El TC se presenta en La Pampa y regresa un histórico

El TC se presenta en La Pampa y regresa un histórico

 

El piloto Alan Ruggiero prepara su regreso al Turismo Carretera (TC) este fin de semana para disputar la penúltima fecha de la temporada en el autódromo de Toay, La Pampa. El regreso es significativo, ya que el piloto de 32 años vuelve a la máxima categoría del automovilismo argentino después de casi dos años de ausencia.


Ruggiero competirá a bordo de un Toyota Camry del equipo Maquin Parts Racing, gracias a un permiso especial otorgado por la ACTC. Su última participación fue en diciembre de 2023. Desde entonces, el piloto intentó concretar su regreso con varios proyectos, incluyendo un Ford Mustang de nueva generación, pero la falta de presupuesto había postergado cada intento.

Ruggiero, listo para volver al TC de la mano del Maquin Parts.

La ACTC habilitó su participación mediante una excepción reglamentaria al artículo 5º del Reglamento Deportivo General, que prohíbe correr en las últimas cinco fechas a quienes no hayan disputado la Etapa Regular. Esta medida busca proteger la equidad deportiva durante la definición de la Copa de Oro.


Como consecuencia de este permiso especial, Ruggiero tendrá una restricción clara: no podrá sumar puntos en ninguna de las dos carreras restantes. En la práctica, si finaliza en una posición puntuable o incluso si gana, su resultado será «salteado» y los puntos de su posición se trasladarán al siguiente piloto clasificado.

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  • Cobran con aumento estatales y municipales de Neuquén

     

    Los empleados provinciales, jubilados, pensionados y de la municipalidad de Neuquén cobrarán sus haberes de octubre con aumentos determinados por la inflación trimestral acordada con los respectivos gremios.

    Tanto el gobierno neuquino como la comuna capitalina acordaron con los representantes sindicales de su planta de trabajadores que en forma trimestral se actualicen los salarios de acuerdo con el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

    Empleados provinciales

    El pasado 23 de este mes el gobierno provincial anunció que este viernes, último día hábil de octubre, los trabajadores activos de la administración pública como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) tendrán depositados sus haberes en sus respectivas cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

    Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la actualización salarial será del 6,96%, de acuerdo con la evolución del IPC del tercer trimestre del año.

    El incremento se suma a los ya otorgados durante el año en curso: 9,73% en el primer trimestre, 6,56% en el segundo trimestre y 6,96% en el tercero, correspondiente a este pago de octubre.

    Empleados municipales

    El secretario de Finanzas de la municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, informó que el pago de salarios se realizará este viernes 31 de octubre.

    En esta oportunidad, recibirán su sueldo con un aumento del 6,95% que corresponderá al IPC acumulado de julio, agosto y septiembre pasados.

    El funcionario sostuvo que el pago de salarios con aumentos “lo hacemos siempre con recursos propios sin ningún tipo de asistencia financiera de ninguna naturaleza: tiene que ver con el orden de las cuentas municipales, con contar con el flujo de fondos necesario para afrontar el compromiso salarial”.

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  • Paro universitario y marcha federal de antorchas: “Muchos docentes se van a manejar un Uber hoy”

     

     

    Docentes y trabajadores universitarios realizarán 48 horas de paro con movilización en reclamo de mejoras salariales, más presupuesto para las universidades públicas y que el Congreso apruebe el proyecto de ley de financiamiento presentado por los rectores, gremios y estudiantes. Por Agencia Farco.


    PARO UNIVERSITARIO Y MARCHA DE ANTORCHAS – Carlos De Feo entrevista

    Las jornadas serán este jueves 26 y viernes 27 con una marcha hacia el ex Ministerio de Educación de la Nación, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá actos, movilizaciones y actividades en distintos puntos del país, en lo que se espera sea una gran jornada federal en defensa de la educación pública y en contra del vaciamiento y ajuste del gobierno de Javier Milei.

    En declaraciones a Informativo FARCO el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo, aseguro que la crisis que está provocando el gobierno en las universidades se va acercando a ser catastrófica: “Primero, por el recorte presupuestario enorme que han hecho y, después, por la caída salarial que hoy ha logrado que el 80% de docentes y no docentes están con salarios por debajo de la línea pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo”.

    En este escenario, el dirigente gremial aseguró que “es necesario volver a estar en la calle” para impedir la destrucción de la educación pública y le reclamó al Congreso que sancione la norma que busca mayor financiamiento: “Hace unos días atrás en la sesión se cayó por falta de coro, no se pudo tratar la ley, así que bueno, estamos reclamando también ahí de que finalmente se trate la ley y haya, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla”.

    Carlos De Feo alertó que la situación salarial está generando que muchos trabajadores de las universidades se estén volcando a hacer chóferes para la aplicación Uber. “Muchos docentes hoy se van a manejar un Uber. Muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia y la universidad no se lo está dando”.

    Este contexto también generó renuncias, pedidos de licencia sin goces de sueldo o incluso que muchos se vayan al exterior. “El funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes”, concluyó.

    Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/paro-universitario-y-marcha-federal-de-antorchas-muchos-docentes-se-van-a-manejar-un-uber-hoy/

     

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  • Este sábado se definen los descensos a la segunda categoría

     

    Este sábado se juegan los partidos que decidirán el último descenso del Torneo Clausura. Godoy Cruz, al borde del abismo, se mide ante el clasificado Riestra, mientras que Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizan un duelo directo. El fútbol argentino vive una jornada de infarto.

    Godoy Cruz vs. Riestra: Un Milagro en Gambarte

    A partir de las 17 en el Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz intentará la hazaña de salvar la categoría ante un Deportivo Riestra que ya tiene su boleto a octavos. El Tomba arrastra un semestre catastrófico, con una sola victoria en sus últimos 19 partidos, una racha que lo tiene con un pie en la Primera Nacional. Para evitar el descenso directo, el conjunto mendocino necesita ganar y que San Martín de San Juan no lo haga (o empatar ambos para forzar un desempate). La angustia es tal que la dirigencia ya analiza alquilar el Malvinas Argentinas previendo un posible partido desempate.

    En la vereda de enfrente, el Malevo de Gustavo Benítez, si bien perdió su histórico invicto de 27 partidos como local ante Independiente, ya está clasificado a la fase final. Riestra buscará una victoria que le permita especular con la posibilidad de ingresar a la próxima Copa Libertadores, en caso de que se libere un cupo.

    Aldosivi vs. San Martín (SJ): Duelo Interzonal a Todo o Nada

    A la misma hora (17), el Estadio José María Minella será el escenario de otro encuentro de alta tensión: Aldosivi vs. San Martín de San Juan. Este enfrentamiento interzonal garantiza que uno de los dos equipos perderá la categoría al finalizar el día.

    El Tiburón llega con un envión anímico notable, sumando cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones, lo que le permite depender de sí mismo: ganando, se asegura la permanencia. Si empata, deberá seguir de cerca el resultado de Godoy Cruz.

    El Verdinegro de San Juan también llega en levantada, con seis partidos de invicto, pero con la desventaja de no depender exclusivamente de su resultado. San Martín necesita ganar y que Godoy Cruz no lo haga. En caso de salvarse, el premio es doble, ya que además conseguiría la clasificación a los octavos de final del Clausura.

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  • Tensión en Central Córdoba: De Felippe reclama la plata de los premios

     

    El cuerpo técnico de Central Córdoba, liderado por Omar De Felippe, inició públicamente una «lucha económica» en medio de la definición deportiva en Santiago del Estero. El entrenador alertó sobre promesas incumplidas y la falta de valoración de los logros deportivos. De Felippe enfatizó que el problema no es solo monetario, sino de «reconocimiento» por lo acordado.


    El conflicto, que parece ser de arrastre, incluye el premio por la obtención del primer título nacional. De Felippe denunció que el cuerpo técnico aún no cobró el premio por la Copa Argentina ganada. Además, aseguró que de los pagos por partidos ganados, el cuerpo técnico no ha recibido «ni un punto» de los 17 puntos que sí se les pagaron a los jugadores del plantel.


    Pese a las adversidades financieras, el entrenador dejó claro que el cuerpo técnico sigue enfocado en los objetivos deportivos, trabajando para lograr la clasificación a los cruces de octavos de final. De Felippe destacó el esfuerzo diario, indicando que trabajan «todos los días, a las seis de la mañana, para que estos pibes nos puedan clasificar».

    La directiva de Central Córdoba le respondió a Omar de Felipe

    La Comisión Directiva de Central Córdoba respondió a las acusaciones con un comunicado oficial en redes sociales, agradeciendo al entrenador, pero marcando diferencias en las versiones. El club aseguró que el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada. Además, afirmaron que ya se ha abonado el 92% de la totalidad de los premios pactados, y que el 8% restante se pagará durante la semana, contradiciendo la versión del DT sobre los incumplimientos.

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  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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