La Cámara Federal de Rosario iniciará una auditoría que explique por qué se detectaron unos 8 mil casos paralizados en juzgados federales de primera instancia, que al no haber sido trasladadas a tiempo a las fiscalías no tuvieron ningún impulso investigativo, lo que puede implicar delitos no esclarecidos y con impunidad hacia sus posibles autores.
La anomalía llegó a conocimiento de la Procuración General de la Nación, que está a cargo de todos los fiscales federales, luego de que en el Ministerio Público Fiscal de Rosario advirtieran que les cursaban extemporáneamente causas ingresadas a los juzgados federales 3 y 4, en algún caso hasta con seis años de demora. Algo que hizo que se pronunciara sobre esto con preocupación el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. «Acá hay responsabilidades funcionales», declaró.
El juzgado federal 3 está a cargo de Carlos Vera Barros y el 4 de Marcelo Bailaque, actualmente con prisión domiciliaria acusado por tres delitos en el desempeño de ese cargo considerados hechos de corrupción institucional.
Frente a esta situación, que dio a conocer LPO, la Cámara Federal de Rosario ordenó este martes a los secretarios de los juzgados 3 y 4 que informen en 48 horas los criterios de actuación utilizados para supervisar la información documentada que explique que esas causas hayan quedado paralizadas.
La Cámara Federal pide eso para cotejar el número excedente con las cifras que se confeccionaron en mayo de 2024 cuando dejó de tener vigencia el sistema de juicio escrito y comenzó el modelo acusatorio. Entonces los juzgados hicieron un listado de los expedientes que estaban en trámite para una transición hasta que tuvieran sentencia. Eran según fuentes de la Procuración unos 1.180 legajos. Pero ahora aparece una cifra de ocho mil adicionales que son anteriores a esa fecha límite y que no se comunicaron.
Al mismo tiempo, la Cámara también pidió al Ministerio Público Fiscal que les remita un listado de esas 1.180 causas a fin de contrastarlo con los guarismos de los informes que ahora encargan a los juzgados.
Esta situación de limbo en el que quedaron esas causas puede deberse a motivos burocráticos que impliquen negligencia pero no intenciones deliberadas de ocultarlos. «Puede haber una mala gestión de los expedientes u otra cosa más grave que se verá», dijo a LPO una fuente de la Cámara Federal. Pero esto ocurre en una jurisdicción donde hay causas penales en curso por expedientes cajoneados sin explicación o hechos que prescribieron por falta de impulso, en especial delitos tributarios, que tienen como infractores a personas de capacidad económica.
Escribe Mariana Herrero Evans para #LaTapa Después de levantar el cartel de la Educación Sexual Integral (ESI) como excusa para rechazar el proyecto de la interrupción legal del embarazo, los argentinos nos enfrentamos a este grupo organizado en contra de la misma educación que pregonaban hace apenas 3 meses. Diversas agrupaciones religiosas lanzaron una campaña…
El Intendente Marcelo Orazi entregó los premios a los tres equipos que completaron el podio de la Liga Municipal de Fútbol Femenino organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina. Los premios correspondieron a: Las Perlas (campeón), Las Inter (subcampeón) y Botineras (tercer puesto). En la oportunidad estuvo acompañado por el…
La política es la ciencia que se ocupa de lo bueno y lo justo para todos Aristóteles En la época en que vivimos la visión del concepto griego de política se ha degradado, ahora, ¿porqué? Para situarnos en perspectiva, debemos advertir desde qué lugar uno habla cuando habla. Para ello, podremos acercarnos a la Hermenéutica,…
El Intendente Marcelo Orazi recibió este martes al vicegobernador de la provincia Alejandro Palmieri. Durante el encuentro analizaron el desarrollo de estos primeros meses del año, la situación actual en el marco de la pandemia por COVID-19 y distintos aspectos vinculados a la relación entre el Municipio local y el trabajo legislativo. En este marco,…
Una alarma extrema a escala global se disparó este sábado luego que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, pidiera frenar ya el avance de la Inteligencia Artificial (IA) porque, en un plazo de 6 a 12 meses, un ataque de un enjambre de agentes de IA autónomos puede tomar el control de internet y causar pérdidas a la economía mundial de escala catastrófica y en última instancia, provocar la extinción de los humanos.
La alerta de Amodei pasó a otro nivel cuando el magnate Elon Musk y el CEO de OpenAI, Sam Altman, apoyaron su diagnóstico.
La preocupación estalló al advertir que los modelos avanzados de IA que se automejoran, están desarrollando conductas agresivas y de rebeldía frente a las instrucciones de los humanos. El caso que destapó este riesgo fue el incidente Hugging Face, cuando agentes de IA avanzada de Open IA se coordinaron, rompieron el cerco diseñado para testear su evolución, se metieron en la web y atacaron a la empresa Huggin Face.
Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre así pueda ser capaz de tomar el control de toda internet mediante una red persistente de bots
En ese experimento, 700 agentes autónomos de Inteligencia artificial de OpenAI escaparon de su entorno de pruebas aislado y vulneraron los servidores de la plataforma de código abierto Hugging Face, consiguiendo conexión a internet sin supervisión de humanos.
«Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre así pueda ser capaz de tomar el control de toda internet mediante una red persistente de bots -lo que podría causar daños por cientos de miles de millones de dólares-, y que la magnitud del daño siga aumentando a partir de ahí si la IA se vuelve más potente sin las medidas de seguridad necesarias», dijo Amodei.
La gravedad de las advertencias de Amodei llegaron incluso a generar un punto de coincidencia entre Elon Musk y Sam Altman, ambos fundadores de OpenAI pero actualmente envueltos en una fuerte pelea legal en la que Musk acusa a Altman de estafarlo y traicionar la idea original sin fines de lucro de la compañía creadora de ChatGPT.
En Naciones Unidas advirtieron que la inteligencia artificial podría volverse incontrolable y exigen la prohibición urgente de las armas autónomas.
«Dario tiene razón», dijo Musk. Por su parte, Altman sostuvo: «Estoy de acuerdo con Dario en que necesitamos moderar el ritmo de la frontera. Este ha sido un tema principal de las discusiones que hemos tenido en OpenAI en las últimas semanas».
En Naciones Unidas, en tanto, advirtieron que la inteligencia artificial podría volverse incontrolable y exigen la prohibición urgente de las armas autónomas, como se sospecha que se están testeando en la guerra de Ucrania.
«Podría convertirse en un riesgo existencial para la humanidad si no se toman medidas», dijo el responsable de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, que planteó el escenario de que los sistemas de IA se vuelvan tan poderosos que sus propios desarrolladores no puedan controlarlos.
Altman junto a Trump en Casa Blanca.
Türk le reclamó «límites claros» a los países desarrolladores de IA y a las empresas a cargo de sus cadenas de suministro. «Necesitamos verificación independiente y una cooperación mucho más estrecha en materia de seguridad dentro del sector», dijo.
El mensaje de Türk apunta al corazón del problema: quienes están haciendo las alertas sobre el desmadre de la IA son las mismas compañías que las desarrollan, con todos los factores económicos, estratégicos y geopolíticos que juegan a la hora de medir la marcha futura de la IA, que llegan a plantear riesgos para la humanidad.
Al día siguiente de renunciar a Anthropic, el investigador Jacob Coxon dijo que «los modelos actuales no pueden causar un riesgo significativo, pero que esto sí ocurrirá cuando la IA se mejore sola». La declaración de este sábado de su jefe, Dario Amodei, confirma sus temores. De hecho, Amodei anunció que Anthropic contratará paneles externos para que auditen y supervisen el desarrollo de sus nuevos modelos de IA.
Al día siguiente de renunciar a Anthropic, el investigador Jacob Coxon dijo que los modelos actuales no pueden causar un riesgo significativo, pero que eso sí ocurrirá cuando la IA se mejore sola y ese desarrollo podría llegar en apenas seis meses.
«Los modelos empiezan a ponerse muy peligrosos. Algunos piensan que en seis meses es plausible. Podría ser más, dos o tres años», agregó Coxon.
Esas declaraciones sacudieron el entramado político norteamericano y empiezan a generar en los republicanos proyectos regulatorios de la IA a los que le viene escapando Donald Trump.
Por caso, el senador republicano Ted Cruz definió como «aterradoras» las declaraciones de Coxon y adelantó que el Comité de Comercio del Senado se encamina a abordar en los próximos días la regulación de la IA.
El senador republicano Ted Cruz, antes de hablar en la Convención Republicana de Dallas.
«Necesitamos una regulación sustancialmente mayor en lo que respecta a la IA», dijo Cruz y detalló que, entre las medidas a analizar se incluyen los usos de la IA que generen amenazas biológicas y nucleares.
Pero el marco geopolítico aparece como un obstáculo para el desacelere. El propio Cruz dijo que las regulaciones no deben afectar a Estados Unidos en su «carrera de la IA contra China».
«Podríamos hacer que el gobierno interviniera y simplemente parara la industria de la IA en Estados Unidos, ¿y sabes qué pasaría? China alcanzaría en seis meses y avanzaría, y no tendríamos las herramientas para defendernos», dijo.
Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
Bandera de Estados Unidos flamenado en Ushuaia (2024)
En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.
Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.
La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.
La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda
La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.
La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.
Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?
No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.
Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.
En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.
La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.
Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina
El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.
El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.
Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.
Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.
¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?
El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.
Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.
Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.
Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.
La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?
Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.
Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.
En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.
