Pullaro propone que las provincias asuman el control de la Hidrovía para ahorrarle el costo a Nación

Pullaro propone que las provincias asuman el control de la Hidrovía para ahorrarle el costo a Nación

 

 El gobierno de Maximiliano Pullaro se metió de lleno en la nueva licitación de la Hidrovía y propuso un esquema para que las provincias asuman el control técnico de la nueva concesión con una premisa que sedujo a los funcionarios de Mieli: evitar la creación de una estructura burocrática nacional que implique nuevos cargos y mayores costos administrativos.

La reunión del jueves que encabezó el titular de Puertos, Iñaki Arreseygor, reunió a los llamados usuarios de la Hidrovía, representantes de las agroexportadoras, del negocio naval y sindicatos del sector a los que se le sumó el ministro de Producción de Pullaro, Gustavo Puccini, que fue con propuestas concretas para la licitación y que fueron avaladas por jugadores de peso en el tema como la Bolsa de Comercio de Rosario.

El ministro Puccini insistió en la necesidad de crear un Consejo de Control pero que el nuevo organismo no debe convertirse en una superestructura administrativa y propuso que el seguimiento del dragado, el balizamiento y la ejecución contractual se realice con los equipos técnicos ya existentes en las provincias. El sistema, según el planteo, sería financiado por las propias jurisdicciones y se apoyaría en recursos disponibles, sin crear nuevas dependencias.

La propuesta incluye incorporar la agenda de seguridad al esquema de control y sumar a la Prefectura. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, recogió el criterio de austeridad planteado por Santa Fe y coincidió en que no es necesario crear nuevas estructuras sino ordenar y coordinar capacidades ya existentes.

 El ministro Puccini insistió en la necesidad de crear un Consejo de Control pero que el nuevo organismo no debe convertirse en una superestructura administrativa y propuso que el seguimiento del dragado, el balizamiento y la ejecución contractual se realice con los equipos técnicos ya existentes en las provincias. 

«El nuevo esquema de control no debe convertirse en una estructura burocrática pesada ni en un ámbito de creación de cargos», sostuvo el subsecretario de Transporte de Santa Fe, Jorge Henn ante la consulta de LPO.

«No hablamos de una presencia simbólica ni protocolar, sino de una intervención técnica real en el seguimiento del dragado, el balizamiento y el cumplimiento contractual durante las décadas que dure la concesión», agregó. Según explicó, el objetivo es garantizar supervisión con continuidad, información en tiempo real y capacidad de corregir desvíos.

El ministro Gustavo Puccini participó de la reunión por la licitación de la Hidrovía junto a representantes de agroexportadores y otros usuarios del Sistema de Navegación Troncal

El argumento jurídico que sostiene Santa Fe apunta a que la Nación tiene delegada la competencia sobre la navegación, pero no sobre el lecho del río, que pertenece a las provincias. Puccini viene planteando desde 2024 la necesidad de reconocer el carácter federal del recurso y cuestionó que durante la gestión anterior de Alberto Fernández el control haya sido meramente formal.

La Hidrovía atraviesa 849 kilómetros en territorio santafesino y concentra el núcleo del complejo agroexportador más importante del país. Su funcionamiento impacta de manera directa en la competitividad y en el ingreso de divisas. En ese contexto, el debate sobre el control excede lo técnico: define quién y cómo supervisará durante los próximos 25 o 30 años el principal corredor logístico argentino.

El esquema que impulsa Santa Fe evita la creación de un nuevo ente nacional y traslada el peso operativo a las provincias. En el sector advierten que la supervisión permanente de una concesión de esa magnitud requiere equipos especializados y recursos sostenidos en el tiempo, un punto que todavía no fue explicitado en detalle.

 

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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

     

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    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

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