Como una diatriba que baja desde el norte, se acepta recortar donde hay que invertir. El mismo que te da, te saca.
La ecuación es matemática aunque la materia sea social y no exacta. El país sufre una crisis educativa que fue acrecentada por todos los gobiernos de turno desde la década del 90, todos coincidieron en la conveniencia de gobernar un país ignaro. Ésta crisis golpea en las clases medias y bajas, y esto repercute directa y proporcionalmente en una crisis socioeducativa que se proyecta a futuro como una deuda con el FMI, y necesita de un proceso resolutivo profundo y prolongado en el tiempo que nadie piensa afrontar.
La educación es lo único que nos puede salvar de la crisis de valores y de la agresividad cotidiana con la que convivimos. Sin embargo, la directriz de nuestros nuevos y no tan nuevos colonizadores modernos, aceptada gustosamente por marionetas de turno, exige que esta crisis se acalle con incrementos económicos en seguridad y recortes en cultura, ciencia y educación. Como curar una enfermedad con electroshock. Ajuste y represión, como el queso y dulce, un solo corazón.
Pero además de esto, como si fuera poco, se encuentra con otra vicisitud ligada a los tiempos en los que vivimos y a la que también el poder dirigencial. Al docente siempre se lo atacó por varios frentes, y en eso tiene un posgrado.
Devolverle el valor y el sentido al estudio, a la escuela. El estudio para los pibes no garpa. Es una pérdida de tiempo. Es complejo para cualquiera entregar cierta cantidad de tiempo de su vida en un proceso que cree, no le va a dar nada positivo. Y volver a hacerles creer que todo ese tiempo invertido no es en vano, genera en el docente un objetivo claro, pragmático, que supera la calidad de aprendizaje, los títulos y los conceptos que pueda saber. Es más bien una cuestión de conexión, interpersonal. Hay que convencer a los pibes que el estudio, la educación es lo que les puede dar otra perspectiva a su vida. Sin embargo, ese mensaje debe ser sincero. Los pibes dan en base a lo que reciben. Miden. Saben.
Negociaciones truncas por un lado y por el otro, fuera del colegio y dentro del colegio. Entre dirigentes, y con alumnos. En el medio, el educador, que sabe dar batalla.
Y la seguirá dando.
Hoy, ayer y mañana, la buena noticia es que la docencia es una de las pocas profesiones que se sigue sustentando en el amor y la entrega por el prójimo, en el asistencialismo y en el deseo colaborativo de aportar algo genuino a las nuevas generaciones que luego se trasladará irremediablemente a la sociedad.
Podrán licuar sus salarios, podrán arreglar paritarias irrisorias (y en cuotas) pero ellos seguirán ejerciendo frente a todos las problemáticas que afectan el correcto funcionamiento del sistema.
No se consideran otras opciones. Podrán cambiar formatos, podrán cambiar los pibes, podrán ningunear la profesión tanto gobernantes como la sociedad misma, pero el docente nunca dejará de ejercer. Nunca dejará de ser un educador.
Por qué evidentemente un educador, es
docente desde que era alumno.
Fotografía: Demian Alday Intervención: Germán Busin
“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.
Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto.
Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.
Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.
Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso.
Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.
LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos ya les ponía el ojo.
Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina.
Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.
LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI
A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
LEY DE TIERRA Y LEY BASES
En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.
Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM.
6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN
A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos.
La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará:
–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra.
–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país.
–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI.
–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía.
EL DOBLE OBJETIVO
Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.
Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma.
En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera.
Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.
Beach básquet, tejo, fútbol tenis y golf animaron la jornada del domingo en la Isla 58, con una excelente respuesta por parte de vecinos y vecinas que se acercaron al balneario. Las actividades fueron coordinadas por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina y la Secretaría de Deportes de la Provincia de…
Los «Veteranos» empiezan la parte más linda de la competencia, los play off. El «Femenino» está empezando a despegar y pisan la 4ta fecha en el Banco Nación y los «Super Veteranos» van por la 7ma en el «río». La Liga Municipal de Fútbol que se desarrolla en la ISLA 58 en su versión masculina…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a disfrutar de un nuevo encuentro del ‘Cine en mi barrio’ con la proyección de la película ‘En guerra con mi abuelo’. El cronograma es el siguiente: -Viernes 12: barrio 25 de Mayo -Sábado 13: barrio Don Bosco -Domingo 14: barrio Nuevo En todos…
Por Micaela Romina Martinez Tuvimos una cita con Dr. Funkenstein y repasamos su historia, material discográfico y presentaciones en vivo. Dr. Funkenstein es una banda reginense formada en el año 1998. En sus inicios, comienza haciendo tributo a bandas alternativas del estilo de Faith no More, Red Hot Chili Peppers o Living Colour. Al pasar…
¡Vamos de paseo! Uh uh uh… Disminuir la velocidad, desvío a doscientos metros. Un lugar para visitar sin querer visitar: la interrupción. Algo se detiene o sale de su curso habitual. ¡Púmbate! No era lo que esperabas, la intención de la interrupción es lo que cuenta. ¡Las pelotas! Consuelo nímio por una imposible continuación, acéptalo…
