Los problemas para los trabajadores de la reginense son de larga data, ni la intervención provincial a cargo de Jose Perez, ni la nueva comitiva con la misma persona como encargado más algunos empresarios de la fruta reginense como nuevos socios no han podido solucionar los problemas en la icónica cooperativa de Villa Regina. Los trabajadores permanentes llevan 7 meses sin cobrar (casi 8) y los temporarios arrastran deudas de aguinaldos, vacaciones, productividad, más horas de trabajo que no han sido pagadas.
El autoritarismo, los malos tratos, la persecución a la protesta, las guapeadas y la vieja estrategia de presionar y desgastar a lxs trabajadores para que se vayan solos, sin cobrar lo que se les debe y mucho menos la indemnización que les corresponde, es moneda corriente en La Reginense.
Esta nueva comisión directiva no demuestra intenciones de solucionar el conflicto, es por eso que Ricardo Marín, empleado con mas de 30 años en la cooperativa, vuelve a repetir hasta el hartazgo lo que vivencia todos los días en pos de una solución pacífica, aun a sabiendas que la última vez que levantó la voz recibió una carta documento. Y más de un compañero que también la peleó perdió su puesto laboral.
A Mauricio Macri se le quemaron los papeles para condicionar su primo, Jorge Macri, en la pelea por la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires. El ex presidente se queja en privado de que el jefe de Gobierno no lo consulta ni lo considera como él esperaba cuando, en rigor, su aspiración era manejarle el gobierno desde afuera.
Con esa frustración a cuestas, el líder del PRO tanteó tanto a María Eugenia Vidal como a Guillermo Dietrich para que pelearan por el sillón de Uspallata pero ambos declinaron su ofrecimiento. Incluso, le ofreció los mismos honores a su ladero y secretario general del partido, Fernando De Andreis, quien en los últimos días aceptó públicamente que «los mejores candidatos» serían Jorge en la Ciudad y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.
Acaso resignado, Macri se lamenta evocando los tiempos en que el actual jefe de Gabinete y Edgardo Cenzón ocuparon el Ministerio de Espacio Público en la Ciudad de Buenos Aires. Cenzón, además, llegó a ser ministro de Infraestructura de Vidal en el gobierno bonaerense. «Cuando estaban Santill y Cenzón, me iba mejor que con Jorge», habría confesado en la intimidad el ex Jefe de Estado.
El problema de Mauricio es que no puede condicionar a Jorge sin un candidato competitivo que pueda pisar el distrito porteño. En efecto, el razonamiento de aquellos a los que convidó con esa faena fue que el jefe de gobierno es, a su vez, el presidente del PRO en Capital Federal y tiene potestad como autoridad de la Ciudad para ponerle fecha a las elecciones: «son dos herramientas que hacen imposible que Macri pueda correrlo a Jorge», dijo una fuente al tanto de las conversaciones a LPO.
Por otra parte, las encuestas que reciben en el entorno del ex intendente de Vicente López es que habría mejorado su imagen por la obra pública y sus campañas agresivas en materia de seguridad. «Es el candidato del PRO que mejor mide», dicen, y esa es otra razón para que ni Vidal ni Dietrich se animen a competir.
Lo paradójico es que a Karina Milei le sucede algo parecido. Después de asediar a Jorge sin piedad, la caída en desgracia de Manuel Adorni y la pelea contra Patricia Bullrich, que dice que no está para cambiar baldosas, se quedó sin una figura que amenace con hacerle sombra al primo de Mauricio.
Jorge Macri, en la Rosada.
Por eso, la hermana presidencial se vio forzada a lanzar recorridas con la legisladora Pilar Ramírez, que esta semana irá a la heladería Luciano’s y la reconocida fábrica de muebles Fontenla con su diputada predilecta. «Karina no tiene un candidato como para presionar a Jorge y se vio forzada a hacer la gira con Pilar», comentaron a LPO.
La apuesta de la secretaria general de la Presidencia sería fortalecerse para negociar lugares en las listas de legisladores o espacios en el gabinete que se pueda conformar ante un eventual triunfo compartido.
Como sea, Macri y Karina transitan la misma suerte frente al jefe de gobierno: sin un candidato fuerte, sería difícil que se impongan en la discusión por el distrito.
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El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.
El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.
El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.
Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.
Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.
«A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.
Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.
El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.
En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».
Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.
Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.
Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.
Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.
En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.
En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron.
De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.
El empresario García Furfaro.
Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».
Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.
El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.
Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.
A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».
Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.
El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».
Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.
No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.
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