La serie española que tienes que ver si te gustó ‘La casa de papel’: con Álex González y Silvia Alonso

Esta semana continuó la capacitación de RCP y primeros auxilios para el personal municipal de distintas dependencias. La misma fue brindada por Bomberos Voluntarios de Villa Regina y coordinada por la oficina de Higiene y Seguridad Laboral de la Municipalidad. Recordemos que a fines de agosto un grupo de agentes municipales había participado de una…

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que está disponible una nueva edición del Fondo de Auxilio para prestadores turísticos del gobierno nacional orientada a agencias de viajes y servicios de transporte turístico.   En este caso, y en línea con las nuevas políticas focalizadas para diferentes actores de la cadena…

 

Una serie de fallas de seguridad aparentemente no reportadas por Dioxitek en su planta de Alta Córdoba dejaron a la empresa estatal de enriquecimiento de uranio al borde de la expulsión de la ciudad, tras décadas de operar con permisos precarios en medio de uno de los barrios más populares de la capital provincial y a 10 cuadras del estadio de Instituto.

Dos hechos graves que no habrían sido reportados por Dioxitek (ocurridos en 2023 y en 2024), pero sí por empleados y ex empleados, llevaron a la Municipalidad a reclamarle a la empresa informes actualizados de seguridad ambiental y nuclear; lo que puso en jaque la pretensión de la empresa estatal de continuar operando en Alta Córdoba durante 8 años más.

«Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así, desde el 86, con prórrogas y yo quiero terminar mi mandato con este tema resuelto», dijo Passerini en declaraciones a La Voz.

Me reuní con el directorio de Dioxitek y no son serias las propuestas, no hay un plan de inversiones. Este nuevo pedido de ocho años no fue admitido porque hay una cuestión judicial. Pero no vamos a acordar ocho, ni cuatro, están desde hace 40 años así

La tropa libertaria salió a cuestionar la posición de Passerini. A través de La Derecha Diario, responsabilizó al intendente cordobés por el cierre de Dioxitek «sólo por su ensañamiento con Milei». El equipo de comunicación de Passerini negó que prime lo ideológico sobre la seguridad: «Lo que sí es ideológico es mentir deliberadamente», fue la respuesta en redes. Desde su desembarco en Córdoba, La Derecha Diario apuntó sus cañones contra Passerini.

Dioxitek debía trasladarse a una nueva planta industrial en Formosa, pero su construcción está paralizada, por falta de inversión del Estado nacional, desde septiembre de 2023, cuando tenía un avance del 70% y una inversión ejecutada de 149 millones de dólares. Así, la empresa quiere extender la vida útil de la ubicada en el barrio de Alta Córdoba hasta 2034; donde opera a pleno y con una producción anual récord de 190 toneladas de dióxido de uranio de grado nuclear.

Meses atrás, una inspección de la Dirección de Bomberos en la planta de Dioxitek en Alta Córdoba detectó una serie de fallas: solicitó mejores sistema de extinción de incendio, que se coloquen rociadores en tanques de combustible, un inventario de los productos químicos que se almacenan y que muros y aberturas de la zona donde está el horno sean ignífugos, y no con cobertura de chapa. Además, la empresa tuvo dos informes negativos de Ambiente de la Provincia.

La empresa niega todo: dice que los presuntos incidentes no reportados no existieron y que las falencias detectadas por Bomberos ya fueron resueltas o están en ese proceso. Sin embargo, se aferró a cláusulas de confidencialidad y de seguridad para dar detalles.

La continuidad de Dioxitek en Alta Córdoba está atada al expediente que abrió el juez federal Miguel Vaca Narvaja, que le solicitó a la empresa informes ambientales y de seguridad. En la planta hay cientos de litros de metanol, hidrógeno, amoníaco, ácido nítrico y nitrato de amonio, entre otros. 

 

 

Tras un largo letargo y en medio de la profunda crisis que golpea a la industria láctea, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa que producía los postres, flanes y yogures de Sancor.

La liquidación final de esta empresa láctea formaliza el despido de casi 400 trabajadores, distribuidos entre las plantas que la firma tenía en Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).

También en las últimas horas, el magistrado Federico Güerri, subrogante del Juzgado Comercial 29 donde tramita la quiebra, aprobó el retiro de maquinarias que otras empresas habían otorgado a ARSA mediante diversos contratos.

Uno de los casos más salientes del expediente al que tuvo acceso LPO es el de Tetra Pak, que reclamó una deuda que supera los 110 mil dólares por el alquiler impago por parte de ARSA de numerosas máquinas, desde envasadoras y aplicadora de tapas, hasta embandejadora de envases, entre otras.

En tanto, en los últimos días, los trabajadores despedidos iniciaron una seguidilla presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo en la Justicia. El reclamo incluye indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.

El juez ya aprobó el retiro de máquinas. Por caso, Tetra Pak tenía en las plantas de ARSA 12 máquinas y denunció deudas en dólares por el alquiler de esos equipos 

«El instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios», señala una de las presentaciones a las que accedió LPO.

ARSA contaba con una red logística de 165 distribuidores y el abastecimiento semanal de 70 mil comercios en todo el país. La crisis que arrastraba desde 2023 se profundizó en un contexto de sobreoferta, restricciones a las exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos.

En su epílogo, ARSA estaba bajo el control empresarios venezonalos que manejaban también la láctea La Suipachense por intermedio de Marelac S.A. Antes, la admistración pasó por el Grupo Vicentín.

 La quiebra de ARSA se da en un contexto crítico del sector, que también se refleja en la empresa láctea Verónica, donde hay reclamos de salarios adeudados desde diciembre y denuncias de un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo. 

En 2024, se abrió un concurso de acreedores que resultó fallido y, a pesar de versiones de compra por parte de actores fuertes del sector, lo cierto es que nadie se ofreció para el salvataje y hacerse cargo de la producción.

La quiebra de ARSA se da en un panorama crítico de la industria láctea que también impacta en otras firmas fuertes del sector, como Verónica, donde trabajadores de las plantas de Clason, Suardi y Lehmann en Santa Fe reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo a 700 puestos de trabajo.

 

 

Escala la disputa por el control del Puerto Quequén, la principal boca de salida de los cereales de la provincia. Con la partida al Congreso de la massista Jimena López en diciembre, los intereses cruzados por la sucesión recrudecieron al transcurrir ya casi tres meses de interinato del dirigente de Uatre, Marcelo Carrillo.

Dentro del consorcio portuario señalaron a LPO que Carrillo avanzó con fuertes cambios en el organigrama, barriendo con parte de los funcionarios designados por López. A la par, hizo nombramientos que agitaron la interna del puerto.

En ese contexto crece la incertidumbre sobre la licitación del elevador de granos que hace 34 años maneja Terminal Quequén, grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con la participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otras.

Hace cuatro años que ese grupo opera con concesiones prorrogadas. En 2024, el gobierno de Kicillof anunció su decisión de licitar esa terminal.

Sin embargo, aún no hay fecha para el llamado y fuentes del puerto sostienen que, cuando expire la prórroga vigente, se otorgará otra a Terminal Quequén. Eso, en medio de la controversia desatada por el derrumbe en enero de un silo de la terminal, hecho que desató acusaciones por falta de inversión.

 Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción. 

Mientras tanto, la interna del puerto es un hervidero. En los últimos días, varios funcionarios designados por la massista López recibieron cartas documento en las que se les notificaba el cese de los contratos.

«Echar a compañeros no es una buena señal», dijo a LPO una fuente del arco peronista necochense, al tanto de estos movimientos en el puerto por parte de Carrillo, hombre alineado a José Voytenco en Uatre y esposo de la ex diputada Natalia Sánchez Jáuregui, del ala del Partido Fe que reporta a Kicillof.

Se habla de al menos 15 funcionarios que no seguirán y de un proceso de nombramientos de reemplazantes a tono con el nuevo formato de conducción.

Fuerte ofensiva de exportadoras para evitar que Kicillof licite el puerto de Quequén

En ese punto, en Quequén ven jugando fuerte otra vez al intendente de Necochea, Arturo Rojas, que presidió el consorcio portuario durante la gestión de María Eugenia Vidal, en su etapa dentro de Cambiemos.

Ahora alineado a Axel Kicillof, Rojas aparece en el lote de interesados por tener injerencia en un puerto por donde, el mes pasado, salieron más de 1.200.000 toneladas de cereales.

El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio.

Curiosamente, Povilaitis es la voz cantante del municipio en su litigio judicial con las exportadoras del puerto por el cobro de la tasa portuaria que la gestión Rojas aplicó bajo bandera de usar esos recursos para el arreglo de las calles por donde transitan los camiones que van al puerto.

En diciembre último, la Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por las terminales contra el cobro de esa tasa quee hoy permanece frenada. Sin embargo, cerca del municipio aseguran que está próximo a anunciarse un acuerdo por ese tema con las exportadoras.

En Quequén ven que ese acuerdo puede comprender fronteras más amplias y hablan de un consenso entre Rojas y Uatre, vía Carrillo.

 El nombre que suena como candidato de Rojas para el puerto es el de Ernesto Povilaitis, su mano derecha y actual secretario de Legal y Técnica del municipio. 

Esta semana, ambos encabezaron el acto de aniversario del puerto y se mostraron en sintonía. Eso llamó la atención en quienes recuerdan cuestionamientos puertas adentro de Carrillo a Rojas, ambos con cantera en el armado político-gremial del ex líder de Uatre, Gerónimo «Momo» Venegas.

En Necochea ven que esa cercanía va a decantar en una estructura de manejo en Quequén, más allá del nombre de quien presida el consorcio. Algunos no descartan que Carrillo persista en ese lugar.

No obstante, es un lugar codiciado. «Está todo el mundo pidiendo el manejo del puerto», dijo a LPO una voz al tanto de la interna.

 «Las exportadoras no quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras 

Es ahí donde el massismo no se resigna a la idea inicial de diciembre pasado de sostener esa plaza para el Frente Renovador. Pero en el entramado portuario dicen que ese espacio ya tuvo su cupo con Mónica Litza en Dock Sud.

En paralelo, LPO también contó de las versiones que posicionan en Quequén a Andrea Cáceres, necochense alineada al Cuervo Larroque que hoy está en Niñez y Adolescencia.

Es en ese panorama donde, antes de mitad de año, expira la última prórroga por 180 días que le dieron a Terminal Quequén y hay quienes no dudan de una nueva prórroga.

«No quieren licitar y están especulando con la continuidad de las prorrogas hasta 2028», dijo una fuente del puerto en alusión a las exportadoras, que rechazan el capítulo económico del pliego borrador que circula desde agosto pasado.