyecto describe una realidad que esa cartera viene marcando desde hace varias semanas. La situación es crítica. «Las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente», dijeron a LPO desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
Nicolás Kreplak y Axel Kicillof.
Ishii salió a defender su proyecto luego de que trascendiera esta mañana el enojo del gobierno. «Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de dar respuestas», dijo en las redes.
«No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colápsalos, sin vacunas, sin insumos, con falta de profesionales y sin camas suficientes», dijo y siguió: «querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales».
No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar a hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita respuestas urgentes para proteger su vida.
No es la primera vez que Ishii lanza fuertes críticas al gobierno de Kicillof a través de un proyecto de ley. En abril, hizo una avanzada similar con una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa MESA, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El peronismo en el Senado bonaerense atraviesa una situación de tensión extrema. Si bien el viernes hubo una tregua cuando se logró un acuerdo para conformar las comisiones, el bloque Fuerza Patria transita una fuerte crisis que tiene como protagonistas a legisladores cercanos a Cristina Kirchner por un lado, y senadores de Kicillof por otro.
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La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
Durante el fin de semana, se disputó en el polideportivo Cumelen un torneo de vóley masculino mayores organizado por la Escuela Municipal de Voley. La competencia contó con la presencia de equipos locales, de Huergo y de Godoy. Las posiciones fueron las siguientes: 1º Karasuno 2º Costa Sur 3º Círculo Italiano 4º Cumelen Sub 20…
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Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad
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En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias.
Su meta diaria consiste en recorrer 100 km, pasando por distintas localidades, dejando un testimonio que interpela a las autoridades para que realicen políticas de accesibilidad. «Si yo puedo hacer 3500 kilómetros en silla de ruedas, vos podés hacer una ciudad inclusiva y accesible”.
Gracias #AnibalCocoUrbano
