Los gobernadores Ignacio Torres, Alfredo Cornejo y Claudio Vidal se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso de la familia Eskenazi a YPF en 2007. “De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”, adelantó el mandatario chubutense.
Torres expresó: “Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”. También dijo que “ir contra esa operación podría modificar todo lo que siguió”, entre otras cosas, el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.
“Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defender YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras”, expresó, y explicó que “el grupo Eskenazi se hace del 25% de las acciones de YPF apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados, y esto precede a la expropiación”.
En ese sentido, señaló que “luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el grupo Eskenazi le vende el juicio que había iniciado contra la República Argentina reclamando una indemnización por el procedimiento expropiatorio a un fondo muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país”, e indicó que “en esa expropiación, el 49% del 51% expropiado, es de las provincias productoras de petróleo”.
Chubut presentó también este mismo lunes un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para defender su participación accionaria en YPF en el marco del juicio que lleva adelante la jueza Preska. El fallo de la magistrada neoyorkina “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino”, manifestó Torres al respecto.
En diciembre de 2007, el grupo Petersen -liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi- firmó un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, radicadas en España. En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741 y aprobó la ley declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía.
Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa dado que, tras venderle el 25% al grupo Petersen, se desprendió de más acciones. La operación terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de Repsol aceptó la oferta del Gobierno de US$ 5 mil millones como indemnización por la expropiación de la compañía.
El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio durante el proceso de quiebra del grupo Petersen, y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante la justicia de Nueva York, reclamando una indemnización. El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.
En marzo de 2023, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina “incumplió el contrato” por no ofrecer una compensación a todos los accionistas. No obstante, excluyó de responsabilidad a YPF.
En septiembre del mismo año la magistrada puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la reestatización de YPF. En junio de 2025, Preska le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización, aunque un mes después la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden de la jueza, eximiendo por el momento a la Argentina de entregar las acciones de la petrolera.
