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El Área Mujer y Diversidad cuenta con nuevo equipamiento para fortalecer la atención

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró el equipamiento del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina adquirido con fondos del programa provincial ‘Consolidarnos’.

De esta manera, la oficina quedó equipada con una PC de escritorio completa, una netbook, una impresora, dos escritorios, entre otros.

El programa Consolidarnos, creado por la Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Gobierno y Comunidad, busca reforzar las áreas de género y diversidad municipales, a través de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

Por otro lado, el Área Mujer y Diversidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, informa que este año la ONU promueve este Día con el lema ‘Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos fin a la violencia contra las mujeres YA!’

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  • Rocca suma otra derrota: perdió la obra del gasoducto más grande que se construye en el país

     

     Paolo Rocca volvió a quedarse con las manos vacías en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Esta vez no fue por los caños, sino por la obra civil del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. En el tablero donde se define quién captura la renta de la infraestructura, el grupo Techint volvió a perder terreno.

    La licitación para la construcción del ducto del consorcio Southern Energy quedó en manos de la UTE Víctor Contreras – SICIM. La decisión fue unánime. Y el contrato ya está firmado. En el sector lo leen como otro golpe directo a la estructura industrial que durante años dominó este tipo de obras.

    El proyecto lo impulsa San Matías Pipeline, un vehículo de inversión integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos socios que avanzan en el esquema de exportación de GNL con buques licuefactores. Pero tuvieron que dividir la ingeniería financiera: un vehículo para producir y otro para transportar. Dos RIGI distintos, dos apuestas en paralelo.

    Marín le advierte a Rocca que las licitaciones serán públicas y presenciales: «basta de cosas raras»

    La licitación se hizo con un formato que buscó blindarse de cuestionamientos. Todo corrió por una plataforma digital, con trazabilidad completa del proceso. La apertura de sobres económicos fue ante escribano. Se evaluaron aspectos técnicos, financieros y económicos. El mensaje fue claro: evitar cualquier sospecha en un proyecto donde los márgenes son finos y los intereses enormes.

    El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma una planta compresora de 46.000 HP que se instalará en el kilómetro 80 de la traza. 

    El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.

    En la compulsa participaron cinco oferentes para el ducto: Víctor Contreras – SICIM; Techint – SACDE; Contreras – Bonatti – Pumpco; OPS; y BTU. Para la planta compresora compitieron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. El resultado fue categórico: el tendido quedó para la UTE Víctor Contreras – SICIM y la compresora para Oilfield Production Services (OPS).

    La clave estuvo en los números. La oferta ganadora fue 85 millones de dólares más baja que la de sus competidores. Pero no fue solo precio. También pesó la flexibilidad: no pidió anticipo, ofreció mejores garantías de cumplimiento y un esquema de reaseguro más sólido. En proyectos donde cada dólar cuenta, esos detalles inclinan la balanza.

    No es un hecho aislado. A principios de año, Tenaris -la subsidiaria de Techint- ya había perdido la licitación de los caños frente a la india Welspun. Aquella derrota tuvo eco político. El presidente Javier Milei cargó contra Rocca en varias oportunidades. Lo bautizó «Don Chatarrín de los tubitos caros». Lo dijo en Nueva York y lo repitió esta semana en la Fundación Libertad.

    En el sector energético la secuencia se sigue como una serie. Primero los tubos. Ahora la obra civil. Dos capítulos que muestran cómo el mapa de proveedores se reconfigura.  «Esto ya no es un club cerrado», comentaron a LPO desde una de las empresas.

    La escena tiene algo de ironía. El grupo que durante décadas fue sinónimo de integración industrial en la Argentina hoy observa desde afuera cómo avanzan proyectos clave. 

     

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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