La Legislatura de Córdoba volvió a quedar en el centro de un escándalo por una denuncia vinculada con delitos contra la integridad sexual. El protagonista es Omar «Manotas» Ludueña, un empleado de planta permanente que tiene una extensa trayectoria de militancia junto a Rodrigo de Loredo.
Ludueña fue denunciado por una mujer que asegura haber sufrido abusos sexuales durante su infancia y adolescencia. Según la denuncia difundida públicamente, los hechos habrían ocurrido cuando ella tenía entre 3 y 14 años. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de 2° Turno.
El caso adquiere una dimensión política por la trayectoria del empleado dentro de la Unicameral. Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR, como contratado bajo la modalidad de Asistente Legislativo. Posteriormente pasó a formar parte de la planta permanente.
Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.
La documentación administrativa de la Legislatura confirma, además, que Ludueña figura entre los empleados del cuerpo legislativo. Un listado oficial de personal de la Unicameral lo registra como Auxiliar Principal.
Pero hay otro dato que resulta relevante: el 1° de febrero de 2024, la dirección de Capital Humano de la Legislatura le confirmó a «Manotas» que su nuevo destino sería la oficina Alejandra Ferrero, una de las espadas de De Loredo, «cumpliendo funciones de apoyo a las actividades que se desarrollan en la misma».
El denunciado Omar «Manotas» Ludueña ingresó a la Legislatura el 10 de diciembre de 2011, solicitado por el bloque de la UCR. Según el pedido de informes presentado por el bloque Hacemos Unidos por Córdoba, esa incorporación se produjo a partir de un requerimiento del entonces legislador provincial Rodrigo de Loredo.
La nota lleva la firma de la propia Ferrero como responsable de la oficina de destino. El 8 de septiembre pasado, luego de que se hiciera pública la acusación a Ludueña, Ferrero solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que «arbitre las medidas para el apartamiento de las funciones» de Ludueña.
El bloque de Hacemos Unidos, que viene de atravesar la crisis de «Cañito» Flores, presentó un pedido de informes en el que deja expuesto que Ludueña habría trabajado de manera ininterrumpida para legisladores de la UCR durante años y habría desarrollado también actividad política vinculada con ese espacio.
La diputada radical Alejandra Ferrero.
Efectivamente, «Manotas» es un reconocido militante de la seccional Cuarta de la ciudad de Córdoba. El pedido de informes del oficialismo dejará expuesto cuándo ingresó Ludueña, quién solicitó su contratación, cómo fue su pase a planta permanente y todos los cambios registrados posteriormente.
Es un dardo directo a De Loredo, puesto que el denunciado habría sido contratado por él en 2011. El planteo tiene un componente político adicional: el peronismo pretende que los distintos bloques fijen posición frente al caso y recuerda los antecedentes recientes de pedidos de exclusión y cuestiones de privilegio presentados por situaciones de gravedad similar.
En principio, el peronismo buscará que se aplique la «jurisprudencia ‘Cañito’ Flores»: arrinconar a la radical Ferrero para que se tome licencia por haber cobijado en su oficina al denunciado. Como se recordará, Flores solicitó licencia y a las pocas horas renunció luego de que su exasesor José Villarreal fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.
La concejala radical Elisa Caffaratti, que conoce a Ludueña por su trabajo territorial y que también está vinculada al espacio de De Loredo, dijo que tomó conocimiento de la denuncia a través de la propia denunciante y que realizó una presentación judicial para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
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La historia de Federación, la ciudad entrerriana que fue demolida y trasladada en 1979 para construir la represa de Salto Grande y terminó bajo las aguas del embalse.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay una ciudad argentina que existe y, al mismo tiempo, dejó de existir. Tiene habitantes, calles, escuelas, comercios, una plaza, edificios públicos y una identidad propia, pero el lugar donde durante más de un siglo se desarrolló su vida cotidiana permanece bajo las aguas de un enorme lago artificial. No se trata de una leyenda ni de un pueblo abandonado: Federación, en Entre Ríos, fue literalmente trasladada para permitir la construcción del complejo hidroeléctrico de Salto Grande y su antiguo emplazamiento terminó inundado. Lo extraordinario es que antes de que llegara el agua, la vieja ciudad fue desmontada y demolida, mientras sus habitantes eran obligados a comenzar nuevamente sus vidas en una ciudad construida desde cero a pocos kilómetros de distancia.
La historia comenzó mucho antes de que las topadoras entraran en escena. En 1946, los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron el tratado binacional que estableció las bases para aprovechar los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande mediante una represa hidroeléctrica. La decisión tenía un objetivo estratégico: producir energía y aprovechar el potencial del río, pero también implicaba una consecuencia enorme para una comunidad entrerriana. La construcción del embalse significaba que la ciudad de Federación desaparecería bajo las aguas. Sin embargo, la obra no comenzó inmediatamente. Durante casi tres décadas, los habitantes vivieron con la certeza de que algún día deberían abandonar su ciudad, pero sin saber exactamente cuándo ni cómo sería el traslado.
Una ciudad condenada a desaparecer
La vieja Federación tenía una historia mucho más extensa de la que permite imaginar su actual aspecto turístico. Su origen se remontaba a los antiguos asentamientos de la zona y, después de una primera relocalización en el siglo XIX, el pueblo había crecido alrededor de la explotación forestal y de su posición estratégica sobre el río Uruguay. Durante décadas desarrolló una vida urbana propia, con escuelas, comercios, clubes, bancos, estación ferroviaria, iglesia, hospital, instituciones públicas y una intensa actividad vinculada a la madera. No era una aldea improvisada que pudiera abandonarse sin consecuencias: era una comunidad consolidada, con generaciones enteras que habían nacido, trabajado y muerto allí.
La incertidumbre se hizo cada vez más concreta cuando comenzó finalmente la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, en 1974. Para entonces, unas 5.000 personas vivían en Federación y el destino de la ciudad estaba decidido. La futura represa necesitaba un enorme embalse y el casco urbano quedaba dentro de la superficie que sería cubierta por el agua. La alternativa fue construir una nueva ciudad en un terreno situado varios kilómetros al norte. Pero trasladar una comunidad no significa simplemente entregar nuevas casas: implicaba romper una trama urbana, separar vecinos, abandonar lugares cargados de recuerdos y decidir qué podía conservarse y qué debía desaparecer.
La construcción de la nueva Federación comenzó finalmente en 1977 y avanzó a una velocidad extraordinaria. En apenas un par de años surgió una ciudad completamente nueva, diseñada con criterios urbanísticos modernos para la época. Se construyeron más de mil viviendas y se trazaron nuevas calles, espacios públicos y servicios. Pero aquella modernidad tenía una contracara: muchas familias debieron abandonar barrios donde habían vivido durante décadas y adaptarse a una ciudad que todavía parecía un enorme obrador. Las investigaciones sobre la relocalización muestran que incluso la distribución de las viviendas produjo conflictos y transformó las relaciones sociales de la comunidad.
Antes del agua llegaron las topadoras
El episodio más impresionante ocurrió durante los últimos meses de la vieja ciudad. Federación no fue simplemente abandonada para que el agua hiciera el resto. Antes de la inundación se demolieron buena parte de sus edificios y se desmontó el antiguo casco urbano. La investigación académica sobre el proceso enumera entre las construcciones que quedaron bajo las aguas a la sede de la Gendarmería, la plaza 9 de Julio, la Jefatura de Policía, la Municipalidad, el correo, la central telefónica, las escuelas, los bancos, los comercios tradicionales, los clubes, el cine, la estación ferroviaria y numerosos edificios que habían formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones.
La imagen es difícil de imaginar hoy: una ciudad entera siendo desarmada antes de que llegara el lago. Casas, comercios y edificios públicos fueron desapareciendo mientras sus habitantes se preparaban para mudarse. La documentación oficial de la época y posteriores investigaciones describen un proceso de relocalización complejo y traumático, en el que las cuestiones legales sobre la propiedad, la adjudicación de las nuevas viviendas y la distribución de los habitantes generaron numerosos problemas. La nueva ciudad debía estar lista antes de que el embalse comenzara a cubrir definitivamente el antiguo territorio.
El 25 de marzo de 1979 fue inaugurada oficialmente la Nueva Federación. El acto estuvo encabezado por el dictador Jorge Rafael Videla, en pleno terrorismo de Estado. Apenas unos días después, el 1° de abril, comenzó el llenado del embalse y el agua empezó a ocupar el territorio de la vieja ciudad. El lugar que había albergado a generaciones de federaenses quedó progresivamente cubierto por el lago de Salto Grande. La vieja Federación había dejado de existir como ciudad y la nueva comenzaba una historia completamente diferente.
Una ciudad que todavía aparece debajo del lago
La historia tiene una última vuelta extraordinaria: la vieja Federación no desapareció completamente de la memoria ni del paisaje. Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente, pueden volver a observarse restos del antiguo asentamiento: calles, cimientos y ruinas que permanecen debajo del lago. En julio de 2026, una bajante preventiva del embalse volvió a dejar visibles sectores de la ciudad desaparecida, permitiendo que quienes conocen su historia contemplaran nuevamente fragmentos de aquel lugar que había sido demolido décadas atrás.
La propia existencia actual de Federación contiene una paradoja histórica todavía más profunda. La ciudad que nació como consecuencia de una relocalización traumática terminó convirtiéndose décadas después en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos. El descubrimiento de aguas termales en el subsuelo de la nueva ciudad, en la década de 1990, transformó completamente su economía y abrió una etapa de crecimiento basada en el turismo. El mismo territorio que había sido creado para reemplazar una ciudad desaparecida encontró una nueva identidad gracias a un recurso natural que nadie había previsto cuando se diseñó la nueva Federación.
Por eso Federación es mucho más que una curiosidad histórica sobre una ciudad inundada. Su historia permite observar una de las grandes contradicciones del desarrollo argentino del siglo XX: una obra de infraestructura capaz de generar energía para millones de personas también podía significar que una comunidad entera perdiera su territorio, sus edificios y buena parte de los lugares que constituían su memoria colectiva. La vieja Federación no fue destruida por una catástrofe natural: fue deliberadamente demolida para hacer posible una obra considerada estratégica, y miles de personas tuvieron que reconstruir su vida en otro lugar. Hoy, cuando el agua baja y vuelven a aparecer sus calles y cimientos, aquella ciudad que oficialmente dejó de existir en 1979 demuestra que algunas ciudades pueden desaparecer del mapa sin desaparecer completamente de la historia.
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