El gobierno quiere suspender las PASO para evitar que una derrota desate una corrida como la de Macri de 2019

El gobierno quiere suspender las PASO para evitar que una derrota desate una corrida como la de Macri de 2019

 

La decisión del Gobierno de suspender las PASO no responde sólo a la idea de quitarle al peronismo un instrumento para unificarse. Forma parte del plan para sostener la estabilidad financiera. En la Casa Rosada creen que si Milei sale segundo en votos las primarias atrás del peronismo, el plan económico podría enfrentar una crisis de confianza, como le ocurrió a Macri en 2019 y eso pondría en riesgo un triunfo en primera vuelta.

«En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir», confirmó a LPO un diputado de diálogo fluido con la Casa Rosada.

El fantasma que recorre la Casa Rosada tiene fecha precisa: el 11 de agosto de 2019. La fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto perdió las PASO por más de 15 puntos frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. 

La derrota agravó la crisis de confianza. El dólar saltó cerca de 25% en una rueda, los bonos y las acciones se desplomaron y el riesgo país se disparó. Con el paso de los meses, el Gobierno debió reperfilar la deuda y reinstalar el cepo cambiario.

El 62 por ciento de los argentinos considera que la economía está mal y crece el rechazo a Milei

Las encuestas que circulan entre funcionarios alimentan esos temores. Una medición de Casa Tres de Mora Jozami, que trabaja para el PRO, muestra que Axel Kicillof y Cristina Kirchner ya igualan la imagen positiva de Javier Milei, cuya imagen negativa llega al 54% y supera a la del gobernador bonaerense. Ese mismo trabajo ubica a Kicillof como el principal referente opositor. Cuando se pregunta quién representa mejor la oposición al Gobierno, el gobernador bonaerense reúne 36 puntos contra 23 de Cristina Kirchner. 

En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir.

La última encuesta Latam Pulse Argentina, elaborada por Atlas Intel y Bloomberg, a la que accedió LPO, dibuja un escenario todavía más incómodo para el oficialismo. El 62% considera que la situación económica es mala y el 49% cree que empeorará durante los próximos seis meses. En paralelo, el 53,8% califica la gestión de Milei como mala o muy mala, frente a un 33,5% que la considera buena o muy buena. Esa es precisamente la intención de voto que le adjudican a Milei en el Congreso.

«Con 33% de intención de voto, Milei puede perder las primarias ante un peronismo que históricamente ronda el 35%, por eso en la Casa Rosada están desesperados por sacar cuanto antes la eliminación o suspensión de las PASO», agregó el diputado consultado.

La tarea quedó en manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que debe negociar la reforma electoral con los gobernadores aliados y sobre todo, los diputados del PRO que conduce su amigo Cristian Ritondo. Los 12 diputados del PRO tienen la llave para habilitar la eliminación de las PASO. Ritondo confirmó a LPO que «por ahora no tuvimos un diálogo profundo sobre este tema, más allá del proyecto que mandó».

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Un trabajo de la Universidad de San Andrés, confirma los números que preocupan a la Casa Rosada. En esa encuesta Milei tiene una aprobación del 33%, un punto por debajo de Kicillof, el candidato peronista que mejor mide.

La novedad es que el ballotage que en el 2023 jugó a favor de Milei, ahora le juega en contra, en consonancia con el rechazo del plan económico que ronda el 60%.

Advierten que el Banco Mundial y el BID podrían frenar desembolsos por el año electoral

Esto fue confirmado por un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.

El temor del gobierno a una corrida si no logra imponerse con claridad en las PASO, no es descabellado. Las dudas sobre la reelección de Milei fueron el centro del análisis difundido por JP Morgan y resumido por El Economista con un título elocuente: el banco sometió a un «stress test» al programa financiero y advirtió que podrían faltar dólares si la elección resulta competitiva. 

Un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.

El ministro Caputo intentó disipar esas dudas al presentar su «programa financiero» de este año y el próximo, donde intenta mostrar que tendrá los dólares para pagar los vencimientos de deuda. En su informe, el JP Morgan consideró que el escenario base presentado por Caputo es consistente sólo si Milei mantiene una ventaja electoral sólida durante todo el proceso electoral, que incluye las primarias de agosto. 

Bajo esa hipótesis, JP Morgan estima que el Tesoro podría obtener unos 5.000 millones de dólares mediante la colocación de Bonares, sumar 4.200 millones de organismos multilaterales, recaudar 1.500 millones por privatizaciones y 2.000 millones a través de préstamos bilaterales. 

Pero el informe advierte que si la elección se vuelve competitiva, el Gobierno apenas podría colocar la mitad de esos bonos, recaudaría menos por privatizaciones y obtendría menos financiamiento externo. El esfuerzo pasaría de unos 4.900 millones de dólares a alrededor de 10.700 millones, prácticamente el equivalente al superávit primario proyectado para 2027. 

Además, el banco recuerda que ese ejercicio ni siquiera incorpora eventuales pasivos contingentes, como el juicio por los cupones atados al PBI, ni los pagos de hasta 5.300 millones de dólares que el Banco Central deberá afrontar por los Bopreal durante ese año. La conclusión del informe es que, aunque 2026 ofrece margen para transitar con cierta comodidad, todavía será necesario fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de financiamiento para atravesar un año electoral sin sobresaltos. 

 

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  • El Gobierno ejecuta despidos masivos en peajes antes de entregarle las rutas a los privados

     

    Semanas después de adjudicarle a un consorcio de empresas el control de un nuevo paquete de rutas, el Gobierno nacional avanza con despidos masivos en peajes donde las nuevas concesiones tienen previsto aplicar cobro automatizado.

    Este martes, se conoció que la empresa estatal Corredores Viales -que al momento controla las rutas nacionales que está privatizando Toto Caputo- desvinculó a 120 trabajadores que se desempeñaban en el tramo de la Ruta Nacional 226 que tiene como epicentro el peaje de Hinojo, en Olavarría.

    Eso, previo a entregarle el manejo de esa traza por los próximos 20 años al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco que, además, se quedó con el control de las rutas 3, 205 y la autopista Ricchieri y que planifica estaciones de cobro automático.

     «Este hecho forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas». 

    Más allá de eso, los despidos no solo alcanzan al personal que se desempeñaba en las cabinas, sino que también afecta a los trabajadores de las áreas de emergencia vial, grúas, soporte técnico, maestranza y balanza.

    «Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas» dijo un trabajador a Infoeme. La mayoría de los afectados son vecinos de Olavarría, donde el bloque del peronismo salió al cruce de la medida.

    Caputo privatizó otra tanda de rutas pero denuncian que no hay obras de magnitud previstas

    «Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», acusaron los concejales de Fuerza Patria, que advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».

    Como contó LPO, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

    Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes

    Por caso, en el pliego de la licitación para el paquete de rutas que adjudicó recientemente, el Gobierno exige apenas 55,98 kilómetros de «ruta segura» en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22. A pesar de eso, ya está confirmada la instalación de nuevas cabinas de peaje.

     

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  • Ahora reconocen que existieron los allanamientos que Weretilneck negó y se sospecha que hizo inteligencia ilegal

     

    El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.

    «Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.

    Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.

    Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.

    Weretilneck negó que lo hayan allanado, pero confirmó que tiene de funcionario al hermano del arrepentido de la AFA

    Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios. 

    El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.

    El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.

    Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.

    La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.

    Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.

    El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.

    Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.

    El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».

    «Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.

    Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».

    «¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.

    En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?

     

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