El problema de la pesca ilegal, no reportada y no reglamentada tiene muchas dimensiones y facetas. Una son los impactos ambientales, que no solo se limitan a la sobrepesca, sino también a la captura de especies amenazadas, también a la toneladas de residuos y aceites que vierten al mar sin ningún control. Después está la dimensión de los derechos humanos, todo el trabajo semi esclavo de esta flota. Después están los aspectos sociales y económicos sobre los países de la región, los cuales ven afectadas sus economías pesqueras porque esta flota opera sobre los mismos recursos que los locales. Después está el aspecto geopolítico que tiene que ver con las relaciones entre los países.
La Estación Espacial Internacional (ISS) pasó sobre la flota de pesqueros extranjeros en el mar argentino. Milko Schvartzman especialista en conservación marina, hace 20 años que investiga sobre la pesca ilegal, mediante un hilo de twitter nos cuenta un poco más sobre estas ‘luces’, la pesca ilegal descontrolada que saquea las costas argentinas con nulo control estatal.
This came into view as the @Space_Station passed over the south Atlantic Ocean just east of Argentina. They are from a massive fleet of fishing vessels with spectacularly bright LEDs which help to attract the right kind of «fish» (squid). Jan 5, 2023 04:09 UTC pic.twitter.com/LLkDwFbHbP
Cada luz que vemos en el video es un “potero”, son barcos específicos que pescan calamar por la noche, a los que atraen con potentes luces, es por eso que se pueden visualizar desde la ISS. Las 300 embarcaciones que operan en el Pacífico Sur y la flota que opera en Atlántico Sur tienen un impacto terriblemente negativo sobre todo el ecosistema marino.
Los barcos que operan allí son de 4 nacionalidades: China, España, Corea del Sur y Taiwán. Todos están subsidiados por sus estados de bandera. No respetan ninguna regulación, ni norma ambiental, laboral, ni de seguridad de navegación.
Este tipo de flotas utilizan mano de obra esclava, donde tripulantes viven en condiciones infrahumanas, son golpeados, abusados y muchas veces mueren a bordo. Sus cuerpos son descargados en Montevideo. Los capitanes y oficiales son de nacionalidad de la bandera del barco, el resto de la tripulación son indonesios, filipinos y en menor medida africanos. Los tripulantes son mal pagos, en muchos casos se les embargan sus posesiones y se les cobra como requisito antes de embarcarlos.
El puerto de Montevideo Uruguay es el único que les presta apoyo logístico en Sudamérica. En Uruguay están basados todos los que han hecho o harán pesca ilegal dentro del Mar Argentino. Corea del Sur navega con más de 77 flotas.
Además de los barcos que se ven, hay más de un centenar de barcos que no están iluminados, son del tipo “arrastreros” que utilizan redes y “palangreros” que utilizan líneas kilométricas de anzuelos. También capturan muchas especies amenazadas y arrojan miles de toneladas de residuos al mar.
El calamar es una de las especies más importantes de la cadena alimenticia del Atlántico Sur, es el principal alimento de la merluza y también de los tiburones, de aves como pinguinos, y mamíferos marinos como delfines, elefantes, lobos y cachalotes.
“Cada año la flota crece y pesca más, de continuar así, el colapso será inevitable. Nuestros gobiernos lamentablemente no actúan para cambiar la realidad”, cierra el responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales
Créditos de las fotos: Milko Schvartzman. PNA. INIDEP.George Steinmetz.
La Orquesta Sinfónica de la Fundación Cultural Patagonia presentará el sábado 15 a las 21 horas la ‘Otra cara de la orquesta’ en el Galpón de las Artes de Villa Regina. En esta oportunidad el ensamble de vientos ejecutará las siguientes obras: Quinteto N°1 en Si bemol, Op. 56” de Franz Danzi; “Antiguas Danzas Húngaras”…
Escriben: Fernando Ramoa y Luciano Ramirez. Proponemos empezar esta nota con la siguiente pregunta: ¿No les preocupa el hecho de que una sociedad no pueda asegurar su propio bienestar si no es a través de la implementación de políticas de Estado coercitivas o punitivas que potencialmente aumenten las posibilidades de que se cometan abusos de…
La convulsión social escala en Bolivia. Van tres semanas seguidas de protesta social. Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos. El gobierno, aunque mediáticamente se muestra predispuesto al diálogo, en los hechos difunde narrativas que amenazan con endurecer la represión. La Paz y El Alto están prácticamente cercadas. Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, hay bloqueos activos en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente impulsados por organizaciones campesinas y la Central Obrera Boliviana. Todos los sectores tienen demandas diferentes pero coinciden en una: piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que lleva apenas seis meses en el poder. Es el mandatario de las nuevas derechas latinoamericanas que más rápido perdió legitimidad, y enfrenta un levantamiento popular cuyas causas hay que entender en las primeras medidas de gobierno, en su débil estructura política y en las características emancipatorias de los movimientos populares bolivianos.
La fragilidad del gobierno desde su origen
Hay que ir al momento de las elecciones. Paz no tenía probabilidades reales de acceder a la presidencia, pero jugó un inesperado as bajo la manga: sumar como candidato a la vicepresidencia a Edman Lara: excapitán de la Policía e influencer, se hizo conocido en 2023 por sus videos en TikTok denunciando corrupción en las fuerzas de seguridad. Es una figura mediática y viral que coquetea con las discursividades de mano dura de Nayib Bukele (el partido político que intentó fundar antes llevaba el mismo nombre que el del salvadoreño) y maneja una retórica “anticasta”, similar a la que impulsó en sus inicios Javier Milei en Argentina. Esta alianza capturó un voto popular que, de otra forma, Rodrigo Paz jamás habría obtenido. Pero Lara es torpe e inexperto en el campo de la política tradicional, una figura incómoda para cogobernar.
El presidente profundizó esta fractura con medidas muy concretas para neutralizar a su vice: dictó el Decreto Supremo 5515 que lo habilitó a gobernar de forma digital desde el extranjero, impidiendo que Lara asuma el mando temporal cuando Paz se ausenta del país. También le quitó presupuesto a la Vicepresidencia. Estas tensiones demuestran la fragilidad institucional que desencadenan los «taxipartidos»: siglas desgastadas, cáscaras vacías que se alquilan —como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que usó Paz— para postular a candidatos sin estructura política ni territorial.
Las “traiciones” de Paz
Una vez en el poder, Rodrigo Paz tomó una serie de medidas drásticas y antipopulares que desembocaron en su rapidísima pérdida de legitimidad. Aunque las clases populares aceptaron con resiliencia la quita de las subvenciones a los combustibles, que implicó un rápido encarecimiento del costo de vida, el gobierno comenzó a importar gasolina de pésima calidad con gestiones opacas, que dañaron miles de vehículos de trabajo sin que existieran resarcimientos efectivos. Después, impulsó ante el Legislativo la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y empezó a gobernar abiertamente a favor de las élites. Le dio la espalda a sus votantes y se alió con los grupos empresariales, e incluso con sectores de la política que lo acusaron de fraude —como Samuel Doria Medina, el multimillonario que perdió en primera vuelta pero terminó encajando varios hombres de su confianza al actual gabinete. El ministro más poderoso del Gobierno de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, fue el candidato a vicepresidente de Doria Medina.
En las últimas semanas, acorralado por los conflictos, Paz pactó una alianza con algunos actores del cooperativismo minero, uno de los grupos económicos más poderosos, ricos y violentos en el escenario político boliviano. Un sector denunciado por sus dinámicas extractivistas, depredadoras y explotadoras. Mediante el Decreto Supremo 5618, Paz eliminó las fiscalizaciones y deudas coactivas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud desde 2016, dejando un grave hueco financiero en la seguridad social de corto plazo, que podría afectar a buena parte de la fuerza laboral boliviana.
Pero, poco antes, fue la Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades Agrarias la que activó las primeras movilizaciones. Por Constitución, la pequeña propiedad es inembargable en Bolivia; la nueva ley pretendía convertirlas en medianas, forzándolas a ser usadas como activos financieros. Este proyecto responde a una histórica demanda de los sectores agroindustriales: fue reintroducido en el Legislativo por el senador Branko Marinkovic, político y empresario cruceño que se atribuye la propiedad de más de 33 mil hectáreas en su departamento.
Otro punto de quiebre simbólico se dio al nombrar como viceministro de Seguridad Ciudadana al excomandante policial Rodolfo Montero, investigado y detenido preventivamente por su rol en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019 —que después del golpe de Jeanine Añez dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH— algo que el pueblo leyó como una bofetada y una traición abierta al transitorio apoyo popular que tuvo Rodrigo Paz.
La narrativa del gobierno y sus limitaciones
Rodrigo Paz se planteó durante la campaña como una alternativa al MAS, pero también a los políticos de derecha. Cuando llegó al poder le dio la espalda al pueblo que lo llevó a la presidencia y optó por gobernar de la mano con los que estaban en contra de su candidatura. Ahora el gobierno apuesta a una narrativa donde Evo Morales, el MAS y el narcotráfico estarían detrás de las movilizaciones.
Pero lo cierto es que esto es un intento de deslegitimar una protesta masiva asociándola a grupos vinculados a figuras que han perdido legitimidad y están políticamente debilitadas. Uno de ellos es Evo Morales. El expresidente lleva meses atrincherado en el Chapare. Hace pocos días salió un mandamiento de aprehensión, lo declararon en rebeldía por el caso de trata y tráfico que tiene detrás. Sigue siendo un personaje público y gravitante, pero el suyo no es de los sectores protagónicos de las protestas contra el Gobierno de Paz. En realidad, la palestra que le ofrece el Gobierno es funcional al debilitamiento y la estigmatización de la revuelta popular y permite que las narrativas de estigmatización sean mucho más fácilmente digeribles: muchas personas se resisten a apoyar los bloqueos porque se los tilda de masistas, erróneamente.
Pero las protestas responden a una dinámica abigarrada, de múltiples protagonistas y no pueden atribuirse únicamente al evismo. Esa es, precisamente, una de las narrativas más porfiadas y obtusas de la derecha boliviana en los últimos años: no entender la complejidad del entramado social al que se enfrentan.
La tradición boliviana de negociar en la calle
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de «negociación colectiva mediante la revuelta”, una categoría sumamente pertinente para analizar el caso boliviano. Frente a un Estado que históricamente no escucha a los sectores populares, y ante un gobierno que llega al poder gracias al voto del pueblo para luego gobernar con los grupos de poder económico, se impone la idea de que la única vía posible para negociar es la presión en las calles.
Esto ya ocurrió durante el mandato de Evo Morales, aunque con otros actores y en otro escenario, luego de que el gobierno desconociera los resultados negativos del referéndum de 2016.
En Bolivia, la calle se erige como el espacio principal de negociación política, sustentada en una larga y consolidada tradición de articulación social, barrial y comunitaria en diversas regiones del país. Actualmente, el pedido de renuncia de Rodrigo Paz es la única demanda que ha logrado aglutinar a los diferentes sectores, aunque sin un horizonte concreto ni liderazgos visibles para el día después.
Aunque es poco probable que la renuncia se concrete (el canciller Fernando Aramayo fue tajante al descartarla), esta presión social si podría obligar a una profunda reestructuración estratégica del gobierno y una recomposición de su gabinete, cuando menos.
Las protestas representan una fuerte advertencia: en Bolivia no se puede gobernar dándole la espalda al pueblo. Por eso la insurrección popular no fue neutralizada y continúa expandiéndose. Y esta expansión también podría ser un llamado de reorganización del descontento social a nivel regional, poniendo la negociación colectiva a través de la revuelta como contrapeso al autoritarismo militarista de derecha.
En este podcast de Relámpago de Sémola hemos establecido científicamente cuáles son las canciones más feas jamás compuestas, y las pusimos todas juntas. Entre ellas hay una de los Beatles, una de Beethoven y una de Espineta
El exasesor presidencial Demian Reidel fue imputado por la justicia federal por el descontrol de gastos con las tarjetas corporativas durante su gestión como presidente de Nucleoeléctrica, de donde lo echaron por otras sospechas de corrupción.
El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación formal tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.
González busca determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes» en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando fue echado Reidel. La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero.
La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La sospecha es que se usó la tarjeta de la empresa para gastos en free shop, hoteles de lujo, discotecas y restaurantes en el extranjero
La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado «Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. – Cuenta N° 338402», incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano. El reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.
El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos «surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa». González también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos.
En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada. También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.
Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe…
El Sr.Tang no había quedado conforme con el jugo. Por eso, lo llamó a Julio Nueve para mejorar la receta. Luego del viaje a Taipéi, todo se resolvería en un sólo ingrediente llamado AC, o anarquismo conservador. Julio Nueve cobró los honorarios y nunca más fue visto, aunque algunxs suponían que se había ido a…
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