Enero cerró con porcentajes de ocupación récord en los destinos turísticos

El relato triunfalista de la Casa Rosada empezó a chocar contra un dato que preocupa cada vez más al oficialismo: el desgaste social ya se traduce en números concretos. Una nueva encuesta nacional de la consultora CEOP Latam reveló que más del 62% de los argentinos asegura que no votaría una reelección de Milei, mientras que apenas un 29,9% afirma que volvería a acompañarlo en las urnas.

Por Roque Pérez para NLI

El dato golpea en un momento especialmente delicado para el Gobierno, atravesado por la caída del consumo, la recesión prolongada, los conflictos internos en La Libertad Avanza y una creciente pérdida de confianza pública. La encuesta además mostró un escenario que hace apenas meses parecía impensado para el oficialismo: el peronismo vuelve a aparecer competitivo como expresión política y económica frente al experimento libertario.

El derrumbe de la imagen oficialista

Según el relevamiento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece incluso por encima de Milei en intención de voto, con un 30,3%, mientras que el Presidente no logra romper el techo del 30%. Más contundente todavía es el rechazo: seis de cada diez argentinos descartan volver a votar al líder libertario.

La encuesta también deja otra señal política importante. El modelo económico identificado con el peronismo-kirchnerismo alcanza un 46,5% de adhesión, mientras que el esquema mileista queda varios puntos atrás con 36,3%. En otras palabras: la sociedad empieza a separar el enojo con la “casta” del impacto concreto que las políticas económicas tienen sobre la vida cotidiana.

No se trata de un fenómeno aislado. Otro informe difundido en las últimas horas por la Universidad Torcuato Di Tella mostró que la confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo y alcanzó uno de los peores registros desde que Milei asumió. El índice retrocedió 18,7% interanual y acumula una caída de casi 20% en lo que va del año.

Ajuste, recesión y promesas incumplidas

El corazón del problema parece estar en la economía real. Mientras el Gobierno insiste con mostrar una desaceleración inflacionaria como gran logro político, la situación social sigue deteriorándose. El salario perdió capacidad de compra, el mercado interno continúa deprimido y miles de pequeños comercios, industrias y trabajadores informales sienten el impacto del ajuste.

La propia encuesta refleja ese malestar: un 60% considera que el país está peor que hace un año y más de la mitad cree que dentro de otro año la situación será todavía peor.

Ese deterioro erosiona uno de los principales activos que Milei supo construir durante 2024 y parte de 2025: la expectativa. Durante meses, buena parte de la sociedad toleró el ajuste bajo la promesa de una recuperación futura. Pero cuando la mejora no llega al bolsillo, la paciencia social empieza a agotarse.

Incluso dentro del universo opositor al peronismo aparecen señales de fragmentación. El PRO atraviesa tensiones internas, mientras sectores liberales empiezan a cuestionar el nivel de confrontación permanente impulsado desde la Casa Rosada. El abrazo reciente entre Milei y Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo dejó en evidencia la necesidad oficialista de reconstruir alianzas políticas ante un escenario menos favorable.

El “fenómeno Milei” ya no parece invencible

Durante gran parte de 2024 y 2025, el oficialismo logró instalar la idea de que Milei conservaba un núcleo social sólido e inmune al desgaste. Sin embargo, los números empiezan a mostrar otra realidad: la imagen negativa supera el 60% en varios estudios y el rechazo a una eventual reelección se consolida.

La política argentina tiene una larga historia de gobiernos que parecían invulnerables hasta que el impacto económico llegó a la vida cotidiana. El problema para Milei es que su proyecto depende casi exclusivamente de sostener expectativas positivas mientras aplica un ajuste feroz. Cuando esas expectativas se rompen, el blindaje discursivo pierde eficacia.

Por ahora, el oficialismo conserva una base intensa de apoyo y una fuerte presencia digital. Pero las encuestas empiezan a mostrar que el rechazo social ya dejó de ser un fenómeno marginal. Y en política argentina, cuando el humor social cambia, suele hacerlo rápido.

Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.

Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.

La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.

El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.

La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.

En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.

La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.

La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.

Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.

Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.