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A CONJUGAR EL VERBO GESTIONAR

Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?.

Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse por la precariedad de los sistema eléctricos: cortocircuitos, enchufes en mal estado, conexiones a la intemperie o mal hechas, un transformador funcionando en mal estado, son causas que derivan en un inicio de incendio. Pareciera que a nadie le compete solucionar estos accidentes que se repiten seguido, aunque también es cierto que luego la comunidad activa en brindar colaboración respecto de las pérdidas materiales (que suelen ser totales), lo interesante sería que directamente no pase más. Si bien no es la única problemática, es una a erradicar.

Nadie se hace cargo de la precariedad de las condiciones en las que se vive en los barrios populares. Esa ceguera de la que habló Saramago sí que se puede ver, vemos para dónde queremos, y cuando queremos …”Creo que NO nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven” presagia en su Bestseller el escritor portugués.

Para algún desprevenido que cree que el estado municipal o las organizaciones sociales no pueden gestionar una obra intradomiciliaria le contamos que lo cierto, es que sí existen posibilidades para brindar soluciones pero para eso hay que gestionar, un verbo poco conjugado en nuestra ciudad.

Existe un plan de integración sociourbana para los barrios populares del cual, acá, todavía no están anoticiados. En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos -algunos con oficio de toda la vida, otros que se van capacitando para poder sumarse a los proyectos-, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo.

Hacen conexiones de agua potable, instalan cloacas, levantan núcleos húmedos -baños y cocinas-; colocan redes de electricidad segura en las viviendas. 220 cooperativas hacen obras en barrios de 132 ciudades de los cuales cuatro son rionegrinos (Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón), en 18 provincias. El macrismo lo había desfinanciado pero el impuesto a las grandes fortunas volvió a motorizarlo. Con la presentación de este impuesto en 2019 y mediante esa financiación se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

En los barrios populares del país hoy se realizan 1.100 obras de integración sociourbana con cuadrillas de vecinos, son parte de un modelo de obra pública que mejora las condiciones de vida de los más pobres y crea puestos de trabajo

Nunca hay que irse tan lejos para ver realidades contextualizadas, por ejemplo en Gral. Roca el movimiento de trabajadores excluidos (MTE) mediante la SISU está en proceso de certificar la segunda etapa en la que colocaron el sistema eléctrico intradomiciliario en 80 casas, a lo que hay que sumarle 40 casas más de la 1ra etapa (120 en total) y en la 3ra alcanzarían el total de 203 viviendas que ahora contarán con un sistema eléctrico en condiciones evitando así posibles incendios.

Emilio Galli, Licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad Nacional del Comahue, docente y militante del MTE en Roca nos explica “los proyectos pueden ser red cloacal, proyectos para urbanizar el barrio (proyectos de gran envergadura), intradomiciliarios de electricidad, de agua, veredas y parquización y lotes con servicios”.

Además agrega, “A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas que son las de agua, de cloacas, y de electricidad (todas intra domiciliarias), esta última es la única obra que se puede hacer cuando no está la red instalada, por cuestiones de seguridad. También pueden presentar el proyecto de parquización de veredas, pero claramente no es una prioridad”.

Los proyectos bajan armados, están al alcance, solo hay que readecuarlos a la situación local y gestionarlos. «Es inaceptable que siga pasando esto (incendios en casa precarias) cuando tenemos una Secretaria de Integración Urbana Nacional que desarrolló proyectos que dan seguridad en los servicios de los Barrios Populares, la responsabilidad es tanto de los municipios que no gestionan estos proyectos y de los diferentes agentes que podrían intervenir y estar pensado en los de abajo antes de ver cómo salen en la foto» advierte el referente del MTE.

El MTE se divide en ramas diferenciadas por actividad: rural, sociocomunitaria -merenderos y comedores-, textil que trabaja con los talleres recuperados y construcción. La rama de la construcción es la que lleva adelante este proyecto de obra temprana de instalación eléctrica intradomiciliaria y para realizarlo tuvieron que duplicar la cantidad de trabajadores (de 11 a 23), por lo que estos proyectos también generan empleo. Veinte trabajadores son oficiales, ayudantes y colaboradores de obra; y además hay un técnico responsable, un responsable social y coordinador de obra.

A la secretaría pueden ir dos unidades de gestión, los municipios o las organizaciones sociales conformadas en cooperativas. Las organizaciones pueden presentar las obras tempranas

Emilio Galli, responsable regional del MTE

La cantidad de hogares que necesitan de este tipo de obras no es marginal: en Argentina, el 10 por ciento de la población vive en predios en los que carecen de dos o más servicios públicos. Y es que faltan políticas de acceso a la tierra para los sectores populares, por lo que la principal vía de hacerse de un lugar donde vivir, para los trabajadores informales, es la ocupación de predios donde luego, por la propia informalidad dominial, el Estado no lleva servicios.

Gestionar es una función importantísima de los sujetos políticos, la voluntad política de colaborar con los que más lo necesitan es una decisión humanitaria; la conjunción de ambas cualidades potencian las posibilidades de que una sociedad más justa e igualitaria sea posible.

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    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que adquirió un nuevo departamento en Caballito sin vender la propiedad que ya tenía en Parque Chacabuco. El dato, revelado por la prensa y confirmado con registros oficiales, reavivó las sospechas sobre su evolución patrimonial desde que llegó al Gobierno.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    Un nuevo inmueble bajo la lupa

    Según la información publicada por Clarín, Adorni sumó un departamento en Caballito mientras aún conserva el que tenía previamente en Parque Chacabuco. La operación genera ruido político porque ocurre en paralelo a otras controversias vinculadas a su patrimonio.

    De acuerdo con registros oficiales citados por distintos medios, el nuevo inmueble está ubicado en la calle Miró al 500 y figura a nombre del funcionario junto a su esposa.

    Lo llamativo no es solo la adquisición, sino que no se desprendió de su propiedad anterior, lo que plantea interrogantes sobre la evolución de sus bienes desde su ingreso a la función pública.


    Declaraciones juradas bajo cuestionamiento

    Otro punto clave del escándalo es que el departamento de Caballito no aparece en su última declaración jurada pública, lo que alimenta sospechas sobre posibles inconsistencias o demoras en la actualización de su patrimonio.

    Ante las preguntas, Adorni evitó dar precisiones y se limitó a afirmar que todo está declarado o que será informado cuando corresponda, argumentando que los plazos administrativos aún no vencieron.

    Sin embargo, el contexto complica su defensa:

    • Ya poseía al menos dos inmuebles antes de asumir
    • Sumó un vehículo y nuevas deudas siendo funcionario
    • Su entorno familiar también incorporó propiedades, como una casa en un country

    Respuestas evasivas y tensión con la prensa

    Lejos de aclarar la situación, el jefe de Gabinete adoptó una postura confrontativa. En conferencia de prensa, rechazó brindar detalles y llegó a responder que no tenía por qué dar explicaciones a periodistas.

    Incluso argumentó que existe una investigación judicial en curso y que dar información podría “entorpecerla”, aunque no explicó de qué manera.

    Esa actitud no hizo más que profundizar las dudas: cuanto más evita responder, más crecen las sospechas sobre el origen y la evolución de su patrimonio.


    Un escándalo que se agranda

    El episodio del departamento no aparece aislado. Se suma a una serie de controversias recientes:

    • Un viaje en avión privado a Punta del Este con financiamiento poco claro
    • La compra de una casa en un country a nombre de su esposa
    • Denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito

    En ese marco, la adquisición en Caballito funciona como una pieza más de un rompecabezas que incomoda al Gobierno.


    El problema político de fondo

    Más allá de la legalidad formal, el caso expone una contradicción central: mientras el oficialismo construyó su discurso contra “la casta”, uno de sus principales funcionarios enfrenta cuestionamientos por incremento patrimonial, opacidad y falta de explicaciones.

    La pregunta que queda flotando es simple pero potente:
    ¿cómo evoluciona el patrimonio de un funcionario que, según sus propias declaraciones iniciales, no tenía grandes niveles de riqueza?

    Por ahora, lejos de despejar dudas, el caso Adorni parece recién empezar.

     

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