La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra participó de la reunión con la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género de Río Negro Luz Val Heredia y el Consejo Local de la Mujer. Estuvieron también la Directora de Promoción Social Adriana Torres y la titular del Área Mujer y Diversidad Fabiola Parra.
Durante el encuentro se abordaron diferentes temas como la implementación del programa ‘Consolidarnos’ para fortalecer las áreas de género y diversidad municipales. En el caso de nuestra ciudad el financiamiento estará destinado al equipamiento de la misma.
Otros aspectos analizados fueron el protocolo de actuación ante situaciones de violencia, las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, entre otros.
Ibarra calificó como muy positivo el encuentro que, manifestó, “nos permitió profundizar las políticas públicas con perspectiva de género que se lleva adelante tanto a nivel provincial como local”.
Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.
Cristina: “la expropiación se hizo conforme a derecho”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.
En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.
El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.
Kicillof: “quedan expuestos años de mentiras”
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.
Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.
El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.
Una causa atravesada por intereses y fondos buitres
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.
Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.
Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.
Más que un fallo: una disputa política
Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.
En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.
Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.
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Jorge Macri modificó la política social porteña y anunció que la asistencia económica estará ligada a la formación laboral obligatoria.
El gobierno porteño eliminará los planes sociales y los reemplazará por un «programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal».
La iniciativa lanzada por la Ciudad alcanza a cinco mil beneficiarios y está prevista una transición que durará un año hasta el fin del sistema actual.
«En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja», explicaron desde el gobierno porteño.
«Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo», sostuvo Jorge Macri.
El nuevo formato prevé la eliminación de intermediarios, ya que los beneficiarios recibirán los pagos de manera directa. También se fijarán «criterios claros de permanencia», como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.
Desde la Ciudad adelantaron que el nuevo programa está basado en «la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado». La iniciativa contempla acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.
«Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso», aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.
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