Día Internacional del Orgullo LGBTI+, con el plus de que el cupo laboral travesti trans es ley en el país
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Día Internacional del Orgullo LGBTI+, con el plus de que el cupo laboral travesti trans es ley en el país

Día Internacional del Orgullo LGBTI+, con el plus de que el cupo laboral travesti trans es ley en el país

Este lunes se conmemora el Día Internacional del Orgullo que coincide con la Marcha del Orgullo, y este año en Argentina viene con el plus de que el cupo laboral travesti trans es ley en el país.

El Estado entonces tiene la obligación de contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública a personas travestis, trans y transgénero.

En el Estado nacional esto ya ocurre por decisión presidencial, ya que Alberto Fernández incorporó esa medida por decreto, en septiembre último.

Esa decisión implicó que se triplicara la cantidad de personas travesti trans que trabajan en el sector público nacional, contó a Télam Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuando el viernes fue entrevistada luego de la aprobación de la ley de cupo.

La flamante norma prevé también incentivos para el sector privado que contrate personal travestis trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.

Pero más allá de la ley, hay iniciativas del sector privado que ya se vienen adecuando, no sólo a la normativa, también a los tiempos sociales que reclaman por la no discriminación y valoran el impacto positivo de las diversidades en sus negocios.

Además de la ley de cupo trans travesti para la administración pública, varias empresas contemplan protocolos de transición de género, apoyo económico y psicológico y capacitaciones al personal.

Protocolos de transición de género, capacitaciones al personal, grupos de apoyo internos y políticas para familias diversas son algunas de las acciones empresariales inclusivas que aplican compañías que operan en Argentina y que se sostienen más allá de junio, mes del Orgullo LGBTI+.

En las empresas

Una de las últimas novedades fue el protocolo de transición de género que presentó esta semana Cervecería y Maltería Quilmes.

El protocolo otorga una licencia de 10 días por transición de género, ayuda económica y asesoramiento legal, y también el acompañamiento psicológico desde el servicio de asistencia a la persona durante todo el proceso, si así lo requiere.

Fue una persona que trabajaba en la empresa la que impulsó este cambio.

«Se nos presentó un caso de transición de género, entendimos que necesitábamos contar con un protocolo para futuros casos y proveer de herramientas a quienes decidan iniciar un proceso de transición de género y acompañar también a los equipos y líderes en este camino», contó a Télam, Erica Zamora, vicepresidenta de Gente de la compañía.

Esta herramienta es parte de lo que la empresa identifica como «una plataforma de diversidad e inclusión llamada Autenticidad, que busca generar un entorno de trabajo en el que todos sus colaboradores sean respetados, aceptados, y valorados, para lograr su mejor versión».

Y esa plataforma tiene 7 pilares, entre otros, que hay cero tolerancia a la discriminación y el abuso para lo cual hay un canal confidencial para hacer denuncias; utiliza un modelo de entrevista por competencias y sin CV para contratación, por lo tanto se eliminó la foto, nacionalidad, género, edad, y se trabaja en el grupo interno LAG+ER, conformado por personal de la empresa, desarrollando iniciativas para apoyar a las personas LGBTI+.

Una política empresarial integral y sostenida es también la que fomenta la compañía internacional de soluciones médicas Medtronic.

«Diversidad e inclusión es género, raza, diversidad sexual , etnia, discapacidad, es muchas cosas, por eso nuestra política es de igualdad de oportunidades sin discriminación», es una de las definiciones de Johnny Méndez, gerente de Comunicaciones Externas y Marketing Corporativo para Latinoamérica Sur de la empresa y co-líder del grupo de afinidad Pride Network para la región.

Su trabajo se centra en Perú, Argentina y Chile, y en una videoconferencia con Télam, el directivo explicó que adecuaron el protocolo de transición de género de la empresa a la ley de Identidad de Género argentina.

El protocolo incluye el respeto al nombre elegido por la persona, su vestimenta y el uso de sanitarios.

«Inclusión de la población LGBTI+ implica nivelar y sensibilizar y capacitar sobre conceptos básicos de diversidad sexual, tanto a nivel de líderes de la empresa como colaboradores en general», destacó Méndez.

Pride Network (que en español se traduce como Red de Orgullo) es un grupo que «celebra la diversidad sexual como interés común. Actualmente la red cuenta con 83 miembros y promueve espacios inclusivos en un entorno de trabajo donde cada uno pueda desarrollarse con respeto y valoración».

Esta red «quiere inspirar, crear y liderar las conversaciones sobre políticas LGBTI+ en la industria y gobiernos para promover y visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTI+ para abogar por políticas que promuevan la justicia de nuestros y nuestras colaboradoras y sus familias».

Méndez explicó que la empresa tiene una política de cuidados que establece permisos para cuidar a personas mayores, y por maternidad y paternidad, biológica, no biológica y de adopción, que es de 6 semanas con goce de sueldo.

«En caso de una pareja lesbomaternal, si la mamá trabaja en la empresa y no es la madre biológica, tiene 6 semanas», ejemplificó el gerente.

Resalta que las capacitaciones «son permanentes» y que «adscribieron a los principios de ONU Mujeres», tanto en el trabajo con mujeres sobre reducción de las brechas de género y empoderamiento empresario, como al programa de masculinidades del organismo internacional.

Capacitación

Precisamente las agencias internacionales ONUSIDA, UNFPA y PNUD, junto a la Embajada del Reino de los Países Bajos, el Bachillerato Popular Mocha Celis y la asociación Impacto Digita, impulsan una nueva edición de Contratá Trans, una capacitación online gratuita que busca mejorar las oportunidades de inserción socio-laboral de esta población.

Ya se capacitaron 4.000 personas en ocho países de Hispanoamérica en las dos instancias anteriores, informaron desde la organización.

Ahora, con la ley de cupo travesti trans, Argentina «se pone de nuevo a la vanguardia de las leyes de derechos humanos. Hoy, Latinoamérica mira a Argentina para saber cómo avanzar con sus derechos y eso sucede porque aquí hay organizaciones sociales que generan consensos. Y esto, con gobiernos a favor, siempre resulta en ampliación de derechos para les más vulnerades», resaltó Martina Ansardi, coordinadora de Contratá Trans.

La inscripción se realiza acá: https://contratatrans.org/evento/.

El año pasado, un informe de RedLacTran, que reúne a organizaciones trans de la región, identificó que más del 80% de las personas de esta población vivieron situaciones hostiles buscando trabajo, al no respetarse su identidad y expresión de género.

La ley de cupo laboral, las capacitaciones gratuitas, las políticas integrales de empresas privadas comienzan a revertir una realidad violenta y expulsiva, que asoma con inclusión y derechos conquistados y ejercidos, también, en el ámbito del trabajo.

Fuente: Telam
Por Silvia Molina

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  • Echaron al economista que cuestionó el proyecto Vicuña y crece la polémica por el RIGI

     

    El costo de discutir el modelo minero apareció antes que el cobre. El economista Hugo Berozzi, que trabajó durante seis años en el Fondo de Garantías de San Juan, fue despedido esta semana, pocos días después de poner la lupa sobre las 57 páginas del acuerdo que el gobierno de San Juan firmó con el proyecto de cobre Vicuña. Elaboró un informe que presentó un calculo de cuánto puede dejar de recaudar la provincia en las próximas décadas. 

    Berozzi analizó el acta compromiso que San Juan y Vicuña firmaron el 5 de agosto y que luego fue ratificada por la Legislatura provincial por 27 votos contra nueve. El gobernador Orrego presentó como uno de los principales logros del acuerdo un aporte de 250 millones de dólares para financiar obras. Los desembolsos serán progresivos y estarán sujetos a certificados de avance. La lectura del economista fue bastante menos celebratoria. Según su análisis, los 250 millones funcionan como un adelanto vinculado al impacto ambiental y sustituyen contribuciones futuras. 

    Argumentó que el acta considera saldadas con ese aporte las obligaciones económicas adicionales que la provincia podría imponer durante la vida útil contemplada para el emprendimiento, estimada en 71 años. 

    Desde el gobierno de Orrego desmintieron estos cálculos. «No es correcto plantear que San Juan cambió USD 250 millones por regalías futuras. Son dos conceptos distintos. Los USD 250 millones son un aporte cierto y no reembolsable que comienza a estar disponible desde 2026 para financiar infraestructura. Las regalías son independientes: Vicuña deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización cuando comience la explotación. Además, desde el sexto año de producción deberá pagar el aporte adicional del 1,5% acordado con la Provincia», explicaron a LPO desde el gobierno provincial. 

    Y defendieron el cobro anticipado. «No es correcto comparar directamente USD 250 millones de hoy contra ingresos potenciales que recién existirían cuando la mina produzca. Durante los años de construcción San Juan todavía no tiene producción ni exportaciones de Vicuña sobre las cuales cobrar regalías. En cambio, la Provincia consiguió USD 250 millones ciertos y anticipados, que comienzan a estar disponibles desde 2026». 

    «La estimación de que el 1,5% durante los primeros cinco años podría representar unos USD 309 millones depende de cuándo comience la producción y de cuánto efectivamente produzca. Comparar USD 309 millones futuros y contingentes contra USD 250 millones anticipados sin considerar tiempo y riesgo no demuestra una pérdida para San Juan», agregaron las autoridades.

    La discusión también se extendió a las regalías. Berozzi afirmó que la legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos, pero el esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida del proyecto. 

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    Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares en valor presente, tomando como referencia las reservas proyectadas y una tasa de descuento del 9,2%. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años, tal como reveló El Destape. 

    La legislación nacional habilita a las provincias a cobrar hasta el 5% del valor boca de mina para proyectos nuevos. El esquema acordado para Vicuña fija el 3% durante toda la vida útil. Berozzi calculó cuánto representa esa diferencia. Según su estimación, cada punto adicional de regalías que San Juan deja de cobrar equivale a unos 491,2 millones de dólares. Días después de difundir su análisis, fue despedido del Fondo de Garantías provincial, donde trabajaba desde hacía seis años.

    Desde el gobierno de Orrego lo desmintieron: «San Juan no renuncia al 1,5% durante toda la vida del proyecto. El esquema acordado reemplaza ese aporte durante los primeros cinco años de producción por los USD 250 millones anticipados. A partir del sexto año de explotación, Vicuña paga el 1,5% durante el resto de la vida útil del proyecto, además de las regalías correspondientes», explicaron.

    Y aportaron un dato relevante sobre que llevó a tomar la decisión del pago anticipado. «Los antecedentes muestran por qué es importante que los USD 250 millones no dependan de que la mina empiece a producir. Con Pascua-Lama se habían comprometido USD 70 millones en 20 cuotas y sujetos al avance del proyecto. Cuando la construcción se paralizó, los pagos también se interrumpieron y terminaron ingresando aproximadamente USD 17 millones. Con Vicuña se buscó evitar ese riesgo: asegurar USD 250 millones antes de depender de la producción futura».

    En el centro de toda esta discusión está Vicuña Corp, la sociedad formada por BHP y Lundin Mining para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. La compañía proyecta una inversión inicial de 9.700 millones de dólares. Se trata del mayor proyecto de cobre del país, ubicado en el norte sanjuanino, cerca de la frontera con Chile. El gobierno de Javier Milei lo exhibe como una de las grandes vidrieras del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). 

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    La electricidad abrió otro frente alrededor del proyecto. Vicuña necesita 260 MW para la primera fase de Josemaría y obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. De acuerdo con cálculos de Cammesa, representa alrededor del 71% de la capacidad total de una infraestructura de 854 MVA. La prioridad alcanza además a la futura línea Rodeo-Chaparro y a la estación transformadora Chaparro. El horizonte previsto es de 25 años. 

    Hay una particularidad difícil de esconder detrás de los números: la línea Nueva San Juan-Rodeo no fue construida por Vicuña. Tiene unos 162 kilómetros, fue diseñada para operar en 500 kV y recibió financiamiento nacional, provincial y de los usuarios sanjuaninos mediante fondos específicos. Sobre una infraestructura levantada durante años con recursos públicos se monta ahora una prioridad privada para abastecer a uno de los proyectos del RIGI. 

    La decisión provocó la reacción de otros jugadores mineros. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán objetaron distintos aspectos del esquema. Los Azules cuestionó especialmente que una prioridad durante 25 años sobre infraestructura existente pueda convertirse, en los hechos, en una exclusividad sobre un corredor estratégico. El ente regulador provincial también advirtió que la capacidad eléctrica disponible debe contemplar la demanda futura de San Juan y no solamente la expansión minera. 

    El campamento de Vicuña en San Juan.

    No hay altruismo en esa guerra. Cada minera pelea por la energía que necesita para su propio proyecto. Pero detrás de esa pulseada aparece un problema que excede a las compañías. Una infraestructura financiada colectivamente se vuelve escasa justo cuando llegan las inversiones que prometen transformar la provincia. Si un solo jugador captura buena parte de esa capacidad, el límite puede alcanzar después a otros emprendimientos mineros, industrias, productores agrícolas y localidades del norte sanjuanino. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA. El proyecto contempla importar desde China una ciudad modular para alojar inicialmente unas 2.500 camas. Por la rotación de trabajadores podría atender entre 3.500 y 5.000 personas y, cuando el proyecto alcance otra escala, la demanda podría llegar a 12.000 trabajadores. 

    El caso del campamento Batidero agregó otra pieza. Vicuña adjudicó la obra a un consorcio encabezado por PowerChina, que importará desde China una ciudad modular para alojar unas 2.500 camas. Los fabricantes argentinos calcularon que producir los módulos en el país habría generado unos 500 empleos directos.

    Los fabricantes argentinos calcularon que la obra supone alrededor de 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero. Sostienen que producir los módulos en el país habría generado entre 400 y 500 empleos directos. El armado de las estructuras importadas dejaría cerca de 50 puestos vinculados al montaje y la logística. 

    La diferencia estuvo en el precio. La oferta china habría rondado los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. Son 18 millones de diferencia en un emprendimiento cuya inversión inicial alcanza los 9.700 millones. Para la minera es ahorro. Para los proveedores argentinos, la cuenta incluye también acero, trabajo, salarios e impuestos que podrían haberse generado dentro del país. 

    Desde la provincia se cuidaron de aclarar que «se habla de 400 a500 empleos que «se podrían haber generado en Argentina, pero es una estimación de los fabricantes que perdieron la licitación, no empleos existentes que hayan sido eliminados» y agregar que «según los datos informados por Vicuña, actualmente existen más de 2.500 empleos directos e indirectos: 95% de los trabajadores son argentinos y 83% sanjuaninos» para el proyecto.

    Y además, siempre según el gobierno provincial, «alrededor del 60% de los proveedores activos son empresas de San Juan y, para el montaje de esta etapa del campamento, más del 90% de la mano de obra será sanjuanina».

    Ahí el caso Vicuña se conecta con un fenómeno mucho más grande. El RIGI acumula 22 proyectos aprobados con inversiones anunciadas por 47.073 millones de dólares. Hay además 18 iniciativas en evaluación y una rechazada. Los proyectos aprobados y en análisis informaron inversiones potenciales por 186.195 millones. Sin embargo, los activos computables de las iniciativas ya autorizadas suman sólo 30.799 millones y los compromisos para ejecutar durante los primeros dos años alcanzan 11.807 millones. Entre el anuncio y el desembolso todavía corre un río ancho. 

    Ahora, es cierto que la minería genera los dólares que la Argentina necesita. En los primeros siete meses de 2026 las exportaciones minerales alcanzaron los 5.340 millones de dólares, contra 3.200 millones del mismo período de 2025. El superávit comercial minero saltó de 3.088 millones a 5.227 millones de dólares, un crecimiento del 69,2%. Es el argumento más sólido de quienes sostienen que el sector puede convertirse en uno de los grandes proveedores de divisas de la próxima década. 

    Pero los primeros movimientos concretos del RIGI muestran la otra cara. Hasta julio, los proyectos adheridos habían importado bienes por unos 171 millones de dólares. Sólo en agosto ingresaron otros 140 millones, más del doble del récord mensual anterior y equivalentes al 43% de todo lo importado hasta julio. 

    Esta semana el Gobierno dio otro paso en esa dirección. Una resolución de la Secretaría de Minería reemplazó certificados de importación por declaraciones juradas digitales y simplificó el acceso a las exenciones previstas por la Ley de Inversiones Mineras. Podrán ingresar equipos especiales usados o reacondicionados y una misma máquina podrá utilizarse en distintos proyectos del mismo beneficiario. La medida no pertenece formalmente al RIGI, que ya dispone de sus propias exenciones aduaneras. Sin embargo, contempla específicamente a los Vehículos de Proyecto Único incluidos dentro del régimen. 

    El resultado es una autopista cada vez más ancha para importar maquinaria, equipos e insumos con ventajas fiscales mientras los proveedores argentinos reclaman una barrera de contención para no mirar la inversión desde la banquina. 

     

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