Paro universitario y marcha federal de antorchas: “Muchos docentes se van a manejar un Uber hoy”

Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue acusada de pedir 90 mil pesos para realizar el casamiento de una pareja, en el mes de enero de este año. El Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino informó que, además, la mujer omitió datos importantes en otro casamiento civil.

Se informó oficialmente que el asistente letrado Facundo Bernat formuló cargos a una mujer, empleada de Registro Civil, por haber solicitado dinero a una pareja para tramitar un casamiento y por haber incluido datos falsos en el acta correspondiente.

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada abusó de sus funciones como oficial pública y pidió una contribución indebida de $90 mil a un ciudadano, bajo el argumento de que el sellado abonado no se correspondía con el trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada mediante la aplicación MercadoPago.

El segundo hecho tuvo lugar el 11 de enero de 2025, cuando al confeccionar el acta de matrimonio omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio. Tampoco indicó los nombres de los cuatro testigos exigidos por la normativa vigente.

Bernat atribuyó a la empleada del Registro Civil los delitos de exacciones ilegales agravadas y de falsedad ideológica, en concurso real y en carácter de autora (artículos 266, 268, 293, 45 y 55 del Código Penal).

La jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de tres meses. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado un plazo de dos meses para culminar la investigación. La defensa de la imputada pidió extenderlo a tres meses, teniendo en cuenta la próxima feria judicial y la necesidad de llevar adelante su propia investigación.

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La audiencia en el jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach se reanudó hoy, tras haber sido suspendida la semana pasada. El proceso judicial busca determinar su responsabilidad en el escándalo del documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, causa en la que también participaron los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes declararán en esta nueva jornada.

La audiencia, que debió realizarse el viernes 7 de noviembre, pero fue suspendida por un corte de luz en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en 7 y 49 en La Plata, y se retomó hoy. Durante la jornada, los magistrados Di Tomasso y Savarino —exintegrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro junto a Makintach— relatarán los movimientos de la jueza dentro del tribunal y su rol como vocal en aquel debate.

El “as” bajo la manga de la defensa

En su defensa, Makintach planea presentar conversaciones con sus colegas para demostrar que ambos tenían conocimiento del documental que provocó la nulidad del juicio.

No obstante, la jueza Makintach, tiene “un as bajo la manga” y es mostrar conversaciones que ella mantuvo con sus colegas, en las que se demostraría que ambos sabían del documental, por lo que también deberían ser juzgados.

En uno de los chats del grupo la acusada los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “se queden tranquilos… desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero… le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna».

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ATE denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno en la audiencia por el conflicto del Garrahan y anunció un paro nacional en el sector salud. Acusan al Ejecutivo de romper la conciliación obligatoria y desentenderse del reclamo salarial. Por Infogremiales.

El conflicto en el Hospital de Pediatría Garrahan sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó como una «vergüenza» la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, denunciando que el Gobierno no envió a ningún funcionario con poder de decisión para resolver el reclamo salarial que mantienen los trabajadores del centro de salud.

“Fue un circo. Asistimos los representantes sindicales y cuatro empleados administrativos del Garrahan, pero ningún funcionario del Ministerio de Salud, de Economía ni de la Jefatura de Gabinete, como correspondía. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto”, expresó Aguiar a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

VERGÜENZA!!
LA AUDIENCIA POR EL GARRAHAN FUE UN CIRCO!!

EL GOBIERNO ENVIÓ A 4 PEREJILES!!

Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir el Ministerio de… pic.twitter.com/OUoCUujTDl

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 4, 2025

Desde ATE consideran que la audiencia carece de validez por la ausencia de los representantes del Estado empleador, lo que a su juicio implica una violación de la conciliación obligatoria dictada días atrás.

El dirigente también exigió que se ponga fin a lo que describió como “amenazas de despido” contra los trabajadores y reclamó aumentos salariales urgentes. “Si quieren garantizar el funcionamiento del hospital, deben asegurar condiciones laborales y salariales adecuadas”, agregó.

Ante la falta de respuestas, ATE anunció la convocatoria a un paro nacional en el sector salud, medida con la que buscarán federalizar el conflicto y visibilizar la situación en hospitales públicos de todo el país.

El reclamo del Garrahan ya había tomado notoriedad nacional tras varias jornadas de paro, movilizaciones y la exigencia de una mesa de diálogo real con el Gobierno. La escalada del conflicto plantea un nuevo foco de tensión en el ámbito sanitario, con posibles repercusiones en otras provincias.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/ate-denuncio-ausencia-del-gobierno-en-la-audiencia-por-el-garrahan-y-anuncia-paro-nacional-en-salud-fue-un-circo/

La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

Falta de seguridad laboral

Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

“Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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En menos de treinta días, la fiscal chubutense Rafaella Riccono logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de un hombre por violencia infantil. El acusado fue declarado culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en un contexto de violencia contra las infancias, en perjuicio de su hijo de 10 años.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Esquel el 1 y el 4 de octubre, en la vivienda familiar, cuando el hombre golpeó al niño con un cinturón, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

La situación fue detectada en la escuela por la maestra del menor, quien al notar las marcas dio aviso a la dirección y acompañó la denuncia ante la comisaría. Paralelamente, la madre del niño también denunció los episodios de violencia.

Tras la intervención del Servicio de Protección de Derechos, se consultó al menor sobre con quién se sentía más seguro, y el niño eligió vivir con su abuela paterna, donde permanece actualmente. Días después, fue escuchado en Cámara Gesell, cumpliendo con los principios del Interés Superior del Niño establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La jueza interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado, impuso al agresor reglas de conducta y ordenó remitir el fallo al Juzgado de Familia, que deberá implementar medidas de acompañamiento psicológico para la familia.

El Ministerio Público destacó que este caso representa un mensaje claro contra la violencia en la crianza, recordando que el Código Civil y Comercial prohíbe expresamente los castigos físicos desde 2015.

La Fiscalía subrayó que la violencia intrafamiliar no es un asunto privado, sino un delito, y reafirmó el compromiso del Estado en proteger los derechos de las infancias, garantizando su derecho a crecer en un entorno de respeto, diálogo y afecto.

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La Conmebol confirmó que no habrá cambio de sede para la final de la Copa Libertadores 2025. Pese a las gestiones e intenciones manifestadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el partido decisivo entre Flamengo y Palmeiras se mantendrá en el Estadio Monumental de Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre.

La idea de trasladar la final a territorio brasileño había sido impulsada por el presidente de la CBF, Samir Xaud, tras la clasificación de los dos equipos paulistas. Ciudades como Brasilia y Belém habían expresado su interés en acoger el encuentro. Xaud había señalado que la CBF estaba abierta al diálogo para acercar la definición al país si los clubes lo deseaban.

Sin embargo, la Conmebol ratificó su decisión inicial. Según reportes, la entidad sudamericana argumentó que la planificación logística y contractual ya está cerrada y que no existen motivos de seguridad que justifiquen una modificación de último momento.

Esta decisión se alinea con la política de la Conmebol de mantener la sede neutral y previamente anunciada, buscando la previsibilidad en la organización de sus torneos internacionales y evitando conflictos logísticos. Por lo tanto, la final de la Libertadores se jugará en la capital peruana como estaba previsto.

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