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Concurso de precios 09/2021

La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha el concurso de precios N° 09/2021 para la provisión de hormigón elaborado en mixer H 17 para la obra de veredas en la plaza del barrio Belgrano.

El presupuesto oficial es de $2 millones. La fecha de apertura será el 10 de septiembre a las 11 horas. Las ofertas se reciben hasta la fecha y hora de apertura en Mesa de Entradas de la Municipalidad.

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    UNA BURLA DE MILEI: promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero frenó su aplicación hasta que haya presupuesto

     

    El Gobierno oficializó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque su entrada en vigencia quedó suspendida. El Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, alega que no hay recursos suficientes y que sólo el Congreso puede habilitar los fondos necesarios.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable

    El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). El evento, llamado ‘Viva 24’ y organizado por VOX de manera anual, celebra su tercera edición con la participación de líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino, Javier Milei. Además, durante la edición de este año el partido ha presentado su programa electoral de cara a los comicios europeos del próximo 9 de junio. 19 MAYO 2024;VOX;MILEI;LÍDERES;INTERNACIONAL;PROGRAMA;EUROPEO;COMICIOS;ELECCIONES;EUROPEAS;9J;9 DE JUNIO Carlos Luján / Europa Press 19/05/2024

    Un triunfo legislativo a medias

    El Gobierno de Milei promulgó finalmente la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que había sido vetada en agosto pero cuya sanción fue insistida por las dos cámaras. Sin embargo, burlándose de la decisión del Congreso, el Ejecutivo dispuso que la norma no entrará en vigencia hasta que el Parlamento defina de dónde saldrá el dinero para financiarla.

    La decisión quedó plasmada en el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, y publicado este lunes en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el texto advierte que el presupuesto actual “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que, aun reasignando partidas de los tres poderes del Estado, los fondos serían “igualmente insuficientes”.


    El costo que el Ejecutivo no quiere asumir

    El propio decreto detalla el impacto fiscal que, en su entender, implicaría implementar la ley:

    • $2,16 billones para 2025 (0,26% del PBI).
    • $4,7 billones para 2026 (0,47% del PBI).

    Además, el programa Incluir Salud, que cubre prestaciones para titulares de pensiones no contributivas, debería afrontar $574.200 millones adicionales en 2025 y $1,23 billones en 2026.

    El Gobierno insiste en que, sin una ampliación del presupuesto aprobada por el Congreso, ejecutar la ley significaría “desfinanciar funciones esenciales” como el patrullaje federal, la alimentación en cárceles o el funcionamiento de los tribunales.


    Qué prevé la Ley 27.793

    La norma —que tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga— declara la emergencia nacional en materia de discapacidad y establece un paquete de medidas, entre ellas:

    • Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social.
    • Actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
    • Compensaciones para prestadores por el desfase entre aranceles e inflación.
    • Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y un mecanismo de diálogo con organizaciones del sector.
    • Beneficios impositivos para empleadores que contraten personas con discapacidad.

    Todas estas disposiciones, sin embargo, quedan en pausa hasta que el Congreso apruebe las partidas correspondientes.


    La legalidad de la suspensión

    El Ejecutivo se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos” quedará suspendida si no prevé financiamiento expreso. También cita la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que toda ampliación de gastos indique sus fuentes de recursos.

    El mensaje es claro: la pelota está ahora en el Congreso, que deberá incluir en el Presupuesto 2026 los créditos necesarios para poner en marcha la emergencia.


    Reacciones y preocupación en el sector

    Organizaciones de personas con discapacidad ven con alarma la maniobra oficial. Aunque celebran que la ley haya sido promulgada, advierten que la postergación puede dejar sin cobertura urgente a miles de beneficiarios y prestadores. Distintas ONG analizan presentar amparos para exigir que el Estado garantice de inmediato al menos los derechos básicos reconocidos.

    Mientras tanto, el oficialismo defiende su decisión como un acto de “responsabilidad fiscal”, en línea con su plan de ajuste del gasto público. “No podemos comprometer recursos que no existen”, señalan en la Casa Rosada.


    Lo que viene

    El debate se trasladará al Parlamento, donde la inclusión de los créditos para la Ley 27.793 será un punto caliente en la discusión del Presupuesto 2026. Hasta que eso ocurra, las personas con discapacidad seguirán esperando que la emergencia que el propio Estado reconoció deje de ser letra muerta.

     

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  • En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

     

    A más de dos semanas del anuncio de reactivación de las obras del Plan Maestro del Río Salado que el Gobierno hizo a la Mesa de Enlace, en el campo hay preocupación porque los trabajos se retomaron en solo uno de los tres subtramos prometidos.

    La administración de Javier Milei todavía no canceló las deudas con las contratistas para poder retomar con la mayor parte de los trabajos paralizados desde el año pasado. Eso, a pesar de que en las entidades aseguran que el Gobierno cuenta con los recursos para regularizar la situación de forma inmediata.

    En el Consejo del Salado que integran las entidades del campo y la UIA señalaron a LPO que el Gobierno ya recaudó cerca de 180 mil millones de pesos del Fondo Hídrico que se nutre con gravámenes a las cargas de nafta y GNC, y que solo con el 20% de ese monto podría cancelar las deudas que mantiene con las contratistas.

    En medio del drama de las inundaciones que golpea fuerte al noroeste provincial y a días de las elecciones, el Gobierno salió con el anuncio de reactivación de obras en el Salado que en el campo le venían reclamando hace meses.

    Pero, en concreto, el Gobierno solo reinició el trabajo de una draga en uno de los tres sectores del Tramo IV.2 que prometió reactivar de inmediato y que comprende 30 kilómetros del río Salado entre Lobos y Roque Pérez. Para los dos sectores restantes, en el Consejo del Salado no tienen novedades.

    Productores inundados estallaron contra una intendenta PRO y Milei por paralizar obras

    «Estamos a la espera de precisiones para que se pueda cumplir con los plazos», dijo a LPO Alberto Larrañaga, titular del Consejo del Salado y coordinador de la Comisión de Aguas de Carbap.

    Larrañaga advirtió que, más allá del subtramo iniciado, es necesario tener certezas del resto ya que «esto debe reactivarse en su conjunto y a la brevedad». Y agregó: «Para que los plazos efectivamente se concreten, no debe haber dilaciones en la regularización de la situación con las empresas».

     El titular del Consejo del Salado dijo que el Ejecutivo cuenta con «holgados recursos del Fondo Hídrico», que hoy superan los 180 mil millones de pesos: «Con menos del 20 por ciento de esa cifra se podría regularizar de inmediato la situación», dijo.

    Es que el gobierno nacional mantiene deudas por trabajos ejecutados y certificados, lo que devino primero en la ralentización de la obra hacia fines de 2024 y su paralización total en marzo de este año.

    En este sentido, el titular del Consejo del Salado dijo que el Ejecutivo cuenta con «holgados recursos del Fondo Hídrico», que hoy superan los 180 mil millones de pesos: «Con menos del 20 por ciento de esa cifra se podría regularizar de inmediato la situación, sin ningún tipo de afectación al equilibrio fiscal», sostuvo Larrañaga.

    Por otro lado, en los últimos días intendentes de municipios del noroeste bonaerense se reunieron con funcionarios provinciales que adelantaron que el gobierno de Axel Kicillof se hará cargo del tramo de la Cuenca del Salado que abarca lo que se conoce como «Nodo de Bragado» y que en la región consideran central para evitar que se provoquen inundaciones como las que padecen actualmente.

     Es muy importante que la Provincia logre rescatar los recursos que el Estado Nacional adeuda y con eso poder realizar esta obra que tiene mucha trascendencia y todavía no se pudo concretar

    Según señaló a medios locales el intendente de Bragado Sergio Barenghi esa obra estará incluida en el presupuesto provincial 2026.

    «Es muy importante que la Provincia logre rescatar los recursos que el Estado Nacional adeuda y con eso poder realizar esta obra que tiene mucha trascendencia y todavía no se pudo concretar, lo que produjo varias inundaciones y pérdidas muy importantes», dijo el intendente de Bragado a Cadena Nueve.

    Las obras del Nodo Bragado abarcan la canalización aguas abajo del Saladillo, el dragado de la laguna del parque, la conexión con la laguna municipal y la ampliación del canal San Emilio.

     

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