Un equipo médico chino realizó una innovadora cirugía ocular remota, utilizando un robot conectado a 5G para tratar a un paciente que se encontraba a más de 4000 kilómetros de distancia.

La operación quirúrgica, consistente en una inyección en la retina, fue llevada a cabo el domingo por cirujanos de la ciudad sureña china de Guangzhou, quienes controlaron de forma remota un brazo robótico ubicado en un hospital de Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

La cirugía, realizada con precisión micrométrica, representó un paso significativo en el aprovechamiento de la tecnología con el fin de disminuir la brecha que en materia de recursos médicos existe entre las regiones costeras desarrolladas y las zonas remotas.

Después de que el robot colocara la aguja microscópica en el ojo del paciente en Urumqi, los cirujanos en Guangzhou tomaron el control a distancia para guiarla hasta la superficie de la retina y perforaron esta membrana interior del ojo hasta una profundidad predeterminada, tras lo cual inyectaron el medicamento.

Toda la intervención duró menos de siete minutos, la red se mantuvo estable, el robot respondió sin problemas y no presentó vibración alguna.

La inyección subretinal es una técnica microquirúrgica meticulosamente delicada que se emplea para salvar la visión en trastornos causantes de ceguera, como la hemorragia submacular, informó la agencia de noticias Xinhua.

“Esta cirugía clínica supone un avance clave de la viabilidad a la practicidad en el campo de la cirugía oftálmica remota de alta precisión en China”, indicó Lin Haotian, director del proyecto,del Centro Oftalmológico Zhongshan de la Universidad Sun Yat-sen.

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El pasado viernes se realizo un megaoperativo simultaneo contra el narcotráfico, que incluyó a la ciudad de Neuquén, Centenario, Añelo y Andacollo.

La Policía del Neuquén logró importantes avances en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Bajo la coordinación de la Dirección Antinarcóticos y la intervención de diversas fiscalías, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos resultaron en detenciones, secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos utilizados para el comercio ilegal.

En Neuquén capital, tras más de un mes y medio de investigaciones, se desarticuló una red dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en los barrios San Lorenzo y Z1. Los agentes allanaron tres domicilios que funcionaban como punto de venta, depósito de droga y centro de recaudación de dinero. Durante el operativo se secuestraron más de 50 gramos de cocaína, marihuana, casi un millón de pesos, dólares, armas, vehículos y diversos elementos de fraccionamiento.

En Andacollo, el personal de la División Antinarcóticos Chos Malal llevó adelante un allanamiento nocturno con el apoyo de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial. El principal sospechoso utilizaba la modalidad “delivery” para entregar drogas en distintos puntos del pueblo y espacios públicos. En el lugar se hallaron cocaína, semillas de cannabis, balanzas, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la venta ilegal.

Mientras tanto, las divisiones de Centenario y Añelo culminaron investigaciones paralelas que permitieron desmantelar otros dos puntos de venta de drogas. En ambos casos, la investigación se inició gracias a denuncias ciudadanas realizadas mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida” y el código QR del Ministerio Público Fiscal. En total, se incautaron más de 90 gramos de cocaína y cannabis, dinero en efectivo, motocicletas y un arma de fabricación casera.

Las autoridades provinciales destacaron la efectividad de los operativos y el rol de la comunidad en la detección temprana de estos delitos. Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras los detenidos enfrentarán cargos por tráfico y comercialización de estupefacientes. Estos procedimientos refuerzan la política de tolerancia cero al narcotráfico impulsada en Neuquén, que combina investigación, tecnología y participación ciudadana para erradicar los puntos de venta en los barrios.

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Marcos Galperín, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del piloto argentino Franco Colapinto con la escudería Alpine al compartir un posteo enigmático en sus redes, en donde sugiere que el acuerdo continuará para 2026.

El mensaje, el cuál es un reposteo del CEO de la empresa en Brasil, Sean Summers, apareció en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde se cerrará el contrato inicial.

https://t.co/9kIvmLIhqq

— Marcos Galperin (@marcos_galperin) November 6, 2025

Brasil es la última carrera del vínculo original entre Alpine y Colapinto, que contemplaba presencia del argentino por tres Grandes Premios. Sin embargo, todo indica que habrá continuidad de la alianza.

Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con la escudería francesa. De confirmarse, Colapinto iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.

Horarios del Gran Premio de Brasil

El GP de Brasil tiene este viernes desde las 11.30 horas de la Argentina las prácticas libres, rumbo a la clasificación sprint. 

Viernes 7 de noviembre

• Práctica libre: 11.30.
• Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

• Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)
• Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

• Carrera: 14.00.

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Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.

 

 

Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

El caso que estremeció a San Luis

Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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