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Con mucha emoción, más de 80 estudiantes recibieron sus diplomas.

El Instituto Crecer, hace años cuenta con un gran equipo de trabajo, que a cargo de su directora, Miriam Troncozo, apuesta a brindar herramientas para el acceso al mercado del trabajo.

Dichas capacitaciones, están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y son de vital importancia para quienes quieran y necesiten insertarse en el mundo laboral.

Las egresadas, en su gran mayoría, accedieron gracias al convenio firmado entre el Área de mujer y diversidad y el Instituto, donde se acordaron becas al 50% y al 100%.

En el acto, además de familiares y amigos, estuvieron presentes, la Legisladora Provincial, Marcela Ávila, la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra, y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra.

Felicitaciones egresadas/os.

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  • Un enorme apagón dejó a más de un millón de personas sin luz: el gobierno aumentó otra vez las tarifas

     

    Después de una jornada sofocante y en una madrugada que casi no había traído alivio, un enorme apagón dejó a casi un millón de usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, casi al mismo tiempo que el gobierno de Javier Milei oficializaba un nuevo aumento de las tarifas.

    Los primeros cortes masivos se empezaron a registrar pasadas las 22, horario en el que el ENRE registraba casi 40 mil usuarios sin suministro. El apagón parece que también afectó al ente porque la web dejó de funcionar hasta las 4 de la mañana, cuando los usuarios sin luz eran

    952.036, casi todos de Edesur.

    A partir de ese momento, el número comenzó a mejorar y pasadas las 8 de la mañana los usuarios sin luz eran algo menos de 20 mil. Según Edesur, la situación comenzó a normalizarse alrededor de las 4 de la mañana, con lo que miles de porteños sufrieron una noche sofocante sin ventilador ni aire acondicionado.

    Edesur informó a la madrugada que «una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano» y avisó que el servicio regresaría en etapas. Para esa hora en las redes se multiplicaban los mensajes de usuarios a los que la empresa no les respondía.

    Los reportes indican que el apagón fue masivo en barrios porteños como Recoleta, Villa Crespo, Almagro, Flores, Parque Avellaneda, entre otros. En el Conurbano se sintió fuerte en zonas de Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Lanús.

    Un enorme apagón dejó a casi un millón de usuarios sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, casi al mismo tiempo que el gobierno de Javier Milei oficializaba un nuevo aumento de las tarifas

    Para aumentar la bronca de los miles y miles de usuarios que sufrieron el apagón, casi al mismo tiempo se publicó en el Boletín Oficial el nuevo cuadro tarifario de la electricidad que regirá a partir del 1 de enero y que implica un nuevo golpe al bolsillo.

    De acuerdo a la información publicada en la resolución del ENRE, a partir de enero el costo de la distribución de Edenor se incrementa un 2,31% respecto de diciembre, mientras que para Edesur la suba alcanza el 2,24%.

    El impacto podría ser más fuerte ya que el gobierno también habilitó un incremento del precio mayorista de la energía: el PEE aumenta un 3,88%. 

    En las redes sociales también hubo burlas para los tuiteros oficialistas, como el Gordo Dan, que en la previa cancherearon con la supuesta falta de cortes de luz que atribuían a la gestión de Milei. 

    UN MOMENTO GENTE pic.twitter.com/2aaktaNlVZ

    — DAN (@GordoDan_) December 27, 2025

     

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    Milei pierde en Tribunales y deberá pagar más de 5 millones tras su ofensiva contra periodistas

     

    La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Una derrota judicial que desnuda el método Milei

    La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.

    Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.

    La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista

    La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.

    Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.

    La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.

    El ataque sistemático a la prensa crítica

    La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.

    Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.

    El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.

    Un patrón preocupante

    Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.

    La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.

    En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.

     

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  • Ritondo presentó el amparo contra la designación de auditores que acordaron Máximo y Menem

     

    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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