Oscar Agost Carreño selló una osada alianza con Patricia Bullrich para desplazar a Mauricio Macri de la pelea por el control del sello del PRO en Córdoba. El exdiputado acordó con la bullrichista Laura Rodríguez Machado e impugnaron la lista del expresidente, aunque la disputa se dirimirá en la justicia.
Todavía no está claro si finalmente habrá interna a fin de mes para dirimir quién sucede a Agost Carreño, que se quedó con la conducción del partido tras una larga disputa judicial con Macri. A la parte final del trámite llegaron el armado de Agost Carreño y bullrichista Rodríguez Machado; un esquema patrocinado por el cordobesismo con el empuje del viceintendente Javier Pretto y el exdiputado Héctor Baldassi; y el macrismo puro con la concejala Soher El Sukaría al frente.
Hasta cerca de las cinco de la mañana del martes, los de Agost -que llevan como candidato a Oscar Tamis- salieron a decir que la Junta electoral no daba el visto bueno a los avales presentados por las otras dos listas. Y que, por lo tanto, la única lista que quedaba en pie era Córdoba Amarilla, el esquema de Agost Carreño y Rodríguez Machado.
Sin embargo, en la tarde se conoció que el macrismo se movió rápido, fue contra María Servini y apeló la decisión. Situación que, en el entorno de Agost Carreño y después de caminar Tribunales, esperaban.
Porque las otras listas dos no pasaron la revisión de avales de la Junta Electoral y la que sí lo hizo, entienden en el esquema del denunciante de la causa $Libra, fue la impulsada por ellos que llevaba como candidato a Oscar Tamis, exlegislador provincial que dejó su lugar en la Unicameral para que asumiera Agost Carreño a fin de año.
Laura Rodríguez Machado
Por las dudas, los armadores de Córdoba Amarilla, la lista de Agost Carreño y Rodríguez Machado, caminaron Tribunales con la guardia alta ante la posibilidad de un revés judicial que no descartaban. Sobre todo, de la mano de Daniel ‘Tano’ Angelici.
Entienden, en el PRO cordobés, que a esa porción del partido en Caba les interesa quitarle el sello a Agost Carreño para que la conducción macrista -con Sukaría en Córdoba- empiece a tallar una candidatura en alianza con el radical Rodrigo de Loredo. Algo que exploran de manera directa, Angelici y un fiel amigo en Córdoba, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.
No obstante, lo curioso de este episodio de la interna amarilla en Córdoba es que quedaron en un mismo lado, y abroquelados contra el macrismo y el cordobesismo, el denunciante de los hermanos Milei en la Causa $Libra y la libertaria Rodríguez Machado.
En el gobierno ya hablan abiertamente de la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete y empezaron a mencionar al menos cuatro nombres para reemplazarlo.
Asediados por los escándalos interminables del ostentoso estilo de vida al que se subió Adorni desde que accedió al presupuesto público y las nuevas revelaciones del caso $Libra, este domingo corrieron versiones de reuniones en Olivos para definir los cambios, tanto en la SIDE, como anticipó LPO, como en la jefatura de Gabinete.
El jefe de gabinete quedó destrozado, tanto en imagen como en estado de ánimo, por las consecutivas revelaciones de su escandalosa evolución patrimonial y los negocios con el Estado que se habrían triangulado a la consultora de su esposa Betina Angeletti.
Pero lo que marcaría la salida de Adorni es el impacto que está teniendo su caso en la imagen positiva de Milei, que desde que estalló el escándalo de su jefe de Gabinete no para de caer y ya está entre 33 y 37 puntos, según las distintas encuestas que se conocieron esta semana, con una negativa que se acerca peligrosamente a los 60 puntos. «Está destruyendo la imagen de Milei», admitió a LPO un hombre de extrema de confianza de Karina Milei.
Adorni está destruyendo la imagen positiva de Milei.
El uso indecoroso de aviones privados, la compra de una casa en un country con un sueldo de 3 millones de pesos y el comentario entre los funcionarios de que habría más «mugre«, como el uso de una vivienda lujosa en San Isidro, empujaban este domingo la idea que la suerte del ex vocero de Milei ya está escrita.
Adorni está en la cuarta fase de las cinco que tiene el protocolo libertario para las crisis de este tipo. Las primeras tres fases son la desmentida, la denuncia de operaciones y la defensa cerrada del protagonista del escándalo.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La cuarta, como la que padece Adorni ahora, es el silencio. Ya ningún funcionario sale a defenderlo en público, mientras que en privado lo cuestionan. La quinta fase, que Milei ya aplicó en severas ocasiones, es la de soltarle la mano por completo.
En Olivos se barajan cuatro nombres para reemplazar al jefe de Gabinete. Uno es el de Martín Menem, que si deja la presidencia de Diputados sería reemplazado por Sebastián Pareja, en otro enroque que sería un golpe letal para Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.
En Olivos de barajan cuatro nombres para reemplazar a Adorni. Una de esas opciones es la designación de Martín Menem. Si eso ocurre, el riojano podría ser sucedido en la presidencia de la Cámara de Diputados por Sebastián Pareja,
El otro es del Diego Santilli, que no tiene la confianza total de los libertarios, pero ha mostrado un alineamiento total con Karina Milei. Su entronización en la Jefatura de Gabinete implicaría, de alguna manera, posicionarlo en primer lugar para la pelea por la candidatura a gobernador, algo que no sería del agrado de Pareja.
Los otros dos nombres que suenan son libertarios «puros»: Sandra Pettovello y Pilar Ramírez. Ramírez es la legisladora de mayor confianza de Karina que, con un nivel de exposición mucho menor al de Adorni, sería un apéndice de la propia hermana presidencial, a quien a representa en la Ciudad.
Pettovello tiene la confianza ciega de Milei pero su gestión promete una relación tormentosa con los ministros. Como titular de Capital Humano hizo echar a tres directores de Anses, entre otras decenas de funcionarios que corrió de su ministerio. «No tiene el temple para conducir el gabinete», se sinceró un funcionario que la conoce y la aprecia.
Si Pettovello recala en la jefatura de gabinete, los Menem buscarían tomar el control del ministerio de Capital Humano con Pareja.
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En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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