Julieta Makintach manifestó sentirse “desilusionada” tras la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento y remarcó: “Esperaba una absolución”.

La ex magistrada dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que apelará el fallo ante la Corte Suprema.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro y subrogante del TOC 3 expresó su «desilusión» luego de la resolución por unanimidad de los 12 jurados.

En este sentido, Makintach, quien se encuentra acompañada por su familia, resaltó que «esperaba una absolución» en la audiencia realizada en el Anexo del Senado bonaerense.

«Había quedado demostrado que no había nada irregular. No tenía interés ni participación ni injerencia en una idea creativa de terceros», subrayó respecto al documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según la imputada en la causa penal, «yo todavía no sé cómo estuvo afectada mi imparcialidad, nadie me lo supo explicar».

La mujer, que también fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos, se ausentó de la jornada porque «su hijo tenía vómitos», había anticipado a NA por la mañana antes de que comience la citación.

El escándalo por Justicia Divina estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach que manejó su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340 y mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.qMQYIA

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión del abogado Rodolfo Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.

The post Qué dijo la jueza Kakintach tras su destitución first appeared on Alerta Digital.

 

 

Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

---

El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

 

 

La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para modificar la Ley 2.941 de guardavidas, que hoy impide habilitar natatorios en varias localidades de Neuquén. La iniciativa busca reducir las horas de formación y crear un registro provincial, en medio de la preocupación por el cierre de piletas en plena previa del verano.

La falta de guardavidas habilitados se ha convertido en un obstáculo para que cientos de neuquinos accedan a las actividades acuáticas. En municipios como Piedra del Águila, Loncopué y San Patricio del Chañar, las piletas permanecen cerradas porque no logran contratar profesionales que cumplan los requisitos de la actual ley sancionada en 2014.

“Encontramos errores en la ley gracias al contacto con los vecinos de Piedra del Águila”, explicó la legisladora en diálogo con AM Cumbre 1400, donde detalló los puntos más críticos del sistema actual.

El principal problema radica en la exigencia de 1.100 horas de formación para los guardavidas, una carga que supera ampliamente los estándares nacionales e internacionales. “La Federación Internacional de Salvamento Acuático establece entre 730 y 750 horas, y en Río Negro, que incluso tiene costa marítima, solo se piden 740 horas”, señaló Buchiniz.

Esa diferencia, explicó, dificulta la contratación de profesionales y deja sin funcionamiento a espacios deportivos claves. Un ejemplo es la pileta semiolímpica del CEF 17 en Piedra del Águila, que no puede operar, afectando a más de 300 niños y adultos mayores que participaban en clases de natación y aquagym.

La problemática se extiende a todo el interior provincial: “Hay chicos que no pueden hacer natación y abuelos que no pueden practicar aquagym porque no logramos contratar guardavidas”, lamentó la diputada.

Creación de un registro provincial y actualización institucional

Otro de los puntos que Buchiniz propone modificar es la ausencia de un registro provincial de guardavidas. Aunque la ley vigente exige estar inscripto en uno, ese registro nunca fue creado. “Propongo crearlo para saber cuántas personas están habilitadas y si rinden las reválidas anuales, porque está en juego la vida de los bañistas”, subrayó.

Además, el proyecto plantea actualizar la autoridad de aplicación, ya que el organismo original —el Ministerio de Coordinación, Gabinete, Seguridad y Trabajo— dejó de existir tras la reestructuración del gobierno provincial.
“Necesitamos una autoridad que reglamente y fomente estas políticas para habilitar los natatorios”, sostuvo la legisladora.

Impacto social y económico del cierre de natatorios

La falta de guardavidas habilitados afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en las zonas del interior, donde las piletas públicas son uno de los pocos espacios recreativos disponibles. “Se invirtieron millones en piletas semiolímpicas que están cerradas porque no hay profesionales que cumplan los requisitos”, explicó Buchiniz.

En Piedra del Águila, incluso las colonias de verano se vieron suspendidas por la imposibilidad de contratar guardavidas. La diputada mencionó el caso de un aspirante de Mendoza que no pudo trabajar en la localidad porque su formación no alcanzaba las 1.100 horas exigidas por la ley neuquina.

Hipótesis sobre la rigidez de la norma

Buchiniz también señaló que la redacción original de la ley podría haber sido influenciada por el sindicato de guardavidas, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. “Quizás se hizo un acuerdo con el sindicato para controlar la matrícula de profesionales”, expresó, advirtiendo que esa rigidez perjudica a los municipios del interior.

De todos modos, la diputada enfatizó que su tarea es proponer soluciones legislativas, no negociar con sectores particulares: “Mi rol es mejorar las normas para que beneficien a los neuquinos”, afirmó.

Reforma en marcha antes del verano

El proyecto, que incluye además dos pedidos de informe a Defensa Civil y al Consejo Provincial de Educación, busca determinar el alcance real del problema. Buchiniz espera que la iniciativa tome estado parlamentario la próxima semana, una vez que la Legislatura retome su actividad tras la pausa electoral.

“Espero que se trate rápido en comisiones”, señaló, destacando la urgencia de aprobar la reforma antes del verano, cuando aumentan las actividades acuáticas en toda la provincia.

The post Buscan reducir en Neuquén la formación de guardavidas first appeared on Alerta Digital.

 

Luego de revelarse que el Gobierno colocó en bonos más de 300 mil millones de pesos que debería haberlos utilizado en infraestructura hidráulica, los números del presupuesto 2027 ratifican que Toto Caputo seguirá destinando a instrumentos financieros una buena porción de esos recursos. Según consta en las planillas presentadas en las últimas horas al Congreso,…