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PIEDRA LIBRE

La justicia de Bariloche ratificó el fallo del 2013. El gobierno de Río Negro tiene 90 días para garantizar que el empresario inglés Joseph Lewis permita el acceso al Lago Escondido.

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013. De esta manera, quedó ratificada la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien a inicios del 2013, hace casi 10 años, ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas.

La justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por decisión del terrateniente y ocupa inglés Joseph Lewis. Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

La Cámara le dio un plazo de tres meses al gobierno de Arabela Carreras para que, a través de Vialidad Rionegrina y del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), realice los trabajos necesarios que garanticen la transitabilidad del camino de montaña. También dispuso el mismo período de tiempo para que Río Negro implemente «todas las actuaciones administrativas» correspondientes, con el objetivo de evitar «inconvenientes o amenazas» a quienes quieran ingresar a «un bien de dominio público».

Es bueno recodar que en el mes de febrero durante la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido 40 personas de civil armadas, personal de seguridad de Lewis, frenaron e intimidaron a activistas que marchaban en el camino de montaña intentando llegar al Lago Escondido levantando la bandera de la soberania. En esta intercepción el médico sanitarista Jorge Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido en febrero de este año luego de haber sufrido una descompensación producto del «hostigamiento» perpetrado por la custodia privada de Lewis.

Jorge Rachid manifestó en diálogo con Télam: «Por fin un fallo de la justicia que repara una de las mayores injusticias que vive nuestra Patagonia austral». Además, señaló que esta medida «nos hace sospechar que deberíamos tener muchos más fallos que nos permitan cumplir la ley, incluso aquella que impide a los extranjeros estar a menos de determinados kilómetros de la cordillera».

El médico recordó, como mencionabamos, que fueron atacados y patoteados durante esta última expedición, en la cual cumplió un rol destacado en la organización. «Es una buena noticia para todos los argentinos que exista un Tribunal, en este caso en Bariloche, que permite restituir los derechos argentinos conculcados por estos personajes que se creen los dueños de la tierra, de los bienes de países que los han acogido simplemente por el hecho de tener cuantiosas fortunas», marcó.

Por último, Rachid subrayó que «todavía habrá que investigar si esos terrenos, esa estancia, han sido compradas en forma legal, ya que hay una investigación en curso sobre ese mismo tema».

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a ese espejo de agua de cualquier persona, algo que no se cumple desde la década del 90 cuando Lewis adquirió las tierras y pese a que la Justicia rionegrina dictó varios fallos en ese sentido.

El fallo también destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como proponía y publicitaba en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión del magnate –una construcción de 3.200 metros cubiertos, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artifical, fue construida arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

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    Los trabajadores de casino amenazan con un paro en las principales salas de la provincia de Buenos Aires luego que la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) rechazara a oferta de 1,5% que acercó del gobierno de Axel Kicillof. 

    Es el único gremio que no cerró paritarias con el gobierno. Se trata de 10 salas de casino en el territorio bonaerense que emplean unos 3.000 trabajadores.

    La negociación está estancada en el marco de la emergencia salarial declarada por el sindicato que conduce Marcos Labrador. «Ante este escenario y frente a la ausencia de nuevas convocatorias, desde el gremio comenzaron a analizar la implementación de medidas de fuerza», dijeron en un comunicado.

    Desde el sindicato sostienen que el conflicto salarial se desarrolla en un contexto económico y laboral cada vez más complejo, marcado por una temporada turística muy por debajo de las expectativas y por condiciones estructurales que siguen sin resolverse.

    «Hoy nos encontramos con un silencio por parte de las autoridades provinciales, que no solo no nos convocan a continuar con nuestra paritaria, sino que tampoco acercan ninguna propuesta alternativa», dijo Labrador, un líder sindical muy cercano a Fernanda Raverta.

    Hoy nos encontramos con un silencio por parte de las autoridades provinciales, que no solo no nos convocan a continuar con nuestra paritaria, sino que tampoco acercan ninguna propuesta alternativa.

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    Fuentes del gobierno explicaron a LPO que la implementación de un QR lleva una demora de seis meses y que restra instrumentar un esquema con el Banco Provincia.

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    En el gobierno reconocen que hay demoras en las licitaciones concretadas. Mencionan expedientes demorados en la Secretaría Ejecutiva de Lotería que controla Marcelo Santillán, ex intendente de Gonzalez Cháves. En La Plata entienden que si esos expedientes se liberan, se podría avanzar en la primera semana de febrero con los expedientes sobre las cuatro salas licitadas.

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