Repudiamos enfáticamente un nuevo hecho vandálico contra los bienes públicos, esta vez ocurrido en el barrio El Sauce. En el acceso a ese sector de la ciudad robaron 4 equipos peritas del alumbrado público con 200 metros de cable.
Esto constituye un ataque a las mejoras que en materia de infraestructura lleva adelante el Municipio para brindar un mejor servicio de iluminación y, por ende, de seguridad en la zona.
Es momento de frenar con este tipo de acciones y cuidar lo público. Para vivir en una ciudad más segura y renovada necesitamos el compromiso de toda la ciudadanía.
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina. En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta…
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Pablo Petrecca profundiza su construcción bonaerense de cara a 2027 y, a las recorridas que ya venía haciendo en diversos distritos con dirigentes locales de su partido, ahora el jefe del bloque PRO en el Senado provincial acentúa las reuniones en clave electoral con dirigentes de fuerzas opositoras a Axel Kicillof en la provincia.
Esta semana, el juninense visitó al radical Salvador Serenal en Lincoln y expuso su objetivo de avanzar en la construcción de un armado que contenga no solo al PRO y La Libertad Avanza, sino también a las fuerzas con las que años atrás el partido amarillo conformó Juntos. «Con todos adentro», señalaron a LPO en su entorno.
«Para gobernar la provincia, con el PRO no alcanza; con el radicalismo solo, tampoco; y con La Libertad Avanza, tampoco», dijo en su visita a Lincoln, donde también recorrió una fábrica con el presidente del Concejo Deliberante y referente libertario en ese distrito de la Cuarta sección, Emiliano Ressia.
«Tenemos que trabajar para construir una propuesta común entre quienes compartimos objetivos, más allá de las diferencias», agregó.
En esa línea, este jueves el ex intendente de Junín mantuvo un encuentro con la ex diputada provincial y titular de la Coalición Cívica en la provincia, Maricel Etchecoin.
Ahí, puso como modelo el funcionamiento de la coalición del PRO, la UCR y la CC en Junín: «El modelo de Junín no tiene por qué ser una excepción. Puede convertirse en una alternativa para toda la provincia de Buenos Aires», dijo.
Así, Petrecca levanta su perfil bonaerense, en línea con lo expresado semanas atrás a LPO cuando, consultado sobre un eventual interés por ser candidato a la gobernación, sostuvo: «Me interesa ser parte de una transformación en la provincia» y agregó que, además de Diego Santilli, hay «un montón de intendentes que tienen experiencia en la gestión y podrían ser candidatos».
Cuando los papeles se queman, cuando las ideas desaparecen, la falta de oxígeno nubla y la estrategia es una palabra que se busca en el diccionario; queda el empuje, la enjundia y la necesidad imperante del alma que desea ganar como virtudes a las que un grupo golpeado y en situación extrema puede recurrir, pasan…
El Gobierno autorizó operaciones de crédito público por hasta USD 5.000 millones con bancos internacionales. La medida fue formalizada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes, y apunta a conseguir financiamiento para cubrir vencimientos de deuda en dólares.
El monto más que duplica la cobertura que dio el Banco Mundial que es de USD 2.000 millones y se produce justo cuando se supo que en el gobierno de MIlei la deuda externa creció unos USD 30.000 millones, pese a que Caputo intentó dibujar ese mal dato con contabilidad creativa.
La norma faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a definir montos, plazos, monedas, tasas, comisiones y demás condiciones de la operación. También habilita la contratación de bancos, agentes de pago, asesores legales, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios para cerrar el financiamiento.
La primera lectura del mercado fue optimista. En varias mesas se instaló la idea de que el Gobierno preparaba una vuelta a Wall Street. Los bonos reaccionaron en alza y el riesgo país de JP Morgan tocó los 422 puntos, un nuevo mínimo para el ciclo.
La confusión tuvo un punto concreto: el decreto acepta la jurisdicción de tribunales estaduales y federales de Nueva York. Esa cláusula suele aparecer en emisiones de deuda externa y fue leída como una señal de que el Tesoro volvía al mercado internacional de bonos. La foto era tentadora para la City: bancos globales, Nueva York, dólares y baja del riesgo país.
Pero no. La letra chica muestra una ingeniería distinta. El Gobierno no está autorizando una emisión directa de bonos soberanos entre inversores internacionales. Lo que habilita es la toma de préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales.
La primera lectura del mercado fue optimista. En varias mesas se instaló la idea de que el Gobierno preparaba una vuelta a Wall Street. Los bonos reaccionaron en alza y el riesgo país de JP Morgan tocó los 422 puntos, un nuevo mínimo para el ciclo. Pero no, se trata de una habilitación a tomar deuda con bancos internacionales y garantías del Banco Mundial.
Ese detalle cambia la lectura. Una cosa es que la Argentina salga sola a vender deuda en Wall Street. Otra muy distinta es que tome préstamos de bancos privados con el respaldo parcial del Banco Mundial, el BID y eventualmente la CAF.
Los avales son el corazón de la operación. Funcionan como un seguro parcial para los bancos que pongan los dólares. Si una porción del préstamo queda garantizada por un organismo multilateral, el riesgo baja. Y si baja el riesgo, Economía espera conseguir mejores tasas y plazos más convenientes.
El presidente del Banco Mundial, Ajay Ganga.
«Al principio se leyó como regreso a Wall Street por la jurisdicción Nueva York. Después, cuando se miró el decreto completo, quedó claro que era otra cosa: préstamo bancario con paraguas multilateral», dijo a LPO un operador que sigue la deuda argentina.
El esquema ya venía siendo trabajado por el equipo económico. El Banco Mundial aprobó garantías para movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales. El BID también aprobó una garantía de hasta USD 550 millones, con capacidad para apalancar financiamiento privado adicional. La CAF aparece como otra pieza posible para completar el armado.
Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías.
El objetivo del Gobierno es despejar las dudas frente al vencimiento de deuda. El 9 de julio el Tesoro deberá cancelar USD 4.300 millones. Ya tiene USD 3.680 depositados en el Banco Central. Por eso, Economía busca usar los avales multilaterales como una vía intermedia: no es una vuelta limpia a Wall Street, pero tampoco es financiamiento puramente oficial.
Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías. Ahí se sabrá si el decreto alcanza para ordenar julio y si compra tiempo hasta una salida más amplia al mercado.
Por ahora, la foto es esta: el Gobierno habilitó créditos por USD 5.000 millones con los avales del Banco Mundial y el BID, los bonos festejaron y el riesgo país bajó.
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