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Aníbal “Coco” Urbano, pasó por Villa Regina

🚲 Recorre más de 3.500 kilómetros para que las ciudades de nuestro país se comprometan y trabajen en la accesibilidad🤝.

🏆En su octava “Travesía de la Integración”, el deportista de alto rendimiento, se detuvo a almorzar en nuestra ciudad y tuvimos el placer de disfrutar del relato de cada una de sus experiencias.

El intendente, Marcelo Orazi, el Secretario de Coordinación, Ariel Oliveros y la Directora de Turismo, María Luján Musso, aprovecharon la oportunidad para felicitarlo y hacerle entrega de un presente.

💪Su meta diaria consiste en recorrer 100 km, pasando por distintas localidades, dejando un testimonio que interpela a las autoridades para que realicen políticas de accesibilidad. «Si yo puedo hacer 3500 kilómetros en silla de ruedas, vos podés hacer una ciudad inclusiva y accesible”.

🎉Gracias #AnibalCocoUrbano

#ReginaResponde#VillaRegina#OraziIntendente#Regina#Travesia#CocoUrbano#Accesibilidad#Integración

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    El relato de “la casta”, la motosierra y la promesa de una transformación económica rápida empiezan a mostrar señales de agotamiento social. Una nueva encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos reveló que Milei perdió casi la mitad de sus votantes originales y que el rechazo a una eventual reelección ya alcanza a siete de cada diez argentinos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El estudio, realizado sobre 1.500 casos en todo el país, expone un dato políticamente sensible para el oficialismo: el 48% de quienes votaron a Milei en 2023 ya no volverían a acompañarlo. Pero el fenómeno no termina ahí. Según el relevamiento, también se alejó el 50% de quienes habían apoyado a Patricia Bullrich en primera vuelta y luego se alinearon detrás del experimento libertario en el ballotage.

    La encuesta aparece en un momento complejo para el Gobierno. Aunque el oficialismo sigue intentando mostrar como logro central la desaceleración inflacionaria, el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento cotidiano y la caída del consumo empiezan a erosionar el vínculo emocional que Milei había construido con parte de la sociedad. Incluso el propio Presidente admitió esta semana que “el único dato que nos va a dejar cómodos es 0%” de inflación, en una señal de que el Ejecutivo necesita sostener expectativas frente a una situación económica todavía crítica.

    La promesa libertaria empieza a perder potencia

    El informe de Sentimientos Públicos define el momento político actual como un “quiebre de la promesa libertaria”. La idea de que el ajuste iba a ser breve y conducir rápidamente a una mejora material parece haber perdido credibilidad en amplios sectores sociales. Según la encuesta, 6 de cada 10 personas aseguran no tener esperanzas en la gestión, mientras que apenas un núcleo cercano al 27% mantiene un respaldo firme al oficialismo.

    La investigación también detectó cambios sociológicos importantes. El apoyo a Milei ya no aparece únicamente asociado a jóvenes varones urbanos, como ocurría en 2023. El oficialismo logró conservar cierta adhesión en franjas juveniles y sectores de ingresos altos, pero perdió fuerza entre millennials y en grandes centros urbanos, especialmente en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

    Ese desgaste convive con una realidad social cada vez más áspera. El mismo informe señala que más del 45% de los argentinos tuvo que recortar gastos básicos durante el último año, mientras que el 40% reconoce haberse endeudado para sostener consumos cotidianos. Además, un 15% afirmó haber comenzado tratamientos vinculados a salud mental.

    Del “aguante” ideológico al cansancio económico

    El dato más delicado para el oficialismo es quizás el que atraviesa el clima social. Durante buena parte de 2024 y 2025, el Gobierno consiguió sostener apoyo incluso en medio del ajuste gracias a una narrativa basada en la herencia recibida y en la expectativa de un futuro mejor. Pero las encuestas empiezan a mostrar que ese crédito político se consume.

    En paralelo, crecen las escenas de exclusión social y deterioro económico que contradicen el discurso triunfalista del Gobierno. En las últimas horas se conoció el caso de un herrero de 63 años de Temperley que podría quedar en situación de calle junto a sus cinco perros tras perder trabajo y no poder pagar el alquiler de su taller-vivienda. Historias de ese tipo comienzan a multiplicarse en distintos puntos del país y funcionan como síntoma concreto del impacto social del modelo económico.

    El director de la consultora, Hernán Vanoli, planteó que el debilitamiento del apoyo no implica necesariamente una derrota electoral automática para Milei, pero sí deja una marca política profunda. Según explicó, en una sociedad atravesada por expectativas de ascenso rápido y consumo aspiracional, la sensación de que “la promesa libertaria” se quebró puede convertirse en un problema estructural para el oficialismo.

    Mientras tanto, el Gobierno insiste con la idea de que la inflación es el único termómetro válido. Pero la encuesta parece mostrar otra cosa: para una parte creciente de la sociedad, el problema ya no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se deterioró la vida cotidiana en nombre del ajuste.

     

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    La paradoja es evidente. Mientras las facturas suben, también lo hace el esfuerzo fiscal. La explicación está en los costos. Generar electricidad y gas se encareció a un ritmo más rápido que el traslado a tarifas. La brecha entre lo que cuesta el sistema y lo que pagan los usuarios se amplió, y alguien tiene que cubrirla.

    Ese alguien volvió a ser el Estado. Y no por decisión explícita, sino por el diseño mismo de la política. La reforma de la resolución 400 redistribuyó los costos de generación: alivió a las industrias y cargó sobre los usuarios residenciales. Pero ese traslado quedó a mitad de camino. Las tarifas no pudieron absorber ese salto.

    El resultado es un esquema tensionado. En marzo de 2026, el precio de la energía para usuarios residenciales se ubicó en 113.234 pesos por MWh. Sin embargo, el precio estacional medio que efectivamente pagan, con bonificaciones, fue de 76.432 pesos. La cobertura quedó en torno al 67%. Es decir, el usuario cubre apenas dos tercios del costo.

    El detalle es más crudo cuando se mira la segmentación. En el segmento subsidiado, la cobertura cae al 31%. En otras palabras, el Estado financia cerca del 70% del costo de la energía para esos hogares. Un sistema donde el precio de referencia corre por un carril y la factura real por otro.

    A eso se suma un cambio clave en la política de subsidios. La unificación de segmentos N2 y N3 amplió el universo de beneficiarios. Al bajar el umbral de ingresos, más hogares quedaron dentro del esquema subsidiado. La base creció justo cuando el costo unitario también subía.

    «El sistema quedó armado al revés: subieron el costo a niveles impagables y al mismo tiempo aumentaron la cantidad de usuarios subsidiados», resumió una fuente del sector.

    En los números agregados, la demanda estacionalizada de marzo alcanzó los 8.554 GWh, con un precio medio de 107.038 pesos por MWh y una cobertura del 77%. Si se suma la demanda no estacionalizada (GUDI), el total asciende a 9.486 GWh, con una cobertura del 79%. 

    La dinámica fiscal expone un punto ciego. La recaudación viene cayendo en términos reales, golpeada por la contracción de la actividad y el enfriamiento del consumo, lo que achica el margen para sostener el superávit. En ese esquema, los subsidios energéticos aparecen como una de las pocas partidas donde el Gobierno podría ajustar con rapidez. Por eso inquieta tanto que estén creciendo a este ritmo. 

    No es un dato neutro: en Washington siguen de cerca esta evolución. El FMI viene reclamando reducir subsidios y transparentar el costo real de la energía. Este desvío, en un frente sensible, complica la hoja de ruta oficial ante el organismo.

    Como si fuera poco, el frente externo suma presión. El Estado retomó la compra directa de GNL tras abortar la privatización del esquema por los altos precios ofertados. Ya adquirió el primer buque a Naturgy, pero no informó el valor pagado.

    La falta de transparencia encendió alarmas. «Daniel González otra vez queda al límite de la ilegalidad por falta de información sobre un precio estratégico clave para la economía argentina», comentó a LPO un ex funcionario de Energía.

     

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