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A LA CORTE SUPREMA POR EL GOLFO SAN MATÍAS

Las organizaciones que accionan sostienen que en el fallo del STJ existe un agravio que justifica el recurso extraordinario que se basa en la convicción de que principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

El sábado 3 de junio, en 4 puntos geográficos distintos (Loma Campana, Allen, Conesa y Las Grutas) donde pasaría el oleoducto de YPF organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos, movimientos ecuménicos y estudiantiles se movilizaron en una acción que se realizó de manera simultánea y con solo representantes de las organizaciones con el objetivo de advertir al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto.

El Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro (STJ) rechazó el pasado 10 de mayo de 2023 la legitimación activa de las organizaciones Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; Fundación Greenpeace Argentina; Fundación Inalafquen y Fundación Patagonia Natural en la causa «Fundación Inalafquen Yub Otros C/ Provincia De Rio Negro S/ Acción De Inconstitucionalidad (Art. 15° De La Ley N° 5594)» (Expte. N° VI-00051-O-2022), que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.594 por considerarla regresiva y violatoria del derecho a un ambiente sano, poniendo en peligro el Golfo San Matías.

En septiembre de 2022 la Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo y contaba con un amplio apoyo popular; levantando así la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, actividades altamente contaminantes que de llevarse a cabo en la zona pondrían en serio riesgo a toda la biodiversidad circundante y sus economías regionales: la pesca artesanal y el turismo.

La Legislatura de la provincia, a puertas cerradas sin presencia de gente y en tiempo récord, aprobó la ley N° 5.594 que reforma la anterior Ley N° 3.308, que otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo. Expresó que es necesario para este tipo de procesos que la ley en cuestión produzca una afectación en sus derechos individuales y que dicha afectación no fue demostrada. Por lo tanto, dconcluyó una falta de cumplimiento del requisito formal para acreditar su condición de parte interesada y aplicó una interpretación restrictiva y minimizada de la legitimación activa en materia ambiental.

En el fallo no se encuentra siquiera una mención al Acuerdo Internacional de Escazú ratificado por la Argentina junto a otras 24 naciones desde su sanción en Costa Rica en el año 2018 y vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Este acuerdo internacional prohíbe la regresión en materia de derechos ambientales, tal es el caso de la derogación y la aprobación de la ley 3.308 y 5.594 respectivamente, que pasa a permitir la industria petrolera antes prohibida en el Golfo de San Matías.

El STJ rechazó la presentación de las ONG ambientalistas, avalando el fallo de Jorge Crespo procurador general de la provincia porque consideró que no se encuentran legitimadas para hacerlo ya que la acción de inconstitucionalidad en sí no es un proceso colectivo.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan: los procedimientos de participación ciudadana, el derecho a la información pública y la no regresividad de las normas en la materia.

“Lo único que hizo el STJ en su resolución es negarle la participación en la causa a actores territoriales orgánicos, representativos de la voluntad popular a lo largo de la provincia”, expresa el comunicado en la web de Abogados y abogadas ambientalistas, y es por esto que explican que el 31 de mayo interpusieron un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de la Nación modifique la arbitraria y absurda decisión del STJ rionegrino.

Las organizaciones que accionan sostienen la existencia de un agravio que justifica la formulación de la demanda y que se basa en la convicción de que al menos 3 principios fundamentales para la sanción de normas en materia ambiental no se respetan.

UN FALLO MINIMIZADO HASTA LO ABSURDO

Es imprescindible para la protección del Golfo San Matías en este caso pero para el cuidado del medio ambiente en cualquier territorio el respeto a los procedimientos y resulta imprescindible la necesidad de realizar una interpretación amplia de la legitimación activa en materia ambiental para asegurar el pleno ejercicio de los derechos ambientales.

El análisis abarcativo de la legitimación activa desempeña un papel fundamental en el ejercicio efectivo del cuidado de los derechos de injerencia colectiva. El reconocimiento de la legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual, como lo es el derecho a un ambiente sano.

Inclusive lo expreso por el principio precautorio presente en la Ley General del Ambiente, cuyas disposiciones son obligatorias para todas las provincias del país, se dispone la necesidad de tomar medidas protectoras frente la posibilidad de daños graves o irreversibles, aún cuando no exista certeza científica absoluta.

La legitimación de organizaciones y entidades que actúan en defensa de intereses colectivos cimienta la tutela de derechos que trascienden lo individual.

La legitimación activa, otorga la chance de toma acciones en nombre de estos colectivos, así se fomenta la igualdad de condiciones para la defensa de sus derechos, evitando la vulneración de intereses colectivos frente a poderes más concentrados. Siendo interpretada de manera amplia, permite abordar problemáticas que afectan a una comunidad o a un grupo de personas que, de manera individual, les podría ser muy complejo acceder a la justicia.

Frente a esta situación, la sentencia dictada por el STJ de Río Negro genera una profunda preocupación. El rechazo de la legitimación activa de las organizaciones, a la luz de una interpretación restrictiva hacia la población y amigable con las corporaciones, supone un grave retroceso en asegurar el derecho a un ambiente sano, que tiene raigambre constitucional y debe ser tutelado judicialmente. La sentencia supone un obstáculo significativo para el acceso a la justicia e impide abordar una problemática que es de interés general para toda la población.

LAS VOCES EN LOS TERRITORIOS

En la Estación de bombeo de Allen, se manifestaron la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, vocera de la articulación de las Asambleas provinciales del Curru Leufu, Asamblea de Cipolletti, la sección del sindicato docente universitario ADUNC Fiske Menuco, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro -ASSPUR-, el Tribuna Ambiental, Polo Obrero, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero de Río Negro, Corriente Política Marabunta – Río Negro, Red Ecosocialista, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Colegio de Profesionale de Trabajo Social y el Movimiento al Socialismo -MST-.

“Desde las asambleas del Curru Leufu y desde muchas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, estamos aquí presentes para advertir al gobierno nacional y provincial que le decimos No al oleoducto al Golfo San Matías y que estamos en estado de resistencia y alerta” comentó Maite Aranzabal de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco

En Conesa participaron las organizaciones Asamblea del Valle de Conesa, Agroconesa, el Centro de estudiantes Cet 4, la parroquia San Lorenzo, el Partido Obrero y la Fundación Azara. Con la preocupación por la intención del proyecto del oleoducto de atravesar el curso del río Negro a esa altura se reunieron en el balneario local. Con la consigna “Somos cuenca, somos mar”. Belén Galfrascoli, de la Asamblea de Conesa y del partido Obrero expresó “estamos en esta lucha en toda la provincia contra el oleoducto y la modificación de la ley 3308 porque consideramos que somos cuenca y para poder defender nuestros derechos tenemos que actuar de manera conjunta.

En la costa atlántica la actividad se centró en la localidad de Las Grutas, epicentro de la lucha contra el oleoducto y en defensa del Golfo San Matías. Allí se reunieron las organizaciones Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Multisectorial Golfo San Matías, el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, APDH Alto Valle; MARA, el COA KIUS (Club de Observadores de Aves), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma-Patagones, Pastoral social Diócesis de Viedma, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Viedma, la Fundación Inalafquen, el Club Costa Sur, Deportes Náuticos Sin Motor, las Comunidades Católicas Stella Maris y San Cayetano, el Colectivo Cultural Les Mirones, el Centro de Estudiantes del IFDC- SAO, Fm La Korneta, Comerciantes Independientes de Las Grutas, Propietarios de casas y departamentos de alquileres de Las Grutas y SAO.

La Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas exigió la restitución de la ley 3308 que fue inconstitucionalmente modificada para permitir las actividades hidrocarburíferas. Suyay Quilapan vocera de la Asamblea se dirigió al Tribunal Superior de Justicia expresándoles que “somos legítimos accionantes para el pedido de inconstitucionalidad” a su vez instó a que se exprese por la demanda de fondo, cosa que consideran que aún no ocurrió. Alicia Calendino también participante de la Asamblea comentó nuestra actividad productiva es en base al turismo y a la pesca, decimos que no a este proyecto porque pone en riesgo a estas actividades productivas”.

Compartimos el cierre del comunicado publicado por las Asambleas del Currú Leufú:

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el despliegue de todas estas estrategias institucionales con las que buscan imponernos el frente exportador de Vaca Muerta, apoyado e impulsado también por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía. Nos preocupa, además, el despliegue de discursos desarrollistas y “eldoradistas” con los que instalaron la idea de que Vaca Muerta nos va a salvar de la crisis económica y la falta de dólares. Discursos que nos demonizan y desde los que se nos representa como enemigos del progreso y de la patria, que buscan deslegitimarnos para garantizar el avance del proyecto desconociendo el rechazo contundente de las comunidades, desconociendo los graves impactos por demás documentados y a la vista de estos proyectos extractivos, como los incidentes ambientales, la contaminación, los sismos, los despojos territoriales, la sequía, las enfermedades, la profundización de la pobreza y las desigualdades, el colapso y destrucción de las rutas, puentes y caminos, etcétera.

Frente a esta realidad, advertimos que mientras no se nos escuche, mientras no se respete nuestro legítimo derecho a opinar, a ser consultadas, a defender nuestros territorios, mantendremos y multiplicaremos las acciones. Así como en 1999 conseguimos la sanción de la Ley 3308, así como luchamos por la ley anticianuro, contra la planta nuclear, las granjas porcinas o las tierras cedidas para agronegocios, seguiremos resistiendo ahora. No vamos a permitir el avance del extractivismo que viene a profundizar las desigualdades, a atentar contra nuestras formas de vida y nuestras economías regionales, a agudizar la destrucción del ambiente. Esta resistencia no será la excepción

Exigimos el cese inmediato del proyecto Vaca Muerta Sur y el respeto por los mecanismos democráticos.”

Contactos

  • 2934 46-0520 Suyhay Quilapán | Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas
  • 11 7362-3820 Fabricio Di Giacomo | Multisectorial Golfo San Matías
  • 2984 20-3310 Pedro Pérez Pertino | Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca)

Fuentes
https://asambleasdelcurruleufu.wordpress.com/
https://www.carbono.news/
https://aadeaa.org/

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    Una inversora bielorrusa se suma como querellante y expone aún más el parate escandaloso de la causa $LIBRA

     

    Se suman más denunciantes a la estafa «difundida» por Milei.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Una mujer de ciudadanía bielorrusa decidió presentarse como querellante en la causa federal contra Milei, su hermana Karina y el círculo íntimo que promovió el token $LIBRA. Asegura haber perdido más de 1,7 millones de dólares después del mensaje oficial que difundió el propio Milei desde su cuenta institucional.

    La denuncia que llegó desde Bielorrusia

    Según la información publicada por Juan Alonso en su cuenta de X, la mujer bielorrusa afirmó haber perdido 1.768.079 dólares tras la caída repentina del token $LIBRA, promocionado públicamente el 14 de febrero desde la cuenta oficial de Milei, con tilde gris y condición de funcionario nacional.

    La presentación asegura que la inversora confió en la “legitimidad institucional” que otorgaba la figura presidencial al proyecto cripto. En la querella se adjuntaron las transacciones en la Blockchain que demuestran cómo sus compras masivas se transformaron en un quebranto millonario cuando Milei retiró su apoyo.

    Representada en Argentina por el abogado penalista Nicolás Oszust, la mujer se constituyó como querellante en Comodoro Py, en el expediente donde también litiga la querella de Martín Romeo. La causa está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

    La denunciante apuntó contra Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token, entre ellos Hayden Mark Davis, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, por los presuntos delitos de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. También pidió que se investigue la responsabilidad penal de todos los funcionarios que promovieron $LIBRA, cuya demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York menciona 75.000 damnificados internacionales.


    Una causa que no avanza y un conflicto que huele a escándalo

    Pese a la magnitud del perjuicio económico, la cantidad de damnificados y el impacto internacional del caso, en Argentina la causa avanza a paso de tortuga. Y no es casual.

    Tal como reveló Noticias La Insuperable, la investigación está prácticamente paralizada mientras el hijo del fiscal, Federico Nicolás Taiano, pasó a trabajar como “Expert Consultant” para la firma del exagente de la CIA Frank Holder, uno de los nombres clave asociados al universo de operadores que orbitan alrededor del escándalo de $LIBRA.

    El detalle no es menor: el salto laboral del hijo del fiscal se produjo justo mientras la causa se frenaba y mientras se beneficiaba a los imputados con decisiones judiciales sensibles, como la liberación de bienes.

    La situación plantea un conflicto de intereses monumental, inédito en una causa de semejante volumen político y económico. El fiscal Taiano —quien debería impulsar la investigación— tiene a su propio hijo trabajando para uno de los actores centrales del entramado, según publicó NLI en sus investigaciones de las últimas semanas.


    Cuando la Justicia mira para otro lado

    En los hechos, la causa $LIBRA parece avanzar con más fuerza en el exterior que en los tribunales argentinos:

    • En Nueva York, la demanda colectiva sigue su curso con miles de damnificados.
    • En Cataluña, inversores europeos también iniciaron acciones.
    • En Buenos Aires, mientras tanto, los avances son mínimos y las medidas de prueba se demoran sin explicación convincente.

    Para los querellantes, la combinación de pérdidas millonarias, demoras procesales y vínculos cruzados entre funcionarios judiciales y operadores privados configura un caldo de cultivo perfecto para la impunidad.

    La llegada de la mujer bielorrusa no solo amplía la dimensión internacional del caso: también vuelve más difícil justificar por qué en Argentina todo sigue trabado.


    Un escándalo global con epicentro en la Rosada

    La maniobra asociada a $LIBRA expone una trama que mezcla política, negocios cripto, operadores cercanos al poder, exagentes de inteligencia y funcionarios que usaron su investidura para avalar un esquema que hoy investiga la Justicia.

    Que una ciudadana bielorrusa haya decidido litigar en Comodoro Py —y que existan miles de casos similares en el exterior— habla de la magnitud del escándalo. Pero que en Argentina la causa esté detenida mientras el hijo del fiscal trabaja para uno de los implicados directos solo confirma lo que el sentido común indica: la Justicia está mirando para otro lado.

    Con cada nueva querella, con cada dato que se suma y con cada irregularidad procesal que aparece, queda más claro que el caso $LIBRA no es solo una estafa financiera. Es un síntoma del modelo de poder que Milei instaló y que hoy intenta sostener en silencio, aunque las víctimas sigan apareciendo desde Buenos Aires hasta Bielorrusia.

     

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