Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

 

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Foto: Roxana Sposaro.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

 

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  • Aseguran en Miami que EE. UU. planea ataques a objetivos militares en Venezuela

     

    La administración de Donald Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares dentro de Venezuela, según publicó el diario Miami Herald.

    El artículo se fundamentó en “fuentes con conocimiento de la situación, mientras Estados Unidos se prepara para iniciar la siguiente etapa de su campaña contra el cartel de la droga de los Soles”.

    Los ataques planeados, también reportados por el Wall Street Journal, buscarán destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y dirigida por altos miembros de su régimen.

    Las fuentes se negaron a contestar si Nicolás Maduro es un objetivo, pero una de ellas afirmó que le queda poco tiempo.

    “Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país, aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir”, indicó el diario de Miami.

    Luego recuerda que Washington duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

    Asimismo, actualmente ofrece 25 millones de dólares por la captura de algunos de sus principales colaboradores, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, presunto responsable de las operaciones del cartel.

    Otra figura clave del régimen que enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos es el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

    Al anunciar en agosto la decisión de duplicar la recompensa de 25 millones de dólares por Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que aquel “lidera el Cártel de los Soles”.

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  • Reforma Laboral: la CGT cítrica, rechaza y advierte medidas

     

    El dirigente camionero Octavio Argüello, uno de los nuevos integrantes del triunvirato de la CGT, lanzó fuertes críticas contra la reforma laboral.

    El dirigente demostró su descontento en dialogo con Radio Rivadavia, frente a la reforma que impulsa el gobierno nacional. Señaló que no están dispuestos a aceptar modificaciones “a ciegas” y que toda discusión debe darse dentro de los convenios colectivos de trabajo. Además, advirtió que, de avanzar sin consenso, los gremios no dudarán en recurrir a la Justicia o salir a la calle.

    Argüello afirmó que la propuesta oficial no constituye una modernización del sistema laboral, sino una “flexibilización encubierta” que pone en riesgo los derechos conquistados por los trabajadores. A su vez exclamo que, su bien el mundo laboral cambió con la tecnología y la robótica, eso no puede significar retroceder en derechos, marcando una línea de resistencia frente a los planes del Ejecutivo.

    El líder sindical recordó que la CGT ya se movilizó contra el DNU 70/23 y otras iniciativas que, según dijo, intentaron restringir el derecho a huelga y debilitar la representación gremial. En ese sentido, aseguró que el movimiento obrero está dispuesto a actuar “en todos los frentes”, desde el diálogo institucional hasta las protestas en la vía pública, si se busca imponer una reforma sin acuerdos previos.

    Finalmente, Argüello adelantó que la CGT buscará el reencuentro con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, con el objetivo de fortalecer la unidad sindical frente a las políticas del Gobierno. “tenemos que unirnos, si no este Gobierno cipayo nos lleva puestos a todos juntos», expresó el gremialista, reafirmando la intención de consolidar un frente sindical amplio y cohesionado.

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  • Huracán Melissa: bajó de categoría, pero sigue siendo “extremadamente peligroso”

     

    El huracán Melissa descendió a categoría 4 luego de alcanzar su punto máximo como ciclón de categoría 5 en el Caribe, aunque el fenómeno continúa siendo considerado “extremadamente peligroso”, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

    La situación afecta con especial fuerza a Jamaica, donde ya se reportaron tres víctimas fatales tras distintos accidentes ocurridos mientras los habitantes se preparaban para el impacto del temporal. Además, se confirmaron otras tres muertes en Haití y una en República Dominicana, donde una persona permanece desaparecida.

    Según el último reporte del NHC, “los vientos destructivos continuarán afectando partes de Jamaica esta noche”, mientras se esperan “inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en toda la isla”. El organismo advirtió que el huracán podría provocar daños severos en la infraestructura, cortes de energía y de comunicaciones, y dejar comunidades completamente aisladas.

    Los pronósticos prevén que el ciclón alcance Cuba durante la madrugada del miércoles y las Bahamas el jueves. En la isla, La Habana ha puesto seis provincias en alerta: Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Las autoridades cubanas informaron que unas 650.000 personas fueron evacuadas o resguardadas preventivamente ante la inminente llegada del fenómeno.

    El huracán presenta vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, según los registros del NHC. Antes de tocar tierra en Jamaica, Melissa ya había causado cortes eléctricos, derrumbes y graves daños materiales en distintos puntos del Caribe, afectando también a Haití y República Dominicana.

    Para Jamaica será, sin duda, la tormenta del siglo”, advirtió la especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Anne-Claire Fontan, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

    Melissa se convirtió en el tercer ciclón de máxima intensidad de la temporada 2025, una de las más activas y destructivas de los últimos años en el Atlántico.

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  • «Como lo hizo el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan con la represión»

     

    Imagen: ANRed.

    Tras la jornada político cultural que realizaron ayer en la Estación Darío y Maxi, diversas organizaciones realizaron hoy por la tarde un acto central a 23 años de la Masacre de Avellaneda. En un documento unitario, volvieron a señalar que «la masacre de Avellaneda fue un crimen de Estado», exigieron «cárcel a todos los responsables políticos (Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff y Jorge Vanossi)», y repudiaron «la liberación de los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta». «La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. Hoy, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación, la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda», denunciaron. Por ANRed.


    Reproducimos completo el documento leído frente a la Estación Darío y Maxi, a 23 años de la Masacre de Avellaneda:

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

    Hoy se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda y miles de compañeras y compañeros nos encontramos en lucha y recordando a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En aquel 26 de junio de 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    La Masacre de Avellaneda no fue un exceso policial: fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba en pie de lucha desde las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre, dónde las trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas llenamos las plazas, las rutas y los puentes de acciones de lucha y resistencia.

    La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha.

    Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros al día siguiente de la masacre y luego, nuevamente, el 3 de julio del 2002 desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo y una vez más a los pocos días, para exigir justicia. Las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno.

    Imagen: María Guevara.

    Nuestra incansable lucha por justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías, que también participaron de la brutal represión, recibieron penas menores.

    Hoy venimos a decir no a la liberación de Fanchiotti y Acosta. Y como cada 26 de junio, exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. Nos referimos a Duhalde, Solá, J.J. Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Genoud, Oscar Rodríguez y Vanossi.

    A 23 años de la masacre de Avellaneda, nuestro pueblo enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud y pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora.

    La motosierra golpea a todos los derechos de los trabajadores y el pueblo para pagarle al FMI y los acreedores de la deuda.

    Miércoles tras miércoles, los jubilados desafían la represión de Bullrich y Milei denunciando las jubilaciones de miseria, cuya mínima llega apenas a 374.000 pesos.

    Han eliminado la asistencia alimentaria a los comedores populares de todas las organizaciones, congelando el monto de los programas sociales y atacando fuertemente a quienes luchamos contra el hambre.

    Imagen: @SantiMayor

    Vienen por la educación y la salud públicas: Como lo mostró la gran lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan, el plan motosierra es incompatible con el sostenimiento elemental de la salud pública. Así como las movilizaciones estudiantiles, de docentes y docentes universitarios denuncian el vaciamiento de la educación y la Universidad públicas.

    Este gobierno pretende destruir las conquistas del movimiento de mujeres, lesbianes, travestis, trans, bisexuales, no binaries, que fueron producto de un arduo recorrido de luchas colectivas. Una de las estrategias que han utilizado es el intento de eliminación de algunas de las leyes que buscan garantizar estas conquistas, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Identidad de Género, el vaciamiento de la Ley de Promoción y Protección contra la violencia machista.

    La persecución a las disidencias sexuales, y los discursos de odio que propagan por doquier, habilitan crímenes de exterminio, como el Lesbicidio de Barracas, ocurrido hace poco más de un año a cortas distancias de donde hoy nos encontramos.

    Vienen también por el derecho a huelga y por las libertades democráticas. Por decreto, pretenden hacer pasar la esencialidad del conjunto de los sectores estratégicos de la economía para seguir golpeando a los trabajadores.

    Imagen: La Izquierda Diario.

    Pretenden sembrar la xenofobia y la discriminación contra los migrantes. Desde esta gran movilización decimos: Migrar no es delito. Abajo los decretos anti migratorios.

    Milei viene de alinearse con Netanyahu, firmando acuerdos de solidaridad con Israel en el momento que ejecuta un genocidio contra el pueblo palestino y ataca al pueblo de Irán.

    Desde esta movilización defendemos y abrazamos la lucha del Pueblo palestino contra el genocidio y por el derecho al retorno. Y rechazamos las mordazas y la persecución contra quienes denuncian las masacres del estado de israel, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

    Día tras día, se ejecuta en nuestro país una masacre contra la industria y los puestos de trabajo, la destrucción del estado y las políticas publicas, en lo que va del gobierno de Milei se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo y la desocupación creción a un 7,9 %. Apoyamos las luchas contra los despidos, que recorre el país.

    Llamamos a rodear de solidaridad todas estas luchas populares para que triunfen. Reclamamos a la CGT y llamamos a poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para derrotar todo el programa anti obrero y anti popular del gobierno nacional.

    Para hacer pasar este enorme plan de ajuste, el gobierno recurre a la represión y la criminalización de la protesta.

    Tal como lo ejecutó en su momento el gobierno de Duhalde, Milei pretende barrer de la calle a los que luchan mediante la represión policial y de todas las fuerzas de seguridad. Hemos visto detenciones y cazas de manifestantes por decenas, como ocurrió en ocasión de la Ley bases. Por eso modifican el estatuto de la policía federal para permitir detenciones, allanamientos y todo tipo de arbitrariedades sin orden judicial.

    Desde esta movilización en Puente Pueyrredón le mandamos toda nuestra solidaridad a Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en la movilización de apoyo a los jubilados y que lucha todavía por su recuperación.

    La ofensiva de criminalización y represión se concentra especialmente la persecución del gobierno al movimiento piquetero.

    Con cientos de allanamientos, detenciones y represión, se pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha de los barrios, que viene siendo protagonista de todas las luchas populares desde su emergencia en la década del ‘90.

    Así como ayer el gobierno de Duhalde montó una cacería asesina contra las organizaciones de desocupados que terminó con el asesinato de Maxí y Darío, hoy, pretenden sacarnos de la calle con persecución, represión y causas amañadas.

    La persecución contra el movimiento piquetero no empezó con este gobierno. Las causas y los ataques fueron una constante bajo todos los gobiernos. Pero han pegado un salto bajo el gobierno de Bullrich y Javier Milei.

    En lo inmediato, pretenden llevar a juicio a quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie, y siguen investigando al FOL en una causa armada que pretende ser testigo para enjuiciar al conjunto de las organizaciones. Desde este puente decimos ¡Abajo el juicio!

    Se trata de una causa testigo para avanzar contra todo el movimiento piqueteros. Una causa amañanada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo, o de la estafa de Macri con el correo. Esta justicia pretende además llevar a juicio a compañerxs FOL en el mes de octubre, en Fiske Menuco, y avanza en las causas contra detenidxs por luchar.

    Es el mismo poder judicial de clase que persigue a las y los pibes de los barrios y avala el gatillo fácil mientras ampara los negociados del narcotráfico o la trata de personas. Es el poder judicial de Comodoro Py, que proscribe y encarcela a Cristina Fernández mientras garantizó la impunidad de los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.

    Pero la represión ha sido incapaz de frenar las grandes movilizaciones en las cuales el pueblo entero salió a la calle contra el gobierno, como lo mostraron las grandes movilizaciones universitarias, de jubilados, de las mujeres, y las Plazas colmadas el 24 de marzo.

    El gobierno de Milei cuenta la complicidad de muchos sectores anti patria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y rechazamos una una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos de la Ley bases, de la ley de reiterancia y para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario.

    Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI, que nos endeudan y nos llevan a una crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y jubilaciones, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión a las luchas.

    Solamente la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios, es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.

    Como lo mostraron en su momento las grandes gestas del movimiento obrero, como el Cordobazo, las huelgas de Junio y Julio del ‘75, las grandes puebladas y el Argentinazo, experiencia de nuestro pueblo es que la lucha popular es capaz de derrotar a estos gobiernos.

    Ese es el camino: ganar las calles retomando las grandes gestas de lucha de nuestro pueblo. Con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío y Maxi. Mariano Ferreyra, asesinado en otro crimen de estado, por la burocracia sindical de José Pedraza por luchar contra la precarización laboral. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por la gendarmería y prefectura de Patricia Bullrich, todos ellos están presentes en nuestras luchas.

    Hoy recordamos además a la compañera Cristina Mena, dirigente del MTR 12 de abril recientemente fallecida, luchadora de toda la vida por los reclamos del movimiento piquetero, participante y organizadora del histórico corte del 26 de junio, y de todas las luchas por justicia por la masacre de Avellaneda.

    Compañera Cristina, ¡Presente!

    A 23 años de la masacre de Avellaneda

    Fuera Milei. Derrotemos al gobierno de hambre y ajuste. Paro activo y plan de lucha de ocupados y desocupados.

    Memoria para resistir, organización para vencer.

    No a la libertad de Fanchiotti y Acosta.

    La masacre de Avellaneda fue un crimen de estado. Cárcel a todos los responsables políticos: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasoff, Jorge Vanossi.

    Basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero.

    Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy.

    ¡Justicia por Darío y Maxi!

     

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  • Megacausa en Rosario: caen 14 ex policías por una presunta asociación ilícita

     

    La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

    Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

    La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

    Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

    La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.

     

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  • La Justicia ordenó a ARCA suspender el sistema de desafiliación sindical

     

    La Justicia laboral ordenó suspender el sistema digital impuesto por ARCA tras una presentación de AEFIP, que denunció una maniobra unilateral del organismo para gestionar afiliaciones y desafiliaciones sindicales sin intervención del gremio. El fallo marcó la irrazonabilidad de que un empleador asuma para sí la posibilidad de afiliar o desafiliar a un trabajador a cualquier entidad. Por Infogremiales.


    La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) logró un fallo favorable por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N°17, que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el acceso digital al sistema SARHA. Este sistema, implementado por las autoridades del organismo en cuestión a principios de mayo, permitía gestionar automáticamente la afiliación y desafiliación sindical, lo que AEFIP consideró una injerencia directa en sus funciones como entidad gremial.

    La acción judicial fue presentada el pasado 12 de mayo, cuando el sindicato denunció que el mecanismo había sido creado de forma unilateral por el empleador, sin consulta ni participación del gremio. Según AEFIP, esta herramienta viola el marco normativo vigente al reemplazar la intervención del sindicato en la gestión de altas y bajas de afiliados, constituyendo así un intento de socavar su legitimidad y representación.

    En la sentencia a la que accedió InfoGremiales, el juzgado argumenta que «carecería de toda razonabilidad que el empleador asumiera para sí, y por su unilateral decisión, el acto formal de la inscripción (y eventualmente la renuncia o la desafiliación) del trabajador a cualquier entidad civil, gremio, asociación, cooperativa o club».

    Y agrega que «La entidad gremial es la que tiene la facultad – y por tanto el derecho – de afiliar o de desafiliar a los trabajadores que pueda agrupar, en las condiciones previstas por las normas vigentes y por su propio estatuto«. Siguiendo esta línea, le da lugar a la medida cautelar y ordena suspender la aplicación del sistema.

    Desde la Mesa Directiva Nacional del sindicato AEFIP destacaron que, a pesar del “accionar desleal y autoritario de la patronal”, el cuerpo de trabajadores se mantuvo unido junto a la organización sindical. AEFIP señaló que este fallo judicial ratifica el principio de libertad sindical y desestima “mediocres y repudiables políticas” dirigidas a debilitar la unidad gremial.

    Finalmente, el secretario general Pablo Flores y el secretario adjunto Hugo Álvarez convocaron a los trabajadores a continuar fortaleciendo la organización sindical con unidad y solidaridad. “No hay libertad sin justicia para los trabajadores”, remarcaron en el cierre del comunicado.

    Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-ordeno-a-arca-suspender-el-sistema-de-desafiliacion-sindical-careceria-de-toda-razonabilidad-que-el-empleador-asumiera-el-acto-de-inscripcion-o-renuncia-a-cualquier-entidad/

     

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