Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro Rodrigo Buteler el convenio para la implementación en Villa Regina del programa ‘IPAP Municipios’ que contempla la capacitación destinada a funcionarios y agentes municipales.
Este programa busca fortalecer a las distintas áreas de la administración municipal. Para ello se diagramó un cronograma de capacitaciones a través de cursos de “aportes a municipios” destinado a las áreas de administración; de “desarrollo local” para jefes de departamentos, jefes de división y responsables de áreas; de “comunicación estratégica” y “comunicación institucional y redes sociales” destinado a las áreas de comunicación locales; y de “condiciones y medio ambiente de trabajo” para el personal de áreas de servicio de apoyo.
Por Marina Ardenghi Lic. en QuímicaHealth Coach Somos un cuerpo físico (además de mental y espiritual), cuyo funcionamiento responde en gran parte a lo que incorporamos, a esas sustancias y componentes (nutrientes) que vienen de nuestra alimentación. Ese determinado funcionamiento: bueno, regular o malo, depende (en conjunto con otras variables) de las características de eso…
Axel Kicillof anunció este miércoles que convertirá en autopista unos 48 kilómetros de la ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó. El anuncio forma parte de dos obras clave para el corredor atlántico bonaerense: completar la doble mano en esa ruta que conecta los balnearios más importantes de la costa y la repavimentación total de la autovía 2.
El gobernador hizo el anuncio en Villa Gesell donde realizó la primera conferencia de verano, una actividad donde se expusieron las primeras estadísticas de la temporada. La obra tendrá una inversión de USD100 millones que surgirán por un lado de los ingresos de la empresa Aubasa, pero también a través de un crédito que gestiona la empresa estatal a partir de una autorización de endeudamiento aprobada en diciembre en la Legislatura.
LPO había adelantado que Kicillof buscaba llegar al final del mandato con la ruta 11 transformada en autovía desde Mar del Plata hasta Esquina de Crotto, donde está la conexión con la ruta 63, nexo con la Autovía 2. Desde hace varios meses se trabaja en la ejecución de la ampliación a doble mano entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Sin embargo, el tramo Mar de Ajó-Pinamar estaba sujeto a financiamiento.
Fuentes del gobierno explicaron a LPO las dos vías por las cuales se buscará llegar a los USD 100 millones. En el endeudamiento que la legislatura aprobó en diciembre había un tramo de USD 250 millones destinados a obras de infraestructura vial de Aubasa.
En tanto, los restantes USD 750 millones deberán salir del cobro de peajes en la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires-La Plata. Días atrás, la empresa estatal aplicó una suba de un 7% y se sabe que los peajes seguirán en alza a través de un mecanismo trimestral de aumento.
A partir de 2024, la empresa arrancó un proceso de saneamiento administrativo, con una estrategia hacia la concreción de obra pública y un plan de negocios con la tarifa de los peajes. En La Plata ven que ese plan está dando buenos resultados.
El proyecto para convertir en doble mano el tramo entre Pinamar y Mar de Ajó contempla trabajos sobre dos secciones de 25 y 23 kilómetros cada uno. Estos incluirán la construcción de la doble calzada con banquinas pavimentadas, cantero central y sistemas de retornos situados en los principales accesos e hitos del tramo.
Además, se contemplan obras hidráulicas, señalización completa e iluminación en accesos e intersecciones, así como también dársenas, refugios peatonales y obras de seguridad vial.
El presidente de Aubasa, José Arteaga.
La ejecución de esta obra permitirá terminar de completar los 200 kilómetros de autovía en la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, brindando mayor seguridad vial, capacidad y nivel de servicio al tránsito regional.
Se trata de una ruta clave para la actividad económica regional, el intercambio social y el acceso a servicios de emergencias y centros de salud y educativos, especialmente en los meses de verano.
Milei, devolvele a la provincia todo lo que le robaste. Puede no gustarte Perón, Keyness, Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones y usarlo para la timba como lo estás haciendo.
«Son 100 millones de dólares. No son para la timba. Son para obras para la gente y para el sector privado. Es crédito, lo hemos conseguido y ahí se ven las máquinas trabajando», dijo Kicillof este miércoles en Villa Gesell.
«Milei, devolvele a la provincia todo lo que le robaste. Podes estar enojado, puede no gustarte Perón, Keyness, Kicillof. Puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, salud, jubilaciones, obra pública y usarlo para la timba como lo estás haciendo», agregó.
YA PASARON LAS ELECCIONES El oficialismo y la oposición están encaminados en desplegar sus campaña para ver quien será el próximo presidente. Dentro del oficialismo están como desentonados. Da la impresión de que algunos se van quizá sin comprender la diferencia entre ejercer la función pública o la representación temporal al frente del principal de…
El Gobierno Provincial ya acordó con 14 municipios la continuidad de las tareas de control de precios y abastecimiento de forma delegada, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19. De esta manera, se implementarán políticas activas que permitan un mejor desenvolvimiento administrativo en la defensa de los derechos del consumidor. A…
El programa provincial ‘Comunidad en Municipios’ llegará el 1 y 2 de septiembre a Villa Regina, de 9 a 15 horas, en el polideportivo Cumelen, en Colón 107. Se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la Agencia de desarrollo económico CREAR. Estará presente, ambos días, el Registro Civil Móvil para que…
El DNU 941/2025 no moderniza la inteligencia argentina: la redefine en clave autoritaria. Bajo un lenguaje técnico y eufemístico, el decreto amplía facultades, diluye controles y habilita un esquema de vigilancia política interna incompatible con el Estado de Derecho. No es una hipótesis alarmista: está escrito, negro sobre blanco.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei volvió a recurrir al atajo institucional del Decreto de Necesidad y Urgencia para reformular de manera integral el sistema de inteligencia nacional. Lo hizo sin debate parlamentario, sin consensos mínimos y sin explicaciones públicas serias. El resultado es un texto extenso, ambiguo y peligrosamente abierto a interpretaciones expansivas, que concentra poder en la SIDE, debilita los controles democráticos y habilita prácticas históricamente asociadas al espionaje interno y al disciplinamiento político.
No se trata de una discusión técnica. Se trata de qué tipo de Estado se está construyendo y contra quiénes se orientan sus herramientas más opacas.
De la inteligencia estratégica al control político interno
El DNU 941/2025 redefine los objetivos de la SIDE ampliando de manera sustancial el concepto de “seguridad estratégica”. Bajo esa categoría difusa se incorporan amenazas que ya no se limitan a riesgos externos, sino que incluyen fenómenos internos vinculados a la “influencia”, la “injerencia”, la “desestabilización” o la “afectación del orden institucional”.
El problema no es semántico: es político. En la historia argentina, cada vez que el Estado amplió de forma ambigua estas nociones, el resultado fue el mismo: espionaje sobre partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, periodistas y referentes opositores. El decreto no prohíbe de manera explícita esas prácticas; por el contrario, las deja implícitamente habilitadas.
La supuesta prohibición del espionaje interno queda vaciada de contenido cuando el propio texto permite acciones “encubiertas” y de “obtención de información” frente a amenazas que no están claramente definidas ni tipificadas. En otras palabras, la SIDE pasa a tener margen para decidir por sí misma qué constituye una amenaza interna, sin control previo efectivo.
Ambigüedad deliberada y concentración de poder
Uno de los rasgos más preocupantes del DNU es su redacción. Conceptos como “operaciones encubiertas”, “acciones preventivas”, “seguridad estratégica” o “riesgos híbridos” aparecen reiteradamente sin definiciones precisas. Esta ambigüedad no es un error técnico: es una decisión política.
El decreto refuerza la autonomía operativa de la SIDE, reduce instancias de supervisión externa y consolida un esquema de concentración de poder en el Ejecutivo, con una cadena de mando corta y opaca. El Congreso queda relegado a un rol casi decorativo, sin herramientas reales para auditar en tiempo real las actividades de inteligencia.
Además, se amplían las capacidades del personal de inteligencia, incluyendo facultades operativas que rozan funciones de seguridad interior. Aunque no se lo diga de forma explícita, el texto habilita una zona gris donde inteligencia y coerción comienzan a superponerse, un terreno históricamente fértil para abusos.
Las comunidades CIFN y CITN: redes de captura masiva de información
El decreto formaliza y potencia el rol de las llamadas comunidades CIFN (Comunidad de Inteligencia Federal Nacional) y CITN (Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional), estructuras destinadas a articular información entre distintos organismos del Estado y actores privados. En los hechos, se trata de redes de intercambio de datos a gran escala, con escasos límites normativos y controles difusos.
Este esquema plantea un riesgo evidente para la privacidad y las garantías constitucionales. La circulación de información sensible sin reglas claras de protección, almacenamiento y uso abre la puerta a bases de datos políticas, sociales y sindicales, algo expresamente prohibido por la legislación vigente y por estándares internacionales en derechos humanos.
La experiencia histórica demuestra que cuando estos sistemas se expanden sin control, terminan siendo utilizados para el seguimiento de opositores y la anticipación de conflictos sociales, no para la defensa nacional.
Elusión del Congreso y degradación democrática
Que una reforma de esta magnitud se haya hecho por DNU no es un detalle menor. El sistema de inteligencia es, por definición, uno de los ámbitos que más control democrático requiere. Milei eligió exactamente lo contrario: evitar el debate parlamentario y avanzar por decreto.
Esta forma de legislar no solo vulnera el espíritu de la Constitución, sino que consolida una lógica de Estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo se arroga facultades extraordinarias sin justificación real de necesidad y urgencia.
La inteligencia, en este esquema, deja de ser una herramienta al servicio de la soberanía nacional para convertirse en un instrumento de gobierno, orientado a garantizar gobernabilidad mediante la vigilancia y la disuasión.
Herencias oscuras y un futuro inquietante
Argentina conoce bien este camino. La SIDE de la democracia tutelada, la AFI del espionaje político, los archivos ilegales, las escuchas, las carpetas y los servicios como factor de poder autónomo. Nada de eso empezó con declaraciones explícitas: empezó siempre con decretos ambiguos y promesas de modernización.
El DNU 941/2025 no crea un monstruo nuevo: reactualiza viejas prácticas, ahora bajo el ropaje del liberalismo autoritario y la retórica de la seguridad.
La pregunta no es si estas herramientas pueden usarse mal. La pregunta es cuándo y contra quiénes. La historia argentina ofrece una respuesta incómoda pero clara.
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