Licitación pública N° 04/2021

El gobierno de Milei volvió a quedar atrapado en sus propias trampas discursivas. Tras más de un año de silencio, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello admitió oficialmente que jamás existió la famosa auditoría con la que se justificó el recorte brutal de alimentos a los comedores comunitarios.

Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable

La revelación salió a la luz por un pedido de acceso a la información pública de la diputada Natalia Zaracho, quien exigió ver el informe que supuestamente había respaldado al entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuando en el Congreso lanzó la frase que los medios oficialistas repitieron hasta el cansancio: la mitad de los comedores no existían.

La mentira como política de Estado

La confesión desnuda lo que muchos denunciaron desde el inicio: no hubo ninguna auditoría, solo un relato fabricado para justificar el ajuste. Mientras los supuestos datos se filtraban a medios amigos, en los depósitos estatales se apilaban millones de kilos de comida que terminaron vencidos. Afuera, en los barrios más pobres, miles de familias soportaban la falta de alimentos básicos.

En la respuesta oficial a Zaracho, el ministerio intentó camuflar la mentira con tecnicismos. Alegó que la “referencia a auditoría” era apenas una “interpretación gramatical” de Posse, y que lo que en realidad se habían hecho eran “supervisiones” que ni siquiera cumplen con los estándares legales de una auditoría. Es decir: el propio gobierno reconoció que nunca hubo relevamiento serio alguno.

Criminalizar la solidaridad

El cinismo no termina ahí. Con la excusa de los supuestos comedores fantasmas, se instaló en la opinión pública la idea de un sistema corrupto, se estigmatizó a las organizaciones sociales y se intentó criminalizar la asistencia comunitaria. Hoy queda claro que todo fue un montaje: una mentira montada desde el Estado para recortar derechos.

El mecanismo es conocido: primero la acusación, después el recorte, finalmente la admisión de que no había pruebas. Ya ocurrió con las trabas a las pensiones por discapacidad en la ANDIS, y vuelve a repetirse con los comedores populares.

La crueldad planificada

Lo que queda expuesto es un patrón de gestión. El ajuste libertario no solo es económico, también es moral. Se elige conscientemente golpear a los más pobres y, cuando la maniobra queda descubierta, la respuesta es otro acto de desprecio institucional.

Nunca hubo auditoría, nunca hubo control real. Lo que sí hubo fue una decisión política: sacarles la comida a los que menos tienen y disfrazarlo detrás de eufemismos legales. Una crueldad planificada que deja barrios enteros sin alimentos mientras el Estado se esconde detrás de tecnicismos.

El periodista Alejandro Bercovich volvió a poner el dedo en la llaga al exponer la relación directa entre la familia del propio Milei y los dueños de la Droguería Suizo Argentina, investigada por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

Los audios que lo explican todo

Bercovich recordó los ya conocidos audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia, donde confesaba que enviaba 800 mil dólares por mes a Karina Milei como “retorno” de las compras que el Estado hacía a Suizo Argentina desde hacía dos años. Un testimonio que, lejos de diluirse, ahora encaja con nuevas pruebas.

Una designación que habla por sí sola

La pista clave apareció en el Boletín Oficial. “El 20 de marzo de 2024, por la decisión administrativa 145/2024, fue designado como director de compras y contrataciones del Ministerio de Salud un muchacho llamado Luis Oscar Ricardo”, explicó el periodista en su programa. La firma de la resolución pertenece al ministro Mario Russo y al entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse.

El dato explosivo: Ricardo dejó su cargo en junio de 2024, menos de cuatro meses después de ser designado, para irse a trabajar directamente a Suizo Argentina, como analista de compras.

Choque frontal con la Ley de Ética Pública

Bercovich subrayó que esto no es solo un escándalo político, sino un delito. La Ley de Ética Pública, en su artículo 46, establece que ningún funcionario puede gestionar ni patrocinar para terceros trámites vinculados a sus funciones hasta un año después de dejar su cargo. El salto exprés de Ricardo del Ministerio de Salud a la empresa proveedora del Estado es un caso testigo de violación de esa normativa.

Tráfico de influencias a la vista

Para el conductor, el patrón es claro:

El eslabón perdido entre Milei y los Kovalivker

“El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad es un escándalo que se hizo carne en toda la sociedad, porque es muy evidente a quién le estaban choreando”, sostuvo Bercovich, para luego disparar la frase que quedó retumbando:
“Este hombre, Luis Óscar Ricardo, es el eslabón perdido entre los Milei y los Kovalivker. No digan que no les avisamos”.

Lo que parecía un entramado turbio empieza a mostrar sus costuras a cielo abierto: mientras los funcionarios libertarios posan de moralistas, las pruebas los acercan peligrosamente a la misma red de negocios sucios que dicen combatir.

Conexión Macri

Claro que la presencia de Ricardo en la función pública no era algo nuevo para Ricardo. El «nexo» venía de trabajar durante años en el macrista Gobierno de la Ciudad con 15 años en la función pública. Luego de vagar por diversos ministerios, finalmente en 2016 había sido nombrado en CABA como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Contrataciones, de la Dirección General Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y era un aportante de campaña de Juntos por el Cambio.