Con el objetivo de que la comunidad pueda conocer en detalle el anteproyecto de remodelación y refacción de la terminal de ómnibus de Villa Regina está habilitado un código QR al cual se puede acceder con un teléfono o dispositivo móvil.
De esta manera se podrá tener acceso a la documentación del anteproyecto que fue presentado a fines de octubre por los arquitectos Guido Ignacio Jacquet y Juan Gabriel López.
La iniciativa fue aprobada por el Ministerio de Transporte de Nación que financiará la obra. Próximamente la ciudad contará con un edificio que responde a la necesidad de que el transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia cumpla con su rol clave en la integración territorial a escala urbana y regional, contemplando en su diseño a todos los géneros, personas con movilidad reducida, las infancias, adultos mayores y a quienes los acompañan en sus viajes.
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En una jugada que vuelve a beneficiar a quienes manejan dinero no declarado, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma profunda del Régimen Penal Tributario que reduce controles, acorta plazos de investigación y prácticamente elimina la necesidad de justificar consumos personales.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo volvió a mover el tablero impositivo: la iniciativa enviada al Congreso busca transformar el Régimen Penal Tributario, hoy central en la persecución de la evasión, para reemplazarlo por un esquema con umbrales mucho más altos, plazos más cortos y un régimen a medida para quienes manejan dólares no declarados.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto tiene un objetivo explícito: “inyectar” al mercado los dólares que la gente guarda sin declarar, reduciendo así la posibilidad de investigaciones penales y facilitando el uso corriente de ese dinero. En otras palabras, un blanqueo encubierto que premia al evasor mientras recorta recursos del Estado.
Un proyecto que cambia las reglas del juego
El texto, bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”, establece cinco reformas clave:
1. Aumento monumental del umbral para investigar evasión
La reforma pega directamente en el corazón del Régimen Penal Tributario. Los montos mínimos para iniciar una causa penal se disparan a niveles inéditos:
Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.
Con estos cambios, un universo enorme de contribuyentes quedaría automáticamente fuera de cualquier riesgo penal, tomando como piso cifras imposibles de alcanzar para la mayoría de los evasores comunes.
2. Prescripción recortada: de 5 a 3 años
Otro beneficio directo: el Estado, a través de ARCA, tiene solo 3 años para reclamar impuestos omitidos o iniciar denuncias, en lugar de los 5 actuales.
Un plazo más corto significa menos tiempo para investigar, menos causas y más margen para que los incumplimientos prescriban sin consecuencias.
3. Régimen especial para los “dólares bajo el colchón”
Uno de los puntos más polémicos: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Dentro de este sistema:
Ya no será obligatorio justificar consumos personales.
Las personas podrán usar dinero no declarado sin riesgo de que ARCA les exija demostrar de dónde proviene.
Es, en la práctica, una invitación a mover plata negra con total libertad.
4. Menos denuncias penales si se paga a tiempo
El proyecto establece que ARCA no formulará denuncias penales si la persona cancela la deuda antes de que se realice la presentación judicial. Además, si paga todos los impuestos adeudados más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación, tampoco enfrentará consecuencias penales.
Es decir: pagar después es más barato que cumplir siempre.
5. Multas formales mucho más altas
Para compensar —según el propio texto— la reducción de controles, el proyecto incrementa notablemente las multas por incumplimientos formales.
No presentar declaración jurada:
Personas: sube de $200 a $220.000.
Sociedades: pasa a $440.000.
Aunque el aumento suena impactante, estos montos no reemplazan la capacidad investigativa perdida, ni compensan la relajación penal incluida en el resto del proyecto.
El paquete, presentado como una modernización, representa otro paso en la estrategia del Gobierno de favorecer la desregulación tributaria, premiar el uso de fondos no declarados y despejar del horizonte judicial a grandes evasores.
Mientras Milei continúa recortando recursos al Estado y reduciendo controles, la “inocencia fiscal” aparece como un nuevo paraguas para quienes más tienen y menos aportan.
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