Esta mañana, el Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro Rodrigo Buteler el convenio para la implementación en Villa Regina del programa ‘IPAP Municipios’ que contempla la capacitación destinada a funcionarios y agentes municipales.
Este programa busca fortalecer a las distintas áreas de la administración municipal. Para ello se diagramó un cronograma de capacitaciones a través de cursos de “aportes a municipios” destinado a las áreas de administración; de “desarrollo local” para jefes de departamentos, jefes de división y responsables de áreas; de “comunicación estratégica” y “comunicación institucional y redes sociales” destinado a las áreas de comunicación locales; y de “condiciones y medio ambiente de trabajo” para el personal de áreas de servicio de apoyo.
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La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura, reconoció ayer a alumnos y docentes de la ESRN Nº 145 que realizaron una intervención artística en el anfiteatro del Militante en el marco del proyecto educativo denominado ‘Habitando espacios’. En la oportunidad estuvo presente el Intendente Marcelo Orazi acompañado por la Directora…
El Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Bajo el argumento de la “modernización normativa”, el Gobierno avanzó con una resolución que elimina obligaciones históricas del Estado y borra del reglamento sanitario el tratamiento especial para los pequeños productores. La Resolución 62/2026 del SENASA, publicada hoy en el Boletín Oficial no crea reglas nuevas: directamente quita las que protegían a los sectores más vulnerables de la cadena agroalimentaria.
La medida fue publicada el 23 de enero y pasa casi desapercibida fuera del ámbito técnico, pero su impacto es profundo. Con una sola firma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria derogó dos capítulos completos del Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, vigente desde 1968, que cumplían funciones centrales: el asesoramiento estatal y la regulación específica para la agricultura familiar.
Menos Estado, más castigo
Uno de los capítulos eliminados es el Capítulo XXIX – Del Asesoramiento, que establecía la obligación del SENASA de publicar guías, materiales explicativos y normas de divulgación para que productores y elaboradores supieran cómo cumplir con los requisitos sanitarios.
La derogación implica un cambio de paradigma: el Estado deja de tener la obligación normativa de explicar cómo cumplir la ley, pero mantiene intacta su capacidad de controlar, sancionar y clausurar.
En otras palabras, menos acompañamiento y más castigo. Una lógica coherente con el espíritu de la Ley Bases, que atraviesa toda la resolución como marco político general.
Agricultura familiar: de régimen especial a la intemperie
Más grave aún es la derogación del Capítulo XXXIII – De los productos provenientes de la agricultura familiar. Ese apartado reconocía algo elemental: no es lo mismo un frigorífico industrial que un pequeño productor artesanal.
El capítulo contemplaba:
Diferencias de escala
Modalidades productivas específicas
Volúmenes reducidos
Condiciones territoriales y sociales propias
Al eliminarlo, el SENASA borra del reglamento cualquier tratamiento diferenciado y somete a la agricultura familiar al mismo esquema normativo que rige para grandes empresas del complejo agroindustrial.
El resultado es previsible: más exclusión, más informalidad y más presión sobre los eslabones más débiles de la cadena.
Modernización sin reemplazo
La resolución justifica las derogaciones en la necesidad de “actualizar” normas obsoletas y acompañar los avances tecnológicos. Sin embargo, hay un dato central que el texto no puede disimular: no se dicta ninguna norma nueva que reemplace lo eliminado.
No hay:
Nuevo régimen para agricultura familiar
Nuevo esquema de asesoramiento digital
Nuevas herramientas de acompañamiento técnico
Solo hay vacío normativo.
Responsabilidad individual y retirada estatal
La Resolución 62/2026 se apoya reiteradamente en la Ley 27.233, que establece la responsabilidad primaria de los actores de la cadena agroalimentaria. Pero al mismo tiempo, reduce el rol activo del Estado a su mínima expresión.
El mensaje es claro: cada productor debe arreglárselas solo, aun cuando las condiciones de partida sean profundamente desiguales.
Bajo el discurso de la eficiencia y el reordenamiento normativo, se consolida un modelo de Estado que controla pero no acompaña, sanciona pero no explica, exige pero no reconoce diferencias.
Una decisión técnica con consecuencias políticas
Aunque redactada en lenguaje administrativo, la resolución tiene una consecuencia política nítida: debilita a la agricultura familiar y fortalece un esquema pensado para grandes actores.
No es una simplificación inocente. Es una decisión que reconfigura quién puede producir, quién puede cumplir y quién queda afuera del sistema formal.
Y como suele ocurrir, el ajuste normativo no cae sobre los poderosos, sino sobre quienes producen en pequeña escala, sostienen economías regionales y garantizan alimentos en condiciones adversas.
Tras las quejas de desarrolladores urbanos por las demoras de expedientes, Karina Burijson dejará la Secretaría de Desarrollo Urbano y asume en su lugar Agustina Olivero Majdalani, hija de la ex número dos de la SIDE macrista y cercana al Tano Angelici.
«Hay mucha bronca, hay expedientes que llevan un año parados. Es inconcebible con la crisis de la construcción actual», le dijo a LPO un hombre vinculado al desarrollo inmobiliario, uno de los principales motores económicos de la Capital.
Lo curioso es que Burijson llegó a la Ciudad proveniente de la gestión en Vicente López de Jorge Macri, que tuvo un impactante desarrollo inmobiliario, sobre todo sobre la avenida Libertador. Pero en los últimos meses, Burijson quedó atrapada en una puja cruzada de muy alto nivel, en la que se menciona a Mauricio Macri y Angelici.
Tras la aprobación del nuevo código urbano porteño, Burijson reemplazó a Álvaro García Resta en Desarrollo Urbano. García Resta había logrado un excelente vínculo con uno de los sectores más poderosos de la Ciudad, especialmente con el estudio BMA, que consiguió decenas de excepciones al código durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Hay mucha bronca, hay expedientes que llevan un año parados. Es inconcebible con la crisis de la construcción actual.
Junto con Burijson, y también proveniente de Vicente López, desembarcó Cristina Giraud en la Dirección de Interpretación Urbanística, el lugar más delicado de Desarrollo Urbano. Giraud reemplazó a Sandra Tuya y es señalada como la funcionaria que maneja el poder real en la Secretaría.
Por sus manos pasan los pedidos de excepciones y Giraud decide si se amoldan o no al Código. Es un espacio de enorme discrecionalidad y que mueve la balanza en el sector inmobiliario, donde los metros cuadrados extra hacen la diferencia a la hora de calcular la rentabilidad de un proyecto.
La todavía secretaria de Desarrollo Urbano, Karina Burijson.
Ahora, Giraud deberá vérselas con Agustina Olivero Majdalani, hija de Silvia, la ex número dos de la SIDE, que llega con el respaldo de Angelici, muy gravitante en la gestión de Jorge Macri.
Majdalani dejará la Corporación Puerto Madero porque debe ceder la presidencia a la Nación. Antes, pasó sin demasiado éxito por la vicepresidencia de la obra social de los empleados porteños.
Pero su escaso dinamismo no es necesariamente una mala noticia para el sector. «Agustina es alguien de la política, no esperamos que haya sorpresas», dijo a LPO un importante desarrollador.
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