En el marco del Día del Libro, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina editó una serie de señaladores para obsequiar con obras de artistas plásticos reginenses que se encuentran disponibles en la sede de la Dirección y también en las bibliotecas barriales.
Los artistas que prestaron sus obras para realizar la producción fueron: Mariana Ormeño Belzagui, Natalia Nedbala, Marta Basabe, Karina Markic, Yanina Tinti, Mónica Camporrotondo, Daiana Faath, Pelusa Miño, Samanta Otta Vidal, Carlota Vivas, Valeria Lezaeta, Mariú Rayó, María Cristina Bay, Valeria Fasciglione y Martín Ydiart.
Se trata de una actividad de las bibliotecas de los barrios Villa Alberdi, Progreso, San Martín, Matadero, El Sauce, Malvinas, ‘Crecer Juntos’ y ‘Ricardo Rojas’.
“El resultado ha sido muy bello, con hermosas obras de nuestros artistas que siempre están dispuestos a colaborar y esto abre el camino para editar futuros materiales”, comentó la Directora de Cultura Silvia Alvarado.
El Intendente, Marcelo Orazi, luego de acordar algunas cuestiones con la Ministra de Seguridad de Rio Negro, Betiana Minor, reunió a todos los funcionarios policiales de la localidad y la zona, con el objetivo de avanzar en medidas estrictas para trabajar de manera conjunta en la seguridad. Coincidieron en que el camino es trabajar en…
El fondo de 200 mil millones que anunció el gobierno de Javier Milei para asistir a Bahía Blanca tras la trágica inundación no contempla la reconstrucción del aparato productivo y comercial.
Por eso, los concejales bahienses Pablo Daguerre (UCR) y Adrián Jouglard (PRO) promueven una resolución en la que reclaman al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo un apoyo económico concreto para pymes y comercios castigados por la inundación en la ciudad.
También, presionan por medidas de alivio fiscal por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Como contó LPO, en la Unión Industrial bahiense alertaron que numerosas empresas “han resultado gravemente afectadas” y que esa situación compromete la capacidad de operación y pone en riesgo tanto la continuidad de los negocios como las fuentes de trabajo.
En paralelo, los comercios plantearon un panorama crítico: “Las pérdidas son totales. Hay locales que perdieron el 100 % de su mobiliario: muebles, computadoras, impresoras. Además, de toda su mercadería”, dijo a LU2 la titular de la Cámara de Comerciantes de Bahía Blanca, Mercedes Corbaz.
Frente a eso, el proyecto de Daguerre y Jouglard busca ejercer presión al Gobierno nacional para que “adopte medidas urgentes y excepcionales para apoyar a los comerciantes y PyMEs en su recuperación, garantizando la continuidad de sus actividades y la preservación del empleo”.
Así, busca prórrogas de vencimientos impositivos por seis meses, créditos a tasa cero y la asistencia financiera realizando aportes no reembolsables para recomponer la capacidad productiva, “con preferencia a emprendimientos con pequeñas escalas de producción”.
LPO supo que aún no se efectivizó el giro de 200 mil millones que anunció el gobierno de Milei para Bahía Blanca. Funcionarios nacionales le habrían prometido al Municipio hacer el depósito en las próximas 48 horas.
En tanto, el intendente Federico Susbielles adelantó que el municipio está hablando con el CFI y el Gobierno Nacional “para ver si podemos tener alguna otra ayuda que podamos trasladar a nuestros vecinos”, según dijo este miércoles en conferencia de prensa.
Ahí, Susbielles anunció que ya está abierta la inscripción para recibir el subsidio de 800 mil pesos que otorgará el gobierno de Axel Kicillof a los damnificados.
En cuanto a los 200 mil millones de ayuda que anunció el gobierno libertario, LPO supo que aún no se efectivizó ese giro y que la Nación le prometió a la comuna hacer el depósito en las próximas 48 horas.
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
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