El proyecto presentado por el Intendente Marcelo Orazi ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de la obra de nexo cloacal del sector suroeste recibió la aprobación técnica.
Resta ahora la aprobación presupuestaria por parte del organismo nacional, cuya última actualización fue de $87.706.894.
En ocasión de su viaje a Buenos Aires por distintas gestiones, el Intendente Orazi fue recibido por el Gerente General del ENOHSA Alejandro Hoc con quien analizó el avance de esta iniciativa, entre otras.
Tras el seguimiento realizado por parte de los técnicos responsables de la elaboración del proyecto, esta semana se confirmó la aprobación técnica.
El optimismo que derramó en el mercado el respaldo declamativo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, comenzó a desinflarse este lunes.
El dólar oficial terminó la rueda en $1.380, convalidando una suba del 2,2% que dejó la brecha cambiaria al rojo vivo. El blue se operó en $1.430, mientras que el MEP escaló a $1.473 y el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.483.
El dato de contexto es ineludible: el retorno del cepo, que limita aún más la operatoria entre el segmento oficial y el de los de dólares financieros.
El pasado viernes, el Banco Central (BCRA) restableció la restricción cruzada para individuos, y bloqueó por 90 días el acceso al MEP y al CCL al utilizar el mercado oficial de cambios. Así, quien compre dólares en el mercado oficial deberá esperar al menos tres meses antes de poder adquirir activos negociables en dólares en los mercados locales.
El efecto colateral es que menos oferta en los dólares financieros incentiva el arbitraje del oficial con el blue como consecuencia de un incremento de la brecha cambiaria. “Volvió el puré”, indicó un operador del mercado.
El termómetro de riesgo global tampoco ayudó. El riesgo país trepó y perforó la marca de los 1.124 puntos básicos. A la par, los bonos en dólares cerraron en baja y el Merval cedió terreno.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también sufrieron caídas. Central Puerto lidera las bajas del 4,6%, seguida por YPF 2,7%; Edenor 2,6%; Pampa Energía 2,4%; y Transportadora de Gas del Sur, con un 1,5%.
Las reservas brutas del Banco Central descontaron USD 116millones en el día a USD 41.122 millones. Fuentes del Banco Central indicaron a que los pagos a organismos totalizaron USD 334 millones, monto en el que se incluyen USD 116 millones al Club de Paris, USD 65 millones correspondientes al BID (Grupo Banco Interamericano de Desarrollo) y USD 97 millones a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
Durante la jornada de este lunes, los operadores miraban con atención un dato clave: la compra de dólares por parte del Tesoro. Entre miércoles y viernes ingresaron casi USD 3600 millones y el Gobierno ya embolsó entre USD 1800 y USD 2100 millones, según estimaciones del mercado. Queda apenas un día de liquidaciones del agro, unos USD 1500 millones para este martes.
En la city aseguran que el Tesoro no pudo hacerse de divisas este lunes. El motivo: la demanda de personas físicas, que copó las ventanillas y obligó al Gobierno a replegarse.
Para los acreedores internacionales, este detalle no pasa inadvertido. Porque lo que estaba en juego no era solo un número más en la planilla, sino la señal política de que el Tesoro podía acumular reservas propias para poder enfrentar la muralla de vencimientos.
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Crece el alerta en los gremios, que advierten una profundización de la avanzada interventora del Gobierno en obras sociales, a la vez que denuncian maniobras tendientes a desfinanciar las entidades sindicales.
Mientras permanecen judicializadas varias intervenciones (con el caso de Osprera como el más visible), hay sindicatos que acusan al gobierno libertario de pisar el aval de autoridades que, en algunos casos, provocó el bloqueo de sus cuentas.
Un encumbrado dirigente de la CGT dijo a LPO que el Gobierno buscará acelerar en un proceso de desfinanciamiento de los gremios desde distintos frentes: las intervenciones de obras sociales, la demora en certificar autoridades y una flexibilización laboral que implique la quita de aportes.
Vienen a desfinanciar los sindicatos, a destruir la negociación colectiva, atomizar los convenios colectivos y sobre todo a destruir la protesta social y el derecho de huelga
Todo eso, junto a un proceso de precarización laboral “generalizado”. En la central obrera contabilizan que durante la era Milei creció en más de 250 mil los trabajadores que ni siquiera figuran como monotributistas.
Esa avanzada del Gobierno la denunció días atrás el representante gremial en la lista del peronismo Hugo Moyano (h): “Vienen a desfinanciar los sindicatos, a destruir la negociación colectiva, atomizar los convenios colectivos y sobre todo a destruir la protesta social y el derecho de huelga”, dijo durante un acto con Axel Kicillof.
El gremio de Obreros del Ingenio Ledesma denuncia que Trabajo no homologa a la comisión electa en 2024. Por eso, tienen sus cuentas bloqueadas y no pueden administrar la obra social. Acusan “hostigamiento del Gobierno en complicidad con la patronal” del Ingenio propiedad de la familia Blaquier.
Al momento, el Gobierno interviene en las obras sociales de Fotógrafos, Vareadores, Personal Mosaista, Ladrillero, del Fósforo, de la Industria del Chacinado y de la Ladrillera a Máquina.
A todas esas, se suma el caso de mayor resonancia, Osprera. La obra social de los peones rurales es la segunda más grande del país, con una caja superior a los 50 mil millones por mes. El Gobierno la mantiene intervenida hace un año y enfrenta crecientes denuncias de afiliados por falta de prestaciones y coberturas.
Frente a eso, el gremio Uatre que comanda José Voytenco mantiene judicializada la intervención con denuncias de desmanejos y de un supuesto plan del Gobierno para quedarse con el control de Uatre.
Esas denuncias motorizaron una investigación que reveló chats que comprometen al interventor y a los Menem. En el medio, LPO reveló que Javier Milei fue alertado por supuestas coimas en Osprera.
Más allá de ese caso, la intervención del Gobierno en otras obras sociales también generaron denuncias por déficit de prestación.
Por caso, en la Obra Social del Personal del Chacinado denunciaron que la intervención fue por “presuntas infracciones o imputaciones a las obligaciones formales de la Obra Social” que se hicieron “sin la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”.
Nos están queriendo anular. Es una presión que están ejerciendo desde arriba porque a Vialidad Nacional la habían disuelto
El gremio presento una cautelar a la que la hizo lugar la Sala VI de la Cámara del Trabajo, que ordenó reponer a las autoridades previas a la intervención, hasta tanto se obtenga una sentencia definitiva y firme. Sin embargo, el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones interpuso en los últimos días un recurso extraordinario.
Miembros de la CGT consultados por LPO creen que el Gobierno prepara nuevas intervenciones y que, en paralelo, despliega otras estrategias para minar a los sindicatos. Una de ellas tiene que ver con cajonear la certificación de autoridades.
Un caso judicializado por esa razón es el de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
“Nos están queriendo anular. Es una presión que están ejerciendo desde arriba porque a Vialidad Nacional la habían disuelto con el decreto 461”, dijo a LPO el titular de ese gremio, Jorge Maturano. A un año de sus elecciones, el gremio de Profesionales de Vialidad no tiene las autoridades avaladas. “Venimos funcionando sin problemas hace 25 años pero desde el año pasado no nos certifican y no nos dan una respuesta”, acusó Maturano.
Al momento, el Gobierno interviene en las obras sociales de Peones Rurales, Fotógrafos, Vareadores, Personal Mosaista, Ladrillero, del Fósforo, de la Industria del Chacinado y de la Ladrillera a Máquina.
A un año de sus elecciones, el gremio de Profesionales de Vialidad no tiene las autoridades avaladas. “Venimos funcionando sin problemas hace 25 años pero desde el año pasado no nos certifican y no nos dan una respuesta”, acusó Maturano.
En el gremio denuncian que, con esa demora, se abrió una persecución a dirigentes sindicales carentes de las protecciones efectivas y que comenzaron a recibir intimaciones para jubilarse con emplazamiento de baja de remuneraciones y suspensión preventiva al margen de proceso sumarial.
Además, en el expediente judicial, Maturano alertó un bloqueo inminente de las cuentas gremiales. “Las consecuencias serían devastadoras e inmediatas: quedaríamos completamente imposibilitados para realizar los pagos más esenciales que mantienen en funcionamiento nuestra asociación”, señalaron.
Julio Cordero
Un problema similar enfrenta el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, que denuncia que la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero no homologa aún las autoridades electas en noviembre de 2024. Por esa demora, tienen sus cuentas bancarias bloqueadas y no pueden administrar la obra social.
En el gremio alineado a la CTA Autónoma denuncian este hecho como parte del hostigamiento que ejerce el Gobierno Nacional en complicidad con la patronal del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
Además, acusan que el diputado nacional por Jujuy, el libertario Manuel Quintar, busca quedarse con la Clínica y la Obra Social de los trabajadores azucareros.
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