La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de la implementación del procedimiento de Certificación Municipal de Libre Deuda Alimentaria, quienes pretendan constituirse en proveedores municipales deberán adjuntar un Certificado Municipal de Libre Deuda Alimentaria expedido por la Contadora Municipal.
Esto será una condición para la correspondiente inscripción como proveedor. La Contadora Municipal será quien verificará previamente que las personas interesadas no se encuentren incluidas en el listado de deudores que figura en el Registro de Deudores Alimentarios publicado en la página web www.registrocivil.rionegro.gov.ar
En el supuesto caso de encontrarse inscriptos en el mencionado Registro, se lo inscribirá como proveedor de manera provisoria por un plazo de 60 días para que pueda regularizar su situación. Cabe aclarar que no percibirá pago alguno hasta obtener el certificado correspondiente.
Las personas que ya se encuentren inscriptas en el registro municipal de proveedores deberán adjuntar el Certificado Municipal al momento de iniciar cualquier procedimiento de contratación conforme lo establece la ordenanza 067/94.
Su discurso comenzó con agradecimientos, tanto a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, como a los vecinos y vecinas, por el constante apoyo y acompañamiento. Brindó detalles de las obras y trabajos realizados durante la primera etapa de su gestión, destacando la labor y el compromiso de todos los involucrados. En relación al complejo escenario,…
Con el fin de erradicar de forma definitiva con los basurales clandestinos, en el día de ayer se comenzó con la recolección de residuos no domiciliarios desde la Avenida General Paz hacia el Este (Barrio Matadero, Este, El Trabajo, 201 Viviendas, Borgatti, Don Bosco y Provincial). En total se retiraron 47 viajes de camión volcador…
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Negociaciones en las sombras
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Presiones internacionales y aliados inesperados
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
El giro forzado del oficialismo
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
Mucho más que un juicio
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
La movilización por los 50 años del golpe de Estado desbordó la Plaza de Mayo y se convirtió en una de las más masivas desde el regreso de la democracia, en una jornada que excedió el repudio a la dictadura y se transformó en un mensaje político directo contra el gobierno de Javier Milei.
Las organizaciones de derechos humanos estimaban que la convocatoria superó incluso la de mayo de 2017 contra el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, cuando cerca de medio millón de personas coparon el centro porteño. Esta vez, la plaza se volvió por momentos irrespirable, colmada por una marea humana que desbordó todas las diagonales y llegaba hasta la 9 de Julio.
La impactante masividad de la movilización, dejó en una posición incómoda al gobierno de Milei que volvió a publicar un video para ofrecer su versión sobre la «Memoria Completa» de lo que pasó en los 70, pero esta vez sin la audacia del video del Tata Yofre del primer año del gobierno. La nueva emisión fue un interminable pastiche de 73 minutos, que busca polarizar con el kirchnerismo y se contradice en varios tramos.
El reclamo volvió a poner en el centro las cifras del terrorismo de Estado: 30 mil desaparecidos, el robo sistemático de bebés y más de 500 nietos apropiados, de los cuales apenas 140 recuperaron su identidad. Pero el tono de la movilización mostró que el eje ya no es solo memoria histórica, sino también una reacción frente a lo que amplios sectores interpretan como un intento de relativizar esos crímenes.
La movilización por los 50 años del golpe de Estado desbordó la Plaza de Mayo y se convirtió en una de las más masivas desde el regreso de la democracia, en una jornada que excedió el repudio a la dictadura y se transformó en un mensaje político directo contra el gobierno de Javier Milei.
Pero además del repudio al negacionismo libertario, las consignas apuntaron a la crisis económica que sigue golpeando el bolsillo de las amplias mayorías. En la plaza se mezclaron las banderas clásicas de derechos humanos con carteles que apuntaban directamente al ajuste del gobierno y la situación de los trabajadores. En Tucumán, instalaron un cajón fúnebre de cartón que velaban a los jubilados de la era Milei.
La masividad de la marcha sorprendió a los organizadores y funcionó como un catalizador de la oposición a Milei, que incluyó importantes gestos de unidad en el peronismo, que estuvo presente en la Plaza con sus principales dirigentes. Desde Axel Kicillof hasta Sergio Massa, desde La Cámpora hasta la CGT.
Mientras el Gobierno difundía un mensaje de casi dos horas que retomó la idea de que el golpe fue necesario para terminar con la guerrilla, en la calle se consolidaba una narrativa completamente opuesta.
El contraste fue brutal: de un lado, un discurso oficial que muchos calificaron de anacrónico; del otro, una movilización que mostró capacidad de convocatoria transversal.
Mientras el Gobierno difundía un mensaje de casi dos horas que retomó la idea de que el golpe fue necesario para terminar con la guerrilla, en la calle se consolidaba una narrativa completamente opuesta.
La desorientación del gobierno fue tal que Milei, que en reiteradas ocasiones atacó al ex presdiente Raúl Alfonsín, terminó reivindicándolo en otro intento por polarizar con el kirchnerismo. «El coraje es hacer lo correcto cuando aún la mayoría esté en contra. En la materia en cuestión, Alfonsín se ha destacado mucho más», dijo en un giro forzado.
La movilización también tuvo fuerte respaldo político opositor. Además de la presencia de Kicillof y Massa, dirigentes del peronismo se volcaron masivamente a las calles. La columna más grande fue la de La Cámpora, que como todos los 24 de Marzo se concentró en Libertador frente a la sede de la ex Esma, que el kirchnerismo convirtió en un Museo por la Memoria.
Desde allí, marcharon hasta San José 1111 bajo la consigna «los genocidas presos, Cristina libre». La ex presidenta, desde el balcón de su departamento en el que permanece presa saludó a la columna que desbordó esa zona del barrio de Constitución.
Como adelantó LPO, la marcha también sirvió de marco para concretar un gesto político potente hacia la interna del peronismo. Cristian Jerónimo, uno de los líderes de la CGT, se acercó a la ex ESMA, donde concentraba la columna de La Cámpora, y se fundió en un abrazo con Máximo Kirchner.
Pero la masividad no se limitó a Buenos Aires. En Rosario, el Parque Nacional a la Bandera estuvo colmado y los organismos de derechos humanos estimaban más de 150 mil personas. Las columnas de sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos avanzaban separadas por miles de asistentes sueltos: familias, jóvenes y chicos que le dieron a la marcha un carácter masivo y transversal: «hubo una movilización ciudadana muy importante», dijo un experimentado militante del peronismo rosarino a LPO.
Escenas similares se replicaron en Córdoba, Tucumán y otras ciudades del país donde hace un año Milei obtenía un triunfo contundente en las elecciones intermedias.
No es un dato menor, en mayo de 2017, medio millón de personas se volcaron a las calles para repudiar el 2×1 de la Corte Suprema que beneficiaba a los militares presos. En ese entonces, la multitud cuestionó al gobierno de Mauricio Macri que también intentaba avanzar con discursos de impunidad y negacionismo.
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