El programa provincial ‘Comunidad en Municipios’ llegará el 1 y 2 de septiembre a Villa Regina, de 9 a 15 horas, en el polideportivo Cumelen, en Colón 107.
Se presentarán cuatro áreas del Ministerio de Gobierno y Comunidad y la Agencia de desarrollo económico CREAR.
Estará presente, ambos días, el Registro Civil Móvil para que los y las asistentes puedan hacer trámites de DNI y pasaporte.
En cuanto a la Ley Pierri, se asesorará sobre la regularización dominial de una vivienda a todo aquel ocupante que, con causa lícita, acredite la posesión pacífica, pública y continua con anterioridad al 1 de enero de 2006.
En el puesto del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) se atenderá a quienes deseen ingresar al régimen de Protección de la Vivienda, destinado a proteger el hogar de una familia frente a futuros problemas económicos. Es requisito tener el título de propiedad del inmueble.
Por su parte, personal de la Inspección General de Personas Jurídicas informará a vecinos y vecinas sobre el plan de Fortalecimiento Institucional, creado para acompañar a las instituciones a regularizar su situación ante el organismo.
La Agencia CREAR pondrá a disposición los diferentes servicios de apoyo para quienes tengan un emprendimiento o pyme en la provincia.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a la presentación del primer material de Emi Alessandroni ‘Ahí estamos’. Hoy y mañana, a partir de las 21 horas, el SUM de la Escuela de Arte será el escenario del evento que tendrá como artista invitado a Guillermo Penedo. Las entradas se pueden…
El Congreso sancionó en la madrugada de este jueves la modificación a la ley de Glaciares que regía desde 2010 con una mayoría cómoda de 137 votos contra 111 de la oposición y las abstenciones de la neuquina Karina Maureira, Oscar Zago y Eduardo Falcone.
A las 2:30, Martín Menem sometió a votación el proyecto que había sido aprobado por el Senado en sesiones extraordinarias y abrochó una jornada tamizada más por los discursos contra Manuel Adorni y la postura de Javier Milei en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que por la norma en debate.
Para la votación, el gobierno contó con el respaldo de las bancadas del PRO, la UCR, los salteños y los misioneros de Innovación Federal, los catamarqueños de Raúl Jalil, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y los sanjuaninos de Marcelo Orrego. También se sumaron al lote de los 94 diputados libertarios, que no sintieron la ausencia con certificado médico de Rocío Bonacci por su avanzado embarazo, legisladores de Provincias Unidas en representación de Chubut, Río Negro y Córdoba como Jorge «Loma» Ávila, Sergio Capozzi y Alejandra Torres.
Desde temprano, el oficialismo se sentía holgado para la sanción y, pese a la moderada crispación opositora por los casos de corrupción que rodean a Adorni, la foto de la forma en que consiguió el quórum funcionó como proyección para el saldo de la votación.
En efecto, el desembarco de la bancada de Gabriel Bornoroni en el recinto estuvo acompañado por 16 integrantes del interbloque del PRO y la UCR, denominado Fuerza del Cambio. Pasadas las 15, se sentaron a sus bancas Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Antonela Giamperi, Fernando de Andreis, Javier Sánchez Wrba, Martín Yeza, Alicia Fregonese y Martín Ardohain por el macrismo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Gerardo Cipolini, Darío Schneider, Diógenes González y Guillermo Agüero por los radicales y los monobloquistas José Luis Garrido y Karina Banfi.
Además, dieron quórum la ex vicegobernadora santafecina Gisela Scaglia, quien lidera Provincias Unidas en la Cámara Baja, el rionegrino Capozzi, el jujeño Jorge Rizzotti, el santafecino José Núñez y los cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, quien se ausentaría al momento de la votación.
Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.
Los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot y los tucumanos de Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera fueron puntuales para abrir la sesión. En representación de Gustavo Sáenz y Carlos Rovira solo bajaron de sus despachos tres de los nueve que les responden: Pablo Outes, Yolanda Vega y Daniel Vancsik.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge «Gato» Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión. «Revoleando ATN y todo al gobierno le costó llegar al quórum», dijo un diputado radical a LPO.
La presencia más llamativa fue la del puntano Jorge ‘Gato’ Fernández, que funciona como satélite de UP por su filiación peronista pero este jueves se sumó al lote de 129 para que inicie la sesión.
Como sea, la norma aprobada trastoca los controles que establecía la ley sancionada en 2010, tras un intenso debate que incluso partió al bloque del por entonces Frente Para la Victoria. La discusión traía cola porque dos años antes la propia Cristina Kirchner vetó la primera versión de la ley de Glaciares, mucho más restrictiva para la explotación minera que la que rigió hasta ahora y que se logró con amplio consenso de organizaciones ambientalistas y legisladores que defendían el derecho de las provincias a definir el uso de los recursos de su suelo, tal como establece la Constitución de 1994.
Ese tópico sobrevoló las discusiones de los últimos días, pero bajo las denuncias de la oposición por el lobby minero y las brumosas estimaciones del oficialismo sobre futuras inversiones por alrededor de U$S 20 mil millones.
A partir de ahora, los gobernadores podrán encargar sus propios estudios de impacto ambiental para determinar el grado de importancia de las zonas glaciares y periglaciares como reservas hídricas. Esa tarea recaía hasta el momento en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), con asiento en la Patagonia y un inventario de 17 mil glaciares desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Victoria Villarruel dispuso una readecuación de la escala salarial de los empleados del Senado comprendidos entre las categorías 1 y 7 del escalafón para «corregir el acotamiento de la brecha salarial» y Martín Menem la acusó de elevar el gasto en $ 53800 millones.
A través del decreto 203/26, la Vicepresidenta resolvió una recomposición de los módulos que redunda en una suba de $ 923.447,59 para la categoría más alta, $ 693.251,16 para la segunda, $ 496.554,84 para la tercera y $ 358.023,55 para la cuarta. Los acreedores de planta permanente con categoría 5 recibirán un incremento de $ 235.350,29, los de categoría 6 uno de $ 128.535,07 y los de categoría 7 otro de $ 34.038,15.
Según los fundamentos de Villarruel, «se ha verificado un progresivo achatamiento del escalafón, como consecuencia de la aplicación de aumentos porcentuales diferenciados en sucesivas negociaciones paritarias, lo que ha desdibujado las diferencias salariales legítimas entre categorías superiores e inferiores previstas originalmente en la Ley». «Dicha situación desincentiva la promoción por mérito, antigüedad y mayor responsabilidad, afectando la motivación, la permanencia y el desarrollo del personal con mayor nivel de funciones, y repercute negativamente en la eficiencia y calidad del servicio legislativo», agrega.
En la Cámara Alta aseguran que la medida «es viable» por «la reducción de la dotación de personal en más de 1000 agentes».
Sin embargo, los libertarios de la bancada de Gabriel Bornoroni se quejan de la decisión de Villarruel. «Además de la paritaria ya otorgada en 2026, representa subas extra de entre 3% y 34% según la categoría», dicen.
Patricia Bullrich y Martín Menem, en la Rosada.
Un diputado peronista le dijo a LPO que la Vicepresidenta habría conversado la maniobra con Patricia Bullrich, quien llegó a plantearle el tema al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, Villarruel terminó apurando la medida, acaso porque la suba se aplica con dinero presupuestado para el Congreso y conviene darle destino antes que avance el torniquete de Luis Caputo.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, en el Congreso estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones. Suman a la readecuación de la pirámide salarial, la incorporación de 60 trabajadores a la DAS y la intención de tomar alrededor de 100 más en la Imprenta.
Fuentes gremiales explicaron a LPO que, como Hacienda no homologa las paritarias, los dirigentes sindicales y las autoridades «se ponen creativos para conseguir o conceder aumentos salariales». «Desde hace dos años, la pelea viene porque cada sector cobra diferente: hace dos años Menem dio un bono y Villarruel no, entonces los trabajadores se miran mal entre sí», comentó un delegado.
Pese a que Menem le aumentó un 30 % al personal jerárquico de Diputados y solo un 10,5 a los empleados de categorías más bajas, estimaron que el costo total de la definición de la Vicepresidenta implica un costo total de $ 53800 millones.
Villarruel acompañó su decreto con un mail que llegó a las casillas de los empleados, con la firma de Alejandra Laura Figini, directora general de Recursos Humanos. En ese mensaje, dice que la decisión «representa un importante esfuerzo de la gestión, impulsado por la Presidencia, orientado a la revalorización del mérito y de la carrera administrativa, fortaleciendo la equidad interna del sistema salarial y reconociendo adecuadamente las responsabilidades asociadas a cada nivel escalafonario». Su medida alcanzaría a más de 2500 trabajadores.
La divulgación del aumento en el Senado derivó en un malestar más profundo entre los trabajadores de Diputados. «Salió la resolución para el Senado y en Diputados no quisieron firmar. ¿Puede ser posible que nuestro presidente no quiera firmar los módulos para los trabajadores?», dijo un empleado de la Cámara Baja.
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